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DECISIÓN AMPARO ROL C6402-20</p>
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Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral (ISL)</p>
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Requirente: Lucía Astudillo</p>
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Ingreso Consejo: 08.10.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto de Seguridad Laboral, requiriendo la entrega de copia de Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo de la reclamante, de manera presencial a ésta o a su apoderado. Previo a su entrega se deberá tarjar cualquier dato o antecedente que directamente revele la identidad de los testigos que allí declararon o que, en su caso, permita colegir dicha información.</p>
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Lo anterior, debido a que aquel constituye un fundamento de un acto o resolución de un órgano de la Administración del Estado, para establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología de salud y la actividad laboral de la trabajadora, que di bien contiene datos personales y sensibles, es su titular la que los requiere.</p>
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Se rechaza el amparo, respecto de información contenida en el expediente proporcionado, distinta a la entregada a la reclamante, con ocasión de la respuesta, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por el órgano reclamado, en orden a que aquellos no obran en su poder.</p>
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Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de todo dato que permita identificar a los testigos que participaron en dicha evaluación. Ello, fundado en que durante aquella se garantizó la confidencialidad de sus declaraciones, y con el fin de evitar que a futuro tanto ellos como otras personas se inhiban de participar en este tipo de procedimientos.</p>
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Aplica precedente de las decisiones de amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16, C2146-18 y C749-19, entre otras.</p>
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En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C6402-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de julio de 2020, doña Lucía Astudillo solicitó al Instituto de Seguridad Laboral - en adelante también ISL-, "Resolución final ISL y copia íntegra del expediente, de Siniestro ID 591856. Se hace presente que la recurrente es la misma titular del caso de que se trata".</p>
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2) RESPUESTA: El Instituto de Seguridad Laboral mediante resolución N° 124, de fecha 4 de agosto de 2019, señaló que los antecedentes requeridos contienen información relativa al estado de salud de una persona, el que constituye un dato sensible en los términos dispuestos en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. Por su parte, el Libro III del "Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales", de la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales -en adelante ley N° 16.774-; denominado "Denuncia, Calificación y Evaluación de Incapacidades Permanentes", en su Título III, letra C, Capítulo II, establece que "En atención a que el estudio de puesto de trabajo contiene información de carácter confidencial y reservada, los organismos administradores o administradores delegados sólo podrán revelar su contenido a la Superintendencia de Seguridad Social y a los Tribunales de Justicia, previo requerimiento expreso de dichas instituciones". Agregando que "tratándose de las entrevistas, los entrevistados sólo podrán tener acceso a su propia declaración, previa solicitud expresa. El organismo administrador y administrador delegado deberán resguardar la confidencialidad de los demás antecedentes contenido en el estudio de puesto de trabajo, especialmente las declaraciones de los demás entrevistados, las que no podrán ser entregadas a la persona que solicita acceso a su propia declaración".</p>
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En virtud de lo expuesto, acceden a la entrega de la documentación que detallan, denegando la "Evaluación de Puesto de Trabajo" por configurarse la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628.</p>
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Por su parte, mediante correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2020, se materializó la entrega de la información proporcionada, tras haberse acreditado la identidad de la solicitante.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 8 de octubre de 2020, doña Lucía Astudillo dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Instituto de Seguridad Laboral, fundado en que la información es incompleta o parcial.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral mediante Oficio N° E19.032, de fecha 3 de noviembre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) refiérase a las alegaciones señaladas por la requirente en su amparo, respecto a que la información entregada se encuentra incompleta; (2°) señale si aquella obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente su denegación; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación; (5°) en relación a la evaluación de puesto de trabajo, explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (6°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme a dicho artículo 20, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a aquel, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (8°) proporcione los datos de contacto - por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2020, informó que, de la revisión de los antecedentes remitidos por su Departamento de Prestaciones Médicas, constataron que estaba la "Evaluación de Puesto de Trabajo, junto con otros antecedentes relativos al caso asociado a la paciente. De esta manera, se procedió a la entrega de los documentos requeridos, con excepción de la Evaluación de Puesto de Trabajo, acorde a las instrucciones emanadas desde la Superintendencia de Seguridad Social.</p>
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De esta manera, señalan que hicieron entrega de la documentación requerida "en los términos instruidos por la SUSESO, Órgano Contralor en materia del Seguro Social de la Ley N° 16.744 y superior jerárquico del Instituto de Seguridad Laboral". Por lo tanto, concluyen que pusieron a disposición de la reclamante todos los antecedentes correspondientes a su expediente, remitidos por la Unidad de Prestaciones Médicas, a excepción de la Evaluación de Puesto de Trabajo. En tal sentido, remiten la totalidad del expediente pedido, pues no se individualiza cuál es la información reclamada distinta al informe mencionado.</p>
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Por otra parte, en cuanto a la afectación de derecho de terceros, referidos a los testigos presentes en Evaluación de Puesto de Trabajo, consideran que "hacer entrega de datos personales, sensibles y testimonios realizados en un contexto de Investigación de Condiciones Laborales, proceso llevado a cabo mediante la realización de "entrevistas confidenciales" a testigos proporcionados tanto por el empleador como por la paciente, implicaría ir en contra de las condiciones que se establecieron de manera previa a la realización de dichas entrevistas". Así, no se procedieron acorde al artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que esto no se ajustaba a las instrucciones recibidas desde la Superintendencia de Seguridad Social.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de este a la "Evaluación de Puesto de Trabajo" y otros antecedentes médicos de la reclamante. Al respecto el órgano reclamado alegó que otorgó acceso a la integridad del expediente solicitado, con excepción del informe señalado, esto último por configurarse la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628.</p>
