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DECISIÓN AMPARO ROL C6026-20</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Soledad Luttino</p>
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Ingreso Consejo: 24.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la entrega de información sobre el desarrollo de la investigación penal que se consulta.</p>
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Lo anterior por cuanto, atendida la naturaleza de la información solicitada, la entidad competente para pronunciarse sobre la misma es el Ministerio Público, ajustándose la derivación efectuada por el organismo a la normativa vigente y a la jurisprudencia de este Consejo, contenida en las decisiones roles C911-10, C659-15 y C1304-16. </p>
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En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6026-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de septiembre de 2020, doña Soledad Luttino presentó ante la Policía de Investigaciones de Chile, el siguiente requerimiento: "De acuerdo a orden de investigar por denuncia contra funcionarios la Superintendencia de Seguridad Social, de la Fiscal Sra. Alicia Ascencio Hernández, de la Fiscalía Centro Norte 022020/ffd/211802 del 24 -02-2020, mediante oficio 022020/ffd/211802 del 24 -02-2020 , que pese al tiempo transcurrido esta Policía se ha negado a cursar en plena infracción a sus deberes como vulnerando los derechos de las víctimas, consagrados en nuestra Constitución como en las leyes vigentes al respecto : 1.- Copia y estado de la tramitación de la referida orden de investigar. 2.- Funcionario (s) que se encuentran tramitando la referida orden de investigar con los plazos por etapa que se encuentra. 3.- Copia de todas las reiteraciones efectuadas por la fiscal señalada y su tramitación por parte de este servicio 4.- Plazos que tiene esta Policía para dar curso a las órdenes de investigar y cuantas veces debe el Fiscal o juez, reiterarlas para su cumplimiento. Anexe documento legal que permite los amplios plazos que se da la PDI, para tramitar".</p>
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2) RESPUESTA: El 24 de septiembre de 2020, la Policía de Investigaciones de Chile señala que lo consultado es de competencia del Ministerio Público, razón por la cual proceden a derivar el requerimiento a la señalada entidad, conforme los términos del artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 24 de septiembre de 2020, doña Soledad Luttino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta negativa.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E17425, de 14 de octubre de 2020.</p>
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El organismo, por medio de Ord. N° 808, de 21 de octubre de 2020, argumentó:</p>
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- Todas las materias consultadas por la reclamante dicen relación con una investigación penal a cargo del Ministerio Público, estamento al cual de conformidad a las instrucciones generales impartidas a esta institución, contenidas en oficio N° 026/2011, de fecha 14 de enero de 2011, relativas a solicitudes al amparo de la Ley de Transparencia, donde se requiera el acceso y copia de informes, registros o cualquier otro antecedente vinculado directa o indirectamente a las funciones que por ley deban desempeñar funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, en apoyo a las indagaciones practicadas por los Fiscales del Ministerio Público, corresponde que esta institución efectúe la derivación de la solicitud, por cuanto carece de competencias para conocer de ella, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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- En razón de lo expuesto solicitan sea rechazado el amparo, toda vez que dieron cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ente persecutor, en razón de la materia consultada.</p>
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- Acompañan para tales efectos oficio N° 700 de 15 de septiembre de 2020, por medio del cual se derivó el requerimiento, junto con correo electrónico de notificación de la misma; y, carta respuesta dirigida a la reclamante por parte del Ministerio Público, con ocasión de la derivación realizada por este servicio de fecha 1 de octubre de 2020, en la cual le informan a la solicitante que " (...) respecto a una investigación penal, solo tendrán derecho a obtener copia de los registros y de los documentos de la misma, y por ende también a solicitar información sobre el estado de tramitación de la causa, los intervinientes, a saber: el fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Penal en relación al artículo 182 del Código Procesal Penal. Lo anterior, se encuentra reforzado con lo dispuesto en el artículo 8 inciso final de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público que establece expresamente que la publicidad, divulgación e información de los actos relativos o relacionados con la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección a la víctima y testigos, se regirán por la ley procesal penal" (El destacado es nuestro).</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, cabe señalar que este Consejo ha razonado, en las decisiones de los amparos roles C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otras, que el artículo 182 del Código Procesal Penal "consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, se concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP".</p>
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2) Que, en el caso particular y concreto, al recaer lo solicitado en información sobre el desarrollo o tramitación de una investigación penal en curso, se estima que el proceder del organismo reclamado, en orden a derivar conforme el artículo 13 de la Ley de Transparencia el requerimiento formulado al Ministerio Público, a fin de que dicha entidad se pronunciara sobre el mismo, se ajustó a la normativa y jurisprudencia precitadas, razón por la cual se rechazará la acción deducida.</p>
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3) Que, sin perjuicio de lo anterior, es pertinente señalar que respecto a lo solicitado por la peticionaria en la última parte de su requerimiento, tendiente a que se "Anexe documento legal que permite los amplios plazos que se da la PDI, para tramitar"; atendido los términos en que fue formulado, aquello no corresponde a una solicitud de acceso a la información conforme lo establecido en el artículo 10 y 12 de la Ley de Transparencia, toda vez que en la esencia se traduce en una observación o queja que realiza al proceder del organismo requerido.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por doña Soledad Luttino en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>