Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6410-20

Reclamante:	NICOLE CAMILLI SANTIAGO
Reclamado:	DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, respecto a la información relativa a la propuesta y ejecución de la obra consultada, sólo en cuanto a la falta de derivación del requerimiento al Consejo de Defensa del Estado. Siguiendo el criterio contenido en las decisiones roles C574-18, C1743-18 y C1941-19, se derivará íntegramente la solicitud de información al Consejo de Defensa del Estado, por cuanto en la especie, dicho órgano es parte del proceso judicial sobre incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, vinculado con la información pedida, encontrándose en mejor posición para determinar la eventual afectación de algún interés jurídico protegido.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/25/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C68-09 C574-18 C1743-18 C1301-14 C1941-19 C293-09 C380-09
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Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Esfera de intimidad >> Datos personales
Descriptores analíticos:	Justicia; Obras Públicas (Vialidad)

DECISIÓN AMPARO ROL C6410-20   Entidad pública: Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas Requirente: Nicole Camilli Santiago, en representación de Consorcio Copasa - Corsan Corviam Limitada Ingreso Consejo: 07.10.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, respecto a la información relativa a la propuesta y ejecución de la obra consultada, sólo en cuanto a la falta de derivación del requerimiento al Consejo de Defensa del Estado. Siguiendo el criterio contenido en las decisiones roles C574-18, C1743-18 y C1941-19, se derivará íntegramente la solicitud de información al Consejo de Defensa del Estado, por cuanto en la especie, dicho órgano es parte del proceso judicial sobre incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, vinculado con la información pedida, encontrándose en mejor posición para determinar la eventual afectación de algún interés jurídico protegido. En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6410-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de agosto de 2020, doña Nicole Camilli Santiago, en representación de Consorcio Copasa - Corsan Corviam Limitada, presentó ante la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, el siguiente requerimiento: "1. Proyecto oficial entregado por el MOP para la ejecución de la obra denominada "Construcción Puente sobre el Río Maule y Accesos (Colbún), Sector Ruta 115- CH- Ruta L-11, Tramo DM. 0.000,00-DM. 9.845, 462, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule". 2. Oferta presentada por el CONSORCIO COPASA-COSAN- COVIAM LIMITADA en el marco de la licitación de la obra denominada "Construcción Puente sobre el Río Maule y Accesos (Colbún), Sector Ruta 115- CH- Ruta L-11, Tramo DM. 0.000,00-DM. 9.845, 462, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule". 3. Minuta de Justificación de fecha 19 de diciembre de 2014 del Inspector Fiscal, que establece la necesidad de otorgar un mayor plazo para el término de las obras debido a la demora de las compañías eléctricas en presentar la documentación exigida para el traslado de postación. Lo anterior, en el marco de la obra singularizada en el numeral 1 y 2 anterior. 4. Minuta de Justificación de fecha 10 de febrero de 2015 del Inspector Fiscal, que establece la necesidad de otorgar un mayor plazo para el término de las obras debido, por una parte, a la demora producida por la aparición de napas en el sector de Cruce de Corralones que obligó a remover material inadecuado y generar drenes que conduzcan las aguas fuera del camino y, por otra parte, a la solicitud de la Municipalidad de San Clemente de mantener un tránsito de doble vía los fines de semana y los períodos festivos en el Cruce de Corralones. Lo anterior, en el marco de la obra singularizada en el numeral 1 y 2 anterior. 5. Correo electrónico de fecha 6 de agosto de 2013, enviado por el Jefe de la Asesoría Fiscal Sr. Jerry López y dirigido al CONSORCIO COPASA-COSANCOVIAM LIMITADA, a través del cual se informa la liberación completa de los terrenos, con sus adjuntos. Lo anterior, en el marco de la obra singularizada en el numeral 1 y 2 anterior. 6. Oficio de finalización de las obras en el marco del contrato denominado "Construcción Puente sobre el Río Maule y Accesos (Colbún), Sector Ruta 115- CH- Ruta L-11, Tramo DM. 0.000,00-DM. 9.845, 462, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule". 7. Planos As built de la obra denominada "Construcción Puente sobre el Río Maule y Accesos (Colbún), Sector Ruta 115- CH- Ruta L-11, Tramo DM. 0.000,00-DM. 9.845, 462, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule" (sic). 2) RESPUESTA: Por D.V. Exenta N° 2239, de 17 de septiembre de 2020, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, denegó la entrega de la información solicitada, en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia. Señalan que la información solicitada corresponde al contrato "Construcción Puente sobre el Río Maule y Accesos (Colbún), sector ruta 115 - CH- Ruta L-11, Tramo DM. 0.000,00- DM. 9.845, 462, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule", respecto del cual existe una causa judicial pendiente, tramitada bajo el Rol C-21889- 2019, ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Consorcio Copasa - Cosancoviam Limitada/Ministerio de Obras Publicas". A continuación, expresan que la entrega de la información podría afectar la defensa judicial del Servicio, por cuanto dichos documentos forman parte de antecedentes que serán presentados en el proceso judicial, cuya demanda busca se declare que el Fisco de Chile ha