Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6860-20

Reclamante:	PATRICIO ELÍAS SARQUIS
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, ordenándose la entrega de los informes de auditores acompañados a los Estados Financieros auditados al 31.12.2019 y los Estados Financieros del primer y del segundo trimestre de 2020. Se rechaza el amparo en lo referido al numeral 1 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, en lo que dice relación con el tarjamiento de la información personal, en virtud de la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Se rechaza el amparo en lo referido a los numerales 2 y 4 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, por cuanto el órgano reclamado cumplió con su obligación de informar en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Se rechaza el amparo en lo referido al numeral 3 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, por cuanto lo requerido no obra en poder de la reclamada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/19/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C6860-20   Entidad pública: Superintendencia de Salud Requirente: Patricio Elías Sarquis Ingreso Consejo: 26.10.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, ordenándose la entrega de los informes de auditores acompañados a los Estados Financieros auditados al 31.12.2019 y los Estados Financieros del primer y del segundo trimestre de 2020. Se rechaza el amparo en lo referido al numeral 1 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, en lo que dice relación con el tarjamiento de la información personal, en virtud de la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Se rechaza el amparo en lo referido a los numerales 2 y 4 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, por cuanto el órgano reclamado cumplió con su obligación de informar en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Se rechaza el amparo en lo referido al numeral 3 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, por cuanto lo requerido no obra en poder de la reclamada. En sesión ordinaria N° 1163 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6860-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de agosto de 2020, don Patricio Elías Sarquis solicitó a la Superintendencia de Salud la siguiente información: 1) "Respecto de Isapre Cruz Blanca S.A. y de toda entidad relacionada sometida a la Superintendencia de Salud, solicito se me entreguen los Estados Financieros auditados al 31.12.2019 y los Estados Financieros del primer y del segundo trimestre de 2020, todo lo anterior con el informe de los auditores y con las notas. No requiero de los documentos informados en la página web de la Superintendencia de Salud, pudiendo tarjar aquellos datos personales de contexto tales como domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad o estado civil. 2) A su vez, solicito se me entregue copia del organigrama completo de las empresas del grupo empresarial de la cual forma parte actualmente Isapre Cruz Blanca S.A., según lo dispuesto en el artículo 96 de la ley N° 18.045. 3) Por otra parte, en relación a la misma Isapre Cruz Blanca S.A. y las entidades de su grupo empresarial sometidas a la Superintendencia de Salud, solicito se me entregue, un listado completo con la razón social, giro y RUT de todas las entidades relacionadas y el nombre completo, cédula de identidad, cargo y funciones de las personas naturales relacionadas. En relación a lo pedido y para efectos de determinar si existe o no relación, por favor, considerar los términos del artículo 100 de la ley 18.045 y el lapso de tiempo 01.01.2018 a 31.07.2020. 4) En relación a la Isapre Cruz Blanca S.A. y/o cualquier otra entidad del grupo empresarial al cual pertenece ésta, solicito se me informe el nombre completo, cargo y funciones de todo funcionaria o funcionario de la Superintendencia de Salud o de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud que entre 01.01.2018 y 31.07.2020 haya manifestado o dejado constancia del hecho de haber formado parte, tener alguna persona relacionada y/o tener algún conflicto de intereses y/o se haya abstenido en el conocimiento, fiscalización y/o resolución en alguna materia o asunto de su competencia, entregándose copia de la manifestación, respaldo o constancia de su realización, su fecha y fundamentos. 