Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7046-20

Reclamante:	BLANCA EVELYN HERNANDEZ SARIEGO
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, ordenándose la entrega de la caracterización y gasto de todos y cada uno de los directivos del Colegio y de la Corporación sostenedora, de sus miembros y asociados y de los administradores de la entidad sostenedora. Rechazándose respeto del resto de los antecedentes requeridos, por cuanto este Consejo no dispone de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3062-17 C533-09 C606-13 C3121-15
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C7046-20   Entidad pública: Superintendencia de Educación Requirente: Blanca Evelyn Hernandez Sariego Ingreso Consejo: 01.11.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, ordenándose la entrega de la caracterización y gasto de todos y cada uno de los directivos del Colegio y de la Corporación sostenedora, de sus miembros y asociados y de los administradores de la entidad sostenedora. Rechazándose respeto del resto de los antecedentes requeridos, por cuanto este Consejo no dispone de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7046-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de septiembre de 2020, doña Blanca Evelyn Hernández Sariego efectuó a la Superintendencia de Educación, en adelante e indistintamente la Superintendencia, la siguiente solicitud de acceso a la información: "Teniendo en cuenta que, a través de la respuesta indicada, la Superintendencia de Educación constata fehacientemente que, la sostenedora no ha cumplido con los requisitos y parámetros mínimos de información obligatoria en las declaraciones de los años 2018 y 2019. 1- Requiero copia de Resolución y/o similar que, de cuenta de inicio del proceso administrativo sancionatorio, contra sostenedora del colegio, por incumplimiento en cuanto a la información que debió de entregársele Superintendencia de Educación, en La Declaración del Sostenedor de los años 2108 y 2019. 2- Copia de correos y/o de cualquier comunicación al colegio SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPE de Maipú, RBD:26209 y/o a sus representantes, solicitando el cumplimiento de la entrega de la información obligatoria que debió incluirse en La Declaración del Sostenedor años 2018 y 2019. 3- Requiero Caracterización y gasto de todos y cada uno de los directivos del Colegio y de la Corporación sostenedora, de sus miembros y asociados y de los administradores de la entidad sostenedora. 4- Requiero copia de Resolución y/o similar que, de cuenta de inicio del proceso administrativo sancionatorio, contra sostenedora del colegio, por incumplimiento en cuanto a mantener un Directorio de la Corporación sostenedora vigente e informado verazmente a la Superintendencia de educación escolar en sus declaraciones anuales, desde el año 2017 a la parte. Toda vez que, este Directorio caducó el año 2017, sin renovación de acuerdo a certificado adjunto y carta del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL que adjunto". 2) RESPUESTA: Mediante ordinario 10DJ TRA N° 1086, de 20 de octubre de 2020, la Superintendencia de Educación respondió a dicho requerimiento de información indicando que "(...) se estima que la información solicitada tiene el carácter de pública y que a su respecto no concurre causal de secreto alguna, que justifique la denegación de la misma. / Por lo tanto, se accede a la entrega de lo solicitado. Al efecto, le informamos a usted que, según lo indicado por la División de Comunicaciones y Denuncias y de Fiscalización de la Superintendencia de Educación, el sostenedor del referido Establecimiento Educacional, a la fecha cuenta con ocho denuncias y cuatro fiscalizaciones llevadas a cabo por nuestra Institución en el año 2020. Asimismo, en el transcurso de este año, esta Autoridad no registra ninguna fiscalización de recursos en el referido sostenedor./ Por lo mismo se le informa a usted en relación con los puntos números 1, 2, y 4 de su solicitud, que a la fecha esta Institución no cuenta con ningún acto administrativo que haya dado origen a un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sostenedor y, tampoco, tiene ningún correo electrónico o cualquier otro tipo de comunicaciones con el sostenedor, solicitando el cumplimiento de la entrega de la información obligatoria que debió incluirse en la Declaración del Sostenedor en los años 2018 y 2019, por cuanto dichos procedimientos de fiscalización actualmente se encuentran en curso en esta Superintendencia./ Ahora bien y en lo concerniente al punto N° 3 de su solicitud, por este acto se le entrega a usted un