Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6450-20

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Reclamante:	DIEGO GALLEGOS VALLEJOS
Reclamado:	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil de Identificación, relativo a la entrega de los antecedentes que la persona individualizada en el requerimiento, acompañó ante el organismo, para efectos de ser inscrito en el registro de profesionales. Lo anterior, toda vez que en atención a las gestiones realizadas por el organismo, en virtud de lo señalado por el recurrente en la solicitud y amparo, tuvo conocimiento que la información solicitada dice relación con hechos que podrían ser constitutivos de delito, adoptando las providencias acordes con nuestro ordenamiento jurídico, procediendo a efectuar la denuncia respectiva ante la Fiscalía Local de Talca y denegando por tal motivo la información al peticionario; no obstante, en cumplimiento del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, este Consejo derivará directamente al Ministerio Público la solicitud de información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/25/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1370-14
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C6450-20   Entidad pública: Servicio de Registro Civil de Identificación Requirente: Diego Gallegos Vallejos Ingreso Consejo: 08.10.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil de Identificación, relativo a la entrega de los antecedentes que la persona individualizada en el requerimiento, acompañó ante el organismo, para efectos de ser inscrito en el registro de profesionales. Lo anterior, toda vez que en atención a las gestiones realizadas por el organismo, en virtud de lo señalado por el recurrente en la solicitud y amparo, tuvo conocimiento que la información solicitada dice relación con hechos que podrían ser constitutivos de delito, adoptando las providencias acordes con nuestro ordenamiento jurídico, procediendo a efectuar la denuncia respectiva ante la Fiscalía Local de Talca y denegando por tal motivo la información al peticionario; no obstante, en cumplimiento del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, este Consejo derivará directamente al Ministerio Público la solicitud de información. En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6450-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de septiembre de 2020, don Diego Gallegos Vallejos presentó ante el Servicio de Registro Civil de Identificación, el siguiente requerimiento: "Vengo en solicitar los antecedentes que existan por medio de los cuales se haya acreditado por parte de [persona que individualiza] Su calidad profesional de médico veterinario, el cual habría obtenido con fecha 15-10-2005 y otorgado por la Universidad de Concepción (...)". En su requerimiento acompaña copia de correo electrónico de Vicerrector de la Universidad de Concepción y copia de certificado de profesionales respecto del consultado, obtenido desde el sitio electrónico del organismo, de fecha 22 de septiembre de 2020. 2) RESPUESTA: Por medio de Carta R.E. 349 de 7 de octubre de 2020, el Servicio de Registro Civil de Identificación, señala: - La ley N° 19.477 Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, en su artículo 4°, establece: "Son funciones del servicio: 6° Dejar constancia, en los registros e inscripciones que lleve o practique conforme a la ley, de los hechos y actos jurídicos que lo modifiquen, complementen o cancelen". En consecuencia, en estos registros sólo se deja constancia de los hechos y actos jurídicos que se ponen en conocimiento de este Servicio, a través de los documentos autorizados para ello. - Por su parte, el decreto con fuerza de ley N° 630 de 1981, de justicia, que Establece Normas sobre Registros Profesional, en su artículo 2° inciso primero señala "Habrá un registro público de profesionales que llevará el Ministerio de Justicia por intermedio del Servicio de Registro Civil e Identificación". Asimismo, la norma citada en sus incisos segundo y tercero, dispone que "(...) en dicho registro serán inscritas todas las personas que ejerzan una profesión para cuyo desempeño era necesario, hasta la vigencia del decreto ley N° 3.621, de 1981, estar inscrito en el colegio profesional. Tales inscripciones se practicarán de oficio o a petición de parte. En el registro se anotará a los profesionales, separados por profesiones, y se dejará constancia de su nombre, apellidos, cédula de identidad, fecha en que se obtuvo el título profesional y entidad que se lo otorgó o fecha en que inició el ejercicio de su profesión (...)". - A continuación, hacen presente que el Registro de Profesionales, es un registro público, pero no tiene el carácter de fuente accesible al público, de forma tal que la información contenida en él se comunica a los interesados y terceros a través de certificados automatizados, que proveen de la siguiente información "Inscritos: Nombre y RUN, profesión, fecha de titulación e institución, y NO inscritos: No registra Título Profesional. - En efecto, este carácter ha sido reconocido por el Consejo para la Transparencia, a través de la decisión amparo Rol C1370-14, que se pronunció respecto a la naturaleza del Registro de Profesionales a cargo de este Servicio; en cuyo mérito, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional se centra en la posibilidad de acceder sin restricciones, por cualquier persona, a todos los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. Por tanto, en el caso concreto, el hecho que el acceso al registro consultado está sometido a la restricción de aportar el nombre y apellidos y/o RUN del titular excluye la posibilidad de considerar a este registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la Ley N° 19.628. - No obstante lo indicado, manifiestan, de conformidad al artículo 2°, inciso 6 del ya citado DFL 630 del año 1981, la inscripción en dicho registro no es obligatoria, es decir, podría darse el caso de una persona que siendo profesional, no estuviera inscrita en el registro, porque su inscripción es voluntaria. En este sentido, la norma dispone expresamente que "no será requisito para ejercer una profesión, el estar anotado en el registro que por esta disposición se crea". - Establecido lo anterior, hacen presente que, las solicitudes de inscripción en el registro de profesionales pueden presentarse de las siguientes formas: a) Mediante el envío de una nómina de asociados de colegios profesionales; b) nómina remitida por entidades de educación superior y la Corte Suprema. En dichos casos, los títulos se inscriben de oficio, sin necesidad de que lo solicite el interesado; y, c) solicitud del mismo interesado, las personas que deseen inscribir su título en el registro de profesionales, pueden solicitarlo personalmente en cualquiera de las oficinas de este servicio. - En relación a lo anterior, informan al peticionario, que se realizó la consulta a la Universidad de Concepción, en relación a la autenticidad del documento acompañando en la solicitud (copia de correo electrónico del Vicedecano), y conforme a ello se procederá a ejercer las acciones correspondientes. - Finalmente, expresan que para obtener el respectivo certificado, se puede acceder al sitio web del servicio www.registrocivil.cl , ingresando a la sección "Certificados en Línea", proporcionando el N° de RUN de la persona consultada; o bien, requerirlo en cualquier oficina comunal de este servicio, proporcionando el número de RUN del titular, o en su defecto el nombre completo aportando algún dato que le permita identificar a usted que se trata de la persona consultada, como por ejemplo, la fecha de nacimiento. 