Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6575-20

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Reclamante:	BERNARD KEISER
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, referido a la entrega de copia de las denuncias y documentos anexos formuladas a proyecto que indica. Lo anterior, por cuanto, tratándose de denuncias en trámite, respecto de las cuales aún no se ha adoptado la decisión de formular o no cargos contra el posible infractor, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la decisión, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, como es iniciar o no el respectivo procedimiento sancionatorio contra el posible infractor. Aplica precedentes contenidos en las decisiones Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10, C67-12, C273-13, C295-14, C385-15 y C6975-19, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C67-12 C273-13 C295-14 C385-15 C6975-19 C248-10
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Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Elaboración de información >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C6575-20   Entidad pública: Superintendencia del Medio Ambiente Requirente: Maura Torres Cepeda Ingreso Consejo: 15.10.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, referido a la entrega de copia de las denuncias y documentos anexos formuladas a proyecto que indica. Lo anterior, por cuanto, tratándose de denuncias en trámite, respecto de las cuales aún no se ha adoptado la decisión de formular o no cargos contra el posible infractor, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la decisión, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, como es iniciar o no el respectivo procedimiento sancionatorio contra el posible infractor. Aplica precedentes contenidos en las decisiones Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10, C67-12, C273-13, C295-14, C385-15 y C6975-19, entre otras. En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6575-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de julio de 2020, doña Maura Torres Cepeda -en representación de Don Bernard Samuel Keiser, según se acreditó en el presente procedimiento de acceso- solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante, indistintamente Superintendencia o SMA- la siguiente información: «Información asociada a la ejecución del proyecto "Ampliación sondajes exploratorios de restos históricos en Puerto Inglés, Isla Robinson Crusoe" calificado ambientalmente favorable mediante la RCA 214/2012, específicamente: 1.1) Cuántas denuncias ha interpuesto CONAF en contra de este proyecto; 1.2) Si existen otras denuncias sectoriales y/o ciudadanas contra este proyecto; y 1.3) ¿Cuál es el contenido de cada denuncia?». Adicionalmente, solicitó copia de cada una de las denuncias y sus documentos adjuntos. 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio, de fecha 26 de agosto de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Acto seguido, mediante presentación, de fecha 9 de septiembre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar nuevamente el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, que informa sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, atendida la emergencia sanitaria pública que afecta al país. 3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 22 de septiembre de 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente respondió a dicho requerimiento de información, denegando parcialmente los antecedentes consultados, por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. 3.1) Primeramente, en cuanto a lo requerido en los numerales 1.1) y 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, informó que la Corporación Nacional Forestal -en adelante, indistintamente CONAF- ha presentado tres denuncias en contra del proyecto "Ampliación sondajes exploratorios de restos históricos en Puerto Inglés, Isla Robinson Crusoe", no habiendo más denuncias contra dicho proyecto. 3.2) Acto seguido, hizo presente que una de dichas denuncias, identificada con el número ID 34-V2019, se encuentra archivada. En razón de ello, se adjuntó copia de la misma, junto a sus respectivos anexos. Asimismo, puntualizó que la resolución que se pronuncia sobre su archivo, se encuentra publicada en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental -SNIFA-, de acceso público, precisando la forma de acceder a dicho acto administrativo. 3.3) Sobre las dos denuncias restantes, indicó que se encuentran actualmente en investigación, por lo que su contenido es información reservada, a fin de garantizar la oportunidad y eficacia en el ejercicio de las potestades del Servicio. En este orden de ideas, ilustró que dichas denuncias forman parte de expedientes que se encuentran en etapa de investigación, tanto por parte de la División de Sanción y Cumplimiento, como asimismo por la División de Fiscalización del organismo recurrido, previo a la toma de una decisión por parte de la autoridad. Sobre este punto, agregó que dichos antecedentes servirán de base para la determinación del ejercicio de las potestades otorgadas por la ley a la Superintendencia. Por lo anterior, razonó que lo solicitado resulta relevante para fundamentar el pronunciamiento de la SMA, en orden a dar tramitación al procedimiento correspondiente, de acuerdo a las competencias que atañen al Servicio, por lo que constituye un antecedente previo, necesario y esencial para la adopción de una decisión. Adicionalmente, agregó que la entrega de dichas denuncias podría eventualmente poner en peligro el éxito de la investigación, toda vez que el titular del proyecto fiscalizado, podría obtener información específica, confiriendo, una ventana de tiempo en la cual podría realizarse acciones tendientes a entorpecer la recolección de pruebas o evidencias, con el objeto de impedir el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación y dictamen de la Contraloría General de la República. 