Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6412-20

Reclamante:	IVONNE GÓMEZ PAIPA
Reclamado:	INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, referido a la entrega de la información correspondiente a saber en qué clasificación debe presentar la solicitante un producto ante el órgano, de acuerdo con la factura y las fichas técnicas que adjunta a la solicitud. Lo anterior, por cuanto, la petición se refiere más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, toda vez que, lo pedido no consiste en la copia de un documento que obre en poder del Servicio, sino que exige un pronunciamiento de parte del órgano, quien para aclarar lo consultado, debe realizar un análisis jurídico y fáctico respecto de lo planteado por la solicitante, la que además acompaña documentos para dicho efecto.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C1746-21 C4784-22 C5073-22 C6087-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C6412-20   Entidad pública: Instituto de Salud Pública de Chile Requirente: Ivonne Gómez Paipa Ingreso Consejo: 08.10.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, referido a la entrega de la información correspondiente a saber en qué clasificación debe presentar la solicitante un producto ante el órgano, de acuerdo con la factura y las fichas técnicas que adjunta a la solicitud. Lo anterior, por cuanto, la petición se refiere más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, toda vez que, lo pedido no consiste en la copia de un documento que obre en poder del Servicio, sino que exige un pronunciamiento de parte del órgano, quien para aclarar lo consultado, debe realizar un análisis jurídico y fáctico respecto de lo planteado por la solicitante, la que además acompaña documentos para dicho efecto. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6412-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2020, doña Ivonne Gómez Paipa solicitó al Instituto de Salud Pública de Chile, la siguiente información: "Importé para mi uso personal un kit de juegos íntimos que contiene lubricantes juguete sexual y crema oral, me gustaría saber en qué clasificación lo presento ante el ISP de acuerdo a factura adjunta y fichas técnicas, si será en dispositivos médicos todos o bien en alguna otra categoría. El envío viene desde Colombia a través de DHL N° 8513347404 Dado que el valor declarado de su envío es menor a US$ 3000.00, DHL puede tramitar la importación. Sin embargo, debo personalmente tramitar el CDA electrónicamente requiero de su ayuda". 2) RESPUESTA: El 30 de septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública de Chile respondió al requerimiento indicando que aquel no constituye una solicitud de acceso a la información pública. Señala que la Ley de Transparencia garantiza el derecho de acceder a la información contenida en actos, resoluciones, expedientes, contratos y acuerdos, así como la elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo excepciones legales. Por lo anterior, para consultas relativas a Informaciones, Reclamos, Sugerencias, Orientación, requisitos o estado de trámites, respecto a temas de competencia del Instituto de Salud Pública, solicita ingresar al link: http://www.ispch.cl/oirs/, donde puede registrarse como usuario, para realizar la consulta. 3) AMPARO: El 8 de octubre de 2020, doña Ivonne Gómez Paipa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que anularon su solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora (S) del Instituto de Salud Pública de Chile, mediante Oficio E19189, de 5 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante Ord. N° 2292, de fecha 16 de noviembre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que, el requerimiento no versa respecto al acceso a información del Servicio, en los términos que indica la Ley N° 20.285, la que en su artículo 5 dispone que: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen paro su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y los previstos en otros leyes de quórum calificado". Esto, ya que la consulta dice relación con dudas respecto de cómo obtener la autorización que el Instituto debe entregar para la importación de productos farmacéuticos, cosméticos y dispositivos médicos, y no con obtener un documento o acto administrativo específico. Es por ello, que se informó que el requerimiento no constituye una solicitud de acceso a la información de aquellas amparadas en la Ley N° 20.285 y que debía canalizarse a través de la plataforma de la OIRS del Instituto. Así, se le indicó que las consultas relativas a informaciones, reclamos, sugerencias, orientaciones sobre requisitos, estados de trámites, en materias de competencia de del Servicio deben canalizarse por medio de la página web www.ispch.cl/oirs/, en la que podrá registrarse y