Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6400-20

Reclamante:	IGOR PIERA
Reclamado:	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, ordenando la entrega de copia del documento "activación de fiscalización", y aquellas partes del informe de fiscalización en los que se fue tarjada la identidad del reclamante (denunciante), sin la reserva de aquella. Lo anterior por cuanto, dichos antecedentes forman parte de la carpeta de fiscalización derivada de una denuncia deducida por el propio reclamante ante el organismo, no evidenciando en qué medida su falta de vinculación con la empresa denunciada constituye una limitante para acceder a esta información, la cual debe estar asociada a su persona, toda vez que los hechos denunciados son de aquellos que la propia normativa laboral califica como de acción popular. Se hace presente al organismo, que la información deberá ser proporcionada en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. No obstante, atendido el estado actual de excepción constitucional de catástrofe por motivos de salud pública, se recomienda al órgano reclamado realice la entrega efectiva de lo ordenado al requirente o su apoderado, por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda. Se rechaza la entrega de la restante información contenida en la señalada carpeta, concerniente a los trabajadores de la empresa fiscalizada y que se encuentran involucrados en el proceso, por cuanto su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del organismo, toda vez que su conocimiento podría inhibir en lo sucesivo, que los trabajadores afectados presten su declaración ante el organismo fiscalizados, pudiendo además afectar los derechos de los trabajadores que han prestado declaración. Aplica criterio contenido en decisiones recaídas en amparos roles C272-10; C2323-14; C1174-15; C1248-15; C4002-16; C890-17; C3009-17; C1505-18, entre otras. A su vez, se rechaza develar los datos personales de contexto, pertenecientes a personas distintas del solicitante, y que fueron tarjados del informe de fiscalización entregado, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Ley sobre Protección de la Vida Privada. Finalmente se rechaza el amparo respecto a la falta de entrega de información cronológica de las gestiones realizadas por el organismo, con ocasión de la denuncia, toda vez que en el informe de fiscalización entregado, figuran las fechas de las diligencias de inspección realizadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/25/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3009-17 C1505-18 C2323-14 C1174-15 C1248-15 C4002-16 C890-17 C1416-20 C272-10
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DECISIÓN AMPARO ROL C6400-20   Entidad pública: Dirección del Trabajo Requirente: Igor Piera Ingreso Consejo: 07.10.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, ordenando la entrega de copia del documento "activación de fiscalización", y aquellas partes del informe de fiscalización en los que se fue tarjada la identidad del reclamante (denunciante), sin la reserva de aquella. Lo anterior por cuanto, dichos antecedentes forman parte de la carpeta de fiscalización derivada de una denuncia deducida por el propio reclamante ante el organismo, no evidenciando en qué medida su falta de vinculación con la empresa denunciada constituye una limitante para acceder a esta información, la cual debe estar asociada a su persona, toda vez que los hechos denunciados son de aquellos que la propia normativa laboral califica como de acción popular. Se hace presente al organismo, que la información deberá ser proporcionada en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. No obstante, atendido el estado actual de excepción constitucional de catástrofe por motivos de salud pública, se recomienda al órgano reclamado realice la entrega efectiva de lo ordenado al requirente o su apoderado, por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda. Se rechaza la entrega de la restante información contenida en la señalada carpeta, concerniente a los trabajadores de la empresa fiscalizada y que se encuentran involucrados en el proceso, por cuanto su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del organismo, toda vez que su conocimiento podría inhibir en lo sucesivo, que los trabajadores afectados presten su declaración ante el organismo fiscalizados, pudiendo además afectar los derechos de los trabajadores que han prestado declaración. Aplica criterio contenido en decisiones recaídas en amparos roles C272-10; C2323-14; C1174-15; C1248-15; C4002-16; C890-17; C3009-17; C1505-18, entre otras. A su vez, se rechaza develar los datos personales de contexto, pertenecientes a personas distintas del solicitante, y que fueron tarjados del informe de fiscalización entregado, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Ley sobre Protección de la Vida Privada. Finalmente se rechaza el amparo respecto a la falta de entrega de información cronológica de las gestiones realizadas por el organismo, con ocasión de la denuncia, toda vez que en el informe de fiscalización entregado, figuran las fechas de las diligencias de inspección realizadas. En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6400-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de septiembre de 2020, don Igor Piera presentó ante la Dirección del Trabajo, el siguiente requerimiento: "Se solicita información completa y documentos registrados y acciones de: La denuncia efectuada el día 1 jun. 2020, a través de los correos instituciones de los señores; Jefe Oficina de Providencia;(...); Coordinador Inspectivo de la Región Metropolitana, (....) 