3.4) Finalmente, señaló que una vez que se notifiquen cargos o bien se determine el archivo de la investigación, los antecedentes serán publicados íntegramente por la Superintendencia en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental -en adelante, indistintamente SNIFA-, el cual se conforma por los procedimientos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado, sus resultados, entre otros antecedentes. 4) AMPARO: El 15 de octubre de 2020, doña Maura Torres Cepeda -en representación de don Bernard Samuel Keiser- dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación parcial de los antecedentes consultados. Al respecto, el peticionario expresó que la negativa de la Superintendencia de entregar los antecedentes solicitados es infundada y contraria al espíritu del Principio de Transparencia que rige a los órganos del Estado, toda vez que no ha expresado ni justificado adecuadamente las razones por la cuales la publicidad de la información solicitada impediría el correcto ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Sobre lo anterior, expuso que la SMA procura excusarse en el supuesto peligro de que el titular del Proyecto interfiriese en el proceso de fiscalización o investigación, previo a la formulación de cargos, asilándose en una interpretación genérica de la Contraloría General de la República de la causal de secreto o reserva, sin explicar de qué forma operaría en el caso concreto. Con respecto a la concurrencia de la causal esgrimida por el órgano reclamado, señaló que no se explicita suficientemente las razones de la denegación, sino que sólo se asiló de manera genérica en la disposición invocada, sin argumentos que hagan plausible su oposición. Acto seguido, expuso que la SMA no ha señalado el plazo en que se resolverá las denuncias presentadas por CONAF, por lo que no verifica el primer requisito establecido para la concurrencia de la causal, en conformidad a jurisprudencia que indica. En el mismo orden de ideas, en cuanto al segundo requisito de procedencia de la causal, indicó que no existen antecedentes relevantes para sostener que la divulgación de la información solicitada pueda afectar el debido cumplimiento de las funciones de fiscalizadores de la SMA, pues las actividades que fueron objeto de denuncias por parte de CONAF se encontraban terminadas al momento de resolver la solicitud de información. A continuación, puntualizó que la denegación de la información consultada conculca las garantías del debido proceso y de la igualdad ante la ley de su representado, toda vez que priva a éste de su derecho a defensa jurídica, negándole la posibilidad de hacer valer sus derechos, aportando pruebas y solicitando diligencias e impugnando al órgano denunciante -CONAF-. Al respecto, refirió que su representado -en su calidad de titular del Proyecto- detenta un evidente interés en conocer el contenido y estado de tramitación de las denuncias efectuadas en su contra. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente del Medio Ambiente, mediante Oficio N° E19281, de fecha 6 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (4°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; y, (5°) para el caso de encontrarse finalizados los procesos denegados, remita copia íntegra de dicha información, haciéndose presente que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. Mediante presentación, de fecha 27 de noviembre de 2020, la SMA evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos: 5.1) Primeramente, hizo presente que las denuncias denegadas, fueron presentadas los días 19 de febrero y 18 de junio de 2020, respectivamente. Por tal motivo, ilustró que éstas se encuentran en pleno estudio al momento de realización del requerimiento de información. Sobre este punto, agregó que la última actividad de fiscalización realizada en los expedientes de fiscalización asociados a las denuncias fueron: i) el examen de información de los antecedentes aportados por la CONAF, plasmado en el informe técnico de fiscalización ambiental DFZ-2019-2124-V-RCA, de fecha 27 de noviembre de 2019, ello respecto de la denuncia 35-V-2019, y; ii) respecto de la denuncia 64-V-2020, examen de información de los antecedentes aportados por CONAF, cuyo resultado fue expresado en el informe de fiscalización ambiental DFZ-2020-3099-V-RCA, de fecha 3 de septiembre de 2020. En razón de ello, argumentó que ha transcurrido un corto periodo de tiempo desde las actividades de fiscalización, relacionadas con las denuncias solicitadas, por lo que es pertinente concluir que la denegación no podría afectar su derecho de defensa, ya que no ha transcurrido un