Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6589-20

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Reclamante:	ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y TECNICOS UNIVERSITARIOS DE FONASA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y TECNICOS UNIVERSITARIOS DE FONASA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y TECNICOS UNIVERSITARIOS DE FONASA
Reclamado:	FONDO NACIONAL DE SALUD
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra del Fondo Nacional de Salud, ordenando la entrega del resultado final del proceso sumarial consultado. Lo anterior, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el que se resguarda la información cuya entrega puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas que han intervenido en el procedimiento, y, se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública, en virtud del cual, una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario. Aplica precedentes de los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1894-18 y C1954-18, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/25/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2795-17 C3571-17 C1954-18 C1894-18 C429-14 C2049-15 C2371-15 C1834-17 C2574-20 C2702-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	93-2021
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DECISIÓN AMPARO ROL C6589-20   Entidad pública: Fondo Nacional de Salud Requirente: Asociación de Profesionales y Técnicos Universitarios del Fondo Nacional de Salud Ingreso Consejo: 15.10.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra del Fondo Nacional de Salud, ordenando la entrega del resultado final del proceso sumarial consultado. Lo anterior, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el que se resguarda la información cuya entrega puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la vida privada tanto de las partes afectadas como de algunas que han intervenido en el procedimiento, y, se da acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública, en virtud del cual, una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario. Aplica precedentes de los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1894-18 y C1954-18, entre otras.  Para lo anterior, se deberán tarjar previamente, la identidad de la denunciante y los hechos en los que se funda el sumario; la identidad de testigos que concurrieron a declarar, así como toda información mediante la cual se les pueda identificar, y, las trascripciones de pasajes de las declaraciones prestadas; las referencias a antecedentes médicos o de salud; y, todos los datos personales de contexto -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros-. En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6589-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de agosto de 2020, Asociación de Profesionales y Técnicos Universitarios del Fondo Nacional de Salud, representada por don Felipe Tamayo Flores, solicitó al Fondo Nacional de Salud la siguiente información: "tener el resultado final del proceso sumarial de (...) contra el funcionario (...), por acoso sexual. Recepcionado en oficina de partes el 14 de agosto de 2018. De no haberse tramitado en su totalidad este acto administrativo, mencionar el estado del trámite". 2) RESPUESTA: A través de Resolución Exenta 3G N° 14886/2020, del 28 de septiembre de 2020, el Fondo Nacional de Salud respondió al requerimiento de información indicando que, en la especie, la resolución final cuya copia se solicita corresponde al proceso sumarial incoado mediante Resolución Exenta 4A/N° 57, de 2018, con el objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas respecto de la denuncia efectuada por una funcionaria, en la que pone en conocimiento una serie de hechos que podrían ser constitutivos de acoso cometidos por su jefatura directa, cuya resolución de término fue registrada por la Contraloría General de la República con fecha 23 de enero de 2020. Precisado lo anterior, y en armonía con lo dispuesto en el inciso final, del artículo 137, del Estatuto Administrativo, los procesos disciplinarios son secretos hasta la fecha de la formulación de cargos, oportunidad en la cual dejarán de serlo para el inculpado y su defensa, pudiendo éstos tomar conocimiento del expediente sumarial, conservando su carácter secreto respecto de terceros hasta la fecha en que el proceso queda afinado, momento a partir del cual éste se encuentra sometido sin limitaciones al principio de publicidad, el que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Ahora bien, a pesar de constituir el mencionado principio la regla general, divulgar la resolución de término solicitada conlleva el riesgo de restar efectividad a las labores que la Institución pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de maltrato, acoso laboral o acoso sexual, sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otros antecedentes aportados por éstos puedan ser conocidos por terceros, lo que en definitiva podría afectar futuras investigaciones, razonamiento recogido en las decisiones de los amparos roles C429-14, C2049-15 y C1834-17, entre otros, de este Consejo. Considerando la naturaleza de los hechos denunciados, la existencia de una relación de subordinación entre las partes involucradas expondría a los mismos, como también a aquellos funcionarios que depusieron en el sumario administrativo, y que prestan en la actualidad servicios en la institución, a un clima laboral adverso y a eventuales recriminaciones entre ellos, alterando el clima laboral y afectando la debida colaboración. Si bien la institución debe garantizar el derecho de acceso a la información, dando acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública, dicho control