1.-Copia de Carpeta e Informe de Fiscalización efectuado a la empresa denunciada, sin tacha de ninguna naturaleza, por el suscrito quien efectuó la denuncia. (informe de fiscalización, no debe contener páginas en blanco o censuradas, por ser el requirente, el denunciante de ella. 2.-Entrega una cronología de las acciones realizadas por la Dirección de Trabajo. 3.-Por ser un Organismo Público, y la denuncia del ilícito denunciada fue enviada, Directamente al director del Trabajo de la Región Metropolitana, como al Jefe Oficina de Providencia (...) entre otros, estos estaban obligado, a poner en conocimiento de dicho ilícito a la fiscalía de manera inmediata y no esperar el resultado de una fiscalización administrativa, que eran acciones que se deben efectuar por cuerdas separadas. 4.- En CONCLUSIONES del informe de Fiscalización, debe contener nombre del suscrito como denunciante". 2) RESPUESTA: Por medio de correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2020, la Dirección del Trabajo accede a la entrega de lo solicitado, debidamente tarjados en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. No obstante, expresan que entre los antecedentes solicitados, se encuentran documentos que revisten el carácter de privados, razón por la cual aplicando el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, ellos no serán entregados; sin perjuicio de ello, usted de ser titular de dicha información podrá concurrir en virtud del procedimiento contenido en la Ley N° 19.880, a la Inspección del Trabajo respectiva y requerir la entrega, previa acreditación de su identidad.. 3) AMPARO: El 7 de octubre de 2020, don Igor Piera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta. En tal sentido, expresa: "único documento entregado Informe 1255 esta censurado y parcial, siendo que el requirente es el mismo denunciante y se solicitó expresamente, carpeta completa y las acciones tomadas por la Dirección del Trabajo, desde la denuncia. lo que tampoco se informó, ni menos la cronología de las acciones". 4) SUBSANACIÓN: En virtud de lo dispuesto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, por oficio E18501, de 27 de octubre de 2020, este Consejo solicitó al reclamante subsanar su amparo, a fin de que informe si concurrió a la Inspección del Trabajo respectiva a retirar la información que el órgano reclamado señaló le entregaría, y en la afirmativa, remitiera copia de la misma, aclarando la documentación que no le fue proporcionada. Por medio de correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2020, el reclamante informó no haber concurrido a la Inspección del Trabajo respectiva, por cuanto se encuentra en una región distinta, requiriendo expresamente que la documentación sea entregada por correo electrónico. En tal sentido, manifiesta no tener inconvenientes en enviar al organismo copia de su cédula de identidad, la que acompaña ante esta instancia. Argumenta que la información que fue proporcionada, está censurada e incompleta -inclusive su identidad-, a pesar de su calidad de denunciante. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Trabajo, mediante Oficio E19336, de 6 de noviembre de 2020. Mediante presentación de fecha 23 de noviembre de 2020, el organismo argumenta: - Respecto al primer punto de la solicitud, relativo a la "copia de carpeta e informe de fiscalización efectuado a la empresa denunciada, sin tacha de ninguna naturaleza, por el suscrito quien efectuó la denuncia. (Informe de fiscalización, no debe contener páginas en blanco o censuradas, por ser el requirente, el denunciante de ella). De lo solicitado se hizo entrega del informe de fiscalización y su documentación anexa, el que fue debidamente tarjado conforme lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada. Además, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en la ley de transparencia, no se entregó información de carácter privada perteneciente a terceras personas que fueron incluidas y revisadas en el proceso de fiscalización. - El solicitante en su reclamo señala ser el titular de la información, sin embargo en la petición original por correo electrónico a la Inspección del Trabajo, no consta que esta persona sea trabajador de la empresa fiscalizada, por lo que la denuncia fue gestionada directamente sin señalar denunciante, adicionalmente en el proceso de fiscalización, el nombre del usuario no figura como trabajador de la empresa ni en ninguna calidad que lo vincule a ella, como también no acompaña antecedente alguno que acredite detentar la calidad de tal, por lo cual, toda información personal fue tarjada, como es el caso de todos los trabajadores individualizados en la realización del proceso de fiscalización, sea nóminas donde se entregan los nombres y otros antecedentes de los trabajadores involucrados los que pueden ser identificados en forma precisa y relacionados con la empresa. - Respecto de la restante información que no fue entregada al solicitante, corresponde a los siguientes documentos: activación de la fiscalización; y, comprobantes de pagos de cotizaciones previsionales que contienen nóminas de los datos personales de los trabajadores respecto de los cuales se solicitó su documentación para revisión. - En cuanto a los efectos producidos por la divulgación de la identidad de los trabajadores mencionados en un procedimiento de fiscalización son múltiples, afectación a su derecho a la vida privada, a sus derechos económicos, a sus derechos laborales, sobre todo cuando la relación laboral con el empleador fiscalizado se mantiene vigente, dejándolo expuesto a las posibles represalias del mismo. Si bien, existe esta