plazo suficiente para entender que el interesado se vería impedido de recopilar información para ser considerada en la instancia correcta, en los términos definidos en jurisprudencia que indica, específicamente en la eventual formulación de cargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, atendido lo expuesto por el peticionario en su reclamación, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación parcial de los antecedentes consultados, esto es, la copia de las denuncias y documentos anexos formuladas a proyecto que indica -numeral 1.3 de la parte expositiva de este Acuerdo-. Al efecto, la SMA se opuso parcialmente a su entrega, pues dos de las denuncias peticionadas, rotuladas ID 35-V-2019 y 64-V-2020, respectivamente, se encuentran en etapa de investigación, tanto por parte de la División de Sanción y Cumplimiento, como asimismo por la División de Fiscalización del organismo recurrido. Por tal motivo, se opuso a la entrega de dichos antecedentes, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, primeramente, es menester tener presente que, el artículo 47° de la ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, dispone que: «el procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse de oficio, a petición del órgano sectorial o por denuncia (...) Las denuncias de infracciones administrativas deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia...» y deberán contener, además de la individualización del denunciante, «una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor». Dicha norma agrega que la denuncia «originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente». Por su parte, el artículo 49° de la ley previamente referida, dispone que «la instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos» (énfasis agregado). 3) Que, de lo expuesto precedentemente, se puede concluir que la recepción de una denuncia por parte de la Superintendencia reclamada no origina, por ese sólo hecho, la instrucción de un procedimiento sancionatorio, lo que sólo ocurrirá si luego del análisis de la misma se observa que ésta «está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente». De esta forma, corresponde determinar si la divulgación de los expedientes de fiscalización peticionados, previo a la instrucción de un procedimiento sancionatorio, configuraría la concurrencia de alguna de las causales de secreto o reserva alegadas por el órgano reclamado para las denuncias que se encuentren en dicho estado (énfasis agregado). 4) Que, sobre la materia, el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas». A su vez, el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que «se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios». Según la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10 y C67-12- para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: i) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, ii) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 5) Que, en cuanto a la verificación del primer requisito, este Consejo ha sostenido que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, en la decisión recaída en el amparo Rol A79-09 se estableció que: «ésta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido». En la especie, a juicio de esta Corporación, debiendo tomarse por parte de la Superintendencia reclamada una decisión respecto de si instruir o no un procedimiento sancionatorio, el vínculo entre la información requerida -las denuncias- y dicha decisión resulta ser evidente y preciso, por cuanto es precisamente a partir de la seriedad y el mérito de cada denuncia, como de los documentos que se acompañan a las mismas, que dicho órgano decidirá instruir o no el respectivo procedimiento sancionatorio. Por lo anterior, se cumple el primero de los requisitos, en tanto dichas denuncias corresponden al antecedente previo a la adopción de una decisión por parte de la autoridad reclamada (énfasis agregado). 6) Que, en cuanto al segundo requisito, del análisis del marco normativo aplicable, este Consejo estima que, las denuncias objeto del requerimiento de información pertenecen a procedimientos en curso y no afinados, en consecuencia, su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Al efecto, con ocasión de sus presentaciones, la Superintendencia ilustró que dichas denuncias se encuentran en etapa de investigación -análisis-, tanto por parte de la División de Sanción y Cumplimiento, como asimismo por la División de Fiscalización del organismo recurrido. Sobre este punto, la Superintendencia precisó las más recientes actividades de fiscalización desplegadas en los expedientes de fiscalización asociados a las referidas denuncias, a saber: i) el examen de información de los antecedentes aportados por la CONAF, plasmado en el informe técnico de fiscalización ambiental DFZ-2019-2124-V-RCA, de fecha 27 de noviembre de 2019; y, ii) el examen de información de los antecedentes aportados por CONAF, cuyo resultado fue expresado en el informe de fiscalización ambiental DFZ-2020-3099-V-RCA, de fecha 3 de septiembre de 2020 (énfasis agregado). 