Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6936-20

Reclamante:	MARCELO REYES STEVENS
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Aduanas, referido a la entrega de la información correspondiente a las denuncias que se individualizan, de toda la documentación que se tuvo a la vista para conceder la Renuncia a la Acción Penal, si así fuere, y de las carpetas que indica. Lo anterior, por tratarse de información cuya divulgación afectaría los derechos comerciales y económicos del tercero involucrado, como asimismo su capacidad competitiva; configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1015-15
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPARO ROL C6936-20   Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas Requirente: Marcelo Reyes Stevens Ingreso Consejo: 28.10.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Aduanas, referido a la entrega de la información correspondiente a las denuncias que se individualizan, de toda la documentación que se tuvo a la vista para conceder la Renuncia a la Acción Penal, si así fuere, y de las carpetas que indica. Lo anterior, por tratarse de información cuya divulgación afectaría los derechos comerciales y económicos del tercero involucrado, como asimismo su capacidad competitiva; configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. Aplica criterio decisión de amparo Rol A325-09, entre otras. En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6936-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de octubre de 2020, don Marcelo Reyes Stevens solicitó al Servicio Nacional de Aduanas la siguiente información: "copia de las denuncias 1065782 de 24-10-2019, 1069579 de 13-11-2019 y 1074949 de 09-12-2019 y toda la documentación que se tuvo a la vista para conceder la RAP si así fuere. Así también se requiere las copias integras de las carpetas Rol 559/2019, 571/2019 y 606/2019. Todos estos antecedentes en Aduana de Valparaíso". 2) RESPUESTA: El 26 de octubre de 2020, a través de Resolución Exenta N° 3101, el Servicio Nacional de Aduanas respondió al requerimiento, indicando que su atención implicó el deber de notificar a la empresa involucrada, en los términos del artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que fue hecho por correo electrónico, en atención a la emergencia sanitaria y las distintas instrucciones que al respecto han emitido las autoridades. Dicha empresa, manifestó que: "Como empresa No autorizamos el dar información de nosotros, por el sr Marcelo Reyes al no conocer el motivo y las circunstancias de dicha petición. Esperamos que NO se dé información de nuestra empresa ni a don Marcel Reyes ni a nadie que lo solicite sin antes nosotros autorizarlo", por lo que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Transparencia, el órgano queda impedido de proporcionar la información, denegándose la solicitud. 3) AMPARO: El 28 de octubre de 2020, don Marcelo Reyes Stevens dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, mediante Oficio E19358, de 6 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de el/los tercero(s); (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el/los tercero(s), incluyendo copia de la(s) respectiva(s) comunicación(es), de los documentos que acrediten su notificación, de la(s) oposición(es) deducida(s) y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta(s) ingresó(aron) ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante presentación de fecha 23 de noviembre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que en el contexto de la pandemia global y de las medidas adoptadas al respecto por las autoridades respectivas, el Servicio Nacional de Aduanas estimó procedente sustituir el envío de los oficios mediante carta certificada, por comunicaciones a través de correo electrónico, despachando al efecto, con fecha 14 de octubre de 2020, el oficio ordinario N° 8297 del Subdirector Jurídico del Servicio Nacional de Aduanas, notificando al tercero notificado, quien ejerció su derecho de oposición, de forma fundada, mediante correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2020. De tal modo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la ley de transparencia, en relación con el artículo 20 del mismo cuerpo legal, deducida la oposición, "(...) el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, (...). En cuanto a la eventual afectación de derechos de terceros, hace presente que no fue de las causales de reserva invocadas, sin embargo, eventualmente dichos derechos podrían afectarse ya que la empresa involucrada, al solicitar el beneficio establecido en el artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas, consistente en la aplicación de una causal, sui generis, de extinción de responsabilidad penal, presentó antecedentes de valor comercial, tales como precios de adquisición de mercancías, datos sobre proveedores y otros que pudieran significar entregar o renunciar a ventajas relativas a otros competidores de la industria en que participe el afectado. Lo anterior puesto que las carpetas que se solicitan suelen contener datos sobre valor de las mercancías, la Declaración de Ingreso de las mismas (conteniendo nombre de proveedores, puertos de embarque, precios pagados, calidades de los productos y otros antecedentes), facturas y otros