incumplido el contrato, toda vez que: - No hizo entrega oportuna de los terrenos que conformaban el trazado de la obra, ni indemnizar administrativamente al Consorcio los mayores gastos en que incurrió como consecuencia de dicho atraso. - Se declare que el Fisco de Chile ha incumplido el contrato al generar interferencias en el programa de trabajo, por la definición tardía de la ejecución de obras civiles para mantener en funcionamiento el canal de regadío, que dieron origen a mayores gastos por mayor utilización de material de empréstito; y, - Se declare que el Fisco de Chile ha incumplido el contrato al haber generado interferencias en el programa de trabajo, derivados de la demora de gestión con las compañías eléctricas en presentar la documentación exigida para el traslado de postación y/o por la aparición de napas en el Sector de Cruce de Corralones que obligó a remover material inadecuado y generar drenes que conduzcan las aguas fuera del camino, además, de la solicitud 66 de la I. Municipalidad de San Clemente de mantener un tránsito de doble vía los fines de semana y los periodos festivos en el Cruce Corralones, que dieron origen a aumentos de plazo extra proporcionales, cuyos mayores gastos generales no han sido indemnizados. De lo anterior se desprende que los documentos solicitados guardan estrecha relación con la demanda presentada en contra de este servicio, y serán parte de la defensa del mismo. 3) AMPARO: El 07 de octubre de 2020, doña Nicole Camilli Santiago, en representación de Consorcio Copasa - Corsan Corviam Limitada, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. En concreto, señalan que los antecedentes requeridos dicen relación con el efectivo derecho por parte de su representada en el marco del contrato referido, el cual no se encuentra liquidado. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, mediante Oficio E19163, de 4 de noviembre de 2020. El organismo en sus descargos, reitera la causal de reserva invocada y circunstancias de hecho que la configuran. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, respecto del cual cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". 2) Que, según el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo -desde las decisiones de amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras- la causal alegada debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado. 3) Que, si bien existe una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, no se advierte que su entrega puede generar una afectación al organismo, considerando que la información corresponde a la ejecución de un proyecto que fue adjudicado vía licitación pública a la parte reclamante, que incluye la oferta por dicha parte presentada, informe sobre prórrogas, entre otros; todos antecedentes que constituyen documentos generados con anterioridad al juicio en comento, no existiendo una explicación pormenorizada de parte del órgano mediante el cual se grafique la importancia de dichos antecedentes para su defensa jurídica o judicial. Finalmente, se debe agregar que este Consejo ha sostenido que son públicos los antecedentes cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (amparo Rol A380-09); en consecuencia, se desestimará la causal invocada. 4) Que, no obstante lo anterior, en la especie no sólo el órgano reclamado resulta competente, sino también, el Consejo de Defensa del Estado -CDE-, quien es parte demandada en el juicio por incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, quien tendría en su poder también la información solicitada. En este contexto, este Consejo, en la decisión que resolvió el amparo Rol N° C1301-14, razonó en su considerando 9°, que el órgano competente es: "(...) aquél que está en posición idónea para determinar la eventual afectación de algún interés jurídico protegido, los alcances de la entrega de determinada información, medir el impacto de revelar o reservar la información solicitada y, en su caso, alegar y acreditar alguna causal de secreto o reserva establecida en la Ley de Transparencia o alguna ley de quórum calificado". 5) Que, aun cuando este Consejo pueda desestimar la causal de reserva invocada por la Dirección de Vialidad, no se puede desatender el hecho que el CDE también cuenta con la información solicitada, pudiendo en dicho contexto invocar causales de reserva para precaver la afectación de alguno de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, siguiendo el criterio establecido en las decisiones C574-18, C1743-18 y C1941-19, el presente amparo se acogerá, pero sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó la solicitud de información al CDE, razón por la cual, en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la citada ley, se derivará la solicitud de acceso a la información, para que dicho órgano responda la solicitud en análisis. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Nicole Camilli Santiago, en representación de Consorcio Copasa - Corsan Corviam Limitada, en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, sólo en cuanto a la falta de derivación del requerimiento al Consejo de Defensa del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente: a) Derivar al Consejo de Defensa del Estado, íntegramente la solicitud de acceso a la información que motivó este amparo. Para tales efectos, se remitirá copia de D.V. Exenta N° 2239, de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección de Vialidad, en el cual figura el contenido íntegro de la solicitud, respuesta otorgada por dicho organismo, y dirección electrónica de la solicitante, para los fines pertinentes. b) Notificar la presente decisión a doña Nicole Camilli Santiago y al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.