<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C6456-20</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Subsecretaría General de Gobierno</p>
<p>
Requirente: Sonia González González</p>
<p>
Ingreso Consejo: 08.10.2020</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, ordenando hacer entrega de los antecedentes presentados por la empresa consultada, al postular a los fondos de fomento de medios de comunicación social, año 2018; que incluya el convenio suscrito por la empresa al momento de la adjudicación de dicho fondo; e información sobre el destino de estos montos y sanciones asociadas, al quedar sin efecto la adjudicación referida.</p>
<p>
Lo anterior, desestimándose la causal de reserva alegada por el órgano, al no acreditarse una afectación a las funciones del servicio, particularmente, a la estrategia judicial señalada. A su vez, el acceso a esta información permite un debido control social respecto de los antecedentes que se tuvieron a la vista en el proceso de selección, y que motivaron su otorgamiento, y medidas posteriores de reasignación de estos fondos.</p>
<p>
No obstante, de forma previa deberá tarjarse todo dato personal de contexto incorporado en la documentación referida. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia.</p>
<p>
Rechazar el amparo respecto a la entrega de los datos de la cuenta bancaria de la empresa en cuestión, por cuanto el acceso a este antecedente podría poner en riesgo su actividad patrimonial. Aplica el criterio contenido en la decisión Rol C2099-15.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6456-20.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de septiembre de 2020, doña Sonia González González presentó ante la Subsecretaría General de Gobierno, el siguiente requerimiento:</p>
<p>
"1.- Que se me remita todos los antecedentes que presentó la Empresa (...) al momento de postular a los fondos de medios de comunicación año 2018, cuyo representante legal es el Sr. (...). 2.- Solicito se me informe el titular y número de cuenta Bancaria o chequera electrónica, que entregó la Empresa al momento de Postular para que le transfirieran los fondos. 3.- Solicito se me remita el convenio que firmó el representante legal de la Empresa (...), al momento de adjudicarse los fondos año 2018, (aclarar que la Empresa se adjudicó los fondos, pero, no se lo transfirieron) 3.-En las bases de licitación año 2018 dice que cuando se produce término anticipado del convenio, se readjudica a los proyectos en lista de espera. Por ende, solicito, se me informe, a quién se le readjudicó dicho fondo, y en el evento negativo, se me informe, qué sucedió con dicho fondo, si existe algún decreto, o documento donde conste su rendición. 4.-Debido al término de convenio, solicito se me informe, si SEREMI hizo valer la boleta de garantía, o si cursó alguna multa a la Empresa".</p>
<p>
2) RESPUESTA: Por medio de Carta LT 180/29, de 6 de octubre de 2020, la Subsecretaría General de Gobierno deniega la entrega de la información solicitada, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, toda vez que los documentos pedidos corresponden a antecedentes indispensables para la defensa del organismo, a propósito del juicio de cobranza laboral promovido ante el Juzgado de Letras de Illapel RIT C-22-2017, por lo que su comunicación o publicidad previa puede afectar el debido resguardo y defensa jurídica de los intereses de esta Secretaría de Estado.</p>
<p>
3) AMPARO: El 08 de octubre de 2020, doña Sonia González González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario General de Gobierno, mediante Oficio E18990, de 2 de noviembre de 2020.</p>
<p>
Mediante Ord. N° LT 46/10, de 3 de diciembre de 2020, el organismo, junto con reiterar la causal de reserva alegada, agrega:</p>
<p>
- Entre el medio de comunicación social -adjudicatario del fondo consultado-, y sus trabajadores, existe causa de cobranza laboral RIT C22-2017, siendo notificados por parte del Juzgado del Trabajo de Illapel, de la traba del embargo que pesa sobre dicha empresa comunicacional.</p>
<p>
- Sin perjuicio que el organismo no figura como parte en el proceso, con fecha 18 de febrero de 2020, mediante exhorto, se ordena a la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Coquimbo el pago de determinada suma de dinero. En el mismo sentido, el 21 de marzo de 2020, se evidencia la presentación de un recurso de reposición por parte de esta cartera de Estado a lo resuelto por dicho tribunal, cuya defensa judicial se basó finalmente en los antecedentes aportados por el propio demandado, por lo que toda defensa que se ha presentado o deba presentarse, redunda en la documentación requerida.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, respecto a la alegación del órgano, en orden a denegar la información en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretada restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo 21 N° 1, letra a), dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 7, letra a), entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico".</p>
<p>
