Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6065-20

Reclamante:	CATALINA BOZZO SILVA
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar a la reclamante, en forma desagregada y desvinculada de cualquier otro dato, el valor de transferencia de las 21 muestras consideras para la determinación del valor unitario de terreno del área homogénea HAB090, de la comuna de Vitacura, así como las 43 muestras consideradas para la determinación del valor unitario de terreno del área homogénea HAB034, de la comuna de Lo Barnechea. Lo anterior, toda vez que corresponde a información que es fundamento de la Resolución Exenta del SII N° 28, de 2018 y de la decisión del SII relativa al actual avalúo fiscal de todos los bienes raíces que comprende cada área homogénea en las comunas consultadas, respecto de la cual no se configuran las causales de reserva de secreto tributario ni afectación de la vida privada y derechos comerciales y económicos de las personas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/26/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3403-17 C592-11 C639-11 C2429-18 C452-14 C4767-20 C4490-20 C4898-20 C577-11 C1162-16
Jurisprudencia a:	C774-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C6065-20   Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos Requirente: Catalina Bozzo Silva Ingreso Consejo: 25.09.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar a la reclamante, en forma desagregada y desvinculada de cualquier otro dato, el valor de transferencia de las 21 muestras consideras para la determinación del valor unitario de terreno del área homogénea HAB090, de la comuna de Vitacura, así como las 43 muestras consideradas para la determinación del valor unitario de terreno del área homogénea HAB034, de la comuna de Lo Barnechea. Lo anterior, por cuanto Lo anterior, toda vez que corresponde a información que es fundamento de la Resolución Exenta del SII N° 28, de 2018 y de la decisión del SII relativa al actual avalúo fiscal de todos los bienes raíces que comprende cada área homogénea en las comunas consultadas, respecto de la cual no se configuran las causales de reserva de secreto tributario ni afectación de la vida privada y derechos comerciales y económicos de las personas. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C592-11 y C452-14, C1162-16, C3403-17, en lo relativo a la naturaleza de la información contenida en los formularios N° 2890, así como el criterio establecido en las decisiones Roles C4490-20, C4767-20 y C4898-20, referidas a información de idéntica naturaleza a la reclamada (muestras de valores de transferencia). El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6065-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de agosto de 2020, don Catalina Bozzo Silva solicitó a al Servicio de Impuestos Internos (en adelante a indistintamente el SII): a) "Metodología utilizada para estimar el valor de suelo del área homogénea HAB090 de la comuna de Vitacura - RM. b) Copia de los antecedentes utilizados para realizar la estimación del área homogénea HAB090 de la comuna de Vitacura - RM (comparables de mercado, análisis estadístico, etc.) En el caso de haberse utilizado comparables que no se encuentran en el mismo sector. por favor indicar factores cuantitativos/cualitativos de similitud entre el área en estudio y en la que se ubican los comparables utilizados. c) Metodología utilizada para estimar el valor de suelo del área homogénea HAB034 de la comuna de Lo Barnechea - RM. d) Copia de los antecedentes utilizados para realizar la estimación del área homogénea HAB034 de la comuna de Lo Barnechea - RM (comparables de mercado, análisis estadístico. etc.) En el caso de haberse utilizado comparables que no se encuentran en el mismo sector, por favor indicar factores cuantitativos/cualitativos de similitud entre el área en estudio y en la que se ubican los comparables utilizados". 2) RESPUESTA: El 23 de septiembre de 2020, por medio Resolución Exenta Nro.:LTNot 0019141, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que hará una entrega parcial de la información adjuntando dos archivos en formato pdf, los cuales contienen un informe elaborado por el Departamento de Avaluaciones de la mencionada Subdirección de Avaluaciones de esta entidad pública, sobre la área homogéneas HAB090 de la comuna de Vitacura y HAB034, de la comuna de Lo Barnechea, el cual indica cuales fueron los antecedentes considerados en la determinación del valor unitario de terreno para las áreas homogéneas mencionadas y con indicación de un breve resumen de las áreas consultadas, así como los estadísticos principales (media y mediana), también el número total de muestras utilizadas y el valor mínimo y máximo de las muestras consideradas para la definición de valor de las áreas, y por otro lado, un informe del proceso de Reevalúo 2018, en el cual constan todas las consideraciones