obtener la orientación que requiere para el trámite que refiere, sistema que permite que los usuarios adjunten toda la información necesaria para poder entregar la asesoría que precisen. En este punto, es importante tener en cuenta que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 680, de 1990, del Ministerio del Interior, que aprueba instrucciones para el establecimiento de oficinas de información para el público usuario en la Administración del Estado, prescribe que: "Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y los demás servicios públicos o que se refiere el inciso primero del artículo 18 de la Ley N° 18.575 y las empresas públicas creadas por ley establecerán oficinas de información para el público usuario en aquellos unidades que deben atenderlo, con el fin de asistir al administrado en su derecho o presentar peticiones; sugerencias o reclamos ante la Administración del Estado". Por otra parte, el artículo 2 del citado Decreto dispone que corresponde a dichas Oficinas: "a) Informar al administrado sobre la organización, competencia y funcionamiento del órgano, servicio o empresa en el que se adscribe esa repartición; los requisitos, formalidades y plazos de las presentaciones o solicitudes a ellos dirigidas; la documentación y antecedentes, que deben acompañarse a éstas¡ los procedimientos y su tramitación; y las demás indicaciones necesarias a fin de que el público tenga un acceso expedito y oportuno a sus diversas prestaciones". En este sentido, se aprecia que se le indicó a la requirente la forma en la que debía proceder, información que habría sido ignorada por esta, perseverando en la obtención de la orientación requerida por una vía distinta y errónea para sus pretensiones. En razón de lo anterior, estimamos que la solicitud fue correctamente tramitada, debiendo la solicitante dirigir su consulta por la plataforma antes indicada, con los antecedentes fundantes de su presentación, a fin de poder orientarla en la obtención de la prestación que requiere. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a saber en qué clasificación debe presentar la solicitante un producto ante el ISP, de acuerdo con la factura y las fichas técnicas que adjunta. El órgano, por su parte, dio respuesta al requerimiento indicando que no constituye una solicitud de acceso a la información pública, y que, para consultas relativas a Informaciones, Reclamos, Sugerencias, Orientación, requisitos o estado de trámites, se debe ingresar al link: http://www.ispch.cl/oirs/. 2) Que, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, para determinar la procedencia del presente amparo, se debe analizar la naturaleza, características y finalidad del requerimiento formulado por la reclamante. En este sentido, como se advierte de su transcripción, la solicitante indica haber importado un producto desde Colombia, por lo que debe tramitar el respectivo Certificado de Destinación Aduanera, para lo cual, precisa saber en qué clasificación debe presentarse ante el ISP. De lo anterior, se desprende que la respuesta esperada es aquella que indique si el producto en cuestión debe ser clasificado como dispositivos médicos todos, o, por el contrario, en alguna otra categoría. De esta manera, es posible afirmar que corresponderá al órgano efectuar una revisión de las características y especificaciones del producto, para luego, emitir el pronunciamiento requerido por la reclamante. Lo anterior, se ve refrendado por el hecho de que la misma acompañó a la solicitud de acceso a la información la "Ficha Técnica de Producto y Hoja de Seguridad" de los productos, antecedente que demuestra que lo requerido es el análisis de aquellos para la determinación de la correspondiente categoría en la que se deben clasificar. 3) Que, expuesto lo anterior, cabe tener presente que, a juicio de este Consejo, lo consultado se refiere más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, toda vez que lo pedido no consiste en la copia de un documento que obre en poder del Servicio, sino que exige un pronunciamiento de parte del órgano, quien para aclarar lo consultado, debería realizar previamente un análisis jurídico y fáctico respecto de lo planteado por la solicitante, la que además acompaña antecedentes con dicha finalidad. Por lo tanto, al no constituir lo pedido una solicitud de acceso a información pública en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia, no cabe pronunciarse a su respecto en esta sede, procediendo este Consejo a rechazar el presente amparo, por improcedente. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Ivonne Gómez Paipa en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Ivonne Gómez Paipa y a la Sra. Directora (S) del Instituto de Salud Pública de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.