Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7000-20

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Reclamante:	JUSTINO TAPIA
Reclamado:	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto no se derivó oportunamente al Archivo Nacional para que dicho organismo se pronuncie sobre el requerimiento. Lo anterior, por cuanto el órgano reclamado señaló que la información pedida no obra en su poder; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/18/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
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DECISIÓN AMPARO ROL C7000-20   Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública Requirente: Justino Tapia Ingreso Consejo: 30.10.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto no se derivó oportunamente al Archivo Nacional para que dicho organismo se pronuncie sobre el requerimiento. Lo anterior, por cuanto el órgano reclamado señaló que la información pedida no obra en su poder; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7000-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de septiembre de 2020, don Rolando Jara Flores -en representación de don Justino Tapia, según consta en mandato judicial, de fecha 23 de diciembre de 2019- solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la siguiente información: «copia de los antecedentes referentes a la expulsión de su representado, en especial se solicita copia del Decreto N° 2826, de fecha 21 de noviembre de 1997 por medio del cual se ordenó la expulsión». 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 30 de octubre de 2020, don Justino Tapia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de acceso a la información. Mediante presentación, de fecha 30 de octubre de 2020, el órgano reclamado otorgó respuesta extemporánea al requerimiento en análisis. Al respecto, expuso que, no es posible satisfacer la solicitud de acceso a la información, por cuanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14° letra a) del decreto con fuerza de ley N° 5200, de 1929, el órgano recurrido puede enviar al Archivo Nacional todos aquellos antecedentes que cuenten con más de 5 años de antigüedad desde su fecha de emisión, y dado que se solicita antecedentes cuya confección data del año 1997, este no se encuentra en poder del órgano reclamado. Por tal motivo, derivó la solicitud en análisis al Archivo Nacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia. 3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E19810, de fecha 12 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante presentación, de fecha 4 de diciembre de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14° dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Al efecto, el órgano reclamado otorgó respuesta extemporánea a la solicitud de acceso a la información a la fecha del presente Acuerdo. Lo anterior importa una infracción al artículo 14° de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo. 2) Que, el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta al requerimiento de acceso efectuado por el peticionario, referido a la entrega de copia de los antecedentes referentes a la expulsión de persona que indica -representado-, en especial decreto que indica. 3) Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, esta Corporación advierte que, el órgano recurrido proporcionó respuesta extemporánea al requerimiento de especie. Al efecto, mediante presentación, de fecha 30 de octubre de 2020, puntualizó que, dichos antecedentes no obran en su poder, por cuanto fueron remitidos al Archivo Nacional, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 14° letra a) del decreto con fuerza de ley N° 5200, de 1929, de Educación, que establece las instituciones nacionales patrimoniales dependientes del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural: «Ingresarán anualmente al Archivo Nacional: a) Los documentos de los Departamentos de Estado que hayan cumplido cinco años de antigüedad». Por tal motivo, procedió a derivar la solicitud de especie al Archivo Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia (énfasis agregado). 4) Que, sobre la materia, es menester tener presente lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia: «En caso de que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante» (énfasis agregado). 5) Que, en virtud de lo anterior, este Consejo advierte que, el actuar del órgano recurrido no se aviene a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia, toda vez que, sin perjuicio de señalar que la información no obra en su poder, no procedió a derivar oportunamente el requerimiento de especie al órgano competente, esto es, al Archivo Nacional. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción (énfasis agregado). 6) Que, establecido lo anterior, con respecto a la inexistencia esgrimida, el órgano reclamado expuso que, no dispone de los antecedentes consultados, toda vez que éstos fueron remitidos al Archivo Nacional, atendida su antigüedad. Sobre este punto, cabe tener presente que, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). 7) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder. 8) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente; verificándose que el actuar del órgano reclamado no se aviene a lo preceptuado en el artículo 13° de la Ley de Transparencia; habiéndose explicado la inexistencia de los antecedentes requeridos; y, atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se acogerá el amparo en esta parte, sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó oportunamente la solicitud de información al Archivo Nacional, de conformidad al artículo 13° de la Ley de Transparencia, que establece cuando el órgano requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, prescripción que se reitera el artículo 30° del Reglamento de la referida ley, como asimismo el numeral 2.1 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información (énfasis agregado). EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Justino Tapia, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto no se derivó el presente requerimiento de acceso a la información oportunamente al Archivo Nacional. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Justino Tapia; y, al Sr. Subsecretario del Interior. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.