5) Por último, solicito que se me entregue el nombre completo, cargo, funciones y fecha de inicio y de término de la relación la laboral o de prestación de servicios, de toda persona que ha trabajado en alguna de las empresas perteneciente al grupo empresarial del cual actualmente forma parte Isapre Cruz Blanca S.A., en los términos de los artículos 96 y 100 de la ley N° 18.045, antes indicados, y que provenga o haya trabajado o prestado servicios o esté prestando servicios o trabajando actualmente, todo lo anterior, sea en forma dependiente, independiente, a contrata, de planta y/o a honorarios, en la Superintendencia de Salud y/o en la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, desde el 01.01.2018 al 31.07.2020". 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 16 de septiembre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante ordinario N° 2532, de 06 de octubre de 2020, la Superintendencia de Salud, en adelante e indistintamente, la Superintendencia respondió a dicho requerimiento de información indicando que: i. Sobre lo requerido en el numeral 1 del requerimiento, la Superintendencia adjunto el URL con acceso a la información: - URL: http:// webserver.superdesalud.gob.cl/bases/ley_transparencia.nsf - Nombre de usuario: xxxx - Contraseña: xxxx - Fecha de expiración: 31 de octubre del 2020 ii. Sobre lo requerido en el numeral 2 del requerimiento, el órgano reclamado indicó que, "es posible señalar que la información con la que cuenta esta Superintendencia, en relación a la solicitud formulada, es la entregada por el propio Corporativo Bupa en su página web a través de sus memorias, y que para estos efectos se entregan a través de la siguiente imagen" iii. Sobre lo requerido en el numeral 3 del requerimiento, el órgano reclamado indico que: "en relación a las entidades del grupo empresarial sometidas a la Superintendencia de Salud, es posible informar lo siguiente:" "... Respecto del nombre completo, cédula de identidad, cargo y funciones de las personas naturales relacionadas de dichas instituciones, entre el 1 de enero del 2018 al 31 de julio del 2020, corresponde indicar que esta Superintendencia requeriría elaborar la información solicitada. En efecto, corresponde señalar que esta Superintendencia no dispone de la misma para ser entregada en los plazos que al efecto prescribe la Ley N° 20.285, por cuanto se necesitaría efectuar un análisis de la composición de cada una de las muchas entidades que componen el corporativo Bupa y así lograr determinar las personas naturales relacionadas, habida consideración, además, que el plazo por el cual se solicita supera los dos años. Que esta forma, y aun cuando se dispusiera de un funcionario de manera exclusiva para efectuar dicha labor, las tareas inherentes a dar respuesta al requerimiento de acceso a la información superarían con creces el plazo de entrega que prescribe la Ley de Transparencia, distrayendo indebidamente de sus funciones al personal que designe al efecto". iv. Sobre lo requerido en el numeral 4 del requerimiento, el órgano reclamado indicó que: "es posible informar que doña Maria Angélica Duvauchelle Ruedi, abogada de la Fiscalía de la Superintendencia de Salud, quien cumple labores de asesoría jurídica para la Institución, ha dejado constancia de un conflicto de intereses con Isapre Cruz Blanca S.A., lo que fue manifestado por la funcionaria en sus declaraciones de intereses y patrimonio efectuada en el mes de marzo de cada año. Cabe indicar que, dicha declaración de intereses y patrimonio no obra en poder de esta Institución, por cuanto la misma es competencia actualmente de la Contraloría General de la Republica y se realiza de manera electrónica, no contando con copia de la manifestación o de sus fundamentos, motivo por el cual se procederá a derivar esta solicitud a dicho Organismo Fiscalizador". v. Sobre lo requerido en el numeral 5 del requerimiento, la Superintendencia indicó que: "En relación a esta consulta y en relación al periodo solicitado, de los antecedentes que se han podido recabar es posible informar lo siguiente: a) Ignacio García-Huidobro Honorato, quien se desempeñó como Superintendente de Salud, ejerciendo funciones como Jefe Superior del Servicio; desempeñándose en este cargo desde su nombramiento acaecido mediante Decreto N° 64, de 1 de octubre de 2018, del Ministerio de Salud, hasta el 1 de junio del 2019, siendo aceptada su renuncia mediante Decreto N° 28, del Ministerio de Salud, publicado con fecha 12 de julio del 2019. b) Marcela Palma San Miguel, quien se desempeñó como Fiscal de la Superintendencia de Salud, cuya función principal es asesorar jurídica y judicialmente al Superintendente