protección especial en materia laboral, derivada de la "garantía de indemnidad" y "tutela laboral", aquella debe ser declarada judicialmente, una vez producido el perjuicio, en el caso de la protección de datos personales es posible resguardar los derechos de los trabajadores antes de que se materialice la afectación, dado que no se conocerá la identidad de estos. Con lo anterior, es posible configurar la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. - En el caso del documento signado como "activación de la fiscalización", previamente es preciso aclarar que este documento contiene la denuncia ingresada por los trabajadores de modo presencial o por otros medios, en que un funcionario de la Inspección del Trabajo respectiva, ingresa los datos de dicha actuación al sistema computacional de la Dirección del Trabajo, consignando el nombre del denunciante, correo electrónico, lugar y fecha de su presentación, nombre de la empresa denunciada, contenido de la denuncia, materias a fiscalizar y otras circunstancias señaladas al momento de su interposición, por su contenido se aplica lo dispuesto en los N° 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. - El contenido de la "activación de la fiscalización" es posible asimilarla a las denuncias realizadas ante la Dirección del Trabajo, las que revisten un carácter especial, ya que su divulgación, así como la identidad de los trabajadores, afectaría aquellos derechos del trabajador a los que el Servicio está obligado a resguardar, como el derecho a la vida privada, y sus derechos económicos, dañando la esfera de su vida privada del mismo al publicitar el contenido de una denuncia, emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado. Ello conforme a lo definido por el Consejo para la Transparencia, en diversas decisiones de amparo, como es el caso del amparo C1416-20; a su vez, la entrega de tales antecedentes podría inhibir a aquellos que deseen formular futuras declaraciones, reclamos, constancias o denuncias, de presentarlas, imposibilitando al organismo de contar con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades, afectando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. - En el caso de los dos documentos llamados comprobantes de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores de la empresa fiscalizada, que no fueron entregados al solicitante debido al contenido de los mismos, esto es, monto de pago, mes, nombres, RUT, remuneración, movimiento de personal y sus causas, fecha de inicio y término de la relación laboral. Considerando que la información de que se trata corresponde a personas distintas al solicitante, no es posible que acceda a los datos personales y sensibles de los trabajadores involucrados, conforme lo dispone la ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, ni tampoco existe interés público prevalente que justifique relevar la protección que nuestro ordenamiento jurídico brinda a los datos sensibles de los trabajadores, razón por la cual , resulta aplicable la reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Luego, el artículo 40 del DFL 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social establece que: "Queda prohibido a los funcionarios del Trabajo, bajo pena de suspensión o destitución, divulgar los datos que obtengan motivo de sus actuaciones". - En el caso de la cronología de las acciones realizadas por la Dirección del Trabajo, del informe de fiscalización entregado, se consignan las fechas del proceso, como por ejemplo, la fecha de origen o presentación de la denuncia, cuándo se asignó al fiscalizador actuante, el nombre del mismo, cuando emitió el informe de fiscalización y la forma en que finalizó, los antecedentes del fiscalizado, entre ellos su RUT y domicilio. También es posible verificar los antecedentes generales de la visita inspectiva, estableciendo expresamente el periodo investigado, fechas en la que se realizaron gestiones de fiscalización y el lugar donde se efectuaron; y finalmente, la circunstancia de no haber constatado infracciones, razón por la cual tampoco se realizó una denuncia ante el Ministerio Público. - En consecuencia, finalizan indicando que no es posible entregar la información de la forma que el solicitante la requiere, reiterando que se dispuso al reclamante el informe de acuerdo al procedimiento de fiscalización y de los resultados que se han obtenido. Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado es la carpeta o expediente que contenga todos los antecedentes derivados de la fiscalización realizada por el organismo, relativo a denuncia deducida por el reclamante por infracción a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo respecto de empresa que singulariza, particularmente el informe de fiscalización realizado a la empresa denunciada, en cuyas conclusiones el peticionario figure en calidad de denunciante. A su vez, requiere la cronología de acciones gestionadas por la reclamada al efecto, aseverando que debió ser derivada a fiscalía la denuncia interpuesta, y no esperar al cierre de la investigación administrativa. La información referida la solicitó sin censura de ninguna especie. 