debe necesariamente tener un límite, que en el caso en particular esta dado no solo por el hecho de contener la información solicitada datos personales tanto de quienes detentaron la calidad de denunciante y denunciado, como de funcionarios, ex funcionarios y profesionales de la salud, que intervinieron como testigos -directos o indirectos- de los hechos denunciados, sino además por consignar información asociada al estado de salud de la denunciante, configurando un dato de naturaleza sensible conforme a la letra g), del artículo 2, de la ley N° 19.628. A mayor abundamiento, la resolución de término que se requiere, contiene en muchos de sus pasajes transcripciones de las deposiciones de quienes concurrieron a declarar como testigos, constando en ellas opiniones favorables y desfavorables, no solo de la denunciante o del denunciado, sino que también se alude a otros funcionarios y a las dinámicas y relaciones laborales entre ellos, por lo cual es razonable presumir que el conocimiento de las declaraciones prestadas -aun cuando sean extractos o relatos circunstanciados de las mismas-, colocarán a los mismos en alerta respecto a quienes apoyaron una u otra versión de los hechos, cuestión que no puede presumirse inocua, habida consideración de la posibilidad de que se pretenda, por vías abiertas o subrepticias, generar represalias en contra de ciertas personas. Ahora bien, la afectación del cumplimiento de las funciones del Servicio que se arguye, no sólo se ve reflejada en el efecto antes descrito, sino que también podría traducirse en que los funcionarios se abstengan de efectuar denuncias por maltrato, acoso laboral o sexual, por cuanto si un funcionario se representa la posibilidad que en un futuro, por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la información, el contenido de su denuncia y demás antecedentes podrán ser conocidos, tal certeza podría desincentivar que se efectúen denuncias por el temor de sufrir represalias. Lo anterior dificultaría a la institución el detectar situaciones de acoso laboral o sexual, o situaciones de similares características, impidiendo adoptar de forma oportuna medidas para remediarlas. En otro orden de ideas, en el caso particular tampoco es posible dar aplicación al artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, toda vez que el solicitante no solo presenta la calidad de funcionario activo de la institución, sino que además detenta el cargo de Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos Universitarios del Fonasa, de manera que el simple tarjado de nombres y otros datos personales de los testigos no resultaría suficiente para resguardar su identidad, toda vez que el solicitante podría -mediante el cruce de ciertos datos, tales como cargos o funciones de los declarantes, fechas, hechos o situaciones a los que se haga referencia- inferir aquellas identidades. Por lo tanto, para resguardar las identidades de los funcionarios no sólo cabría tarjar sus nombres y datos personales, sino que cualquier referencia a cargos o funciones desempeñadas, profesiones, fechas y principalmente a hechos puntuales consignados en la resolución que se requiere, lo que implicaría, en la práctica, tarjar una serie de hechos y situaciones descritas en la referida resolución y que sirvieron de base para la decisión del asunto, de modo que al suprimir dicha información no permitiría conocer los fundamentos que han permitido a la autoridad arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario. En atención a lo expuesto precedentemente, no cabe sino concluir que la solicitud habrá de ser denegada, fundado en la causal de reserva del artículo 21, N° 1, de la ley N° 20.285, y artículo 7, N° 1, de su Reglamento, disposiciones que permiten denegar el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, normas que deben relacionarse con la causal de reserva prevista en el artículo 21, N° 2, de la citada ley, en concordancia con el artículo 2, letras f) y g), de la ley N° 19.628. 3) AMPARO: El 15 de octubre de 2020, Asociación de Profesionales y Técnicos Universitarios del Fondo Nacional de Salud, representada por don Felipe Tamayo Flores, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que, en este caso, al encontrarse afinado el proceso sumarial procede hacer entrega de la información requerida, entendiendo que posee el carácter de pública, tal como lo ha fallado este Consejo en las decisiones de los amparos rol C2574-20 y C2702-20. Agrega que, al ser una temática ya resuelta por este Consejo, no corresponde sino acceder a la entrega de la información, al no ser suficiente razón la supuesta alteración al funcionamiento de la institución, menos aún, cuando dicha suposición se basa en elementos tan subjetivos como la posible interpretación que se pueda hacer del contenido del procedimiento sumario requerido. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, mediante Oficio E19194, del 5 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, teniendo en consideración que lo requerido es el resultado final del proceso sumarial que indica, y no copia íntegra del mismo; (3°) asimismo, explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (4°) señale si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (7°) remita copia íntegra del documento que contiene el resultado final del proceso sumarial requerido, a fin de ponderar la concurrencia de las causales de reserva alegadas. Hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. Mediante Oficio Ordinario 1G N° 33325/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que si bien a juicio del reclamante no es suficiente razón para denegar, la supuesta alteración al funcionamiento de la institución, arguyendo que dicha suposición se basa en elementos subjetivos