antecedentes de carácter comercial. Debemos tener presente el artículo 6 de la Ordenanza de Aduanas, contenida en el DFL N° 30, de 2005 del Ministerio de Hacienda, que prohíbe la entrega a terceros de datos proporcionados al Servicio Nacional de Aduanas cuando tengan carácter de reservados. La norma antes indicada se ve reforzada, a su vez, por el artículo 10 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994, conocido también, como Acuerdo de valoración aduanera o de valor de la OMC, el cual dispone que "Toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se suministre con carácter de tal a los efectos de la valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes, que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que haya suministrado dicha información, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto de un procedimiento judicial". De esta forma, la información requerida, contrario a lo indicado por el solicitante, es reservada y no pública. Por todo lo cual, la causal invocada se encuentra debidamente justificada en la resolución denegatoria, con los fundamentos de hecho y de derecho explicitados en ella y en este escrito de descargos, por lo que solicita rechazar el amparo. Informa los datos de contacto del tercero interesado. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio E20730, de 9 de diciembre de 2020. A la fecha del presente acuerdo, no existe constancia de que el tercero interesado haya presentado descargos u observaciones en los términos solicitados. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a las denuncias que se individualizan, de toda la documentación que se tuvo a la vista para conceder la Renuncia a la Acción Penal (RAP) si así fuere, y de las carpetas que indica. Por su parte, el órgano reclamado denegó el acceso a la información, fundado en la oposición manifestada por el tercero interesado, argumentando en sus descargos una eventual afectación de los derechos de la empresa involucrada. 2) Que, en este contexto, a juicio de este Consejo, al requerirse copias integras de las carpetas que indica, es posible concluir que los documentos solicitados efectivamente pueden contener datos que constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares, en la especie la empresa importadora, que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21° y 24°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 3) Que, asimismo, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21, N° 4, y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos comerciales o económicos de los sujetos protegidos por éstas. 4) Que, en la especie, y pese a que efectuada las gestiones de emplazamiento al tercero interesado no evacuó descargos en esta sede, se estima que en el presente caso resulta aplicable, lo resuelto por este Consejo en reiterada jurisprudencia plasmada en los amparos A325-09 y C1015-15 entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de la actividad económica de la empresa, tales como el mercado especifico en que se desenvuelve internacionalmente, las importaciones de mercancías que realiza en un rubro determinado y los valores en los cuales las adquiere, antecedentes que constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, y una posible afectación cuya divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, a juicio de este Consejo, los tres requisitos exigidos para que los antecedente pedidos puedan afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, a saber, que la información deba: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y, c) tener una valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y, por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 5) Que, por otra parte, se debe hacer presente que la solicitud también recae sobre la eventual concesión del beneficio de Renuncia a la Acción Penal, regulado en el artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas, el cual establece en su inciso 4° que: "El Servicio Nacional de Aduanas podrá no formular denuncia ni interponer querella respecto de quien haya tenido participación en un contrabando, pero ofreciere pagar una suma no superior a una vez el valor aduanero de las mercancías involucradas. Si aceptare esa oferta alguna de las autoridades a que se refiere el inciso primero, el interesado deberá enterar la suma correspondiente en arcas fiscales y, con el comprobante de ese depósito, se convendrá la renuncia al ejercicio de la acción penal, que tendrá como efecto la extinción de la misma". De esta forma, la entrega de la información hipotéticamente podría dar cuenta de la eventual participación de las empresas en cuestión en delitos de contrabando. 6) Que, de este modo, versando esta solicitud de acceso de información respecto de la cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo, por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva reconocida en el artículo 21, N° 2, de dicha Ley, lo que exige mantener su carácter de secreto, por lo que cabe rechazar el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Marcelo Reyes Stevens en contra del Servicio Nacional de Aduanas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Reyes Stevens, al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, y, al tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.