de Salud; ejerciendo funciones desde el 1° de enero del 2019 hasta el 8 de agosto del 2019" 4) AMPARO: El 26 de octubre de 2020, don Patricio Elías Sarquis dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta incompleta a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente: a) Sobre lo requerido en el numeral 1, de la solicitud de información: el reclamante señalo que el órgano otorgo un URL, añadiendo luego que: "En efecto, al acceder a la URL indicada, se accede a un sitio creado especialmente al afecto, según consta en la misma página a la cual se accede, en la que aparece, 4 archivos PDF, denominados FEFI CRUZ BLANCA-junio 2020_VF.pdf, FEFI CRUZ BLANCA_diciembre 2019_VF.pdf, FEFI CRUZ BLANCA_marzo 2020_VF.pdfy URL Solicitud N° 4016.pdf.Los primeros 3 archivos PDF corresponden a los estados financieros de Isapre Cruz Blanca S.A., no habiendo documento alguno relativo a estados financieros relativos a alguna otra entidad relacionada y que esté sometida a la Superintendencia de Salud, conforme se solicitó en el requerimiento, de manera que la información entregada en relación a este acápite de la solicitudes INCOMPLETA. Ahora bien, en relación a lo entregado, esto es, 3 archivos PDF que corresponden a los estados financieros únicamente de Isapre Cruz Blanca S.A., cabe destacar lo siguiente: i. En documento denominado FEFI CRUZ BLANCA _ diciembre2019_VF: -Página 5: hay datos tarjados relativos a nombre y rut del representante legal, gerente general y directores; -Página 15: está tarjada la información relativa al gerente general y jefe de contabilidad (aparentemente nombres y firmas); y, -Página 36: está tarjada información relativa al rut, nombre y cargo en la Isapre de directores o ejecutivos de la misma, en otras empresas del Grupo Bupa Chile, al cual pertenece, al 31 de diciembre de 2019 ii. En documento denominado FEFI CRUZ BLANCA -junio 2020_VF: -Página 5: hay datos tarjados relativos a nombre y rut del representante legal, gerente general y directores; -Página 37: está tarjada información relativa al rut, nombre y cargo en la Isapre de directores o ejecutivos de la misma, en otras empresas del Grupo Bupa Chile, al cual pertenece, al 30 de junio de 2020. -No contiene informe de auditores, conforme lo solicitado. iii. En documento denominado FEFI CRUZ BLANCA_marzo2020_VF: -Página 5: está tarjada la información relativa al nombre y rut del representante legal, gerente general, presidente del directorio, directores, mayores accionistas o aportadores de capital. -No contiene informe de auditores, conforme lo solicitado. En consecuencia, la información relativa a los estados financieros de Isapre Cruz Blanca está incompleta, atendido lo señalado precedentemente, mientras que la información relativa a los estados financieros de entidades relacionadas y que estén sometidas a la Superintendencia de Salud, NO FUE ENTREGADA, sin expresión de causa alguna, pese a haber sido solicitada". b) Sobre lo requerido en el numeral 2 del requerimiento, el requirente indicó que: "Se entregó al solicitante un organigrama a través de una imagen inserta en el mismo Ord. de respuesta. Sin perjuicio de que el órgano requerido hizo entrega de un organigrama, como podrá apreciar este H. Consejo, éste resulta absolutamente ilegible, no pudiendo tenerse por satisfecho el requerimiento de este acápite, por el motivo antes indicado. A pesar de lo indicado precedentemente, se puede constatar que el organigrama entregado corresponde al grupo Bupa Chile, sin proporcionar información relativa al controlador final, en los términos del artículo 96 de la Ley N° 18.045, estando el organigrama, en consecuencia, incompleto, en relación a los términos pedidos." c) Sobre lo requerido en el numeral 3 del requerimiento, el reclamante señaló en síntesis que en este caso la Superintendencia de Salud se excusa de entregar la información requerida, pero no invoca causal legal alguna para ello. Sin perjuicio de lo anterior, atendidos los argumentos esgrimidos, ellos podrían enmarcarse en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, la que en definitiva indicó no concurre. d) Sobre lo requerido en el numeral 4 del requerimiento, el reclamante indicó que: "Cabe destacar que, a la fecha, no se ha informado o entregado la constancia en que se informa el conflicto de intereses y la causal o motivo de éste". e) Sobre lo requerido en el numeral 5 del requerimiento, el reclamante señaló que: "Sin embargo, de lo informado respecto de este acápite N° 5), se considera que la