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DECISIÓN AMPARO ROL C6171-20</p>
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Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación</p>
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Requirente: Gaspar Foure Carloza</p>
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Ingreso Consejo: 30.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, referido a la entrega de una base de datos que contenga, respecto de cada persona nacida en Chile, su apellido paterno, apellido materno, año y lugar de nacimiento.</p>
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Lo anterior por cuanto, la información solicitada forma parte de registros no accesibles al público, debiendo por tanto aplicarse el principio de finalidad consagrado en la ley sobre protección de la vida privada, en orden a que dichos datos deben utilizarse sólo para los fines para los cuales fueron recolectados; en el caso particular, para la emisión de los respectivos certificados que den fe de los sucesos con efectos jurídicos que en ellos se consignan, no siendo la Ley de Transparencia la vía idónea para acceder a la información que consta en estas inscripciones.</p>
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Aplica criterios contenidos en decisiones Roles C1519-15, C2254-15, C3502-16, C2159-16, C1221-17, entre otras, recaías en la entrega de información de análoga naturaleza. </p>
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A su turno, el acceso a los apellidos, lugar y año de nacimiento de una persona, facilita y permite la determinación de su identidad; circunstancia que puede constituir una infracción a lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada, ya aludida.</p>
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En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6171-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de septiembre de 2020, don Gaspar Foure Carloza presentó ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, la siguiente solicitud: "base de datos que contenga cada persona nacida en Chile, pero sólo con su apellido paterno, apellido materno, año de nacimiento y lugar de nacimiento (oficina o localidad). Esta solicitud sólo se limita a la información existente en la base de datos digital administrada por el SRCeI".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de Carta R.C.T. N° 12621-2020, de 29 de septiembre de 2020, el organismo denegó lo solicitado, con base a lo siguiente:</p>
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- Respecto del acceso a datos tales como el nombre y RUN, el Consejo para la Transparencia ha sostenido expresamente en la decisión amparo Rol C1290-14, que constituyen datos personales al tenor de lo dispuesto en la ley N° 19.628, cuya divulgación a terceros solo puede realizarse cuando la ley o su titular lo autorice.</p>
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- En la decisión Rol C1391-15, en su considerando 4°, el Consejo para la Transparencia señaló que la circunstancia de que la información se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos del artículo 2, letra i) de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar de que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones.</p>
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- A su vez, el considerando 6° de la precitada decisión, señala que registros como los consultados no tienen el carácter de fuentes accesibles al público, debiendo operar el principio de finalidad establecido en el artículo 9 de la ley N° 19.628, esto es, los datos personales deben utilizarse solo para los fines para los cuales fueron recolectados. En este caso, según lo señala el artículo 4 de la ley N° 19.477, orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, la finalidad de formar y mantener actualizados los registros que la ley le encomienda es "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el servicio".</p>
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- Finalmente, se ha señalado que la ley N° 19.628, mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7°, el legislador ha ponderado que la divulgación de estos importaría afectar los derechos de las personas en los términos del artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de la información propia, criterio mantenido por el Consejo para la Transparencia en las decisiones roles C1371-14; C1519-15; C2159-16; C3423-16; C3502-16; C1221-17, entre otras.</p>
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3) AMPARO: El 30 de septiembre de 2020, don Gaspar Foure Carloza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en haber recibido respuesta negativa. En tal sentido, expresa: "mi solicitud no afectaría la vida privada de cada ciudadano chileno, ya que sólo se solicita un registro de las personas nacidas en el territorio nacional, pero sólo SÓLO sus dos apellidos, su año y lugar de nacimiento, por lo que no se están solicitando su nombre, su RUN, su dirección u otro dato que permita la identificación plena del individuo, y que afecte su vida privada o cualquier otro derecho contemplado en nuestra legislación. Lo que sí requiero agregar a mi solicitud es que se considere como fecha de corte del registro solicitado el 31 de diciembre de 2019".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio N° E17926, de 20 de octubre de 2020.</p>
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Por medio de DN. Ord. N° 864, de 2 de noviembre de 2020, el organismo argumentó lo siguiente:</p>
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- El Servicio de Registro Civil e Identificación maneja esencialmente información que se encuentra vinculada directamente a los derechos fundamentales de las personas. En efecto, el artículo 4, numeral 8 de la ley N° 19.477, orgánica del servicio, impone un deber de reserva respecto de la información contenida en los diferentes registros que maneja, la cual con posterioridad y por dictación de la ley 19.628, se calificarían como datos personales y/o sensibles.</p>
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- El registro de nacimiento es un registro público, pero en ningún caso es una fuente accesible al público. En tal sentido, citan lo resuelto por este Consejo en amparo Rol C2254-15 y la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia Rol N° 8.582-2014,</p>
