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DECISIÓN AMPAROS ROLES C5996-20 y C6003-20</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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Requirente: Patricio Sánchez González.</p>
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Ingreso Consejo: 23.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acogen los amparos deducidos en contra de la Policía de Investigaciones, ordenándose la entrega de copias de las resoluciones de denuncia y cuenta que se indican.</p>
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Lo anterior, toda vez que se trata de antecedentes relativos a una denuncia y solicitud realizada por el propio solicitante, asociados a un procedimiento administrativo, respecto del cual tiene la calidad de interesado, sin que se haya dado respuesta por parte del organismo en los términos consultado por el peticionario y no habiéndose alegado, además, por parte del órgano reclamado, la concurrencia de causales de secreto o reserva que ponderar.</p>
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En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparos al derecho de acceso a la información Roles C5996-20 y C6003-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: Con fechas 2 y 7 de agosto de 2020, don Patricio Sánchez González solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -en adelante, indistintamente PDI- la siguiente información:</p>
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a) Solicitud que dio origen al amparo Rol C5996-20: "Resolución de cuenta fechada 06 de agosto del 2020, remitida el 07 de agosto del 2020, a las 02:27 horas, a la casilla electrónica que indica, entre otras, mediante la cual solicito la certificación del sumario administrativo 504-2018, de la Brigada Investigadora de Robos Valparaíso".</p>
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b) Solicitud que dio origen al amparo Rol C6003-20: "Resolución de denuncia fechada 04 de marzo del 2020, remitida dicho día, a las 18:52 horas, a la casilla electrónica que indica, del comisario que refiere, Jefe de la BIRO Valparaíso, por actos de corrupción institucional, además, se informe si esta fue remitida al Ministerio Público".</p>
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2) PRÓRROGAS DE PLAZO: Por oficio de fecha 1 de septiembre de 2020, el órgano requerido notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar la respuesta a la solicitud que dio origen al amparo rol C6003-20 en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Asimismo, por oficio de fecha 7 de septiembre de 2020, la PDI notificó al requirente la decisión de prorrogar la respuesta a la solicitud que dio origen al amparo rol C5996-20 en 10 días hábiles.</p>
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3) RESPUESTAS: Mediante presentaciones, ambas de fecha 22 de septiembre de 2020, la PDI respondió a dichos requerimientos de información y señaló lo siguiente:</p>
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Respecto a la solicitud que dio origen al amparo rol C5996-20, hizo presente que según lo informado por la Brigada Investigadora de Robos Valparaíso, no se tiene registro de una cuenta escrita enviada por el solicitante en la fecha señalada. No obstante lo anterior, agregó que figura una cuenta escita enviada el 5 de agosto de 2020, sobre la cual el Jefe de dicha unidad resolvió informando que mediante Oficio N° 306 de fecha 7 de agosto de 2020, fue remitida a la Plana Mayor Regional Valparaíso, Asesoría Jurídica, para obtener un pronunciamiento sobre la viabilidad de lo solicitado por el referido funcionario.</p>
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En cuanto a la solicitud que dio origen al amparo rol C6003-20, informó que sobre dicha cuenta escrita, el Jefe de la Brigada Investigadora de Robos Valparaíso resolvió informando que mediante Oficio serán enviados a la Biro Arica, la documentación solicitada en relación al sumario administrativo N° 632-2019, hojas de vida Anual del presente período y Dictamen N° 632-2019/1-2020 de fecha 24 de febrero de 2020, de la BIRO Valparaíso, para conocimiento y firmas respectivas.</p>
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4) AMPAROS: El 23 de septiembre de 2020, don Patricio Sánchez González dedujo los amparos roles C5996-20 y C6003-20 a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.</p>
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El reclamante hizo presente que:</p>
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- En relación a lo solicitado en el amparo rol C5996-20, advirtió que el organismo hizo referencia a una segunda cuenta escrita, fechada 06 de agosto de 2020, remitida el 7 de agosto del presente año, y que también existe. No obstante lo anterior, la resolución solicitada dice relación con cuenta que remitió el 7 de agosto de 2020, a las 02:27 horas, a la casilla electrónica que indica, respecto de la cual adjuntó copia de correo electrónico mediante el cual se envió dicha cuenta.</p>
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- Sobre lo requerido en el amparo rol C6003-20, señaló que el organismo tergiversa el contenido de su solicitud, y que de la lectura del requerimiento y de la respuesta otorgada por el organismo, se devela que ésta última no tiene relación con lo solicitado, ya que la misma hace expresa referencia a un sumario administrativo distinto.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E18336 de fecha 23 de octubre de 2020 solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente, toda vez que la prórroga del plazo de respuesta se notificó una vez vencido el plazo legal; (2°) indique si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, teniendo en consideración que el solicitante acompañó copia del correo electrónico por medio del cual envió la cuenta escrita mencionada en su requerimiento; (3°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (5°) se pronuncie sobre las eventuales causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de los antecedentes reclamados; y, (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida ni causal de reserva aplicable, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, en caso de ser procedente</p>
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Mediante Ordinario N° 875 de fecha 6 de noviembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos en los siguientes términos:</p>