información entregada está incompleta, por cuanto, se omiten cargos, funciones y fecha de inicio y término de la relación laboral o de prestación de servicios, con los documentos pertinentes, de doña Marcela Palma San Miguel, quien también se desempeñó y entendemos que aún se desempeña como abogado del Superintendente de Salud y Jefa de Gabinete del Superintendente de Salud desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2020, según consta en documento adjunto con impresión de la página de LinkedIn de la misma funcionaria, certificada por el notario público de Santiago don Luis Enrique Tavolari Oliveros el 14 de septiembre de 2020,y también según se informa en parte en la misma Superintendencia de Salud en la página https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/AO006/cargos-pasivos?todos=1 page=7, que en impresión se acompaña, pero donde se indica una fecha de término del 7 de agosto de 2019; por cierto, además que, se omite toda información y antecedentes documentales de las funciones y fecha de inicio y término de la relación laboral o de prestación de servicios de la misma Sra. Marcela Palma San Miguel como Superintendente de Salud Subrogante, en período y oportunidades que desconocemos, pero presumimos que al menos fue desde el 1 de enero de 2018 y el 7 de agosto de 2019, en virtud de lo establecido en el Decreto Ex. N° 1 del 8 de enero de 2019,del Ministerio de Salud, que pone término y establece nuevo orden de subrogancia al cargo de Superintendente de Salud, que también se acompaña, en concordancia con la página de la ley del Lobby indicada en forma precedente, https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/AO006/cargos-pasivos?todos=1 page=7donde se precisa que en dicho cargo estuvo hasta el 7 de agosto de 2019, que lo a su vez es contrario a lo informado en caso precedente donde en virtud del Decreto Ex. N° 39 del 4 de abril de 2019, en virtud del cual don Patricio Fernández Pérez asumió en esa fecha como Superintendente Subrogante hasta diciembre de 2019, oportunidad en la que fue designado como titular" 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante oficio N° E19439, de 07 de noviembre de 2020 solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (5°) remita copia de la derivación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado; (6°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (7°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (8°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (9°) señale si parte de la información requerida, a su juicio, afectaba derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (10°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (11°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante ordinario N° 2946, de 20 de noviembre del 2020, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis lo siguiente: i. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del dfl N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y, en lo que concierne al Corporativo Bupa, la Superintendencia sólo detenta facultades respecto de Isapre Cruz Blanca S.A. y de sus prestadores de salud, en este último caso, sólo respecto de las materias que la ley le ha entregado, las que distan de las facultades conferidas por el legislador respecto de las instituciones de Salud Previsional, ya que respecto de los prestadores las atribuciones que posee son significativamente más reducidas. ii. Sólo respecto de las Isapre la ley ha conferido la facultad de fiscalización financiera, por lo que los estados financieros que posee la superintendencia en relación a las entidades integrantes del cooperativo Bupa se restringen a las FEFI de Isapre Cruz Blanca S.A.: en relación a los tres sujetos de supervigilancia, Isapre, prestadores y FONASA, de parte de la Superintendencia de Salud, la ley sólo confirió facultades de fiscalización financiera respecto de las ISAPRES, ello conforme a lo indicado en el numeral 3 del artículo 110 del dfl N° 1, previamente citado. Esta disposición no fue reiterada respeto de los prestadores de salud, por lo que la Superintendencia no puede solicitarle, ni tampoco es obligación de estos remitir sus estados financieros, en conformidad con lo señalado en el artículo 121 del mismo dfl. Al respecto, el órgano reclamado alegó que entrego la información sobre la cual tiene potestades fiscalizadoras, dando cumplimiento al requerimiento de información. iii. Sobre lo requerido en el numeral 2 del requerimiento, esto es, el organigrama del Grupo