Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6600-20

Reclamante:	BONNIE ESPINOZA BASCUÑÁN
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Hualpén, relativo a la entrega de diversos antecedentes laborales -contratos, decretos alcaldicios e informes laborales- propios de ex funcionaria pública que se indica. Lo anterior, por cuanto la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Adicionalmente, este Consejo advierte que, lo requerido versa sobre el acceso a antecedentes laborales de la titular y, por tanto, del ejercicio del derecho al habeas data. Atendido que la información contiene datos personales de la reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/13/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Facultades, funciones y atribuciones de cada unidad interna >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C6600-20   Entidad pública: Municipalidad de Hualpén Requirente: Bonnie Espinoza Bascuñán Ingreso Consejo: 16.10.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Hualpén, relativo a la entrega de diversos antecedentes laborales -contratos, decretos alcaldicios e informes laborales- propios de ex funcionaria pública que se indica. Lo anterior, por cuanto la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Adicionalmente, este Consejo advierte que, lo requerido versa sobre el acceso a antecedentes laborales de la titular y, por tanto, del ejercicio del derecho al habeas data. Atendido que la información contiene datos personales de la reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6600-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de agosto de 2020, doña Bonnie Espinoza Bascuñán solicitó a la Municipalidad de Hualpén -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información: 1.1) Sus contratos de prestación de servicios personales a honorarios, desde el año 2009 a la fecha, celebrados entre la Municipalidad de Hualpén y quién suscribe; 1.2) Decretos alcaldicios, que corresponde en cada contrato; 1.3) Informe de Labores emitidos por la peticionaria, los cuales se entregaban mensualmente a fin de obtener el pago de la remuneración mensual desde el 2009 a la fecha». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 6 de octubre de 2020, la Municipalidad de Hualpén respondió a dicho requerimiento de información, accediendo a la entrega de la información solicitada disponible. Conforme a lo anterior, acompañó los antecedentes solicitados, desde junio de 2015 a la fecha, información de respaldo actualizada con la que dispone la Oficina de Protección Derechos Infancia -OPD-. 3) AMPARO: El 16 de octubre de 2020, doña Bonnie Espinoza Bascuñán dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada sería parcial. Al respecto, expresó que, la municipalidad entregó los contratos y decretos del año 2015 a la fecha, pero no los documentos del 2009 al 2015. 4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Hualpén, mediante Oficio N° E19415, de fecha 7 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales las solicitudes de información no habrían sido atendidas oportunamente (2°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (3°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. Mediante presentación, de fecha 19 de noviembre de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, señalando que, efectuó la entrega de los documentos que se encuentran en poder de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y que corresponden a los contratos, decretos y demás antecedentes de la solicitante, desde el año 2015 a la fecha. Acto seguido, expuso que, durante el mes de septiembre de 2020, el Municipio trasladó sus dependencias, lo cual ha implicado el traslado de todo el mobiliario y documentación de la dirección municipal, generando la dificultad de ubicar documentos y antecedentes archivados correspondientes a años anteriores, además de requerir una gran cantidad de funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario para dicha labor, apartándolos de sus funciones habituales. En virtud de lo anterior, alegó la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la falta de satisfacción de la peticionaria con los antecedentes proporcionados por la reclamada, referente a la entrega de sus contratos de prestación de servicios, decretos alcaldicios correspondientes a cada contrato y los informes laborales emitidos por la reclamante en el periodo señalado. Sobre este punto, la reclamante expuso que, sólo se hizo entrega de sus antecedentes del año 2015 a la fecha, pero no los documentos del periodo comprendido entre los años 2009 y el 2015. 2) Que, sobre lo anterior, el órgano reclamado esgrimió la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra C) de la Ley de Transparencia, toda vez que, durante el mes de septiembre de 2020, el Municipio trasladó sus dependencias, lo cual ha implicado el movimiento de todo el mobiliario y documentación de la dirección municipal, generando la dificultad de ubicar documentos y antecedentes archivados correspondientes a años anteriores, además de requerir una gran cantidad de funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario para dicha labor, apartándolos de sus funciones habituales. Por lo anterior, este Consejo procederá a analizar la concurrencia de la referida causal. 3) Que, primeramente, cabe tener presente que, dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales 4) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado). 6) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En este sentido, analizadas las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, como se señalará a continuación. Al efecto, esta Corporación verificó que, el órgano requerido no precisó, ni cuantificó el volumen de información que es necesaria recopilar, procesar y remitir. Asimismo, no especificó la medida de tiempo que comprende la satisfacción de la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años, ni el número de horas-hombre destinadas especialmente para la recopilación, tratamiento y entrega de la información consultada en el requerimiento en análisis, limitándose sólo a exponer que, se ha generado la dificultad de ubicar documentos y antecedentes archivados correspondiente a años anteriores, en virtud a traslado de dependencias que indica. Sobre este punto, a juicio de este Consejo, el Municipio no aportó mayores antecedentes o medios de prueba que permitan ponderar la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, y consecuencialmente, que acreditaran la afectación al debido cumplimento de las funciones de la reclamada. Al respecto, es menester tener presente que, por cada requerimiento de acceso a la información se cuenta con 20 días hábiles para ser satisfechas, pudiendo prorrogarse por 10 días hábiles más, en caso de resultar necesarios, prerrogativa que no fue utilizada por el órgano requerido. Por tales motivos, se desestimará la causal de reserva invocada por el órgano reclamado. 7) Que, en cuanto a las peticiones de información, esta Corporación advierte que, se trata de antecedentes laborales de una ex funcionaria pública. Sobre este punto, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, títulos de profesión, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño de sus laborales. 8) Que, sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales. 9) Que, este Consejo advierte que lo requerido se circunscribe a antecedentes laborales de la peticionaria. De esta forma, la reclamante ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a sus propios antecedentes personales que obran en poder de un tercero, en este caso, de la Corporación Municipal de Pirque. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este. 10) Que, en virtud de lo anterior, tratándose de antecedentes de naturaleza pública, referidos a la propia peticionaria; y, resultando insuficientes las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida este Consejo procederá a acoger el presente amparo de acceso a la información, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedentes consultados en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015, previa acreditación de la identidad de la peticionaria, por contener datos personales y sensibles del peticionario, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos (énfasis agregado). EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Bonnie Espinoza Bascuñán, en contra de la Municipalidad de Hualpén, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Hualpén, lo siguiente; a) Entregue a la reclamante copia de sus contratos de prestación de servicios personales a honorarios; los decretos alcaldicios, que corresponde en cada contrato; e informe de labores emitidos por la peticionaria, los cuales se entregaban mensualmente, dentro del periodo comprendido entre los años 2009 y el 2015, previa acreditación de su identidad, por contener datos personales y sensibles del peticionario, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos (énfasis agregado). No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Bonnie Espinoza Bascuñán; y, a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Hualpén. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.