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2) Que, en primer lugar, el órgano reclamado sostuvo que entregó todos los antecedentes contenidos en el expediente pedido (salvo el informe de evaluación del puesto de trabajo). Al respecto, cabe hacer presente que la inexistencia es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente.</p>
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3) Que, el órgano reclamado sostuvo que otorgaron acceso a todos los antecedentes contenidos en el expediente pedido, remitidos por la Unidad de Prestaciones Médicas. Además, que en el amparo no se individualiza cuál es la información que no fue proporcionada, a excepción del informe de evaluación del puesto de trabajo. Así, de la revisión de la respuesta otorgada, en donde se individualizan los documentos a entregar, se constata que aquellos son los mismos acompañados por la reclamante y por el ISL en sus descargos. Por lo que, no se ha acreditado que obren en su poder antecedentes distintos a los ya remitidos.</p>
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4) Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, se rechazará el amparo en este punto, por no obrar en su poder lo pedido.</p>
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5) Que en cuanto a lo pedido relativo a copia del "Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo" de la reclamante, a modo de contexto cabe precisar que según el libro III, numeral 4) letra a), del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744, aprobado por resolución exenta N° 156, de 05 de marzo de 2018, de la SUSESO, el Estudio de puesto de trabajo (EPT) "Consiste en el análisis detallado, mediante la observación en terreno, de las características y condiciones ambientales en que un trabajador en particular se desempeña y de las actividades, tareas u operaciones que realiza. Este instrumento tiene por objetivo identificar la presencia de factores de riesgo específicos condicionantes de la patología en estudio. En conjunto con otros elementos de juicio, el EPT permitirá al Comité de Calificación o al Médico del Trabajo, según corresponda, establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología y la actividad laboral del trabajador evaluado."</p>
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6) Que, en tal sentido, lo solicitado constituye un fundamento de un acto o resolución de un órgano de la Administración del Estado, para establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología de salud y la actividad laboral de la trabajadora, lo cual en conformidad a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia se trata de información pública, salvo la concurrencia de las excepciones establecidas en la ley.</p>
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7) Que el órgano reclamado denegó el acceso al informe solicitado por considerar que concurre respecto de aquel la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628. Sin embargo, cabe señalar que aquélla está establecida en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual no fue aplicado en este caso. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos para configurarla no serán considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla.</p>
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8) Que, además, el órgano reclamado alegó que su respuesta se ajustaba a las instrucciones dadas en tal sentido por la Superintendencia de Seguridad Social por medio de Circular N° 3497, de fecha 28 de febrero de 2020. Sin embargo aquella es una norma de rango infra legal, por lo que, no resulta aplicable para impedir el derecho de acceso a la información solicitada, conforme al procedimiento previsto en el artículo 10 y siguientes de la Ley de Transparencia, esto debido al principio de la jerarquía normativa, según el cual no es posible hacer prevalecer una norma reglamentaria por sobre normas de mayor jerarquía normativa, en la especie, constitucionales y legales. Así, resulta pertinente hacer presente lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C587-09, en orden a que la existencia de normas reglamentarias o cláusulas contractuales que establezcan la reserva o confidencialidad de determinados antecedentes no transforman a éstos, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, las que además deben establecerse en leyes de quórum calificado. De esta forma, aceptar lo contrario podría llevar a que se alterase el régimen de secreto o reserva a través de una vía distinta, ignorando el debido fundamento legal que reclama la Carta Fundamental. Por lo tanto, se descartará la procedencia de la aplicación de lo establecido en dicha circular.</p>
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9) Que, en cuanto al contenido de los informes de evaluaciones de puestos de trabajo, se debe tener presente, lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16 y C2146-18, entre otros, en las cuales se reservó cualquier dato o antecedente que directamente revelara la identidad de los declarantes, o que, en su caso, permitiera colegir dicha información, reconociendo que los testigos involucrados tenían una razonable expectativa de que sus declaraciones serían mantenidas en reserva, pues lo contrario implicaría que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en los procedimientos en los cuales fueran requeridos. De esta forma se rechazará el amparo a su respecto por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, en ejercicio de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33 letra j) de la ley señalada.</p>
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10) Que en consecuencia y en aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia se acogerá parcialmente el amparo en este aspecto, requiriendo la entrega del informe pedido, debiendo tarjar, previamente, cualquier dato o antecedente que directamente revele la identidad de los testigos, o que, en su caso, permita colegir dicha información. Además, en atención a que aquél ha de contener datos personales de la reclamante, el ISL deberá proporcionarla de manera presencial, verificando que sea retirada por ésta o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Lucía Astudillo en contra del Instituto de Seguridad Laboral, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, lo siguiente:</p>
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a) Entregar a la reclamante copia de su Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo, debiendo tarjar, previamente, cualquier dato o antecedente que directamente revele la identidad de los testigos, o que, en su caso, permita colegir dicha información. Además, en atención a que aquél ha de contener datos personales de aquella, deberá proporcionarlo de manera presencial, verificando que sea retirado por ésta o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo respecto de los antecedentes contenidos en el expediente solicitado, distintos a los ya proporcionados, por no obrar en poder del órgano reclamado, y los datos que permitan identificar a los testigos que declararon en el proceso de elaboración del informe pedido, por concurrir la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Lucía Astudillo y al Sr. Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>