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DECISIÓN AMPARO ROL C6019-20</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Curacaví</p>
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Requirente: Patricio Muñoz Aravena</p>
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Ingreso Consejo: 24.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Curacaví, relativo al acceso a copia de los certificados de rebaja de inversión emitidos por la funcionaria que indica, en su calidad de Encargada de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Curacaví, durante el año 2020.</p>
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Lo anterior, por configurase las causales de reserva de secreto tributario y afectación a los derechos comerciales y económicos de las personas. Esto, por cuanto lo pedido corresponde a los certificados a que se refiere el inciso 7° del artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, que, en definitiva, permiten a un contribuyente reducir del monto de su capital propio -que su utiliza de base para el cálculo de la patente municipal que grava la actividad que ejerce en una determinada comuna-, aquella parte del capital que se encuentre invertida en otros negocios o empresas que también estén afectas al pago de patente municipal, pero ubicadas en otra comuna.</p>
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En efecto, del marco normativo aplicable al caso, resulta efectivo que, para la emisión de los aludidos certificados, las Municipalidades reciben tanto del Servicio de Impuestos Internos como de los propios contribuyentes, documentación de carácter tributaria y la procesan. Así las cosas, lo requerido no obstante su calidad de acto administrativo de certificación o constancia corresponde a información elaborada a partir de antecedentes tributarios de terceros contribuyentes, que por disposición legal quedan cubiertos por el secreto tributario establecido en el citado inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.</p>
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Además, luego, de la ponderación en concreto de la documentación reclamada se advierte que en ellas existe información de naturaleza económica y comercial, en particular, el monto de las inversiones efectuadas a terceras empresas, lo que en definitiva constituye un bien económico estratégico.</p>
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En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6019-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de agosto de 2020, don Patricio Muñoz Aravena solicitó a la Municipalidad de Curacaví, en adelante la Municipalidad o el Municipio: copia de todos los certificados por concepto de rebaja de inversión emitidos y firmados por doña Ana María Verdugo Vasquez como encargada de Rentas y Patentes, durante el 2020.</p>
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2) RESPUESTA: El 15 de septiembre de 2020, mediante Ord. N° 402, la Municipalidad de Curacaví respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que deniega la entrega de información en razón de los artículos 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y 35 del Código Tributario. Lo anterior, debido a que los certificados pedidos contienen datos tomados de la información tributaria de los contribuyentes. Con todo, informa que se han firmado 24 certificados durante el año consultado.</p>
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3) AMPARO: El 24 de septiembre de 2020, don Patricio Muñoz Aravena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Curacaví, mediante Oficio E17421, de 16 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) remita copia de la solicitud objeto del presente amparo, además indique si comunicó prórroga y en la afirmativa remita copia del comprobante de notificación, así como el comprobante de notificación donde conste la fecha de la respuesta notificada; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante Ord. N° 470, de 28 de octubre de 2020, la Municipalidad de Curacaví presentó sus descargos en esta sede reiterando, en resumen, que la denegación de la información se funda en lo dispuesto en los artículos 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y la institución del secreto tributario consagrado en el artículo 35 del Código Tributario. Esto, debido a que los antecedentes solicitado contiene datos tomados de la información tributaria entregada por los contribuyentes, emanadas de sus respectivos balances tributarios y que dan cuenta de la inversión efectuada en otras empresas sujetas al pago de patente municipal con indicación de su RUT y razón social.</p>
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En tal contexto, atendido que lo pedido consiste en certificados que contienen datos declarados por los contribuyentes con el fin de rebajar la determinación de su capital propio, las inversiones efectuadas por personas naturales o jurídicas y los montos que conlleva, su divulgación infringiría el secreto tributario. Lo anterior, se relaciona con lo establecido en los artículos 30 inciso 5° y 102 del Código Tributario, 58, letra h) de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo, 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y 8 de la Constitución Política de la República.</p>
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Las Municipalidades actuando como Órgano de la Administración del Estado, con la finalidad de emitir los certificados solicitados, al amparo del artículo 24 incido 7 de la Ley 3.063 sobre rentas municipales, reciben documentos de carácter tributario y los procesa, además de tener acceso a la carpeta y/ o documentos tributarios para tener toda la información tributaria.</p>
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Acto seguido, argumenta que lo solicitado se refiere a datos y antecedentes de rebaja de inversiones, que contienen sumas de dinero. Lo anterior estaría vedado a esta administración entregar atendido a que estos datos están sujetos a secreto, toda vez que se trata de datos sensibles y posiblemente estratégicos, se podría acceder al detalle de la inversión, sus pasivos, activos, eventualmente al valor de adquisición de acciones e información privilegiada. De este modo, se podría divulgar información que permitiría determinar antecedentes sobre la renta, inversiones y otros datos patrimoniales privados y reservados. Así las cosas, acceder al patrimonio de una persona y como lo tiene distribuido, estaría vulnerando los derechos personales del contribuyente.</p>
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Finalmente, informa que no procedió conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia respecto de los contribuyentes titulares de los certificados consultados, por cuanto entendían que se trata de información tributaria de carácter secreta.</p>
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Adjunta nómina de contribuyentes y copia de la información reclamada, esto último de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, lo solicitado corresponde a copia de los certificados de rebaja de inversión emitidos por la funcionaria que indica, en su calidad de Encargada de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Curacaví, durante el año 2020. Luego, el amparo se funda en la respuesta negativa entregada por el órgano. Al efecto, el órgano requerido denegó el acceso a la misma por tratarse de información protegida por la causal de reserva de los artículos 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con los artículos 30, 35 y 102 del Código Tributario.</p>
