Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6201-20

Reclamante:	LUIS MUÑOZ ROJAS
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, sobre acceso a los documentos de anulaciones de Selección o Cambio de Modalidad de Pensión, que durante los años 2019 y 2020, las AFP consultadas han referido a través de la casilla electrónica anulación-sm@spensiones.cl. Lo anterior, por cuanto se ha acreditado que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida implica el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, sistematización y entrega de la información reclamada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/8/2021
Consejeros:	-Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1336-16
Jurisprudencia a:	C825-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C6201-20   Entidad pública: Superintendencia de Pensiones Requirente: Luis Muñoz Rojas Ingreso Consejo: 01.10.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, sobre acceso a los documentos de anulaciones de Selección o Cambio de Modalidad de Pensión, que durante los años 2019 y 2020, las AFP consultadas han referido a través de la casilla electrónica anulación-sm@spensiones.cl. Lo anterior, por cuanto se ha acreditado que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida implica el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, sistematización y entrega de la información reclamada. En sesión ordinaria N° 1159 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6201-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de septiembre de 2020, don Luis Muñoz Rojas solicitó a la Superintendencia de Pensiones la siguiente información: "antecedentes de anulación de scomp remitidos a la casilla anulacion_sm@sp.cl por las AFP Capital, Habitat, Provida y Planvital los años 2019 y 2020. también necesito me remitan oficios emitidos por ustedes como SP referidos a cada anulación de scomp de las AFP en los periodos indicados". 2) RESPUESTA: El 28 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que de acuerdo a las instrucciones impartidas, por medio del Oficio Ordinario N° 27.171, de 22 de octubre de 2009, cada AFP debe tomar la decisión de anular o no de SCOMP una Selección o Cambio de Modalidad de Pensión, con el respaldo y fundamento legal de su respectiva Fiscalía, en donde se precise al menos; la identificación del afectado, el problema suscitado, los efectos producidos y las medidas adoptadas para subsanar el problema. Luego de resuelto el caso, la AFP debe informar a la casilla electrónica anulación-sm@spensiones.cl, con todos los antecedentes que procedan, quedando a disposición de esta Superintendencia para ser analizados y fiscalizados. Conforme a lo anterior, esta Superintendencia no emite Oficios referidos a cada anulación de SCOMP, si no que de acuerdo a las instrucciones vigentes, son las propias Administradoras quienes deben tomar la decisión de anular o no de SCOMP una Selección o Cambio de Modalidad de Pensión, con el respaldo y fundamento legal de su Fiscalía, informando posteriormente tal hecho a través de la casilla electrónica antes citada. Finalmente, indicó el número de anulaciones remitidas a la casilla electrónica que menciona por parte de las AFP consultadas, entre los años 2019 y 2020. 3) AMPARO: El 1° de octubre de 2020, don Luis Muñoz Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio E17963, de 21 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) teniendo en consideración lo expuesto por el reclamante, con relación a que lo requerido son los antecedentes acompañados a cada anulación de SCOMP, señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (5°) señale si parte de la información requerida, a su juicio, afectaba derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (7°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Oficio Ordinario N° 23427, de 13 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Pensiones presentó sus descargos en esta sede señalando, en resumen, que a su juicio la respuesta entregada al reclamante es satisfactoria por cuanto el requerimiento habla de antecedentes en forma genérica sin efectuar la precisión que realiza posteriormente en el amparo. En relación a lo anterior, precisa que cada anulación de selección o cambio de modalidad de pensión informada por una AFP a la Superintendencia, en promedio, incluye cinco documentos, entre ellos, certificados de saldo, selección de modalidad, solicitud de oferta de pensión, aceptación de oferta de pensión, documentación relacionada con el trámite de pensión como por ejemplo, fichas de cálculo de