tenidas a la vista en el desarrollo del proceso de Reavalúo año 2018. Respecto de la cartografía solicitada se accede por medio del enlace que indica. Respecto los planos de precios del Reavalúo No Agrícola 2018, que contienen las tablas de valores unitarios de terreno de cada comuna por región, se accede por medio del link que indica. Respecto de información básica de reevaluó se accede por medio del enlace web que señala. Respecto a los antecedentes considerados en el mencionado proceso de determinación del avalúo fiscal de roles que conforman las áreas homogéneas de las comunas de Vitacura y Lo Barnechea, como por ejemplo sería el detalle de las declaraciones sobre enajenación e inscripción de bienes raíces -Formulario 2890-, consultada la Subdirección de Avaluaciones de este Servicio, se comunica a la requirente que resulta imposible acceder a la entrega de su solicitud, en esos puntos, ya que este organismo obtiene dicha información precisamente desde una fuente no accesible al público, esto es, desde una declaración jurada obligatoria para los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, denominada "Declaración sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", Formulario N° 2890, en el cumplimiento de sus funciones legales, y habida consideración que la divulgación requerida conlleva la posibilidad cierta de afectación del derecho a la vida privada y los derechos comerciales y económicos las personas. Así las cosas, dicha información se encuentra protegida por la reserva tributaria, la cual prohíbe la develación de rentas de los contribuyentes y datos relativos a ellas, así como información contenida en Declaraciones Juradas de éstos, como lo es la declaración realizada en el Formulario N° 2890, antecedentes que se encuentran resguardados de divulgación por el artículo 35 del Código Tributario, el cual, en su inciso 2°. Además, sostiene que, sin perjuicio de la reserva tributaria establecida como obligación a todos los funcionarios del órgano requerido en virtud de la Ley de Transparencia, a su vez nuestro legislador ha consagrado la reserva tributaria como derecho a todo contribuyente en el artículo 8 bis N° 9 del Código Tributario. En razón de lo anterior, se rechaza su entrega en virtud del artículo 8bis, N° 9 y 35 del Código Tributario, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 25 de septiembre de 2020, don Catalina Bozzo Silva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta o parcial. Al efecto, indica que se negó la entrega de ciertos antecedentes por el artículo 35 del Código Tributario, sin perjuicio que éstos corresponden a documentos públicos que no develan la renta de otros contribuyentes ni sus declaraciones impositivas. En efecto, señala que la incorrecta aplicación de la mencionada reserva, impide el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información pública. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E17692, de 19 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones formuladas por la parte reclamante, respecto a que indica que se entregó una respuesta incompleta a su solicitud; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante presentación escrita ingresada con fecha 03 de noviembre de 2020, el SII presentó sus descargos en esta sede señalando, en síntesis, lo siguiente: En primer término, sostiene que el amparo interpuesto no cumple con las condiciones necesarias para su admisibilidad, por cuanto la respuesta se entregó dentro de plazo, y según se indica en la resolución de respuesta a la solicitud, se accedió parcialmente a la entrega de la información requerida dado que parte de lo pedido corresponde a una materia que no se obtiene desde una fuente accesible al público. Por tanto, en la especie no ha existido una denegación infundada o arbitraria. Acto seguido, da cuenta de la información que fue entregada. Por tanto, el amparo no cumple con los requisitos del artículo 24 de la Ley de Transparencia. En cuanto al fondo del amparo, indica que el SII no comparte la argumentación de la reclamante referida a que dichos antecedentes corresponden a documentos públicos que no develan la renta de otros contribuyentes ni sus declaraciones impositivas, "por cuando la indicación de los valores de cada una de las antecedentes que sirvieron de base para la determinación del valor de las áreas homogéneas de las comunas en referencia, por ser uno de los datos más relevantes que se informan en el Formulario 2890, se encuentra sujeta a la obligación de secreto o reserva tributaria establecida por el art. 35 del Código Tributario, y, porque además su divulgación afectaría el derecho a la privacidad y a la reserva de datos personales o a la intimidad personal. En efecto, como precisa el fallo de queja citado en el apartado anterior, y que se refiere, entre otros datos, precisamente al precio de venta o transacción, teniendo incidencia directa tanto