Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6637-20

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Reclamante:	SERGIO SARMIENTO PARCHA
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, referido a la entrega de la información correspondiente a todas las personas civiles que ingresaron detenidas a la tenencia de Carabineros Reñaca, entre los días 4 y 7 de septiembre de 2020, indicando el motivo por el cual ingresaron y la hora en la que se registró el ingreso y salida del lugar. Lo anterior, por cuanto, la información requerida da cuenta de una situación transitoria, como lo es la detención; por lo tanto, se trata de un dato personal caduco cuya divulgación puede afectar la vida privada de sus titulares, además de ir en contra de la presunción de inocencia establecida como principio del procedimiento penal. Aplica criterio contenido en la resolución de amparo Rol C5117-20.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/25/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C5117-20
Jurisprudencia a:	C6159-21 C11373-22
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DECISIÓN AMPARO ROL C6637-20   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Sergio Sarmiento Parcha Ingreso Consejo: 19.10.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, referido a la entrega de la información correspondiente a todas las personas civiles que ingresaron detenidas a la tenencia de Carabineros Reñaca, entre los días 4 y 7 de septiembre de 2020, indicando el motivo por el cual ingresaron y la hora en la que se registró el ingreso y salida del lugar. Lo anterior, por cuanto, la información requerida da cuenta de una situación transitoria, como lo es la detención; por lo tanto, se trata de un dato personal caduco cuya divulgación puede afectar la vida privada de sus titulares, además de ir en contra de la presunción de inocencia establecida como principio del procedimiento penal. Aplica criterio contenido en la resolución de amparo Rol C5117-20. En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6637-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de septiembre de 2020, don Sergio Sarmiento Parcha solicitó a Carabineros de Chile lo siguiente: "Se solicita información respecto de todas las personas civiles, que ingresaron por cualquier motivo a la tenencia Carabineros Reñaca, ubicada en Bellavista N° 132, entre los días 4 y 7 de septiembre. Se ruega indicar además del respectivo listado de personas, el motivo por el cual ingresaron a la ya referida tenencia, la hora en la que se registró el ingreso de cada uno de ellos, así como la hora en la que las personas ingresadas en las fechas ya indicadas hicieron abandono del lugar". 2) RESPUESTA: A través de Resolución Exenta N° 457, del 5 de octubre de 2020, Carabineros de Chile respondió al requerimiento de información indicando que entre los días 4 a 7 de septiembre de 2020, ingresaron a la Tenencia un total de 61 personas civiles aproximadamente, quienes ingresaron en calidad de detenidos, para solicitar permisos temporales y denuncias, entre otros. Advierte que la entrega del listado de aquellas personas consiste en que Carabineros de Chile ponga a su disposición antecedentes de índole personal, no factibles de ser entregados, por tener el carácter de reservados, ya que involucran derechos de terceros. Si se entregase dicha información, se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285. Así, la solicitud versa sobre antecedentes protegidos por la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, que establece el carácter de dato personal a "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", indicado, el artículo 7 que quienes "trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo". De tal forma, no se puede entregar la documentación requerida porque en ella constan datos de carácter personal. Recuerda que este Consejo ha establecido como criterio que para verificar la procedencia de una causal de reserva, la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este caso si se produce, toda vez que dichos antecedentes, devienen en la identificación de una persona. De manera directa al entregar antecedentes propios de la persona, y de manera indirecta, al especificar fecha, hora, motivo y día del ingreso, siendo los últimos, elementos concretos para identificar una persona. Cita el artículo 21, N° 5, de la Ley N° 20.285, señalando que dicha causal tiene relación directa con la contemplada en el artículo 7, N° 5, del Reglamento de la ley. Por tanto, la Ley N° 19.628, al regular materias que son objeto de reserva o secreto, debe entenderse que lo hace con el estatus de ley aprobada mediante quórum calificado, en virtud de la ficción creada por las disposiciones transitorias aludidas, quedando amparada en el secreto previsto en el artículo 21, N° 5, de la ley N° 20.285. En consecuencia, Carabineros de Chile está impedido de difundir, total o parcialmente, antecedentes que nuestro sistema jurídico califica como datos personales, ya que ello constituiría una contravención de normas expresas que establecen su secreto. 