Empresarial Bupa: La reclamada señaló que, no cuenta con atribuciones vinculadas al desarrollo empresarial o relacionadas con el mercado y entidades relacionadas de una determinada industria, por lo que no obra en su poder el organigrama completo del Grupo Empresarial Bupa, según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley N° 18.045. Lo anterior, por cuanto el Holding Bupa se conforma por una serie de entidades que no son sujetos de fiscalización por parte de la Superintendencia de Salud. Luego añadió que el cumplimiento de la Ley N° 18.045, no es competencia del órgano reclamado, sino que ello correspondía a la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, por lo que se estimó que lo pertinente era derivar esta parte de la solicitud a la referida Comisión en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia- derivación efectuada mediante el ordinario N° 2370, de 21 de septiembre del 2020-. iv. Sobre lo pedido en el numeral 3 del requerimiento de información, la Superintendencia entregó el listado de las entidades del grupo empresarial sometidas a su supervigilancia, que en estricto rigor se limita a los prestadores de salud que la componen y de los cuales posee información. Indicando, en síntesis, que, el resto de las entidades relacionadas a dicho grupo empresarial no son sujetos de supervigilancia del órgano reclamado, por lo que no se posee información respecto de ellas. Luego, con relación a las personas naturales que pudieren estar relacionadas a entidades del corporativo Bupa, no obra en poder de la institución ni tampoco queda dentro del ámbito de sus facultades solicitarla, pues la fiscalización jurídica de la Superintendencia alcanza solo a las ISAPRES, mas no respecto de los prestadores de salud. v. Sobre lo solicitado en el numeral 4 del requerimiento, se indicó que doña Maria Angelica Duvauchuelle Ruede, abogada de la Fiscalía del órgano, dejó constancia de un conflicto de intereses con Isapre Cruz Blanca S.A., lo que ha sido manifestada por dicha funcionaria en su declaración de intereses y patrimonio, declaración que no obra en poder del órgano y que actualmente es competencia de Controlaría General de la República, por lo que se derivó aquella parte de la solicitud a dicho órgano en conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. vi. Sobre lo requerido en el numeral 5 del requerimiento, indicó que efectivamente en los registros del Portal de Transparencia de la Institución, aparece que doña Marcela Palma San Miguel fue contratada - modalidad contrata- como jefa de gabinete desde el 24 de septiembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo que se remitió copia de dicho nombramiento - resolución TRA N° 882/33/2018- haciendo presente que doña Marcela término su contrata por la llegada del 31 de diciembre conforme a su resolución de designación y a lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo. Hizo presente que, la Superintendencia no puede hacerse cargo de información que consta en redes sociales, y que la Sra. Palma San Miguel renunció con fecha 8 de agosto del 2019, y no ejerce ninguna función a ningún título a partir de esa fecha conforme al tenor de la carta remitida al requirente. Asimismo, resulta absolutamente imposible entregar antecedentes sobre la fecha de inicio y termino de la relación laboral o prestación de servicios de la Sra. Palma San Miguel como Superintendenta Subrogante, ya que no resulta posible contratar a ninguna persona para ejercer un cargo en calidad de subrogante, en efecto, la función del Superintendente Subrogante se produce durante la ausencia transitoria del Superintendente de Salud, en conformidad al orden de subrogancia que estableció el órgano reclamado, pero en caso alguno dicha función se encuentra vinculada a una contratación en dicha calidad, por ello, no puede existir fecha de inicio de término de la misma, ni tampoco un documento de contratación en tal sentido, no existe la contratación de planta, contrata, honorario o contrato del Código del Trabajo para el ejercicio de una subrogancia, lo único que contempla la ley es la "suplencia", pero para ello el cargo de titular tiene que encontrarse vacante de acuerdo al inciso tercero del artículo 4° del Estatuto Administrativo, situación que en la especie no se da. De esta manera, las contrataciones de doña Marcela Palama San Miguel fueron las de jefa de gabinete del entonces Superintendente de Salud, y de Ignacio García-Huidobro, de Fiscal, no existiendo la posibilidad de ser contratada como "Superintendenta Subrogante", por lo que no existen documentos ni resoluciones en tal sentido. Se hace presente que, a los descargos antes mencionados, el órgano reclamado acompaño la siguiente documentación: i. Copia de correo electrónico de remisión al recurrente de resolución TRA N° 882/33/2018. ii. Resolución Exenta RA N° 882/112/2019. iii. Oficio ordinario N° 2370, de 21 de septiembre del 2020, a la Comisión del Mercado Financiero, y comprobante de su remisión. iv. Oficio ordinario N° 2373, de 21 de septiembre del 2020, a la Contraloría General de la República, y comprobante de su remisión. v. Copia de imagen obtenida de página web LinkedIn, de doña Marcela Palma San Miguel. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta entregada a la solicitud de información. 2) Que, en virtud de los antecedentes acompañados por las partes, se efectuará un análisis de lo entregado por el órgano reclamado, respecto de cada uno de los numerales del requerimiento de información para determinar si se cumplió o no con la obligación de informar. 3) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 4) Que, sobre lo requerido en el numeral 1 del requerimiento de información, esto es: "Respecto de Isapre Cruz Blanca S.A. y de toda entidad relacionada sometida a la Superintendencia de Salud, solicito se me entreguen los Estados Financieros auditados al 31.12.2019 y los Estados Financieros del primer y del segundo trimestre de 2020, todo lo anterior con el informe de los auditores y con las notas. No requiero de los documentos informados en la página web de la Superintendencia de Salud, pudiendo tarjar aquellos datos personales de contexto tales como domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad o estado civil": i. Con respecto a la alegación relativa a que sólo se entrego información sobre la Isapre Cruz Blanca S.A. y no se otorgo información respecto de otras entidades relacionadas, se hace presente que con ocasión de sus descargos el órgano reclamado acreditó y justificó que únicamente posee facultades fiscalizadoras financieramente respecto de las Isapres, de modo que, respecto del resto de entidades, dicha información no obra en poder de la reclamada, de modo que se desestimará tal alegación. Al respecto, el artículo 10° de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga...". En tal sentido y complementando lo anterior, este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la reclamada que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En consecuencia, y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo en esta parte. ii. Con respecto a la alegación del reclamante relativa a que se tarjó el nombre y run de personas naturales que ejercen labores en la Isapre Cruz Blanca S.A., es menester señalar que dichos datos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 19.628, letra f, son datos personales, datos que en conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 N° 4 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, es información de carácter reservada, por lo que el órgano actuó en conformidad con el principio de divisibilidad consagrado en el articulo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. De ese modo, se rechazará el amparo en esta parte, adicionalmente, este requerimiento excede el tenor de la solicitud de información inicialmente requerida por el reclamante. iii. Sobre la alegación referida a la omisión de los informes de auditores en los documentos acompañados por el reclamado: "FEFI CRUZ BLANCA -marzo2020_VF" y "FEFI CRUZ BLANCA -junio 2020_VF", este Consejo constató que el órgano no adjunto los referidos informes y tampoco justificó aquello, por lo que, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 8 de la Constitución Política de la República previamente citado, se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose la entrega de los informes antes mencionados. 