como la posible interpretación que se pueda hacer del contenido del procedimiento sumario, es precisamente ese elemento subjetivo -intrínseco en cada individuo- que se trata de resguardar, porque aunque lo requerido es sólo la resolución de término del proceso disciplinario, ésta contiene transcripciones de las deposiciones de quienes concurrieron a declarar como testigos, constando en ellas opiniones, juicios o apreciaciones personales, no solo en relación a la denunciante o al denunciado, sino que también de otros funcionarios y a las dinámicas y relaciones laborales entre ellos, cuestión que no puede presumirse inocua, ya que si los funcionarios asumen como un hecho cierto que sus denuncias y declaraciones serán, una vez afinado el proceso sumarial, abiertamente conocidas por sus jefaturas, colegas o subordinados, generaría un desincentivo a reportar hechos de acoso laboral o sexual, así como a apoyar dichas denuncias o a expresar opiniones divergentes, según la convicción y sentir propios. En la resolución sancionatoria se mencionan expresamente las conductas en que incurrió el funcionario denunciado, por las cuales se le formularon cargos, que se tradujeron en la aplicación de una medida disciplinaria, estimándose que su divulgación podría traducirse en una sanción o cuestionamiento social que merme la honra y la vida pública del mismo, considerando el rol de jefatura que éste desempeña. A ello hay que agregar la dificultad que se podría presentar en las labores de cuidado y protección desarrolladas por la institución, relacionadas principalmente con fomentar la utilización del procedimiento sobre denuncia de actos de maltrato, acoso laboral y/o sexual y el carácter confidencial del mismo, pudiendo inhibir a los funcionarios a denunciar hechos de dicha índole, o bien, abstenerse de colaborar en investigaciones por tales materias, afectando las labores de investigación a quienes desempeñen funciones de fiscal en el futuro, como también que el Fonasa se vea imposibilitado de adoptar oportunamente medidas tendientes a detectar y corregir las conductas mencionadas. Lo planteado guarda armonía con lo razonado por este Consejo en las decisiones de amparos roles C429-14, C2049-15 y C1834-17, entre otras. En virtud de lo expuesto, y considerando que para que se verifique la procedencia de una causal de reserva debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancias que concurren en la especie, configurándose la causal prevista en el artículo 21, N° 1, de la ley 20.285. Respecto a cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros, si bien es deber de los órganos de la Administración del Estado velar por el derecho de acceso a la información, a fin de garantizar el control social de la función pública, dicho control debe necesariamente tener un límite, que en el caso en particular esta dado no solo por el hecho de contener la información solicitada datos personales tanto de quienes detentaron la calidad de denunciante y denunciado, así como de funcionarios, ex funcionarios y profesionales de la salud que intervinieron como testigos de los hechos, sino además porque las situaciones denunciadas terminaron afectando la salud física y mental de la funcionaria denunciante, situación registrada en la resolución cuyo conocimiento se solicita, configurando éste un dato de naturaleza sensible conforme a la letra g), del artículo 2, de la ley N° 19.628, aspectos que deben primar por sobre el principio de publicidad, al encontrarse actualmente el derecho a la protección de los datos personales consagrado como derecho fundamental. Sobre este punto, se estimó que el simple tarjado de datos consignados en la resolución cuyo conocimiento se requiere, no es suficiente para proteger efectivamente los derechos de los terceros, en particular, de quienes participaron en calidad de denunciante, denunciado y testigos en el sumario, por cuanto existen ámbitos que exceden el simple tarjado de datos y que deben ser resguardados, como es la expectativa de reserva para quienes intervinieron en el proceso sumarial, la que no solo debe circunscribirse a los hechos que dieron origen al mismo, sino que también a opiniones, afirmaciones e incluso sentimientos, que van más allá del ámbito laboral, pudiendo con su divulgación ver mancillada su calidad profesional, su honra, o bien, derivar en situaciones de conflicto al interior de las unidades de los funcionarios involucrados que podrían perjudicar su estabilidad en el empleo. Además, se consideró que no era posible dar aplicación al principio de divisibilidad, por cuanto, el funcionario solicitante detenta el cargo de Presidente Nacional de la ANPTUF, de manera que el simple tarjado de nombres y otros datos personales de contexto no resultaría suficiente para resguardar la identidad de quienes intervinieron en el proceso sumarial, toda vez que el requirente podría -mediante el cruce de ciertos datos, tales como cargos o funciones de los declarantes, fechas, hechos o situaciones a los que se haga referencia- inferir aquellas identidades, aspectos que permiten tener por configurada la causal del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. Ahora bien, a fin de velar por la protección de la vida privada e indemnidad laboral de los terceros interesados, y al no advertirse la existencia de un interés público relevante que justificara la divulgación de la información requerida, salvo el simple interés del requirente en conocer la misma, la institución consideró que no procedía efectuar la notificación prevista en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ya que la afectación de los derechos que se pretenden garantizar se produce precisamente con la entrega de la información requerida, al hacerse ésta pública, de modo que no procede aplicar el citado artículo 20 de la ley 20.285, por configurarse la causal de reserva de su artículo 21, N° 2. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados, mediante Oficios E20715 y E20716, de 9 de diciembre de 2020. A la fecha del presente acuerdo, no existe constancia de que éstos hayan efectuado presentación alguna en el sentido solicitado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información solicitada, correspondiente al resultado final del proceso disciplinario por acoso sexual que indica. Por su parte, el órgano reclamado denegó el acceso a la información invocando las casuales de reserva del artículo 21, N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer término, se debe hacer presente que, a partir de la decisión recaída en el amparo Rol A47-09, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial, lo que incluye por cierto su resolución de término, se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010). De ahí que, tratándose de un sumario afinado, este se encuentra sujeto a la regla general de publicidad establecida en los artículos 5 y 10 de la ley 20.285. 3) Que, no obstante, respecto de antecedentes sobre denuncias de acoso efectuadas al interior de un servicio público, entre otras, en las decisiones de amparos roles C429-14 y C2049-15 y C1834-17, este Consejo ha razonado que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionaria, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias". 4) Que, por otra parte, en la decisión de amparo Rol C2371-15 en que se requirió copia de cada uno de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo en comento, cabe tener presente que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, se considera que divulgar íntegramente el documento solicitado supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto, éstos podrían inhibirse a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría sus derechos y, asimismo, el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada. 5) Que, sin embargo, se debe hacer presente que la solicitud que da origen a este amparo no recae sobre la totalidad del expediente sumarial, sino más bien, sobre el resultado final del mismo. En este sentido, de la revisión de la Resolución Exenta 3G/N° 02, de fecha 8 de enero de 2020, que resuelve recurso de reposición y confirma aplicación de medida disciplinaria, en proceso sumarial consultado, acompañada por el órgano reclamado, se advierte que si bien aquella contiene datos personales y sensibles de los involucrados, así como también, la identificación de algunos testigos y extractos de sus declaraciones, a juicio de este Consejo, resulta posible la aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, conforme al cual "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", de modo que, en la especie, es posible acoger parcialmente el presente amparo, dando aplicación al referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia del sumario - artículo 21, N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública, en virtud del cual, una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1954-18 y C1894-18, sobre accesos a expedientes de sumarios sobre acoso laboral afinados. 6) Que, por otra parte, se debe hacer presente que, como se describió en el número 5 de la parte expositiva, este Consejo confirió traslado del presente amparo a los funcionarios involucrados, en calidad de denunciante y denunciado, en el procedimiento sumario, sin haber presentado estos observaciones o descargos en esta sede, que permitan desvirtuar lo argumentado en los considerandos precedentes. 7) Que, en consecuencia, se concluye que, a través de la aplicación del principio de divisibilidad, pierden sustento las alegaciones del órgano en base a las que funda la invocación de las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 1 y N° 2, estas serán desestimadas, por lo que, se acogerá parcialmente este amparo, requiriendo al órgano reclamado otorgar acceso al antecedente solicitado, excluyendo la identidad de la denunciante y las descripciones de los hechos imputados al denunciado, así como también, las referencias y transcripciones a las declaraciones de quienes concurrieron en calidad de testigos en el proceso, así como la identidad éstos y toda mención al cargo o funciones que desempeñan o desempeñaban al momento de atestiguar, respecto de quienes tienen o tenían la calidad de funcionarios públicos. Igualmente, el órgano reclamado deberá reservar cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos del documento consultado, por constituir datos sensibles protegidos por la ley N° 19.628. También, procede que se tarjen todos los datos personales de contexto contenidos en el documento -domicilio, teléfono, correos electrónicos particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- de conformidad a lo dispuesto en la citada ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por la Asociación de Profesionales y Técnicos Universitarios del Fondo Nacional de Salud, representada por don Felipe Tamayo Flores, en contra del Fondo Nacional de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante del resultado final del proceso sumarial afinado consultado. Para lo anterior, se deberán tarjar previamente los datos personales y sensibles contenidos en la información a entregar, en los términos descritos en el considerando 7 de la presente decisión. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Asociación de Profesionales y Técnicos Universitarios del Fondo Nacional de Salud, representada por don Felipe Tamayo Flores; al Sr. Director Nacional del Fondo Nacional de Salud; y, a los terceros interesados. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.