pensión, y otros; los cuales habría que buscar, grabar, analizar, innominar, volver a grabar, y crear algún medio de entrega seguro y compatible con la cantidad de información y documentación que se entregaría, teniéndose presente que una de las actividades que requiere mayor tiempo de dedicación es el proceso de innominación de información sensible. En virtud de lo anterior, la entrega de la información reclamada configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, lo anterior conforme a que "el tiempo necesario para realizar las actividades descritas en el párrafo precedente, por anulación, es de al menos 26 minutos, lo que significaría que, en el caso de las anulaciones de selección o cambio de modalidad de pensión informadas los años 2019 y 2020, por A.F.P Capital S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. PlanVital S.A., significaría tener que dedicar a tiempo completo a un funcionario a realizar dicha actividad durante 53 días. A mayor abundamiento, el detalle de las actividades o funciones a realizar, con los respectivos lapsos de tiempos que se deben emplear para la búsqueda y preparación de la información requerida por el recurrente, a modo de ejemplo, para uno de los casos informados por las A.F.P. Capital S.A., A.F.P. Habitat S.A., A.F.P. Provida S.A. y A.F.P. Planvital S.A., durante los años 2019 y 2020, a la casilla electrónica anulacion_sm@sp.cl; es el siguiente: a) Abrir el correo electrónico enviado por la AFP: 33 segundos. b) Abrir y guardar el archivo y el correo electrónico enviado por la A.F.P. en el disco I: 52segundos. c) Identificar y registrar en una planilla Excel el nombre de la A.F.P., el Rut del causante, el nombre del causante, el nombre de cada documento adjunto, el N° de páginas y el número de datos a borrar: 11 minutos y 48 segundos. d) Marcar y censurar los datos identificados en la letra anterior: 12 minutos y 20 segundos. e) Traspasar documento censurado a archivo de documentos censurados: 8 segundos. f) Guardar el archivo censurado en el disco I: 8 segundos. Por lo tanto, el tiempo total empleado en las actividades antes descritas, para un caso, asciende a 25 minutos y 49 segundos". La actividad antes descrita corresponde a un afiliado cuyo detalle de documentos remitidos a la casilla electrónica anulacion_sm@sp.cl, cuyo número de páginas total es 11 y cantidad de datos a borrar es de 103, según el detalle que indica. Agrega, que el tiempo señalado para la recopilación de la información es un aproximado, pues cada Anulación de selección o cambio de modalidad de pensión informada por las AFP a esta Superintendencia, en promedio, incluye 5 documentos, entre ellos, certificados de saldo, selección de modalidad, solicitud de oferta de pensión, aceptación de oferta de pensión, documentación relacionada con el trámite de pensión como, por ejemplo, fichas de cálculo de pensión, y otros. Argumenta también que a raíz de la dictación de las leyes N° 21.227 y N° 21.232, que flexibilizaron los requisitos de acceso a los fondos de cesantía; 21.269, que incorpora a las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía y la ley N° 21.248, que autorizó a los afiliados el retiro del 10% de los fondos previsionales, le organismo mantiene a toda su dotación fiscalizando la oportuna y correcta tramitación y otorgamiento de los diversos beneficios que han ido incorporando en dichas leyes extraordinarias, por lo que resulta difícil destinar a funcionarios en forma exclusiva para la recopilación de la información solicitada por el recurrente. Asimismo sostiene que, dado que los certificados SCOMP contienen información económica que puede afectar los derechos de terceros, tales como montos de pensiones a los que puede optar cada afiliado o el monto de pensiones de sobrevivencia en el caso de sus beneficiarios, por ejemplo, por su opinión, procede otorgar traslado a éstos para el ejercicio del derecho de oposición. Con todo, dicha gestión le resulta imposible atendida la cantidad de afiliados informados en la casilla anulación-sm@spensiones.cl, esto es, 516 personas. Al respecto, para dicho procedimiento "la preparación, revisión y firma (de los oficios de traslado), lo que tomaría 5 minutos por oficio, esto es 43 horas. Luego, se deben recibir e ingresar dichos oficios, lo cual toma un tiempo, en el mejor de los casos, de 30 segundos por respuesta, lo que equivale a 4,3 horas. Posteriormente, se deben revisar cada una de dichas oposiciones, las cuales, pueden estar construidas de 1 a 3 páginas, por lo que si se toma el término medio de 2 páginas y toma -en el mejor de los casos- un minuto y medio, la lectura, análisis y potencial censura de cada página o parte de ella, tomaría 25,8 horas. Finalmente, se tendrían que organizar y adjuntar las cartas, lo cual necesitaría de -a lo menos- 30 minutos. Todo lo anterior, daría un total de 73,6 horas o casi 9 días, solo para efectuar ese proceso, descontando el referido en el número 3". 