Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6966-20

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Reclamante:	MARTÍN BAEZA ROBLERO
Reclamado:	SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LAS BARRANCAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, ordenando la entrega de la información correspondiente a los documentos que contengan el registro de alumnos que no han podido o han tenido dificultades para acceder a las clases no presenciales y el porcentaje de deserción entre ellos, entre el 15 de marzo de 2020 y la fecha de la solicitud. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto o reserva deben aplicarse en forma restrictiva. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/9/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C544-13 C1202-13 C1422-14
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C6966-20   Entidad pública: Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas Requirente: Martín Baeza Roblero Ingreso Consejo: 29.10.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, ordenando la entrega de la información correspondiente a los documentos que contengan el registro de alumnos que no han podido o han tenido dificultades para acceder a las clases no presenciales y el porcentaje de deserción entre ellos, entre el 15 de marzo de 2020 y la fecha de la solicitud. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto o reserva deben aplicarse en forma restrictiva. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6966-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de septiembre de 2020, don Martín Baeza Roblero requirió al Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, la siguiente información: "solicito acceso y copia a los documentos que contengan el registro de alumnos de los establecimientos escolares de educación pública que están dentro de la circunscripción del servicio que no han podido o han tenido dificultades para acceder a las clases no presenciales y el porcentaje de deserción entre ellos, entre el 15 de marzo y la fecha de ingreso de la solicitud. Solicito que estos documentos contengan la cantidad de estudiantes en esta situación, desagregados por comuna, establecimiento educativo y curso o nivel, junto a una breve descripción de las causas (deserción, problemas de conectividad, falta de recursos, o cualquier otro motivo que tenga que ver con las clases remotas). En virtud del artículo 11 letra e) de la Ley 20.285, se solicitan los documentos bajo el principio de divisibilidad, el que señala que si los documentos requeridos contienen al mismo tiempo información que puede ser conocida e información que deba denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda". 2) RESPUESTA: El 16 de octubre de 2020, a través de Resolución Exenta N° 401, el Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas respondió al requerimiento indicando que, en relación con la extensa solicitud, se configura la causal del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Indica que se encuentra realizando seguimiento y monitoreo a los estudiantes de los 54 establecimientos educativos (ed. Regular, especial y jóvenes y adultos), en cuanto a su participación y vinculación con los establecimientos, actualizar mensualmente los planes y programas de prevención de la deserción escolar. En este contexto es que cuyo volumen de información es alto, y, además, supera la capacidad de los medios de reproducción disponibles por el Servicio, las áreas de Formación Integral y Monitoreo y Seguimiento nivel central, y de los establecimientos educativos, que debido al contexto sanitario nacional se encuentran sus esfuerzos enfocados en el desarrollo y ejecución de planes y programas para el acompañamiento del trabajo a distancia y de prevención a la deserción escolar. Por su parte los datos a los cuales se hace referencia en la solicitud se encuentran en un estado de levantamiento y actualización constante, y no definitiva, por lo que no correspondería en ningún caso a información definitiva de deserción escolar como se menciona en la solicitud. Lo anterior, impone al Servicio Local, la necesidad de designar a funcionarios exclusivamente para el cumplimiento de su solicitud de información (en formato y fondo), y además que, la data es preliminar y no definitiva, ya que se toman lineamientos específicos para cada caso, todo lo anterior conllevaría una evidentemente distracción indebida de las funciones habituales que desempeña el SLEP; lo anterior, por cuanto el plazo para poder gestionar la información requerida supera los 30 días hábiles, considerando además que no se cuenta con el personal suficiente para poder gestionar la información de manera inmediata y no contamos con todo el material digitalizado. Agregándole a esto, que los funcionarios que deben realizar este trabajo pertenecen a la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico que dentro de sus funciones se encuentra el desarrollo y ejecución de acciones para el acompañamiento técnico pedagógico de los establecimientos educativos dependientes del SLEP Barrancas, y, añadido a esto, debido al contexto sanitario nacional, están enfocados en procesos que forman parte del aprendizaje