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2) Que, en cuanto a la naturaleza de la información pedida, es menester señalar que el artículo 24, del decreto ley N° 2385, que fija texto refundido y sistematizado del decreto ley número 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales (en adelante Ley de Rentas Municipales), establece que "La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda. Tratándose de sociedades de inversiones o sociedades de profesionales, cuando éstas no registren domicilio comercial, la patente se deberá pagar en la comuna correspondiente al domicilio registrado por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos, dicho Servicio aportará esta información a las municipalidades, por medios electrónicos, durante el mes de mayo de cada año. /El valor por doce meses de la patente será de un monto equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias mensuales. (...)" (inciso 1°). Acto seguido, la mentada disposición señala "Para los efectos de este artículo se entenderá por capital propio el inicial declarado por el contribuyente si se tratare de actividades nuevas, o el registrado en el balance terminado el 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que deba prestarse la declaración, considerándose los reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse de acuerdo con las normas del artículo 41.- y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824.-, de 1974. / Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, el Servicio de Impuestos Internos aportará por medios electrónicos a cada una de las municipalidades que corresponda, dentro del mes de mayo de cada año, la información del capital propio declarado, el rol único tributario y el código de la actividad económica de cada uno de los contribuyentes" (incisos 3° y 4°). Finalmente, el articulo permite que "En la determinación del capital propio a que se refieren los incisos segundo y quinto de este artículo, los contribuyentes podrán deducir aquella parte del mismo que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectos al pago de patente municipal, lo que deberá acreditarse mediante certificado extendido por la o las municipalidades correspondientes a las comunas en que dichos negocios o empresas se encuentran ubicados (...)" (inciso 7°).</p>
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3) Que, en la especie, lo requerido corresponde, precisamente, a los certificados a que se refiere el inciso 7° del artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, que fuesen emitidos por la funcionaria que indica, en su calidad de Encargada de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Curacaví y, que, en definitiva, permiten a un contribuyente reducir del monto de su capital propio -que su utiliza de base para el cálculo de la patente municipal que grava la actividad que ejerce en una determinada comuna-, aquella parte del capital que se encuentre invertida en otros negocios o empresas que también estén afectas al pago de patente municipal, pero ubicadas en otra comuna.</p>
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4) Que, conforme al marco normativo citado, resulta efectivo que, para la emisión de los aludidos certificados, las Municipalidades reciben tanto del Servicio de Impuestos Internos como de los propios contribuyentes, documentación de carácter tributaria y la procesan. En efecto, de la revisión de los certificados acompañados al expediente, se advierte que en estos se consigna información comercial de la empresa inversora, tales como, razón social, RUT, y monto total de inversión efectuada al 31 de diciembre del año tributario 2019 que se solicita sea rebajo de su capital propio. Por su parte, respecto de la empresa que se individualizada como receptora de dichas inversiones se menciona la razón social, RUT, calidad de contribuyente de la comuna de Curacaví, número de patente, domicilio, giro o actividad, estado de pago de patente y si registra o no morosidad por dicho este último concepto.</p>
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5) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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6) Que, en lo atingente a la primera causal de reserva alegada, el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, prescribe que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales".</p>
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7) Que, este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. Se establece como criterio el que: "a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09).</p>
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8) Que, si bien, el artículo 35° del Código Tributario está referido a un deber de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de no divulgar la información que allí se indica, a juicio de este Consejo, en mérito de normas como los artículos 30 y 102 del mismo cuerpo legal, dicha obligación se hace extensiva a aquellos funcionarios de otros servicios u órganos públicos que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento y procesen datos extraídos o tomados desde las declaraciones obligatorias de impuestos de los contribuyentes. Al efecto, el inciso 5° del artículo 30 del Código Tributario señala "Las personas que, a cualquier título, reciban o procesen las declaraciones o giros quedan sujetas a obligación de reserva absoluta de todos aquellos antecedentes individuales de que conozcan en virtud del trabajo que realizan. La infracción a esta obligación será sancionada con reclusión menor en su grado medio y multa de 5 a 100 UTM". Por su parte, el artículo 102 dispone "Todo funcionario, sea fiscal o municipal o de instituciones o empresas públicas, incluyendo las que tengan carácter fiscal, semifiscal, municipal o de administración autónoma, que falte a las obligaciones que le impone este Código, o las leyes tributarias, será sancionado con multa del cinco por ciento de una unidad tributaria anual a cuatro unidades tributarias anuales (...)".</p>
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9) Que, en tal orden de ideas, lo requerido no obstante su calidad de acto administrativo de certificación o constancia corresponde a información elaborada a partir de antecedentes tributarios de terceros contribuyentes, que están cubiertos por el secreto tributario establecido en el citado inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.</p>
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10) Que, además, en lo que atañe a la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).</p>
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11) Que, luego, de la ponderación en concreto de la documentación reclamada, como se expuso, se advierte que en ellas existe información de naturaleza económica y comercial, en particular, el monto de las inversiones efectuadas a terceras empresas, lo que en definitiva constituye un bien económico estratégico.</p>
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12) Que, en consecuencia, respecto de la información en análisis concurren las causales de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario y 21 N° 2, del mismo cuerpo normativo, motivo por el cual se rechazar al amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Muñoz Aravena en contra de la Municipalidad de Curacaví, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Muñoz Aravena y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Curacaví.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>