5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Por medio de Oficio Ordinario N° 24930, de 07 de diciembre de 2020, el órgano reclamado complementó sus descargos en orden a acompañar cuatro archivos Excel con los datos de contacto de los afiliados pensionados y beneficiarios de pensión informados a la casilla anulacion_sm@sp.cl durante los años 2019 y 2020. Específicamente, AFP Capital S.A.: 39 afiliados o beneficiarios; AFP Habitat S.A.: 179 afiliados o beneficiarios; AFP Provida S.A.: 266 afiliados o beneficiarios; AFP Planvital S.A.: 32 afiliados o beneficiarios). 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 1150, de 19 de enero de 2021, este Consejo estimó pertinente, para los efectos de resolver acertadamente el presente amparo, requerir al órgano reclamado lo siguiente: a) informe si existen instrucciones o normas de carácter general aplicables a las Administradora de Fondos de Pensiones que regule o establezca el procedimiento que deben seguir éstas para informar anulaciones de selección o cambio de modalidad de pensión través de la casilla electrónica anulacion-sm@spensiones.cl. De ser efectivo, remita copia de estas o indique enlace web desde donde pueden ser descargadas; b) remita copia de formulario o facsímil de cada uno de los antecedentes (sin completar o debidamente censurado) que normalmente son acompañados por las Administradoras de Fondos de Pensiones a la casilla electrónica anulacion-sm@spensiones.cl. Incluir, a lo menos, una copia de los documentos señalados en sus descargos, esto es: Declaración jurada simple de Oferta SCOMP, Resolución Anulación de registro de trámite de selección modalidad de pensión en el SCOMP, Carta a compañía de seguros, Constancia, Aceptación, Oferta Externa, Selección modalidad de pensión, Declaración rentas temporales, Declaración jurada simple de ofertas SCOMP, Declaración jurada simple de ofertas SCOMP; c) especifique el tipo de archivo (Excel, Word, Pdf, Jpeg, etc.) en que cada antecedente es remitido a través de la casilla electrónica consultada; y, d) en relación con la causal de reserva invocada de distracción indebida, complemente sus descargos u observaciones, en orden a señalar el volumen total de información objeto del amparo y respecto de la cual se tendrían que efectuar las acciones de búsqueda, sistematización y censura descritas, ya sea dando cuenta del número de documentos o tamaño de archivos. Asimismo, señale cualquier otra circunstancia que, a su juicio, resulte relevante para la correcta resolución del caso. Con fecha 12 de febrero de 2021, la Superintendencia de Pensiones remitió a este Consejo Oficio Ordinario Nro. 4374, por medio del cual da respuesta a la medida para mejor resolver efectuada, señalando, en resumen, que: a) Las instrucciones o normas de carácter general aplicables a las Administradora de Fondos de Pensiones que regule o establezca el procedimiento que deben seguir éstas para informar anulaciones de selección o cambio de modalidad de pensión a través de la casilla electrónica anulacion-sm@spensiones.cl, se encuentran contenidas en la Circular Conjunta N° 1525, de 30 de julio de 2008, de esta Superintendencia y la ex Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero), y en el Oficio Ordinario N° 27.171, de 22 de octubre de 2209. Se adjunta copia de dichos documentos. b) Se adjunta copia de la documentación solicitada. c) La información y documentación antes señalada generalmente es enviada a esta Superintendencia en formatos PDF, Word e imágenes TIF. d) El número de anulaciones de Selección o Cambio de Modalidad de Pensión enviadas durante los años 2019 y 2020 a esta Superintendencia por parte de las A.F.P. Capital, Habitat, Provida y PlanVital, a través de la casilla electrónica anulación-sm@spensiones.cl, son 170, correspondiente a 516 personas. Tal como se informó anteriormente, cada anulación de selección o cambio de modalidad de pensión informada por una A.F.P. a esta Superintendencia, en promedio, incluye cinco documentos, entre ellos, certificados de saldo, selección de modalidad, solicitud de oferta de pensión, aceptación de oferta de pensión, documentación relacionada con el trámite de pensión como por ejemplo, fichas de cálculo de