en la configuración de la base imponible del impuesto territorial, como también en el impuesto a la renta, por lo que su divulgación implicaría revelar indirectamente la fuente y cuantía de los ingresos; precisamente aquello que el artículo 35 del Código Tributario busca evitar". Señala que Servicio, respecto a los bienes inmuebles, solo cuenta con la información proporcionada por los propios contribuyentes, así como por los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces y no cuenta con un registro o estadística completa de todos los inmuebles del país, por no tener a su cargo un registro público de los inmuebles, obteniéndola desde una fuente no es accesible al público, esto es, las Declaraciones Juradas obligatorias que presentan los contribuyentes y los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, denominada "Declaración sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", Formulario N° 2890. En razón de lo anterior, argumenta que, habida consideración que la divulgación requerida conlleva la posibilidad de afectación del derecho a la vida privada y los derechos comerciales y económicos las personas, la información así recabada se encuentra protegida por la Reserva Tributaria, la cual prohíbe la develación de rentas de los contribuyentes y datos relativos a ellas, así como información contenida en Declaraciones Juradas de éstos, como lo es la declaración realizada en el Formulario N° 2890, antecedentes que se encuentran resguardados de divulgación por el artículo 35 del Código. Adiciona que lo anterior debe ser entendido en concordancia al hecho que lo requerido involucra, además, una serie de datos respecto a personas naturales, lo que cae en la esfera de protección de la vida privada, resguardada constitucionalmente. En efecto, el artículo 19 N° 4, de la Constitución Política de la República, contenido en el Capítulo Tercero, "De los Derechos y Deberes Constitucionales", asegura a todas las personas, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia, disposición que se infringiría abiertamente si este Servicio develara la información en los términos solicitados. En ese contexto y circunscribiendo tal mandato constitucional, tanto la Ley de Transparencia como la ley N° 19.628, sobre "Protección de Datos de Carácter Personal", han establecido un régimen de protección de aquella información que obra en poder de los órganos de la Administración, a partir de dicha garantía constitucional. Así las cosas, considerando que develar los datos solicitados implica entregar datos personales en los términos de los artículos 2°, letra f) y 4°, ambos de la ley N° 19.628, resulta aplicable también la regla de secreto contemplada por el artículo 7°, de la citada ley; en relación a su vez con la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. Finalmente, solicita que como parte de un sistema anticipado de resolución de controversias (SARC post descargos), se remita al reclamante el informe detallado que adjunta, respecto del Reavalúo de los bienes raíces de la Serie No Agrícola que entró en vigencia a contar del 01 de enero de 2018, específicamente a las áreas homogéneas HAB090 (Vitacura) y HAB 34 (Lo Barnechea) sumado a la siguiente información: 1. Los antecedentes que se tuvieron a la vista para determinar el valor del m2 de terreno; - El AH HAB090, de la comuna de Vitacura, se determinó en base a un universo muestral de 21 muestras, de las cuales 3 fueron descartadas en el proceso de análisis. La mediana de las 18 muestras consideradas fue un valor de 3,59 uf/m2. - El AH HAB034, de la comuna de Lo Barnechea, se determinó en base a un universo muestral de 43 muestras. La mediana de las 43 muestras consideradas fue un valor de 15,85 uf/m2. 2. Se acompañan nuevamente los antecedentes que fueron entregados a través de la resolución exenta N° 19141, de fecha 23 de septiembre de 2020, a saber: dos archivos en formato pdf, los cuales son por un lado, un informe elaborado por el Departamento de Avaluaciones de la Subdirección de Avaluaciones de esta entidad pública, sobre las AH HAB090 de la comuna de Vitacura y de la AH HAB034, de la comuna de Lo Barnechea, el cual indica cuales fueron los antecedentes considerados en la determinación del valor unitario de terreno para las áreas homogéneas mencionadas y con indicación de un breve resumen de las AH consultadas, así como los estadísticos principales (media y mediana), también el número total de muestras utilizadas y el valor mínimo y máximo de las muestras consideradas para la definición de valor de las AH, y por otro lado, un informe del proceso de Reevalúo 2018, en el cual constan todas las consideraciones tenidas a la vista en el desarrollo del proceso de Reavalúo año 2018. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E19490, de 10 de noviembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Al efecto, por medio de correo electrónico de fecha 17 de noviembre del mismo año, la reclamante se manifestó disconforme con la información remitida por el SII en sus descargos, pues esta no cumple con lo solicitado, en tanto, no entrega los antecedentes necesarios para conocer los fundamentos de la determinación del avalúo fiscal de roles que forman las áreas homogéneas consultadas. Agrega que, lo pedido son los antecedentes utilizados para asignar valor a las áreas homogéneas señaladas, mientras que en la respuesta del Servicio de Impuestos Internos, este se limita a indicar que "se definió un valor unitario de 15,85 UF/m2, conforme a la mediana del valor de mercado producto del estudio de 43 muestras de transferencias y un rango de lote tipo de 700 a 3.600 m2, y en el segundo caso, se valorizó en 3,59 UF/m2, producto del estudio de 18 muestras de transferencias y un rango de lote tipo de 3.000 a 6.500 m2. Así, la autoridad fiscal no entrega ninguna información adicional relacionada con las muestras de transferencia que fueron consideradas y que sirvieron de fundamento para la determinación del avalúo fiscal de las áreas homogéneas requeridas". El fundamento dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos para negar el acceso a la información es improcedente pues los antecedentes requeridos no se encuentran sujetos al deber de reserva tributaria y corresponden a documentos de carácter público. En efecto, las escrituras públicas de transferencia que fueron utilizadas como muestras y que sirvieron de fundamento del acto administrativo -como bien lo indica su nombre-, son "públicas" pues su copia se encuentra en registros públicos (notarias o archivo judicial) y además, un extracto de ellas debe inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces con el objeto de que sea conocido por terceros (y por ende, sean oponibles). El Servicio de Impuestos Internos señala que la información que posee proviene desde una fuente no accesible al público, esto es, desde una declaración jurada obligatoria para los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, denominada "Declaración sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", Formulario N° 2890. Ahora bien, en esta declaración no se expone información protegida por la reserva tributaria, pues como ya se mencionó, contiene información pública que consta en registros públicos (escrituras públicas y sus inscripciones). Estos antecedentes permiten conocer el precio de venta y las características de las propiedades que sirvieron como muestra o comparable en la determinación del avalúo fiscal, y no así, la cuantía de las rentas y las utilidades que genera un contribuyente (cuestión amparada por la reserva tributaria, tantas veces aludida por la autoridad fiscal). Conforme al principio de divisibilidad, si el Servicio de Impuestos Internos estima que esta información debe sujetarse a reserva, entonces debe tachar la información que recae en la identificación del contribuyente (sin perjuicio que, como ya se dijo, esta información consta en registros públicos). Finalmente, acompaña copia de un el Formulario 2890 "Declaración sobre enajenación e inscripción de bienes raíces", a fin de acreditar que este contiene información de carácter pública que no tiene relación con la cuantía de la renta del contribuyente sino solo información contenida en la escritura de enajenación de bienes raíces. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previamente, en cuanto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento es la respuesta negativa a la solicitud de acceso y que la información entregada no corresponde a la solicitada, respecto del cual se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley". En consecuencia, este Consejo desechará la antedicha alegación, por improcedente. 2) Que, del tenor de los dichos de la reclamante anotados en los numerales 3) y 5) de lo expositivo, se deduce que el presente amparo se encuentra circunscrito a la falta de entrega de información sobre las muestras de transferencia que fueron consideradas por el SII y que sirvieron de fundamento para la determinación del avalúo fiscal de las áreas homogéneas HAB090, de la comuna de Vitacura y HAB034, de la comuna de Lo Barnechea. En efecto, con ocasión de sus descargos, el SII se limitó a informar que se consideraron 21 muestras para el área homogénea HAB090 (Vitacura) y 43 muestras para la HAB043 (Lo Barnechea), dando cuenta de la media y la mediana generada para dichas muestras, pero sin proporcionar los valores unitarios de cada una de ellas. 3) Que, en términos generales, el SII negó el acceso a la solicitud de acceso, particularmente en lo referido al valor de las transacciones comerciales utilizadas en la fijación del valor unitario de terreno en las áreas homogéneas consultadas, por tratarse de información protegida por las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por los argumentos que más adelante se exponen. 