Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6153-20

Reclamante:	RODRIGO ESTEBAN CAMPILLAY CASTILLO
Reclamado:	COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, relativo a la entrega de la información sobre el procedimiento y antecedentes que los asegurados deben presentar, con objeto de hacer efectivo el seguro de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a créditos, en el contexto de lo establecido en la Ley N° 21.227. Lo anterior, por cuanto lo pretendido es información que se encuentra en proceso de revisión, y por tanto pendiente de validación por parte de la recurrida, cuya divulgación entorpece el proceso deliberativo en curso y toma de decisión que el organismo debe adoptar, lo cual manifiestamente opera desmedro de las funciones legales de la reclamada, particularmente aquella relativa a velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado, considerando los intereses de los asegurados.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/18/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C3014-15
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Seguridad de la Nación >> Orden público
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C6153-20   Entidad pública: Comisión para el Mercado Financiero Requirente: Rodrigo Campillay Castillo Ingreso Consejo: 28.09.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, relativo a la entrega de la información sobre el procedimiento y antecedentes que los asegurados deben presentar, con objeto de hacer efectivo el seguro de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a créditos, en el contexto de lo establecido en la Ley N° 21.227. Lo anterior, por cuanto lo pretendido es información que se encuentra en proceso de revisión, y por tanto pendiente de validación por parte de la recurrida, cuya divulgación entorpece el proceso deliberativo en curso y toma de decisión que el organismo debe adoptar, lo cual manifiestamente opera desmedro de las funciones legales de la reclamada, particularmente aquella relativa a velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado, considerando los intereses de los asegurados. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6153-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de agosto de 2020, don Rodrigo Campillay Castillo presentó ante la Comisión para el Mercado Financiera (CMF), el siguiente requerimiento: "copia íntegra de todo documento de cualquier denominación administrativa, llámese procedimiento, requisitos o en su defecto lo que procediere y sea pertinente respecto de la documentación solicitada por la empresa de seguros Cardif, a las personas que teniendo contratados seguros de cesantía, se han acogido a este, mediante la norma 21227 en su artículo 21, colocando especial énfasis en el plazo para dar cumplimiento a dicha garantía". 2) RESPUESTA: Por medio de Oficio Ordinario N° 45949, de 25 de septiembre de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero, señala que la información solicitada se encuentra en proceso de revisión, razón por la cual deniegan lo pedido, en virtud de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. A su vez, invocan la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538, de 1980. 3) AMPARO: El 28 de septiembre de 2020, don Rodrigo Campillay Castillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. El tal sentido, expresa: "lo solicitado, que en síntesis abarca la documentación y plazos que la empresa de seguros Cardif, debe activar los seguros señalados en la norma n° 21227 en su artículo 21. consecuente con ello la CMF, no adjunta ningún documento administrativo, donde se dé cuenta del procedimiento donde se aluda a ese particular. Pronuncie (sic) además el CPLT, respecto del plazo de causal de reserva para resolver materias que implican una afectación de la Seguridad Nacional". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Oficio E17934, de 20 de octubre de 2020. Mediante OFORD N° 54549, de 4 de noviembre de 2020, el organismo argumentó lo siguiente: - Lo requerido por el reclamante, corresponde a la documentación solicitada a particulares para hacer efectivo un seguro. En ese orden de ideas, y como fue informado al peticionario, la información que la empresa solicita para tales efectos, se encuentra actualmente en un proceso de revisión por parte de esta institución. Así las cosas, todo documento que pudiésemos tener al respecto, se encuentra circunscrito a ese proceso, el cual, a la fecha, no ha concluido; y, cuya época de término es indefinida. - El decreto ley N° 3.538, cuerpo legal que fue reemplazado por la Ley N° 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero, establece que corresponde a esta Comisión "(...) velar porque las personas o entidades fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan, desde que inicien su organización o su actividad, según corresponda, hasta el término de su liquidación; pudiendo ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones." (artículo 1°), siendo una de las entidades fiscalizadas "Las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza, y los negocios de éstas, así como de las personas que intermedien seguros." (artículo 3° numeral 6). En consecuencia, es un deber de esta Comisión proteger la debida objetividad y efectividad con la que el proceso consultado debe realizarse. Al efecto, el hecho de remitir un listado de documentación que es solicitada a los particulares para acogerse a los beneficios de un determinado seguro, la cual se encuentra actualmente en revisión, esto es, que no ha sido validada y por ende puede ser objeto