pensión, y otros; cuyo volumen total de información, a priori, no se puede determinar, sino que para ello deben revisarse cada uno de los documentos antes mencionados, ya que cada uno de ellos contiene una cantidad de hojas variable, que depende del tipo de trámite y selección de modalidad de pensión escogida por el afiliado o sus beneficiarios, lo cual significa necesariamente distraer a los funcionarios de sus labores habituales, quienes se encuentran fiscalizando la oportuna y correcta tramitación y otorgamiento de las diversas prestaciones que se han ido incorporando a través de la dictación de una serie de normas tendientes a paliar la crisis económica generada por la pandemia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo al pronunciamiento del fondo del asunto, en relación con la alegación de la Superintendencia de Pensiones referida a que el requerimiento en análisis apuntaba a obtener información genérica sobre cantidad de anulaciones de Selección o Cambio de Modalidad de Pensión, que durante los años 2019 y 2020, las AFP consultadas han referido a través de la casilla electrónica anulación-sm@spensiones.cl, resulta indispensable hacer presente que, a juicio de este Consejo, atendido el principio de máxima divulgación, del tenor de la solicitud se deduce que este buscaba acceder a copia de los documentos remitidos por las aludidas Administradoras de Fondos de Pensiones a la referida casilla de email. Luego, de haber estimado que el órgano requerido que la solicitud de acceso no identificaba claramente la información que se requería, debió gatillar el procedimiento de subsanación contemplado en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, lo que no ocurrió. 2) Que, el amparo en análisis se funda en que la Superintendencia de Pensiones no hizo entrega de los documentos remitidos por las AFP que se indica en la solicitud a la casilla anulacion_sm@sp.cl (anulación SCOMP). 3) Que, con ocasión de sus descargos en esta sede, el órgano reclamado alegó que respecto de la entrega de dicha información concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, conforme a las argumentaciones que expone. 4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 5) Que, en cuanto a la concurrencia de la primera hipótesis de reserva invocada, esto es, la dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se debe tener presente que puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden tareas de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que concurrirían en la especie. 8) Que, efectivamente, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo, las alegaciones de la Superintendencia de Pensiones resultan plausibles y suficientes para tener por configurada la causal de reserva. En efecto, el órgano requerido ha señalado cómo es que la divulgación de la información reclamada implica actividades de búsqueda, reproducción y eventual censura (según lo permite el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia), respecto de documentación que comprendería un universo de documentación vinculada a 516 afiliados informados en la casilla electrónica consultada, cercana a 5 documentos por cada uno, lo que da un aproximado de 2580 archivos a revisar, con un tiempo promedio de 26 minutos por afiliado. Esto, de acuerdo con la descripción detallada expuesta por la Superintendencia en sus descargos, supone destinar a labores de búsqueda, sistematización y posterior entrega de antecedentes, un funcionario para dichas actividades por 13.416 minutos, esto es, 223 horas laborales. En otras palabras, satisfacer el requerimiento en los términos pedidos significaría dedicar exclusivamente a dicha tarea a un funcionario del organismo durante 27 jornadas laborales (de 8 horas diarias cada una), circunstancia que no se aviene con los principios de eficiencia y eficacia al que se encuentran sujetos los Servicios Públicos, constituyendo esfuerzos desproporcionados que sin duda afectarían las labores y funcionamiento de la Superintendencia de Pensiones. 9) Que, en consecuencia, habiéndose acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el presente amparo. 10) Que, atendido lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará sobre la necesidad o no de aplicar el procedimiento de notificación a terceros en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por innecesario. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Muñoz Rojas, en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Muñoz Rojas y al Sr. Superintendente de Pensiones. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.