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- Respecto a los apellidos, año y lugar de nacimiento de cada persona, es necesario tener presente que dicha información corresponde a datos personales de terceros, definidos por el artículo 2, letra f) de la ley 19.628, recolectados de una fuente no accesible al público por los cual resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 del mismo cuerpo normativo.</p>
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- Los datos personales deben utilizarse solo para los fines para los que fueron recolectados, no advirtiendo que la información sea necesaria para un mejor ejercicio de los derechos ciudadanos. Al efecto, señalan que en su sitio web, particularmente en el "Portal de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación", disponen de información numérica o estadística de sus registros de inscripciones de nacimiento y defunción, desagregada por región y por comuna.</p>
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- La información se encuentra disponible en los registros de nacimiento y puede recabarse luego de un procesamiento de la información; no obstante, dar cumplimiento a lo pedido configura la causal del artículo 21 N° 1, letra c), por cuanto significaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores, considerando que el requerimiento no establece un periodo determinado.</p>
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- De accederse a la entrega de la información, afectaría los derechos de las personas en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada, conforme ha resuelto este Consejo en amparos roles C1371-14; C1519-15; C2159-16; C3423-16; C3502-16; C1221-17, entre otras.</p>
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- Además, señalan que la base de datos incluye antecedentes de menores de edad, haciendo presente lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Convención de Derechos del Niño, que establece "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, no de ataques ilegales a su honra y reputación".</p>
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- Destacan lo resuelto por este Consejo en amparo Rol C2159-16, en la cual y relativo a la entrega de la nómina de chilenos y extranjeros residentes en Chile que hayan habilitado su RUT, incluida su fecha y hora de nacimiento, se determinó que la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que conste anotada en estos registros. La vía idónea es a través de la solicitud del respectivo certificado.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, respecto de solicitudes de acceso referidas a materias de análoga naturaleza este Consejo adoptó las decisiones Roles C1519-15, C2254-15, C3502-16, C2159-16, C1221-17, entre otras, cuyo razonamiento se seguirá en la presente decisión.</p>
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2) Que, el artículo 3° de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4° del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el "De Nacimiento, Matrimonio y Defunción"; y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio".</p>
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3) Que la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. Al efecto, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación.</p>
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4) Que, en el caso en análisis, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628.</p>
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5) Que, así las cosas, no obstante ser instrumentos públicos, los certificados de nacimiento se entregan en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el RUT de la persona consultada, para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan, y que en el caso particular se solicitan -apellidos, año y lugar de nacimiento-. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos administrados por diversos servicios, y a ese régimen debe estarse. De este modo, el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en ellos y obviar, de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra.</p>
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6) Que, en consecuencia, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, por ende, a ellos debe aplicarse el principio de finalidad consagrado en el artículo 9 de la ley N° 19.628, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, según lo señala el artículo 4 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, la finalidad de formar y mantener actualizados los registros que la ley le encomienda es "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio".</p>
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7) Que, en consecuencia, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, por ende, a ellos debe aplicarse el principio de finalidad consagrado en el artículo 9 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, por el cual los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, según lo señala el artículo 4 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, la finalidad de formar y mantener actualizados los registros que la ley le encomienda es "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio".</p>
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8) Que, luego, es importante señalar que el acceso a los apellidos, lugar y año de nacimiento de una persona, facilita y permite la determinación de su identidad; circunstancia que puede constituir una infracción a lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Por su parte, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional dicho derecho, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República; circunstancia que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.</p>
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9) Que, conforme con lo razonado precedentemente, la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en estos registros y, en consecuencia, corresponde el rechazo del amparo en análisis, haciendo presente que no se ponderará la configuración la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia invocada por el organismo, al resultar inoficioso.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Gaspar Foure Carloza en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Gaspar Foure Carloza y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>