7) Que, en tal contexto, en cuanto a la afectación de las funciones específicas que corresponden a cada una de las Divisiones que se encuentran conociendo los expedientes de fiscalización consultados, es menester tener en consideración lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 2516, de fecha 21 de diciembre de 2020, de Medio Ambiente, que fija la organización interna de la Superintendencia de Medio Ambiente. Al efecto, dicho instrumento establece en su numeral 3.3 que le corresponderá al Departamento de Sanción y Cumplimiento : « b) Recibir los antecedentes de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental y la División de Seguimiento e Información Ambiental, que constaten hallazgos o no conformidades, procediendo a realizar la investigación, según correspondiere; d) Citar a declarar a los representantes, directores, administradores, asesores y dependientes de los sujetos fiscalizados, como asimismo a testigos, respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones, en los términos del artículo 29 de la ley orgánica de la Superintendencia; k) Proponer la dictación los actos administrativos destinados a requerir información (...). A su vez, en cuanto a la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental, es menester tener presente que dicha unidad tiene la función de: « a) Coordinar, supervisar y apoyar la ejecución de las actividades de fiscalización ambiental de los instrumentos de carácter ambiental, incluidos los programas de cumplimiento y los planes de reparación, que realicen los funcionarios de la Superintendencia, los organismos sectoriales subprogramados o los terceros debidamente autorizados para ello y efectuar su seguimiento, de acuerdo a la normativa aplicable» (numeral 4.1 de la referida resolución) (énfasis agregado). 8) Que, establecido lo anterior, tratándose de denuncias en trámite, respecto de las cuales, a la fecha de la solicitud, no se había adoptado la decisión de formular o no cargos contra el posible infractor, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la respectiva decisión, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de la competencia del órgano, como es iniciar o no el respectivo procedimiento sancionatorio contra el posible infractor y asimismo, respecto a procedimientos de fiscalización en curso. En tal sentido, la publicidad prematura de los antecedentes requeridos importa entorpecer la deliberación interna, quedando en evidencia, las posibles diligencias que puedan decretarse, los objetivos y resultados de las mismas, unido a la presunción de las resoluciones definitivas a adoptar, lo cual debilita la función fiscalizadora de la reclamada. En el mismo orden de ideas, mientras no se haya adoptado la decisión, la divulgación de los antecedentes denunciados y que están siendo analizados por la Superintendencia, podría impedir que el órgano acceda a todos los antecedentes necesarios para la toma de la decisión, estimándose plausible que la revelación de los antecedentes solicitados además puede afectar el desarrollo de las investigaciones en curso, en la medida que su publicación podría poner en conocimiento del posible infractor detalles relevantes de la investigación, lo cual generaría una ventaja que podría ser usada por el titular del proyecto para esconder información relevante. Por lo anterior, se configura de esta forma la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En este mismo sentido se pronunció el Consejo en los amparos Roles C273-13, C295-14, C385-15 y C6975-19, entre otros (énfasis agregado). 9) Que, en cuanto a las alegaciones esgrimidas por la reclamante, en orden a que la denegación de la información consultada conculca las garantías del debido proceso y de la igualdad ante la ley de su representado, esta Corporación estima que dichas circunstancias no se verifican en la especie, toda vez que el artículo 49° de la Ley N° 20.417, de 2010, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente y fija su ley orgánica contempla la instancia de oposición procesal pertinente, en virtud de la cual el presunto infractor puede hacer efectivo su derecho a defensa, desplegar pruebas y formular las alegaciones que estime conveniente, una vez materializada la formulación de cargos e incoado el respectivo procedimiento sancionatorio. Al efecto, el precipitado cuerpo legal establece que «la instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificarán al presunto infractor por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de 15 días para formular los descargos» (énfasis agregado). 10) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, estimándose la configuración en la especie de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, denegándose la entrega de los antecedentes peticionados. 11) Que, sin perjuicio de lo resuelto en los considerandos precedentes, en virtud de los principios de Máxima Divulgación y Facilitación, reconocidos en el artículo 11° literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se recomendará al SMA que entregue a la peticionaria la información reclamada, una vez que se notifiquen los cargos o bien se determine el cierre de las investigaciones consultadas. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Maura Torres Cepeda, en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, por configurase la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Maura Torres Cepeda y, al Sr. Superintendente del Medio Ambiente. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.