de modificaciones, afecta las funciones de la CMF, en orden a velar por el cuidado de la fe pública y de considerar, en este caso, los intereses de los asegurados, quienes, de manera evidente, requieren de información clara y precisa respecto de los procedimientos a los que se encuentran afectos. - Se configura en el presente caso, la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, por cuanto versan en documentos que corresponden a un proceso de revisión o auditoría que no ha concluido y respecto de los cuales esta Comisión emitirá un pronunciamiento, por lo que su carácter de "antecedente previo", es indiscutible. A lo anterior, se suma la afectación de las funciones de este organismo, ya referidas. - A su vez, respecto de dicha información rige la causal del reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 28 del decreto ley N° 3.538, de 1980, cuerpo legal que fue reemplazado por la Ley N° 21.000; norma de quórum calificado que reproducen, la cual constituye una regla de reserva de carácter absoluto y alcance institucional y no solo a un deber funcionario, orientado a velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del sistema financiero. A partir de ello, la Comisión, los Comisionados, funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a la CMF, se encuentran impedidos de entregar información a la cual acceden en ejercicio de sus funciones. Citan al efecto lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 13.182-2013, considerandos séptimo y octavo. - Finalmente, expresan que al corresponder a información de uno de nuestros fiscalizados, la cual, a su vez, contiene datos sobre particulares, se estima que su divulgación puede afectar derechos de relevancia económica de aquellos; no obstante, atendida las causales anteriormente desarrolladas, no se estimó necesario conferir traslado al fiscalizado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, la Ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, en adelante Ley N° 21.227, en su artículo 21 dispone, en lo pertinente: "Los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 5 y 7, tendrán derecho a hacer efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que sean éstos, con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares, con los que mantengan deudas en cuotas u otra modalidad. Se entenderá que el trabajador que se acoja a los preceptos de la presente ley, se encuentra en una situación de cesantía involuntaria para todos los efectos de la cobertura de los riesgos previstos en la póliza respectiva. El trabajador deberá acreditar su condición de beneficiario de esta ley a través de un certificado de su empleador, que podrá hacer llegar de manera preferentemente electrónica a su acreedor, si es el beneficiario de la póliza, para que la compañía de seguros, sin perjuicio de las demás estipulaciones establecidas en los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a créditos, pague en cada periodo que corresponda cada cuota que venza. 2) Que, sobre el particular, se advierte que lo requerido es toda información concerniente al proceso de fiscalización que la CMF está desarrollando respecto de BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A, con objeto de hacer efectivo el seguro de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a créditos, en el contexto de lo establecido en la Ley N° 21.227, particularmente lo relativo a la documentación que fue solicitada por la compañía a los asegurados y plazos para el cumplimiento del beneficio señalado; antecedentes que fueron denegados por la reclamada, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, fundado, en síntesis, en que la información solicitada se encuentra en proceso de análisis, razón por la cual su divulgación en esta etapa, entorpecería su labor de fiscalización y resolución que respecto de ella se debe adoptar. 3) Que, conforme con lo dispuesto en la mencionada norma legal, se podrá denegar total o parcialmente la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Según lo razonado sostenidamente por este Consejo, entre otras, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 4) Que, en la especie, se configura la causal de reserva alegada, por cuanto lo pretendido es información que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 3°, numeral 6 y artículo 5°, numerales 1, 2 y 30 del decreto Ley N° 3.538, se encuentra en proceso de revisión, y por tanto pendiente de validación por parte de la recurrida, en relación al otorgamiento del beneficio aludido; de modo que dicha documentación, tiene el carácter de antecedente previo, cuya divulgación entorpece el proceso deliberativo en curso y toma de decisión que se debe adoptar, lo cual manifiestamente opera desmedro de las funciones de la reclamada, particularmente aquella relativa a velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado, considerando los intereses de los asegurados. 5) Que, en cuanto a lo pedido por el reclamante en su amparo, en orden a que este Consejo se pronuncie "(...) respecto del plazo de causal de reserva para resolver materias que implican una afectación de la Seguridad Nacional"; se hace presente que la procedencia de las causales de reserva deben ser ponderadas caso a caso, lo cual dependerá de la acreditación de una afectación presente. Finalmente, atendido lo resuelto, no se analizarán las restantes causales invocadas. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Rodrigo Campillay Castillo en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Rodrigo Campillay Castillo y al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.