4) Que, a modo de contexto previo, es menester señalar que la tasación fiscal se realiza sobre la base de la normativa legal, definiciones técnicas y tablas de valores vigentes para efectos de la aplicación del impuesto territorial. Dicha normativa, a efectos de la tasación fiscal de los inmuebles no agrícolas, corresponde a la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, y las instrucciones técnicas y administrativas necesarias para efectuar la tasación que al efecto dicte el Servicio de Impuestos Internos (artículo 4° de la ley N° 17.235). En tal contexto, cabe tener presente que a contar del 1° de enero de 2018 el Servicio de Impuestos Internos debe efectuar el reavalúo de los Bienes Raíces de la Segunda Serie no Agrícola, razón por la cual dicho Servicio por medio de Resolución Exenta N° 128, de 29 de diciembre de 2017, fijó los valores de terrenos y construcciones, para el reavalúo de los Bienes Raíces de la Segunda Serie no Agrícola, resolución que fue modificada y complementada por las Resoluciones Exentas N° 7, de 18 de enero de 2018, y N° 16, de 14 de febrero de 2018, respectivamente. Por su parte, por Resolución Exenta N° 11, de 30.01.2018, el SII fijó los valores de montos de avalúos exentos, de avalúo para cambio de tasa del Impuesto Territorial y exención de pleno derecho, para predios no agrícolas reavaluados con vigencia 1° de enero de 2018. Finalmente, para una mejor comprensión de las instrucciones impartidas precedentemente, el SII determinó refundirlas y complementarlas en un único instrumento, correspondiente a la Resolución Exenta N° 28, de 09 de marzo de 2018, que en su Anexo N° 1, sobre planos de precios de terrenos, fija por cada comuna del país, su sectorización en Áreas Homogéneas, y respecto de cada una de ellas, el valor unitario de terreno (VTAH), expresado en pesos por metro cuadrado ($/m2 ), en moneda del 1 julio de 2017, y el rango de superficie de terreno definido como representativo de cada Área Homogénea. 5) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran. 6) Que, en tal sentido, la información reclamada corresponde a información esencialmente pública por ser fundamento, por una parte, de la Resolución Exenta del SII N° 28, de 2018, que en su Anexo N° 1, sobre planos de precios de terrenos, fija por cada comuna del país, su sectorización en áreas homogéneas, y respecto de cada una de ellas, el valor unitario de terreno (VTAH), expresado en pesos por metro cuadrado ($/m2 ); y por la otra, de la decisión del SII relativa al actual avalúo fiscal de todos los bienes raíces que comprende cada área homogénea. Al efecto, es relevante señalar que el actual avalúo de una propiedad, así como aquel relativo a fechas pasadas, es información divulgada libremente el propio sitio web del Servicio de Impuestos Internos, pudiendo acceder cualquier persona que conozca los roles de avalúo de la propiedad sujeta a consulta y proceda a solicitar un "certificado de avalúo fiscal simple" o un "certificado de avalúo fiscal para trámite de la posesión efectiva". 7) Que, el SII sostiene que la divulgación de los valores de cada una de las transacciones que sirvieron de base para la determinación de los valores de las áreas homogéneas de las comunas en referencia, por ser uno de los datos más relevantes que se informan en el Formulario N° 2890, se encuentra sujeta a la obligación de secreto o reserva tributaria establecida por el artículo 35 del Código Tributario, y, porque además su divulgación afectaría el derecho a la privacidad y a la reserva de datos personales o a la intimidad personal en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 8) Que, en relación al aludido Formulario, siguiendo el razonamiento de los amparos roles C592-11 y C452-14, C1162-16, C3403-17, entre otras, debe tenerse presente que la información contenida en las escrituras de enajenación de bienes raíces y su respectiva inscripción es plasmada en el formulario N° 2890 por el Notario y el Conservador respectivos, remitiéndola al SII mediante el formulario N° 2.895, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y de acuerdo a los dispuesto en la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004 del SII. Luego, dicho antecedente tiene como principal objetivo que el SII pueda ejercer las potestades que le encomienda la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial. 9) Que, respecto de la alegación del SII, referida a que la entrega de la información reclamada contenida en los Formularios 2890 infringe el secreto tributario regulado en el artículo 35 inciso 2° del Código Tributario, se debe tener presente que dicha norma legal prescribe que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". 