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Hizo presente que, respecto al por qué las solicitudes de información no habrían sido atendidas oportunamente, el solicitante ha realizado entre enero de 2019 y noviembre de 2020, 203 solicitudes, que guardan relación con 7 sumarios administrativos instruidos por faltas administrativas y por declaraciones de salud incompatible. Lo anterior, explicó, ha provocado confusión en las distintas unidades y su personal, a la hora de resolver y responder dichas solicitudes.</p>
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Respecto a lo consultado, aclaró que la información entregada es la que consta en el Institución, no obrando otra diferente, como señala el requirente.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendido al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C5996-20 y C6003-20 existe identidad respecto del requirente y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto</p>
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2) Que, el objeto de los presentes amparos son la entrega de las resoluciones de la reclamada a la denuncia y a la cuenta, presentadas por el requirente a la Policía de Investigaciones de Chile en las fechas que se indican, respecto de lo cual, el órgano reclamado indicó que la información entregada con ocasión de su respuesta es toda la que obra en su poder.</p>
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3) Que, la reclamada ha advertido con ocasión de sus descargos que la información entregada al requirente en su respuesta es toda la que obra en su poder, en relación a la denuncia y cuenta consultada. Al respecto, cabe tener presente que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C369117 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.</p>
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4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).</p>
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5) Que, en relación a la solicitud que dio origen al amparo rol C5996-20, sobre la Resolución de la cuenta escrita remitida con fecha 7 de agosto de 2020 -a la hora y a la casilla electrónica que se indica-, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado no ha dado cumplimiento al estándar de búsqueda de la información y acreditación de la inexistencia impuesto por la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. Lo anterior, toda vez que el requirente con ocasión de la interposición del presente amparo, acompañó copia del correo electrónico de envío al correo institucional de la reclamada que refiere, de la cuenta escrita mediante la cual solicitó la certificación del sumario administrativo N° 504-2018, de la Brigada Investigadora de Robos de Valparaíso -circunstancia que devela la realización de la solicitud de certificación por parte del requirente-, respecto de la cual, la reclamada, teniendo en consideración el correo electrónico de envío adjuntado por el peticionario, no acompañó antecedentes suficientes que dieren cuenta de una gestión de búsqueda específica, ni señalamiento de razones que justifiquen la inexistencia de la resolución requerida.</p>
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6) Que, por su parte, respecto al requerimiento que dio origen al amparo rol C6003-20, sobre la Resolución de la denuncia de 4 de marzo de 2020, por actos de corrupción institucional, así como la indicación de si la misma fue remitida al Ministerio Público, cabe hacer presente que, no obstante la reclamada haber precisado en sus descargos que la información referida con ocasión de su respuesta corresponde a lo resuelto respecto de la denuncia realizada por el solicitante, constituyendo toda la información que obra en su poder sobre lo solicitado, revisados los antecedentes del procedimeinto en análisis, y los términos en que fuere planteado el requerimiento de información, no consta que la reclamada haya entregado al reclamante la "resolución"-documento material- de la denuncia, como fuere pedido, así como tampoco la indicación de si la misma fue remitida al Ministerio Público.</p>
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7) Que, luego, sobre la publicidad de lo requerido, cabe hacer presente que, el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".</p>
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8) Que, en este sentido, las resoluciones consultadas por el reclamante constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a un procedimiento administrativo, respecto del cual, el peticionario tiene -presuntamente- la calidad de interesado, y respecto de las cuales, el órgano reclamado no ha esgrimido alguna causal de secreto o reserva que al alero de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia justifique la denegación de las resoluciones solicitadas.</p>
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9) Que en concordancia con lo señalado precedentemente, advirtiéndose la presunta calidad de denunciante y solicitante del peticionario en los procedimientos administrativos consultados, circunstancia no desvirtuada por el órgano reclamado, no habiéndose esgrimido, además, por la reclamada alguna causal de secreto o reserva que ponderar y no habiéndose dado respuesta por la PDI en los términos que fuere consultado, este Consejo procederá a acoger los presentes amparos, y conjuntamente con ello, se requerirá al órgano reclamado que entregue copia de las resoluciones individualizadas en el numeral 1° de lo expositivo, previa acreditación de identidad y de su calidad de denunciante y/o solicitante en los procedimientos administrativos consultados, por contener datos personales y sensibles al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.</p>
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10) Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de todos los demás involucrados en los procedimientos y de todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger los amparos deducidos por don Patricio Sánchez González, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente;</p>
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a) Entregue al reclamante copia de la resolución de cuenta escrita mediante la cual solicitó la certificación del sumario administrativo 504-2018 de la Brigada Investigadora de Robos de Valparaíso y de la resolución de denuncia por actos de corrupción institucional, así como la indicación sobre si fue remitida al Ministerio Público, consignadas en el numeral 1° de lo expositivo, en la forma señalada en los considerandos 9° y 10° del presente acuerdo.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Sánchez González; y, al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>