Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6633-20

Reclamante:	PATRICIO ALARCÓN BARRIENTOS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Valdivia, ordenándose la entrega de información sobre todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Valdivia en las zonas de Cutipay Alto, Los Pellines, Curiñanco Bonifacio y Pilolcura.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/13/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C876-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Actos/resoluciones >> Antecedentes >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C6633-20   Entidad pública: Municipalidad de Valdivia Requirente: Patricio Alarcón Barrientos Ingreso Consejo: 18.10.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Valdivia, ordenándose la entrega de información sobre todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Valdivia en las zonas de Cutipay Alto, Los Pellines, Curiñanco Bonifacio y Pilolcura. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6633-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 02 de septiembre de 2020, don Patricio Alarcón Barrientos realizó a la Municipalidad de Valdivia, en adelante e indistintamente la Municipalidad, la siguiente solicitud de información: "En la zona rural de la costa de la comuna de Valdivia, empresas inmobiliarias han parcelado previos de uso de suelo agrícola que las están vendiendo como parcelas de agrado, contraviniendo lo establecido Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, además esas parcelaciones son de una superficie superiores a las 7 hectáreas, razón por la cual estos proyectos, según lo señalado por el Tercer Tribunal Ambiental, en resolución que autoriza a la Superintendencia del Medio Ambiente a suspender los trabajos que realizan 4 inmobiliarias, que por los trabajos realizados estarían eludiendo el ingreso al SEIA para obtener calificación ambiental, calificando el lo realizado por las inmobiliarias como " loteos" y no una simple "subdivisión predial de media hectárea". En este contexto y dada la información que ya hay construcciones que no se ajustan a lo expresamente autorizado para las subdivisiones y que dice relación infraestructura vinculada a la actividad agrícola que establece la LGUC, dado que la subdivisión que autoriza el SAG no otorga cambio de uso de suelo. En virtud de lo expuesto solicitamos información de todos los permisos de construcción entregados por la Municipalidad de Valdivia en la zona rural de la costa entre Cutipay y Pilolcura. Especialmente en Cutipay Alto, Los Molinos Altos, San Ignacio, Loncoyen, Los Pellines, Bonifacio y Pilolcura". (énfasis agregado) 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 30 de septiembre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante ordinario N° 571, de 09 de octubre del 2020, la Municipalidad respondió a dicho requerimiento de información acompañando un listado referente a los permisos otorgados en la costa, entre Cutipay y Pilolcura. 4) AMPARO: El 18 de octubre de 2020, don Patricio Alarcón Barrientos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le otorgó una respuesta incompleta a su solicitud, por cuanto se omitió "la entrega de información de localidades que están dentro del espacio geográfico señalado en la solicitud de información y que corresponden a zonas rurales de la comuna de Valdivia. No entrego información de Cutipay Alto, Los Pellines, Curiñanco Bonifacio, Pilolcura, de zona rural" 5) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano no evacuo traslado con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia, mediante oficio N° E19947, de 13 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. Se hace presente que, a la fecha de este acuerdo, el órgano no ha evacuado sus descargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta del órgano reclamado a la solicitud de información formulada por el requirente. 2) Que, en efecto, este Consejo constató que, entre los antecedentes puestos a disposición por la reclamada, no se otorgó información sobre Cutipay Alto, Los Pellines, Curiñanco Bonifacio, Pilolcura, de zona rural, localidades que están dentro del espacio geográfico señalado en la solicitud de información y que corresponden a zonas rurales de la comuna de Valdivia, sin embargo, entrego dicha información sobre las zonas de Los Molinos Altos, San Ignacio y Loncoyen. 3) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". En este sentido, el artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) señala expresamente que "las Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona", precisando que los referidos documentos "serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas". Asimismo, este Consejo ha considerado también que la publicidad de los antecedentes de los permisos de obra son fundamentales para permitir el control social sobre el otorgamiento de dichos permisos por parte de las Direcciones de Obras Municipales (decisiones Roles A115-09 y C876-10). 4) Que, la Instrucción General N° 10 de este Consejo señala en lo que interesa en su el punto 3.1 letra b) que la respuesta del órgano "contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: ordenará la entrega de la información, sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas en la Ley. En este punto se deberá detallar la información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso, procurando ajustarse estrictamente a la petición realizada por el solicitante, de modo que este reciba en forma completa e integra la información requerida" (énfasis agregado) 5) Que, el artículo 11 de la Ley de Transparencia consagra en su literal d), el principio de máxima divulgación, en virtud del cual "los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales". 6) En mérito de que el órgano no dio cumplimiento a lo señalado en el punto 3.1 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, ni al principio de máxima divulgación, es que se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de los antecedentes solicitados. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Patricio Alarcón Barrientos, en contra de la Municipalidad de Valdivia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia, lo siguiente; a) Entregue al reclamante información sobre todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de Valdivia en las zonas de Cutipay Alto, Los Pellines, Curiñanco Bonifacio y Pilolcura. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Alarcón Barrientos y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valdivia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.