2) Que, el organismo en la respuesta hizo entrega al reclamante del informe de fiscalización e informe de exposición, tarjando RUT de personas naturales, información sobre los trabajadores de la empresa y casillas electrónicas. Posteriormente, en sus descargos, profundizan que la restante documentación contenida en la carpeta corresponde a la activación de la fiscalización, antecedente equivalente, según expresan, a una denuncia, la cual no pudo asociarse al reclamante al no detentar aquel vínculo laboral con la empresa denunciada; y, copia de comprobantes de pagos de cotizaciones previsionales de los trabajadores de la empresa aludida; todos antecedentes que, conforme aseveran, deben ser reservados en virtud de las causales del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia. Finalmente, destacan que la cronología de gestiones se encuentra en el informe ya entregado, junto con explicar las razones por las que no se derivaron los antecedentes al Ministerio Público; esto último, sin perjuicio de estimar que aquella parte del requerimiento, no constituye una solicitud de acceso a la información pública, toda vez que, en los términos en que fue formulada, no se requirió la entrega de información alguna en los términos descritos en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, advirtiendo que corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, no siendo además motivo de reclamo en esta sede. 3) Que, con respecto a la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, la jurisprudencia invariable de este Consejo , relativa a procesos fiscalización del organismo previa denuncia de sus trabajadores, ha estimado que la divulgación de antecedentes como los solicitados en la especie, puede inhibir que los trabajadores afectados por conductas que vulneren sus derechos fundamentales, presenten denuncias ante el organismo fiscalizador requerido o presten su declaración en el proceso, lo cual afectaría el debido cumplimiento de sus funciones. En efecto, la entrega de tales antecedentes podría imposibilitar que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las intervenciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades que se denuncian, y de esta forma, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, restando efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores. 4) Que, a su turno, sobre la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que según ha razonado este Consejo "(...) no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)". Asimismo, esta Corporación ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado. Así, en virtud de lo expuesto, corresponde asimismo la reserva de la información reclamada por configurarse la citada causal. 5) Que, en virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, la información relativa a los trabajadores de la empresa denunciada, y datos personales como el RUT y correos electrónicos particulares contenida en el expediente de fiscalización, corresponde sea reservada, con base a las disposiciones normativas señaladas precedentemente, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte . Sin embargo, y en lo que respecta a la reserva de identidad del denunciante y denegación de entrega del documento "activación de fiscalización", el cual y conforme fue referido por la reclamada, se encuentra revestido esencialmente de antecedentes respecto de la persona del denunciante, se desestimarán las alegaciones del organismo, toda vez que el artículo 192 del Código del Trabajo concede una acción popular para efectos de presentar denuncias por hechos como los fiscalizados; en cuyo mérito, la circunstancia que el reclamante no detente vínculo laboral con la empresa denunciada, no debe constituir un impedimento para acceder a esta documentación, la cual debería estar asociada a su persona, en calidad de denunciante, procediendo sea acogida la presente acción en tal sentido. 6) Que, finalmente, en cuanto a la falta de entrega de la cronología de gestiones, de la revisión del informe de fiscalización entregado, consta que en aquel se describen con fecha las gestiones de inspección realizadas; en consecuencia, se rechazará la reclamación en este punto. 7) Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente el amparo deducido, ordenando la entrega de la información y por la vía, que se consignarán en lo resolutivo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Igor Piera en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Trabajo: a) Hacer entrega al reclamante de copia del documento "activación de fiscalización", y aquellas partes del informe de fiscalización en los que fue tarjada su identidad, sin la reserva de aquella; ambos antecedentes que forman parte de la carpeta consultada. Se hace presente que la información deberá ser entregada previa acreditación de la identidad del reclamante, por contener datos personales de éste, al alero de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. No obstante, teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia a consecuencia del COVID-19, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de la información al requirente o su apoderado, por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Se rechaza el amparo en relación a la restante información contenida en la señalada carpeta, concerniente a los trabajadores de la empresa fiscalizada y que se encuentran involucrados en el proceso, y datos personales de personas distintas del reclamante, que fueron tarjados del informe de fiscalización entregado, por configurarse respecto de estos las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, última causal que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado. Finalmente, se rechaza respecto a la falta de entrega de información cronológica de las gestiones realizadas por el organismo, con ocasión de la denuncia, toda vez que en el informe de fiscalización entregado, figuran las fechas de las diligencias de inspección realizadas. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Igor Piera y a la Sra. Directora Nacional del Trabajo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.