para apoyar a docentes y asistentes de la educación para que estos puedan, con las dificultades contextuales antes mencionadas, ejecutar bien sus funciones, protegiendo así la trayectoria escolar y aprendizaje de los 22.934 estudiantes del territorio de Barrancas, es decir que en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas se ve imposibilitado de responder a la solicitud de acceso a la información en los plazos legales establecidos. Asimismo, según lo prescrito en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los organismos públicos, se encuentran sujetos al deber de atender, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 3) AMPARO: El 29 de octubre de 2020, don Martín Baeza Roblero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que: "Si bien comprendo que la totalidad de la información solicitada puede ser muy exhaustiva, considero que el Servicio si tiene la capacidad de entregar al menos los porcentajes de alumnos que no han accedido a la educación a distancia. También, el hecho de que la información "no sea definitiva" no es importante, dado que la solicitud pide los datos hasta la fecha de ingreso de esta misma. Por último, todos los otros Servicios Locales de Educación Pública han entregado estos datos, por lo que este también debiese poder hacerlo". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, mediante Oficio E19728, de 11 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. N° 762, de fecha 27 de noviembre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que deniega la solicitud fundándose específicamente en la causal del literal c), numeral 1, del artículo 21, de la Ley de Transparencia, ya que se refiere a un elevado número de antecedentes, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento de sus labores, ya que el solicitante requirió un análisis estadístico, considerando además datos personales, que en el caso concreto se trata en su mayoría de los datos personales de menores de edad, ya que se refiere a los alumnos que son parte de la red de establecimientos educacionales pertenecientes al territorio del Servicio Local de Educación Pública Barrancas. Luego, en el amparo reduce la cantidad de información requerida, basándose en que otros Servicio Locales entregaron dichos datos. La Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública en su artículo 16 dispone "créanse los Servicios Locales de Educación Pública que se señalan a continuación como órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios (...)", a continuación en el artículo 17, donde establece el objeto de los Servicios Locales, señala en el inciso segundo que "en este marco, velarán por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio educacional, para lo cual deberán proveer apoyo técnico-pedagógico y apoyo a la gestión de los establecimientos educativos a su cargo, considerando sus proyectos educativos institucionales y las necesidades de cada comunidad educativa, atendiendo especialmente a las características de los estudiantes y las particularidades del territorio en que se emplazan". Por lo anterior, sustentar la solicitud de información señalando que otros Servicios si aportaron la información, no constituye un aspecto objetivo o estandarizado, atendido a que cada Servicio Local comprende un territorio, el que a su vez es diverso, teniendo diferentes necesidades, por lo que, si otro servicio no ve mermada la continuidad del servicio, ni alterado los principios de eficiencia y eficacia, no quiere decir que sea también la situación de Barrancas. Luego, como se trata de un proceso que se encuentra en desarrollo, la información se encuentra tanto en soporte físico como digital, ya que se trata de un levantamiento que no ha finalizado, en ese sentido, este Servicio deberá destinar funcionarios al efecto especifico de preparar la información requerida, ocasionando una evidente distracción indebida de las funciones habituales, teniendo en cuenta también, lo que se explicó en la respuesta respecto de la contingencia sanitaria del COVID-19 y su efecto en la carga de trabajo de sus funcionarios. Por su parte, hace presente que los datos que se requirieron son de menores de edad, ya que el Servicio que entrega el SLEP Barrancas, es mayoritariamente a niñas, niños y adolescentes, por lo que es aún más sensible el tratamiento de dichos datos. En ese mismo sentido y teniendo en consideración que la matricula al mes de agosto de 2020, conforme los datos declarados en el Sistema de Información General del Estudiante, proceder conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, a su vez constituye un despliegue de recursos y logística, así como también lo es proporcionar los datos de contacto de los terceros como por ejemplo, nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico, atendido al número actual de la matrícula de los establecimientos que pertenecen al Servicio Local de Educación Pública Barrancas. Además, el requerimiento no es de aquellas materias que regula la Ley de Transparencia en su artículo 5, por lo tanto, la solicitud no corresponde a una solicitud de información Pública, porque la información no existe si no que está en proceso de elaboración. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a los documentos que contengan el registro de alumnos que no han podido o han tenido dificultades para acceder a las clases no presenciales y el porcentaje de deserción entre ellos, entre el 15 de marzo de 2020 y la fecha de la solicitud. El órgano requerido, por su parte, denegó el acceso a la información invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. 4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en el presente caso, el órgano reclamado ha argumentado que volumen de información requerido es alto, superando la capacidad de los medios de reproducción disponibles por el Servicio, los que, debido al contexto sanitario nacional se enfocan en el desarrollo y ejecución de planes y programas para el acompañamiento del trabajo a distancia y de prevención a la deserción escolar. Como se puede observar, dicha fundamentación resulta general, sin especificar los elementos particulares que se han definido para la configuración de la casual, detallados en los considerandos precedentes, no resultando la emergencia sanitaria por si sola una circunstancia que justifique la falta de entrega de la información. Por el contrario, se debe destacar que es el propio Servicio el que manifiesta que los datos a los cuales se hace referencia en la solicitud se encuentran en un estado de levantamiento y actualización constante, antecedente que permite mitigar los esfuerzos que exigiría la entrega de la información. Por otra parte, el Servicio argumenta que, debido a lo anterior, los datos se encuentran en un estado de no definitivos, por lo que no corresponderían a información definitiva de deserción escolar. En este sentido, respecto del carácter "no oficial", o "no definitivo" en este caso, de la información, se debe hacer presente que este Consejo se ha pronunciado reiteradamente, en particular, en las decisiones de amparo Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto, tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha solicitado, procediendo que el órgano, al momento de hacer la entrega, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente del estado en el que a la fecha se encuentran los documentos, situación que es reconocida por el reclamante, quien solicita acceder a la información disponible al momento de la solicitud. 6) Que, de esta manera, el órgano no especificó ni detalló de qué forma la entrega de los documentos requeridos podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, dichas normas deben ser interpretadas restrictivamente. Razones por las cuales, será desestimada la configuración de la causal de reserva o secreto invocada por el órgano. 7) Que, por otra parte, el órgano manifiesta que debe considerarse que la información requerida se trata en su mayoría de datos personales de menores de edad, ya que se refiere a los alumnos que son parte de la red de establecimientos educacionales pertenecientes al territorio del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, por lo que, es aún más sensible el tratamiento de dichos datos. Al respecto, se debe hacer presente que, a juicio de este Consejo, resulta posible la aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, conforme al cual "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", de modo que, en la especie, es posible acoger el amparo, dando aplicación al referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los datos personales de los estudiantes, con el control social de la función pública que subyace en la solicitud de acceso a la información. En este sentido, el solicitante ha reconocido en el mismo requerimiento la aplicación del principio de divisibilidad, señalando además en su amparo que el órgano debería tener la capacidad de proporcionar al menos los porcentajes de alumnos que no han accedido a la educación a distancia, dato estadístico que en caso alguno involucra el tratamiento o conocimiento de datos de carácter personal. 8) Que, en mérito de lo expuesto, desestimándose la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, como por ejemplo, nombres y apellidos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, RUT, entre otros; ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Martín Baeza Roblero en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de los documentos que contengan el registro de alumnos de los establecimientos escolares de educación pública que están dentro de la circunscripción del servicio que no han podido o han tenido dificultades para acceder a las clases no presenciales y el porcentaje de deserción entre ellos, entre el 15 de marzo y la fecha de ingreso de la solicitud; conteniendo, la cantidad de estudiantes en esta situación, desagregados por comuna, establecimiento educativo y curso o nivel, junto a una breve descripción de las causas (deserción, problemas de conectividad, falta de recursos, o cualquier otro motivo que tenga que ver con las clases remotas). Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, nombres y apellidos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, RUT, entre otros. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Martín Baeza Roblero y al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.