10) Que, resulta procedente seguir lo argumentado en de la decisión del amparo Rol C592-11, particularmente en su considerando 11°, en cuanto a que "tenido a la vista por este Consejo el referido Formulario N° 2890, "Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", no se observa cómo la información en él contenida pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley. En efecto, la información vertida en dicho formulario, que dice relación con la identificación de quienes concurren a la enajenación de un bien raíz, los datos del inmueble, monto de enajenación y forma de pago, datos del título traslaticio de dominio y de la inscripción en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, a juicio de este Consejo no se encuentra referida a la fuente de los ingresos a que se refiere el artículo 2° N° 1 del Decreto Ley N° 824, ya transcrito, y, por lo tanto, ha de estimarse que, en la especie no se configura la causal de secreto o reserva alegada por el SII, por cuanto dentro de los antecedentes requeridos no se encuentra la renta de los contribuyentes, sino que sólo los datos de la transacción de un inmueble determinado, y los montos involucrados en dicha transacción, montos que, bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados como renta, ya que, si bien en dicha transacción se obtiene un crédito que engrosara el patrimonio, esto va unido a una contraprestación equivalente, que constituye el objeto de la obligación de la otra parte, no existiendo en definitiva una utilidad o incremento de patrimonio para ninguna de las partes intervinientes. En efecto, si bien tal información es utilizada por el SII en el desarrollo de la operación renta, esto sólo ocurre en la medida que se relacionan con otros datos y antecedentes que obran en poder del Servicio, de modo que este Consejo desestimará la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por no concurrir en la especie". 11) Que, por su parte el considerando 12° de la citada decisión estableció que "a mayor abundamiento, el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, al referirse a los registros que lleva el Conservador -entre los que se cuentan el de Propiedad, donde consta la misma información contenida en el Formulario N° 2890 del Servicio de Impuestos Internos- señala que son registros esencialmente públicos "por consiguiente, es permitido a cualquiera consultarlos en la misma oficina y tomar los apuntes que crea convenientes". 12) Que, en el presente caso la solicitante hace referencia únicamente a las muestras de valores de transferencia -es decir, precio de compraventa- utilizados como referencia para la determinación del valor de terreno de las áreas homogéneas consultadas de las comunas de Vitacura y Lo Barnechea (21 muestras para el área homogénea HAB090 (Vitacura) y 43 muestras para la HAB034 (Lo Barnechea), respectivamente) y no comprende el acceso a antecedentes adicionales que pueden estar comprendidos en Formulario N° 2890, tales como, datos relativos al inmueble transferido, fechas en que se efectuaron las transacciones o la identidad de las personas involucradas en las respectivas compraventas informadas. En consecuencia, tal como se razonó en las decisiones de amparo Roles C4490-20, C4767-20 y C4898-20, referidas a este mismo tipo de antecedentes (muestras de valores de transferencia), la información pedida puede ser inclusive considerada estadística, pues cumple con los requisitos de ser innominada e indeterminada. El primer criterio corresponde a no hacer alusión directa a las personas que entregaron la información, sea entregando su nombre u otro dato directo que permita identificar el origen de los datos. El segundo criterio requiere que además de lo anterior, no se haga alusión indirecta al origen de los datos, sea por cruce con otros datos o por la entrega de información complementaria que permita identificar el origen de ellos. 13) Que, asimismo, se debe tener presente que conforme ha expuesto el SII con ocasión de diversos amparos referidos a materia de similar naturaleza, dicho Servicio "cuenta con una Base Catastral de Bienes Raíces a nivel nacional, y los datos que se registran en ella son todos los necesarios para la identificación del predio, en cuanto a su catastro físico (terreno, construcciones, etc.), su catastro legal (propietario, ubicación, inscripción en el Conservador respectivo, etc.) y su catastro valorizado (avalúos de terrenos y construcciones, contribuciones, exenciones, etc.), pero la Base Catastral es una./ El problema se presenta en que, la referida Base de datos se alimenta, por un lado, con la información que aportan los Notarios y Conservadores, Municipios y otros organismos públicos y, por otro lado, por información que entrega el propio contribuyente. En conclusión, la Base Catastral de inmuebles del Servicio se alimenta tanto de información que proviene de declaraciones obligatorias, principalmente el Formulario 2890, como de otras declaraciones que pueden presentar los propios contribuyentes, ya sea a través de declaraciones obligatorias como voluntarias. (...) Por lo anterior, la Base Catastral de inmuebles que mantiene este Servicio no se alimenta exclusivamente de información voluntaria, sino que se alimenta en gran parte de declaraciones obligatorias, como el Formulario 2890 y en una menor parte, de declaraciones o presentaciones voluntarias de los propios contribuyentes" (amparo Rol C2429-18). 