3) AMPARO: El 19 de octubre de 2020, don Sergio Sarmiento Parcha dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, en resumen, hizo presente que se le dio respuesta indicando solo el número de detenidos entre las fechas solicitadas, pero denegando la información respecto del nombre de cada uno de los detenidos, el día de ingreso y salida (incluyendo la hora), así como el motivo por el cual fueron detenidos. Explica que, según el inciso segundo, del literal d), del número 7, del artículo 19, de la Constitución Política de la República de Chile, los registros de detenidos son públicos, señalando la norma: ‘‘Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público’’, resolviendo al respecto la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 30264- 2020, de fecha 8 de abril de 2020: "Que, en consecuencia, esta Corte constata que Carabineros de Chile efectivamente incurrió en un acto consistente en denegar a los actores el acceso al registro de los detenidos, el que deviene en arbitrario e ilegal, por carecer de razonabilidad e infringir una norma constitucional expresa. En efecto, el mencionado registro tiene el carácter de público conforme a lo dispuesto el artículo 19 N° 7 letra d) de la Carta Fundamental", y: "Que, en las condiciones descritas, resulta adecuado disponer que Carabineros de Chile deberá instruir a todos sus funcionarios respecto de la publicidad irrestricta del Registro de Detenidos, por lo que aquellos deberán permitir la revisión del mismo por cualquier persona que lo pida, sin que se exigir motivos concretos para aquello. Asimismo, deberá entregar directrices de actuación en la materia, cuyo cumplimiento efectivo deberá ser fiscalizado por el departamento respectivo". Así, es evidente el criterio de la Corte Suprema, sobre la publicidad del Registro de Detenidos, no obstante, Carabineros de Chile deniega el acceso a dicha información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio E19238, de 5 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría los derechos de los terceros; y, (3°) refiérase a lo señalado por el reclamante en su amparo, respecto de la publicidad del registro de detenidos, y del Certificado de Recepción de Solicitud de Información Pública sin datos. Mediante Oficio N° 254, de fecha 17 de noviembre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en lo que, en síntesis, manifestó que como primer punto y como puede apreciarse de la solicitud, esta recae en un requerimiento que ahora el recurrente pretende modificar, ya que solicitó información respecto de todas las personas civiles, que ingresaron a la Tenencia y no solamente de aquellos que constaban en el registro de detenidos, motivo por el cual se le indicó que, entre otros, se habían registrado 61 civiles que ingresaron detenidos, además de un número indeterminado de personas a efectuar otros trámites, tales como constancias, denuncias, solicitar permisos temporales etc. Luego, reitera los argumentos expuestos en la respuesta, agregando que, en atención al Principio de la divisibilidad, establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, solamente se entregó el número de personas que fueron detenidas por funcionarios de Carabineros entre las fechas señaladas. Ahora bien, establecido lo anterior es necesario referirse al registro de detenidos propiamente tal, pues revelar los datos personales, en este caso, así como en otros, significaría vulnerar derechos de los titulares de dichos datos, puesto que comunica informaciones que se encuentran protegidas por la legislación. Que el registro de detenidos sea público no significa que deba ser publicitado, precisamente para salvaguardar la honra de las personas sin que por el contrario se deba informar a quien lo requiera y mientras dure la detención de quien se haya en dicha condición. En efecto, entregar la información requerida, significaría una vulneración a la Garantía Constitucional consagrada en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, que establece "El respeto a la protección de la vida privada y a la honra de una persona y su familia" pues los derechos que específicamente se podrían ver amagados por la revelación de la información requerida, serían el de la seguridad personal y la esfera de la vida privada de las personas detenidas, por cuanto importa una afectación a la honra de las mismas, puesto que se verían expuestas a una condena previa y a enjuiciamientos sociales y públicos por parte de la comunidad civil, vulnerándose de esta manera el principio de presunción de inocencia. En cuanto al contenido de la garantía constitucional, respecto de la identidad de los detenidos, se debe tener presente que el respeto a la vida privada es entendida como la libertad de mantener en la esfera privada ciertas situaciones y vivencias de una persona pertenecientes a lo íntimo, que conlleva el secreto en cuanto a su no divulgación o exposición en el ámbito público. De este modo, la honra entendida bajo dicho parámetro, es el prestigio, fama, buen nombre, crédito que una persona tiene en concepto de los demás. Pero también supone la estima y el respeto por la propia dignidad. Por tanto, la publicidad de las identidades de las personas detenidas en una Unidad Policial durante el periodo indicado, ciertamente lesionaría gravemente el derecho a la propia imagen y da pábulo al desprestigio, deshonra o el descredito de las mismas y, por añadidura, a su grupo familiar, más si se tiene en consideración que corresponde a un "dato caduco", en los términos del artículo 2°, letra d), de la citada Ley N° 19.628, en razón de que la detención, en su sentido amplio, significa una privación de libertad temporal que sufre una persona, ya sea en el contexto de un proceso penal o fuera de éste, y por tanto, limitada en el tiempo. Entonces, si conocer la identidad de los detenidos mientras están en calidad de tales tiene como finalidad proteger la integridad de estos evitando conductas arbitrarias, materia