Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6362-20

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Reclamante:	IVAN DRAGOMIR IGOR SANTOS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando la entrega de la información correspondiente a los antecedentes de una serie de infracciones a la normativa de urbanismo y construcciones en las que habría incurrido un establecimiento educacional, las que habrían sido constatadas en fiscalización del 2 de julio del 2020. Lo anterior, por cuanto, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, considerando, a su vez, que la circunstancia de no encontrarse los actos definidos, no puede constituir un motivo plausible para denegar su entrega, ya que, tal restricción por su sola concurrencia no convierte en reservada la información. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/21/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C544-13 C1202-13 C1422-14 C3014-15
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Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Información a disposición permanente del público >> Páginas web
Descriptores analíticos:	Otros; Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C6362-20   Entidad pública: Municipalidad de Maipú Requirente: Iván Dragomir Igor Santos Ingreso Consejo: 06.10.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando la entrega de la información correspondiente a los antecedentes de una serie de infracciones a la normativa de urbanismo y construcciones en las que habría incurrido un establecimiento educacional, las que habrían sido constatadas en fiscalización del 2 de julio del 2020. Lo anterior, por cuanto, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, considerando, a su vez, que la circunstancia de no encontrarse los actos definidos, no puede constituir un motivo plausible para denegar su entrega, ya que, tal restricción por su sola concurrencia no convierte en reservada la información. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6362-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de agosto de 2020, don Iván Dragomir Igor Santos solicitó a la Municipalidad de Maipú, la siguiente información: "ANTECEDENTE: De acuerdo al Oficio N° E26820/2020 de la Contraloría General de la República, el Colegio San Juan Diego de Guadalupe, RBD 26209-9, con domicilio en calle Senadora María de la Cruz N° 3460-A, comuna de Maipú. Dependiente de la Corporación Educacional y Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, RUT. 77.673.100-6, ha incurrido en varias infracciones constatadas en fiscalización del 02 de Julio de 2020, toda vez que no cuenta con recepción final de obras, situación que está en conocimiento de la correspondiente Dirección de Obras Municipales, sin que ésta haya dispuesto su clausura ya que, infringe grave y sostenidamente a lo largo de una década, lo prescrito en los artículos 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 5.1.1. de su Ordenanza. SOLICITUD: Requiero la siguiente información: 1- Copia de acta de fiscalización de fecha 02 de Julio de 2020 y de apertura de proceso sancionatorio posterior. 2- Copia del registro de las multas cursadas por la DOM de la IM de Maipú contra la infractora, de acuerdo al artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, previene que toda infracción a sus disposiciones, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra. 3- Copia de registro de pago efectivo de dicha multa. 4- Copia de la citación a la infractora, cursada por la DOM de la IM de Maipú, al 1er. Juzgado de Policía Local de Maipú, por infringir los artículos citados en antecedentes. 5- Copia de oficio ORD. N° 670, de 10 de julio de 2020, de la DOM de la IM de Maipú, solicitando a la señora alcaldesa de la comuna, dictar un decreto de demolición de las alteraciones y ampliaciones existentes en el inmueble en cuestión. 6- En el ínterin, de la resolución de lo indicado en el numeral precedente, requiero copia en que conste de la ejecución y aplicación del artículo 145 de la misma ley que, dispone que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total. Añade que sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20, la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el alcalde, a petición del director de obras municipales". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por resolución N° 925, de fecha 22 de septiembre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 5 de octubre de 2020, a través de Resolución N° 1007/2020, la Municipalidad de Maipú respondió al requerimiento de información invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Trasparencia, toda vez que, lo solicitado contiene antecedentes relevantes que se refieren a deliberaciones previas a la revisión por parte del órgano, que actualmente se encuentra en etapa de análisis del mismo, y que dar acceso a dichos antecedentes de manera previa a lo que se resuelva, afectará el funcionamiento del ente edilicio, en cuanto lo expone a entregar información cuyo contenido no está completamente definido. Indica que, en cuanto al primer requisito exigido para la configuración de la causal, por tratarse de una serie de antecedentes, cuyo contenido no está completamente definido, la información solicitada será utilizada en un eventual acto administrativo que aún se encuentra pendiente. Enseguida, respecto al segundo requisito, esto es, la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, la publicidad de lo requerido, de manera previa a la revisión, entre otras consecuencias, facilitará la interposición de alegaciones u oposiciones de terceros, de manera anticipada, al contener información sensible respecto del ejercicio de las facultades y deberes propios del órgano, que comprometen sus posibilidades o formas de actuación en el caso, y dilatando innecesariamente los procedimientos y plazos para la toma de decisiones. Asimismo, divulgar información que está siendo recabada para su análisis, en forma anticipada, supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del referido órgano, en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia. 4) AMPARO: El 6 de octubre de 2020, don Iván Dragomir Igor Santos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio E19188, de 5 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo. Mediante Oficio N° 074/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, reitera los argumentos expresados en su respuesta, en virtud de los cuales deniega el acceso a la información en aplicación de la causal de reserva o secreto de privilegio deliberativo. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información solicitada, referida a los antecedentes de una serie de infracciones a la normativa de urbanismo y construcciones en las que habría incurrido un establecimiento educacional, las que habrían sido constatadas en fiscalización del 2 de julio del 2020. El municipio, por su parte, deniega el acceso a la información invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, respecto de la alegación de la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se debe recordar que dicha norma prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7, N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 4) Que, así, y según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen. ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado. b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 5) Que, en la especie, respecto del cumplimiento del primero de los requisitos explicados, el órgano se ha limitado a enunciar que el contenido de los antecedentes solicitados no está completamente definido, y, que la información requerida será utilizada en un eventual acto administrativo que aún se encuentra pendiente. Dicha fundamentación, general y ambigua, en caso alguno tiene el mérito suficiente para considerar satisfecha la primera de las exigencias explicadas, al no proporcionar ningún antecedente que dé cuenta de cuál es la resolución, medida o política cuya adopción se encontraría pendiente, más aún, considerando que se requiere la entrega de distintos documentos de diversas características y naturaleza. Por otra parte, respecto del carácter "no oficial" o "no definida" de la información, este Consejo se ha pronunciado reiteradamente, en particular, en las decisiones de amparo Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha solicitado, procediendo que el órgano, al momento de hacer la entrega, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente del estado en el que a la fecha se encuentran los documentos. De esta manera, no resulta procedente tener por verificado el primero de los requisitos exigidos para la configuración de la causal de reserva o secreto invocada. 6) Que, sin perjuicio de lo anterior, y respecto de la segunda de las exigencias para la verificación de la causal de privilegio deliberativo, esto es, que la publicidad de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano, el municipio señala que la entrega de lo requerido, de manera previa a la revisión, facilitará la interposición de alegaciones u oposiciones de terceros, de manera anticipada, al contener información sensible respecto del ejercicio de las facultades y deberes del órgano, que comprometen sus posibilidades o formas de actuación en el caso, dilatando los procedimientos y plazos para la toma de decisiones, lo que, además, supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del municipio. A juicio de este Consejo, las alegaciones del órgano deben ser desestimadas, por cuanto, no se refieren a la manera concreta en la que la entrega de la información podría afectar su privilegio deliberativo, al no explicarse cuáles de los antecedentes requeridos, y de qué forma, afectarían la adopción de decisiones específicas. En este sentido, el municipio señala que el conocimiento de la información facilitará la interposición de alegaciones u oposiciones, dilatándose los procedimientos y plazos, sin embargo, la eventual intervención de terceros interesados es un derecho que les asiste, y deberá ejercerse en los términos que defina la normativa que regula el procedimiento administrativo del que se trate, por lo que, en caso alguno puede resultar una justificación para la falta de entrega de la información. Razones por la cuales no resulta procedente considerar perfeccionado el segundo de los requisitos necesarios para la configuración de la causal de reserva o secreto invocada. 7) Que, así, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, por lo que, no es posible concluir la procedencia de la causal de reserva o secreto alegada. 8) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será acogido, ordenándose la entrega de la información requerida; lo anterior, al desestimarse la configuración de la causal de reserva o secreto de artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, al no argumentar ni acreditar el órgano la concurrencia de los presupuestos que, para su configuración, ha establecido la legislación, y que se han reflejado en la jurisprudencia emanada de esta Corporación. Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, como por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUT, entre otros; ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Iván Dragomir Igor Santos en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de: i. Copia de acta de fiscalización de fecha 2 de Julio de 2020 y de apertura de proceso sancionatorio posterior. ii. Copia del registro de las multas cursadas por la DOM de la Municipalidad de Maipú contra la infractora, de acuerdo al artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, previene que toda infracción a sus disposiciones, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra. iii. Copia de registro de pago efectivo de dicha multa. iv. Copia de la citación a la infractora, cursada por la DOM de la Municipalidad de Maipú, al 1er. Juzgado de Policía Local de Maipú, por infringir los artículos citados en antecedentes. v. Copia de oficio ORD. N° 670, de 10 de julio de 2020, de la DOM de la Municipalidad de Maipú, solicitando a la señora alcaldesa de la comuna, dictar un decreto de demolición de las alteraciones y ampliaciones existentes en el inmueble en cuestión. vi. En el ínterin, de la resolución de lo indicado en el numeral precedente, requiero copia en que conste de la ejecución y aplicación del artículo 145 de la misma ley que, dispone que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total. Añade que sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20, la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el alcalde, a petición del director de obras municipales. Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUT, entre otros. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Iván Dragomir Igor Santos y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.