2) Que, según la jurisprudencia de este Consejo, el hecho de existir un juicio o una controversia jurídica pendiente no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de dicho procedimiento judicial o contienda jurídica. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o conflicto pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado.</p>
<p>
3) Que, revisada la causa de Cobranza Judicial RIT C22-17 tramitada ante el Juzgado de Letras de Illapel, se verifica por medio de resolución de fecha 6 de septiembre de 2018, se despacha exhorto al Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, a fin de que se proceda al embargo de los estados de pago, órdenes de compra u honorarios, que en lo sucesivo, tenga derecho a percibir la ejecutada, por parte de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Gobierno de la Región de Coquimbo. Posteriormente, con fecha 18 de febrero de 2020, el Juzgado de Letras de Illapel, ordenó a la SEREMI de Gobierno de la Región de Coquimbo, a consignar en la cuenta corriente de dicho tribunal, la suma de $3.500.000. Lo anterior, a solicitud de la parte ejecutante, quien informó un incumplimiento por parte de la SEREMI aludida, al embargo decretado el pasado 6 de septiembre de 2018, toda vez que, conforme se indica en oficio N° 01 de dicha secretaría, con fecha 4 de julio de 2019, procedió a pagar al ejecutado la suma de $3.500.000, con ocasión del concurso de fondo de fomento de medios de comunicación social, año 2019; procediendo la SEREMI de Gobierno de la Región de Coquimbo a presentar recurso de reposición con apelación en subsidio, respecto de lo ordenado, invocando, en síntesis, las bases del concurso realizado el 2019, junto con hacer presente que el convenio que se celebró respecto al concurso del año 2018 con la empresa demandada, fue dejado sin efecto; ambos recursos fueron rechazados; finalmente, el tribunal ofició el pago ya señalado.</p>
<p>
4) Que, en razón de lo expuesto en los considerandos precedentes, no logra advertirse en qué medida la entrega de la información solicitada, relativa al concurso público de fondos de fomento de medios de comunicación del año 2018, se relaciona con la cobranza judicial en curso, toda vez que el convenio que tuvo lugar con ocasión de dicho concurso, fue dejado sin efecto, recayendo el embargo de fondos, respecto de la convocatoria del año 2019. En cuyo mérito, se desestimará la causal invocada.</p>
<p>
5) Que, en razón de lo anterior, al versar lo solicitado en información sobre la postulación a un concurso público para el otorgamiento de un beneficio pecuniario con cargo al presupuesto fiscal, el cual, y conforme consta en acuerdo de fecha 11 de julio de 2018 , fue adjudicado a la empresa consultada, se estima que lo requerido constituye información pública, en los términos establecidos en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, toda vez que permite un debido control social respecto de los antecedentes que se tuvieron a la vista en el proceso de selección y que motivaron su otorgamiento, junto con conocer las medidas posteriores de reasignación de estos fondos; estas últimas, adoptadas con ocasión de circunstancias totalmente ajenas a la convocatoria referida, no siendo por tanto un impedimento para la publicidad de la información que se requiere.</p>
<p>
6) Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada y que se enunciará en lo resolutivo del presente acuerdo, con excepción de los datos de la cuenta bancaria de la empresa consultada, por cuanto al estar asociado dicho antecedente a una persona jurídica de derecho privado, su divulgación podría poner en riesgo su actividad patrimonial, aplicando en tal sentido el criterio contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C2099-15.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Sonia González González en contra de la Subsecretaría General de Gobierno, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Subsecretario General de Gobierno:</p>
<p>
a) Hacer entrega a la reclamante de: i) copia de los antecedentes que presentó la empresa consultada, al momento de postular a los fondos de medios de comunicación, año 2018; ii) copia del convenio que firmó el representante legal de la empresa aludida, al momento de adjudicarse los fondos, año 2018; iii) informar a quién le fue posteriormente adjudicado dicho fondo, y en caso de negativa, especificar su destino, en orden a si existe algún decreto, o documento donde conste su rendición; y, iv) informe si la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región de Coquimbo hizo valer la boleta de garantía, o si cursó alguna multa a la empresa señalada.</p>
<p>
Lo anterior, previa reserva de aquellos datos personales de contexto que figuren en los antecedentes cuya entrega se ordena, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros; en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada y de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Rechazar el amparo respecto a la entrega de la cuenta bancaria de la empresa consultada, por cuanto la divulgación de dicho antecedente podría poner en riesgo la actividad patrimonial de la empresa.</p>
<p>
IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Sonia González González y al Sr. Subsecretario General de Gobierno.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>