5) Que, sobre lo pedido en el numeral 2 del requerimiento de información, esto es: "A su vez, solicito se me entregue copia del organigrama completo de las empresas del grupo empresarial de la cual forma parte actualmente Isapre Cruz Blanca S.A., según lo dispuesto en el artículo 96 de la ley N° 18.045", analizados los antecedentes presentados por las partes, en particular el ordinario N° 2370, de 21 de septiembre del 2020, mediante el que se derivó esta parte de la solicitud de información a la Comisión para el Mercado Financiero, y el correo electrónico, de misma fecha en que consta se remitió la derivación señalada. Así como, advirtiendo que el artículo 96, de la Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores, del Ministerio de Hacienda, del año 1981, dispone en lo que interesa: "Grupo empresarial es el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten. Forman parte de un mismo grupo empresarial: (...)", y, luego, el artículo 102 del mismo cuerpo legal establece que: "Para los fines del presente Título, la Superintendencia impartirá las instrucciones necesarias y tendrá amplias facultades para requerir la información conducente a determinar los vínculos señalados en los artículos anteriores, y la necesaria para establecer si una entidad pertenece o no a un grupo empresarial. A su vez, podrá solicitar mayores antecedentes de todas aquellas entidades cuya información sea necesaria para determinar la situación financiera de las sociedades bajo su fiscalización./ Toda entidad perteneciente al mismo grupo empresarial de una sociedad fiscalizada por la Superintendencia que efectúe operaciones comerciales significativas con ella, deberá informar a dicha sociedad que ambas tienen un controlador común./ Asimismo, para el sólo efecto del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 de esta ley, y 89 de la ley N° 18.046, las entidades fiscalizadas por la Superintendencia podrán requerir de sus accionistas o socios que identifiquen si corresponden a personas relacionadas y qué tipo de relación tienen, y ellos estarán obligados a proporcionar dicha información"- énfasis agregado-.De modo que a la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, de acuerdo a la normativa antes citada es el órgano fiscalizador competente en lo que dice relación con la organización de un grupo societario-. Luego, el articulo 13 de la Ley de Transparencia, dispone que: "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante." - énfasis agregado-. Por lo anterior, es que, este Consejo estima que el órgano ha derivado adecuadamente esta parte del requerimiento de información, cumpliendo con su obligación de informar en los términos del articulo 13 de la Ley de Transparencia, en consecuencia, se rechazará el amparo en esta parte. 6) Sobre lo requerido en el numeral 3 del requerimiento de información, esto es: "Por otra parte, en relación a la misma Isapre Cruz Blanca S.A. y las entidades de su grupo empresarial sometidas a la Superintendencia de Salud, solicito se me entregue, un listado completo con la razón social, giro y RUT de todas las entidades relacionadas y el nombre completo, cédula de identidad, cargo y funciones de las personas naturales relacionadas. En relación a lo pedido y para efectos de determinar si existe o no relación, por favor, considerar los términos del artículo 100 de la ley 18.045 y el lapso de tiempo 01.01.2018 a 31.07.2020.". El órgano reclamado con ocasión de sus descargos rectificó la respuesta otorgada, señalando que atendido que de acuerdo a la normativa que rige a la Superintendencia, en particular los artículos 110 y 121, y siguientes del dfl N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, el órgano reclamado no es competente en lo que dice relación a las entidades y personas relacionadas al corporativo Bupa, por lo que la información solicitada no obra en poder de la reclamada. Al respecto, el artículo 10° de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga...". En tal sentido y complementando lo anterior, este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la reclamada que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En consecuencia, y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo en esta parte. 7) Sobre lo requerido en el numeral 4 del requerimiento de información, esto es: "En relación a la Isapre Cruz Blanca S.A. y/o cualquier otra entidad del grupo empresarial al cual pertenece ésta, solicito se me informe el nombre completo, cargo y funciones de todo funcionaria o funcionario de la Superintendencia de Salud o de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud que entre 01.01.2018 y 31.07.2020 haya manifestado o dejado constancia del hecho de haber formado parte, tener alguna persona relacionada y/o tener algún conflicto de intereses y/o se haya abstenido en el conocimiento, fiscalización y/o resolución en alguna materia o asunto de su competencia, entregándose copia de la manifestación, respaldo o constancia de su realización, su fecha y fundamentos". Revisados los antecedentes aportados por las partes, este Consejo constató que el órgano reclamado entregó parte de