Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6198-20

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Reclamante:	YANARA VARGAS SANDOVAL
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando entregar a la reclamante copia de los documentos que den cuenta de las transferencias de dinero que consulta, realizadas entre marzo de 2007 a septiembre de 2020. Lo anterior, debido a que el órgano reclamado no justificó suficientemente la inexistencia de la información solicitada, atendida la respuesta que fue inicialmente proporcionada a la recurrente. Previo a su entrega deberá tarjarse todo dato personal de contexto incorporado en la documentación referida. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia. Conjuntamente, se ordena reservar el número de cuenta bancaria de las empresas consultadas, y que puedan estar contenidos en la documentación cuya entrega se ordena, por cuanto su divulgación podría poner en riesgo su actividad patrimonial, aplicando en tal sentido el criterio contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C2099-15. En el evento que no obre en poder del órgano reclamado otra información que la ya entregada, deberá certificar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, en los términos instruidos por esta Corporación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/15/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2099-15
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Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C6198-20   Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile Requirente: Yanara Vargas Sandoval Ingreso Consejo: 30.09.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando entregar a la reclamante copia de los documentos que den cuenta de las transferencias de dinero que consulta, realizadas entre marzo de 2007 a septiembre de 2020. Lo anterior, debido a que el órgano reclamado no justificó suficientemente la inexistencia de la información solicitada, atendida la respuesta que fue inicialmente proporcionada a la recurrente. Previo a su entrega deberá tarjarse todo dato personal de contexto incorporado en la documentación referida. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia. Conjuntamente, se ordena reservar el número de cuenta bancaria de las empresas consultadas, y que puedan estar contenidos en la documentación cuya entrega se ordena, por cuanto su divulgación podría poner en riesgo su actividad patrimonial, aplicando en tal sentido el criterio contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C2099-15. En el evento que no obre en poder del órgano reclamado otra información que la ya entregada, deberá certificar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, en los términos instruidos por esta Corporación. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6198-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de septiembre de 2020, doña Yanara Vargas Sandoval presentó ante la Policía de Investigaciones de Chile, el siguiente requerimiento: "órdenes de compra, pago, facturas o cualquier otro documento que acredite traspaso de dinero entre la policía de investigaciones [y las personas y empresas que indica], entre marzo de 2007 y septiembre de 2020". 2) RESPUESTA: Con fecha 28 de septiembre de 2020, el organismo expresa lo siguiente: "consultada la Jefatura Nacional de Logística y Grandes Compras, informó que previa consulta a los diversos Departamentos dependientes, es posible señalar que no se registran antecedentes referidos a transacciones con la persona natural ni jurídica por usted individualizadas". 3) AMPARO: El 30 de septiembre de 2020, doña Yanara Vargas Sandoval dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, objetando la respuesta recibida por cuanto expresa: "existe la orden de compra (nro. de licitación 3273-18-L119), de la unidad de logística Iquique, en estado de recepción conforme, con fecha 05-11-2019, por lo cual presento mi no conformidad ante la información entregada". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio E18424, de 26 de octubre de 2020. Posteriormente, mediante Ord. N° 867, de 6 de noviembre de 2020, el organismo señala que, recibida la solicitud, se consultó sobre la materia al estamento interno responsable, informándose el resultado de la consulta. Ahora bien, la reclamante al interponer su amparo, exhibe y acompaña una orden de compra N° 3273-487-SE19, que correspondería a lo pedido. En razón de ello, se consulta nuevamente al estamento responsable, esto es, la Jefatura Nacional de Logística y Grandes Compras, quien señaló la efectividad de la citada orden de compra, procediendo nuevamente a revisar los registros, no figurando otra orden asociada a las personas naturales o jurídicas consultadas. Y CONSIDERANDO: 1) Que, constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes requeridos existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración". 2) Que, la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente. En la especie, el órgano reclamado informó en una primera oportunidad, que consultado el estamento pertinente, señalaron la inexistencia de lo pedido, procediendo la reclamante en su amparo a acompañar antecedentes que refutaban dicha circunstancia. Luego, la reclamada informa en sus descargos que, con ocasión al documento acompañado por la reclamante, se habría procedido a realizar un nuevo filtro de búsqueda, sin resultados positivos. 3) Que, lo descrito en el considerando anterior, impide tener por configurada la inexistencia alegada, en atención a la falta de acuciosidad del organismo, y que quedara demostrada, respecto a la gestión de búsqueda informada en la respuesta; y, posteriormente en sus descargos, sin acreditar o certificar haber agotado todos los medios a su disposición para encontrar la información , según lo dispuesto en el numeral 2.3, letra b) de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información. 4) Que, en razón de lo anterior, se acogerá el presente amparo, debiendo la Policía de Investigaciones hacer entrega a la reclamante de copia de las órdenes de compra, pago, facturas o cualquier otro documento que acredite la transferencia de dinero entre el organismo y las personas y empresas individualizadas en la solicitud, por el periodo que comprende desde marzo de 2007 a septiembre de 2020. Lo anterior, previa reserva de aquellos datos personales de contexto que figuren en los antecedente cuya entrega se ordena, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, identificación de la institución bancaria y número de cuenta bancaria, entre otros; ello, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada y de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Conjuntamente, respecto a las empresas consultadas, deberá reservarse su número de cuenta bancaria a través de la cual se realizaron las transferencias, y que puedan estar contenidos en la documentación cuya entrega se ordena, por cuanto al estar asociado dicho antecedente a personas jurídicas de derecho privado, su divulgación podría poner en riesgo su actividad patrimonial, aplicando en tal sentido el criterio contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C2099-15. 5) Que, finalmente, en el evento que, luego de una búsqueda exhaustiva, se verifique que no obra en poder del órgano reclamado otra información que la ya entregada, deberá certificar dicha circunstancia a la solicitante y a esta Corporación, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Yanara Vargas Sandoval en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile: a) Hacer entrega a la reclamante de copia de las órdenes de compra, pago, facturas o cualquier otro documento que acredite la transferencia de dinero entre el organismo y las personas y empresas individualizadas en la solicitud, por el periodo que comprende desde marzo de 2007 a septiembre de 2020. Lo anterior, previa reserva de aquellos datos personales de contexto que figuren en los antecedente cuya entrega se ordena, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, identificación de la institución bancaria y número de cuenta bancaria, entre otros; en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada y de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Conjuntamente, respecto a las empresas consultadas, deberá reservarse su número de cuenta bancaria a través de la cual se realizaron las transferencias, y que puedan estar contenidos en la documentación cuya entrega se ordena, por cuanto al estar asociado dicho antecedente a personas jurídicas de derecho privado, su divulgación podría poner en riesgo su actividad patrimonial, aplicando en tal sentido el criterio contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C2099-15. En el evento que no obre en poder del órgano reclamado otra información que la ya entregada, deberá certificar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo en los términos instruidos por esta Corporación. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a doña Yanara Vargas Sandoval y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.