que el Constituyente se cuidó de garantizar, también lo hizo con la vida privada y la honra de las personas principio que adquiere especial relevancia una vez cesada la privación de libertad que le afectaba. En consecuencia, Carabineros de Chile está impedido de difundir, total o parcialmente, antecedentes que nuestro sistema jurídico califica como datos personales, ya que ello constituiría una contravención de normas expresas que establecen su secreto. Y CONSIDERANDO: 1) Que, la solicitud que da origen al presente reclamo dice relación con la entrega de la información correspondiente a todas las personas civiles que ingresaron por cualquier motivo a la tenencia de Carabineros Reñaca, entre los días 4 y 7 de septiembre de 2020, indicando el motivo por el cual ingresaron y la hora en la que se registró el ingreso y salida del lugar; encontrándose, a su vez, acotado el amparo a la falta de entrega de aquella información referida a las personas detenidas, según se desprende de lo expuesto en el número 3 de la parte expositiva. El órgano, por su parte, informa que se trata de un total aproximado de 61 personas, manifestando no poder entregar el resto de los antecedentes requeridos, por tener el carácter de reservados, ya que involucran derechos de terceros, al contener datos personales, por lo que, con su entrega, se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285. 2) Que, en el presente caso, Carabineros de Chile ha informado que las personas que ingresaron a la tenencia en cuestión los días consultados lo hicieron en calidad de detenidos, para solicitar permisos temporales y efectuar denuncias, entre otros. En este contexto, se debe comenzar señalando que la identidad de las personas que estuvieron detenidas en la unidad policial consultada, corresponde a datos personales en los términos prescritos en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628. En tal sentido, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se estableció a nivel constitucional el derecho a la protección de dichos datos, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental. 3) Que, en efecto, si bien el registro de detenidos solicitado tiene el carácter de público, como explica el reclamante en su amparo; sin embargo, tal como señaló este Consejo al resolver el amparo Rol C5117-20, se debe tener en cuenta el carácter transitorio de la detención, el que se encuentra establecido en el mismo artículo 19, N° 7, letra c), de la Constitución Política de la República, en el que se señala que "Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. // Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas". De esta forma, se debe resaltar que la detención es de por sí una circunstancia transitoria y temporal, cuyos plazos son acotados y fijados en la Constitución y en la ley; y que incluso puede ser declarada ilegal en los términos dispuestos en el artículo 132 del Código Procesal Penal. Además, no se puede dejar de señalar que dentro de los principios que deben orientar el proceso penal, se encuentra la "Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme", recogida en el artículo 4 del Código Procesal Penal. 4) Que, en el presente caso, el registro al que se quiere acceder el solicitante corresponde a los días 4 al 7 de septiembre de 2020, por lo tanto, en virtud de la transitoriedad y temporalidad de la medida que en ellos se informa, la publicidad establecida en el artículo 19, N° 7, letra d), de la Constitución Política de la República, se debe armonizar con la protección a los datos personales establecida en el N° 4 del artículo citado y del principio de presunción de inocencia. Además, se debe considerar que, de los antecedentes tenidos a la vista, no se advierte la existencia de un interés público en que se divulgue aquella información, caso contrario a lo que sucede respecto de los registros de los establecimientos penitenciarios, en cuanto a ejercer control social respecto del cumplimiento efectivo de una condena a pena privativa de libertad decretada por un tribunal de la República. 5) Que, a mayor, abundamiento, cabe hacer presente lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 9 de la ley N° 19.628, en orden a que "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. // En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos". Así como también, lo establecido en el artículo 2, letra d), de la ley citada que define como "Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna". En el presente caso, como alega el órgano, estaríamos frente a información no actualizada y caduca, ya que las detenciones informadas en dichos registros, ya no se encuentran vigentes, aunque aquellas hayan derivado en una prisión preventiva o incluso en una condena a una pena privativa de libertad de las personas ahí señaladas, pues la condición de "detenido" es esencialmente transitoria y temporal, habiendo transcurrido con creces a la fecha los plazos establecidos para que aquella siguiera siendo aplicada. 6) Que, en virtud de lo razonado en los considerandos anteriores, se rechazará el amparo respecto de la entrega de la información correspondiente a la identidad de las personas detenidas, motivo de su ingreso, y, la hora de entrada y salida del recinto, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República y de la ley N° 19.628. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Sergio Sarmiento Parcha en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sergio Sarmiento Parcha y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.