14) Que, en tal orden de ideas, los datos referidos a precios o valores de transferencia utilizados en el proceso de reavalúo 2018 constan en dicha base catastral y, por tanto, pueden ser informados desagregados de cualquier otro dato relativo a la operación involucrada (es decir, de forma innominada e indeterminada). Lo anterior, permite descartar cualquier tipo de infracción del secreto tributario, pues con su entrega no se dan a conocer los elementos básicos que permitirían acceder, respecto de personas específicas y determinadas, a sus ingresos, a la fuente de aquellos ni a la determinación de sus cargas impositivas, razón por la cual se desestimará la alegación del Servicio en cuanto a la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 35 del Código Tributario. 15) Que, de igual manera, este Consejo no advierte de qué forma la entrega de los datos pedidos, en la forma pedida, esto es, desvinculado de cualquier otro antecedente que permita asociarlo a una persona natural o jurídica, determinada o determinable, pueda generar una afectación a los derechos de las personas en lo que se refiere a la privacidad, la reserva de datos personales y a la intimidad personal. A mayor abundamiento, conviene traer a colación lo señalado por este Consejo en los amparos roles C577-11, C639-11 y C452-14, C1162-16, C3403-17, entre otras, referido a que "la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, proviene de fuentes de acceso público, de tal suerte que el SII, para efectuar el tratamiento de la misma -lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros-, no requiere autorización de sus titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.628". Luego, la información específicamente requerida, esto es, muestra de valores de transferencia, no constituye es sí misma datos personales, en la medida que no dicen relación con personas identificadas o identificables. 16) Que, en efecto, la información que obra en poder del órgano reclamado referida a la enajenación de un bien raíz, que consta en la respetiva escritura pública y la posterior inscripción de esta, son datos públicos, de acuerdo con el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de 1857, que declara públicos los Registros que lleva el Conservador. A esto se debe agregar que uno de los registros que aquél debe llevar es el Registro de Propiedad, en que se inscriben las translaciones de dominio, según disponen los artículos 31 y 32 del aludido Reglamento. Asimismo, dichos registros son públicos de fuente accesible al público, pues el requirente podría concurrir a cada uno de los 143 notarios y conservadores del país que tengan a su cargo los Registros de Propiedad y con la sola revisión de los índices pertinentes podría acceder a lo requerido, sin necesidad de aportar determinados datos o solicitar certificaciones o copias de los documentos en que dicha información consta. De este modo, se trataría de un ejercicio de recopilación, que ya ha sido realizado por el órgano reclamado, como consecuencia de sus acciones de fiscalización tributaria y que, por lo tanto, obra en su poder. 17) Que, en mérito de lo expuesto se rechazará igualmente las alegaciones del SII referidas a que la divulgación de las muestras de valores de transferencias consultadas, puedan afectar los derechos de las personas en los términos de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 18) Que, en virtud de todo lo razonado precedentemente, se acogerá el amparo y se ordenará el SII entregar a la reclamante, en forma desagregada y desvinculada de cualquier otro dato, el valor de transferencia de las 21 muestras consideras para la determinación del valor unitario de terreno del área homogénea HAB090, de la comuna de Vitacura, así como las 43 muestras consideradas para la determinación del valor unitario de terreno del área homogénea HAB034, de la comuna de Lo Barnechea. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Catalina Bozzo Silva en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de la Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante, en forma desagregada y desvinculada de cualquier otro dato, el valor de transferencia de las 21 muestras consideras para la determinación del valor unitario de terreno del área homogénea HAB090, de la comuna de Vitacura, así como las 43 muestras consideradas para la determinación del valor unitario de terreno del área homogénea HAB034, de la comuna de Lo Barnechea. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Catalina Bozzo Silva y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.