Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6202-20

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Reclamante:	ROBERT DÍAZ DE BLOCK
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE MACUL
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Macul, referido a las cámaras de seguridad del municipio y antecedentes que indica. Lo anterior, por cuanto lo requerido se enmarca en el derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 10° de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/5/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C467-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C6202-20   Entidad pública: Municipalidad de Macul Requirente: Robert Díaz de Block Ingreso Consejo: 01.10.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Macul, referido a las cámaras de seguridad del municipio y antecedentes que indica Lo anterior, por cuanto lo requerido se enmarca en el derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 10° de la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6202-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de julio de 2020, don Robert Díaz de Block solicitó a la Municipalidad de Macul la siguiente información: "El año pasado me robaron la bicicleta desde el Municipio (Castillo) y a partir de eso, pude observar que el Municipio cuenta con un circuito cerrado de cámaras de vigilancia, ocurre lo mismo en el Edificio de Quilín. Al respecto quisiera saber lo siguiente: 1.¿Cuál es la empresa que realizó la instalación de cámaras de seguridad en el Castillo e instalaciones de Edificio de Quilín? 2.¿La contratación de esta empresa se realizó por trato directo, licitación u otro tipo de contrato? 3.¿Desde cuándo fueron instaladas las cámaras y desde cuando están operativas? 4.¿Quiénes son los responsables de monitorear estas cámaras, nombre y cargo? 5.¿Las personas o funcionarios que cumplen la función de monitorear las cámaras de vigilancia cuentan con el Curso de OS-10 que imparte Carabineros de Chile u otras instituciones? Si es así, quisiera recibir documentos que demuestren la aprobación de estos cursos. 6.¿Cuánto tiempo son guardadas las grabaciones en caso de ser requeridas por Carabineros o PDI en caso de necesitar mayores antecedentes? 7.Quisiera recibir todas las facturas y órdenes de compra desde que la empresa que instaló las cámaras. 8.¿Existen cámaras de vigilancia en las dependencias del CIAM? Si es así quisiera saber qué empresa realizó las instalaciones. 9.¿Existen cámaras de vigilancia en las dependencias del Juzgado de Policía Local? Si es así quisiera saber qué empresa realizó las instalaciones. - Hasta hace poco en la 46° Comisaría de Macul, estaban los monitores de las cámaras de vigilancia de la vía pública. Al respecto quisiera saber lo siguiente: 10.¿Dónde se encuentras esos monitores hoy, lugar específico? 11.¿Qué uso se le da en la actualidad? 12.¿Qué Unidad Técnica, persona y cargo es responsable de ello? - En el segundo piso del Castillo, existen unas mamparas o ventanales que fueron instaladas durante esta administración. Al respecto quisiera saber lo siguiente: 13.¿Cuándo fueron instaladas? 14.¿Cuál fue la empresa responsable de realizar este trabajo? 15.Quisiera recibir la orden de compra de este servicio y sus facturas respectivas. 16.¿Cuál fue el motivo para hacer esta modificación al interior del Castillo, fundamentos? 17.¿Se rumoreaba que eran ventanales anti balas, eso es correcto o falso"? 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio NUM. 2626, de 27 de agosto de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 11 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Macul respondió a dicho requerimiento de información indicando que se logró identificar la existencia de interrogantes distribuidas en numerales cuyo tratamiento amerita el pronunciamiento exclusivo de diferentes Unidades Técnicas para dar resolución, situación que se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, en atención que las respuestas a las interrogantes no se encuentran plasmadas en algún Acto Administrativo que esté en inmediata disposición del público, más bien ameritan un pronunciamiento exclusivo. Se da respuesta a los numerales, 1 a 9, 13, 14 y 15. Finalmente, señala que lo que no fue respondido, lo dirija a través del canal OIRS. 4) AMPARO: El 1° de octubre de 2020, don Robert Díaz de Block dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial a su solicitud de información. Además el reclamante hizo presente que: "En mi solicitud consulto sobre las cámaras instaladas en el edificio de Quilín y del Castillo, además sobre unos monitores que existían en la 46° Comisaría de Macul, de estas preguntas no tuve ninguna respuesta. Para terminar pregunté si la ventanas o mamparas instaladas en el segundo piso eran antibalas y no se me responde. También pregunté los fundamentos de la instalación y no se me responde." 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Macul, mediante Oficio N° E18408, de 26 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones del reclamante, en el sentido que se habría otorgado una respuesta incompleta a su solicitud; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) exponga sobre las razones por las que, a su juicio, parte de lo requerido no constituiría una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia(4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. Mediante ORD. AM N° 67, de 12 de noviembre de 2020, el órgano reclamado, hace llegar sus descargos a este Consejo, señalando que la respuesta entregada al reclamante se apegó a la norma, entregándole los enlaces y códigos de compra donde podría acceder de manera íntegras a los antecedentes requeridos. Asimismo, se informó la inadmisibilidad de aquellos numerales de carácter interrogativo, cuyo tratamiento ameritaba un pronunciamiento exclusivo y que no pudiesen ser solventados a través de algún acto administrativo en el Municipio, los que en su parecer corresponden al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente ampro se funda en respuesta incompleta o parcial respecto de la solicitud de información referida a las cámaras de seguridad del municipio y antecedentes que indica. Al respecto, el órgano reclamado dio respuesta a parte de dichas solicitudes, informando al reclamante, que los numerales de su solicitud con carácter interrogativo resultaban del todo inadmisibles, por corresponder al ejercicio del derecho a petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Al respecto, la reclamada entregó parte de la información solicitada, de acuerdo con lo cual, y según lo expresado por el reclamante, el amparo se circunscribe a la información consignada en los números 10, 11, 12, 16 y 17, del numeral 1° de lo expositivo del presente acuerdo. 2) Que, al efecto, cabe señalar que en la medida que obren en poder de la reclamada antecedentes referidos a las materias consultadas, el requerimiento de información en análisis se encuentra amparado por lo previsto en la Ley de Transparencia en virtud de lo dispuesto en sus artículos 5° y 10°. Por lo anterior, las alegaciones de la reclamada acerca de la naturaleza del requerimiento serán desestimadas. 3) Que, ahora bien, en cuanto a la publicidad de los antecedentes pedidos, se debe hacer presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 4) Que, además, se ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia. 5) Que, en el caso en análisis, los antecedentes solicitados se refieren a un proyecto financiado con fondos públicos, entendiéndose que se trata de información pública, respecto de la cual la reclamada no alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual se acogerá el amparo (números 10, 11, 12, 16 y 17 de la solicitud), ordenando su entrega. Asimismo, el órgano reclamado en forma previa deberá anonimizar los datos personales y sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Robert Díaz de Block, en contra de la Municipalidad de Macul, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Macul, lo siguiente; a) Entregue al reclamante la información consignada en los números 10, 11, 12, 16 y 17, del numeral 1° de lo expositivo, en la forma señalada en el considerando 5° del presente acuerdo. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Robert Díaz de Block y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Macul. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.