la información solicitada, esto es, nombre completo, cargo y funciones de todo funcionaria o funcionario de la Superintendencia de Salud o de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud que entre 01.01.2018 y 31.07.2020 haya manifestado o dejado constancia del hecho de haber formado parte, tener alguna persona relacionada y/o tener algún conflicto de intereses, sin embargo, del conflicto de intereses de la funcionaria indicada, se dejó constancia en sus declaraciones de intereses y patrimonio efectuada en el mes de marzo de cada año, la que no obra en poder del órgano reclamado, por cuanto la misma es competencia actualmente de la Contraloría General de la Republica y se realiza de manera electrónica, no contando con copia de la manifestación o de sus fundamentos, motivo por el cual derivó esta parte del requerimiento a la Contraloría, mediante el ordinario N° 2373, de 21 de septiembre del 2020, estimándose que la referida derivación efectuada por la Superintendencia fue procedente, de modo que el órgano cumplió con su obligación de informar en los términos del artículo 13 de la Ley de Transparencia, según el cual: "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario", por cuanto lo solicitado no obra en poder de la reclamada y es competencia de otro órgano de la Administración del Estado, en consecuencia se rechazará el amparo en esta parte. 8) Que, sobre lo pedido en el numeral 5° del requerimiento de información, esto es: "Por último, solicito que se me entregue el nombre completo, cargo, funciones y fecha de inicio y de término de la relación la laboral o de prestación de servicios, de toda persona que ha trabajado en alguna de las empresas perteneciente al grupo empresarial del cual actualmente forma parte Isapre Cruz Blanca S.A., en los términos de los artículos 96 y 100 de la ley N° 18.045, antes indicados, y que provenga o haya trabajado o prestado servicios o esté prestando servicios o trabajando actualmente, todo lo anterior, sea en forma dependiente, independiente, a contrata, de planta y/o a honorarios, en la Superintendencia de Salud y/o en la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, desde el 01.01.2018 al 31.07.2020", este Consejo constató que la respuesta otorgada por la Superintendencia es incompleta, por cuanto no otorgó toda información de la que disponía en relación con la ex funcionaria Marcela Palma San Miguel, ya que no se indicó la totalidad de cargos desempeñados por aquella, ni las funciones ejecutadas por ella. Sin perjuicio de lo anterior, dicha información fue complementada en los términos solicitados con ocasión de sus descargos, por lo que se acogerá el amparo en esta parte, sin perjuicio de tenerse por cumplida la obligación de informar con ocasión de la notificación de la presente decisión. Conjuntamente con la notificación de la presente decisión, este Consejo remitirá a la reclamante copia de los descargos de la reclamada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Patricio Elías Sarquis, en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar de manera extemporánea en lo que dice relación con lo pedido en el numeral 5° del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo. II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud, lo siguiente; a) Entregue al reclamante la totalidad de los informes de auditores acompañados a los Estados Financieros auditados al 31.12.2019 y los Estados Financieros del primer y del segundo trimestre de 2020. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo en lo referido al numeral 1 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, en lo que dice relación con el tarjamiento de la información personal, en virtud de la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. IV. Rechazar el amparo en lo referido a los numerales 2 y 4 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, por cuanto el órgano reclamado cumplió con su obligación de informar en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. V. Rechazar el amparo en lo referido al numeral 3 del requerimiento de información indicado en lo expositivo del presente acuerdo, por cuanto lo requerido no obra en poder de la reclamada. VI. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente: i. Notificar la presente decisión a don Patricio Elías Sarquis y al Sr. Superintendente de Salud. ii. Conjuntamente con lo anterior, remitir al reclamante copia de los descargos y los antecedentes acompañados a aquellos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.