3) AMPARO: El 8 de octubre de 2020, don Diego Gallegos Vallejos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. Insiste en que lo requerido son los antecedentes acompañados por el consultado ante el Registro Civil, a fin de dicho organismo lo inscribiera en calidad de médico veterinario, toda vez que estaríamos frente a un eventual delito de ejercicio ilegal de la profesión. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio E19457, de 7 de noviembre de 2020. Posteriormente, por medio de DN. ORD. N° 909, de 24 de noviembre de 2020, el organismo complementa su respuesta, argumentando lo siguiente: - Con mérito de lo informado por el Secretario General de la Universidad de Concepción, en respuesta a la gestión que este organismo desplegó con ocasión del requerimiento, informando, en síntesis, que el consultado no figura en los registros de oficia de títulos y grados; el Subdepartamento de Registros Especiales remitió, a través de Memorándum N° 145 de fecha 13 de noviembre de 2020, a la Unidad Judicial dependiente de la Subdirección Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación, los antecedentes que darían cuenta presuntivamente de un ilícito, a fin de que la citada unidad, efectúe la denuncia pertinente. Asimismo, el Subdepartamento de Registros Especiales, mediante la respectiva orden de servicio de fecha 12 de noviembre de 2020, procedió a la eliminación del título profesional del registro público, impidiendo así la emisión del respectivo certificado profesional. - De lo expuesto, se desprende que en la especie existirían hechos, presuntivamente, constitutivos de los delitos previstos y sancionados en los artículos 193 y siguientes y 213 y siguientes del Código Penal. - Conforme lo anterior, a través de Ord. S.J. U.J N° 83, de 17 de noviembre de 2020, los hechos antes descritos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Talca, para los efectos que haya lugar, en virtud del deber de denuncia que impone el artículo 61, letra k) del DFL N° 29, de 2004 , que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en adelante Estatuto Administrativo, el cual dispone "denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiera fiscalía en el lugar en que el funcionario preste servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos (...)". - En consecuencia, con la confirmación de la Universidad de Concepción, habiendo variado la naturaleza de la información solicitada, procede la denegación al acceso a la información solicitada, por configurarse la causal contemplada en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, por cuanto se trata de antecedentes que la Constitución política de la República y las normas legales pertinentes se les asigna el carácter de secreta o reservada, por corresponder al ámbito exclusivo y excluyente del Ministerio Público, pudiendo su divulgación afectar el cumplimiento de sus funciones, como órgano encargado de la persecución penal. Luego, la información relativa a una investigación penal se encuentra de igual forma amparada por la causal de secreto o reserva que establece el artículo 182 del Código Procesal Penal; en consecuencia, el requerimiento debe dirigirse directamente al fiscal adjunto a cargo de la instrucción de la investigación. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en el presente caso, lo pretendido son los antecedentes que el consultado acompañó ante el organismo, para efectos de ser inscrito en el registro de profesionales que, en virtud del decreto con fuerza de ley N° 630 de 1981, de justicia, que Establece Normas sobre Registros Profesional, lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación. Lo anterior, con base a que dicha inscripción, se habría realizado previa instancia particular. 2) Que, en atención a lo expuesto por el reclamante en su requerimiento y amparo, el organismo procedió a consultar a la casa de estudios en la cual el aludido habría obtenido el título inscrito, entidad que informó no contar con registros de aquel en calidad de alumno regular ni titulado; en cuyo mérito, y en atención al deber de denuncia establecido en el artículo 61, letra k) del Estatuto Administrativo, el organismo procedió a remitir los antecedentes a la Fiscalía Local de Talca, por cuanto existirían hechos, presuntivamente, constitutivos de los delitos previstos y sancionados en los artículos 193 y siguientes y 213 y siguientes del Código Penal. En consecuencia, deniegan la entrega de lo solicitado, conforme lo establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal. 3) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de la República y el artículo 182 del Código Procesal Penal, la determinación de la publicidad o reserva de la información solicitada corresponde al Ministerio Público, razón por la cual se rechazará la acción deducida, toda vez que la recurrida, con ocasión del requerimiento y durante la tramitación del presente amparo, al tomar conocimiento que la información solicitada podría encontrarse relacionada a hechos que pueden ser constitutivos de delito, adoptó las providencias necesarias y acordes al ordenamiento jurídico, procediendo a realizar la denuncia respectiva y denegar la información con base a dicha circunstancia. 4) Que, en razón de lo expuesto, se estima que no resulta procedente representar al organismo la falta de aplicación a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, toda vez que la denuncia fue a consecuencia de las circunstancias expuestas en el requerimiento y a lo constatando por la reclamada durante la tramitación del presente amparo; no obstante, en cumplimiento del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, este Consejo derivará directamente al Ministerio Público la solicitud de información. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Diego Gallegos Vallejos en contra del Servicio de Registro Civil de Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente: a) Derivar la solicitud de información al Ministerio Público, a fin de que se pronuncie sobre ella; y, b) Notificar la presente decisión a don Diego Gallegos Vallejos y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.