archivo Excel, en el que se encuentran todas las remuneraciones declaradas por el sostenedor el año 2019 ante la Superintendencia de Educación. Asimismo, y en lo relativo a la caracterización y gastos de todos y cada uno de los directivos del Colegio y de la Corporación sostenedora, se le informa a usted que, la información de las Rendiciones de Cuenta, donde se declara el gasto, se basa exclusivamente en lo declarado por el sostenedor de cada Establecimiento Educacional según el proceso de rendición de cuentas, reglamentado por el Decreto Supremo N° 469/2014, modificado por el Decreto Supremo N° 575/2016, información que podría ser modificada en posteriores revisiones por parte de los organismos respectivos. A continuación, se adjunta link de la referida norma, para que pueda entender de mejor manera lo aquí señalado: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1096539./ Para una mayor comprensión del presente asunto de su parte, se adjuntan en archivos PDF al presente, el Instructivo de Control y Respaldo de Gastos del año 2019 de la Superintendencia de Educación y el Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos Públicos Destinados a Educación del año 2019 de esta Superintendencia./ Por su parte, se adjuntan al presente Oficio, copias de las Resoluciones Exentas N° 0779, de fecha 27 de diciembre de 2019, que aprueba el plan anual de fiscalización 2020, y de la 0527, de fecha 28 de agosto de 2020, que modifica la Resolución Exentas N° 0779, de 2019, ambas de este Servicio Público. Al respecto se le informa a usted que, en las dos resoluciones se pueden observar las acciones de fiscalización programadas para el Plan Anual de Fiscalización del año 2020 de la Superintendencia de Educación./ Asimismo, es importante recordar que, producto de la pandemia generada por el virus denominado COVID-19 en nuestro país y en el mundo entero, fue necesario suspender algunos programas de fiscalización de esta Autoridad, como se puede ver en la Resolución N° 0527 ya individualizada en este documento. Al mismo tiempo y por la misma razón, se le recuerda a usted que, los procedimientos de fiscalizaciones en la Superintendencia de Educación estuvieron suspendidos en el transcurso de este año por la Resolución Exenta N° 0180, de fecha 26 de marzo de 2020, de la Superintendencia de Educación y por sus posteriores modificaciones, situación que explica la menor cantidad de fiscalizaciones llevadas a cabos por esta Repartición Pública a lo largo de este año" - énfasis agregado-. 3) AMPARO: El 01 de noviembre de 2020, doña Blanca Evelyn Hernández Sariego dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que: "Se me remite una serie de documentos, Ordinarios, resoluciones y manuales a modo de respuesta, quizás intentando hacer pedagogía conmigo. Pero, no me entrega la información requerida en los puntos 1,2 y 4 de mi solicitud. Con todo, mi reclamo tiene que ver en específico, en relación al N° 3 de mi solicitud de información, la que tampoco se me entrega y se me indica de manera general que "la información........., se basa exclusivamente en lo declarado por el sostenedor de cada Establecimiento Educacional según el proceso de rendición de cuentas". Recibiendo con esto un Excel en que se hallan registradas las remuneraciones del personal del colegio y del parvulario -ALGO QUE NO PEDI-. Y donde no está la información que solicito y que es obligación del sostenedor declarar y es obligación de la Superintendencia constatar su efectivo cumplimiento. / Por lo tanto, se me niega la información con un argumento sin asidero en la realidad, sin responsabilizar a nadie. O sea, la Superintendencia, o no revisó lo que me envió o simplemente no entendió mi solicitud especifica en este aspecto. Quiero agregar que, la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla; sino que ésta debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo de aquello, lo que debe ser acreditado de manera fehaciente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio, estándar de búsqueda que no se cumplió en el presente caso. Pues, simplemente, la Superintendencia optó por no entregarme la información, antes que solicitársela imperativamente a la sostenedora del colegio, al haber constatado su incumplimiento y el suyo propio". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación, mediante oficio N° E19826, de 12 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) teniendo en consideración lo expuesto por la solicitante, señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante ordinario 10DJ N° 1502, de 25 de noviembre del 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos, realizando una síntesis de los hechos que forman parte del procedimiento, agregando luego que la respuesta dada por la Superintendencia satisface totalmente el requerimiento de información, por cuanto se le indicó a la solicitante que no contaban con ningún acto administrativo que haya dado origen a un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sostenedor y que tampoco tenían ningún correo electrónico o cualquier otro tipo de comunicación con el sostenedor solicitando el cumplimiento de la entrega de la información obligatoria que debió incluirse en la declaración del sostenedor en los años 2018 y 2019, ya que dichos procesos se encontraban en curso. Posteriormente, el órgano reclamado añadió que "(...) el mencionado sostenedor al haber realizado la declaración del sostenedor respecto de los años 2018 y 2019 cumplió con lo mandatado por la normativa educacional, por lo que no existe fundamento jurídico alguno para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de él, y tampoco, requerirle mayores antecedentes por parte de esta repartición pública./ En relación con lo anterior, debe considerarse que la declaración del sostenedor ante la Superintendencia de Educación, es un procedimiento esencialmente declarativo y obligatorio, el cual permite que la Superintendencia de Educación mantenga actualizado un conjunto de información relevante para el desarrollo de los procesos que le mandata la legislación, por lo que nuestra institución sólo cuenta con la información y los documentos que los sostenedores le declaran todos los años en el referido procedimiento./ En este sentido, esta Superintendencia le informó y remitió a la solicitante en su oportunidad, toda la información y antecedentes con que cuenta respecto de lo pedido en su solicitud, que dice relación con la declaración del sostenedor del colegio San Juan Diego de Guadalupe de Maipú de los años 2018 y 2019 (...)". Y CONSIDERANDO: 1. Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada a la solicitud de información de la reclamante. 2. Que, a modo de contexto, cabe tener presente que la ley N° 20.529, que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, en su artículo 47 prescribe la creación de la Superintendencia de Educación, agregando el artículo 48 que su objeto "será fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante ´la normativa educacional´. 3. Que, el órgano reclamado ha sido consistente tanto en su respuesta, como en sus descargos, en sostener que la información requerida en los puntos 1, 2 y 4 del requerimiento de información no obran en su poder, por cuanto no cuenta con ningún acto administrativo que haya dado origen a un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sostenedor, así como tampoco, tiene ningún correo electrónico o cualquier otro tipo de comunicaciones con el sostenedor, solicitando el cumplimiento de la entrega de la información obligatoria que debió incluirse en la Declaración del Sostenedor en los años 2018 y 2019, por cuanto dichos procedimientos de fiscalización actualmente se encuentran en curso. } 4. Que, desde las decisiones de amparo Roles C533-09, C606-13, C3121-15, y C3062-17, entre otras, este Consejo ha sostenido que de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública -y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública- aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)". En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). Al respecto, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. 5. Que, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" -énfasis agregado-. 6. Que, en mérito de lo expuesto, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En consecuencia, de la revisión del marco normativo descrito, atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada - la cual fue debidamente fundamentada- se rechazará el presente amparo en esta parte. 7. Que, sobre lo requerido en el punto 3 del requerimiento, esto es, caracterización y gasto de todos y cada uno de los directivos del Colegio y de la Corporación sostenedora, de sus miembros y asociados y de los administradores de la entidad sostenedora, la Superintendencia proporcionó a la reclamante los siguientes antecedentes: i. Un archivo Excel, en el que se encuentran todas las remuneraciones declaradas por el sostenedor el año 2019 ante la Superintendencia de Educación. ii. El Instructivo de Control y Respaldo de Gastos del año 2019 de la Superintendencia de Educación y el Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos Públicos Destinados a Educación del año 2019 de la Superintendencia. iii. Copias de las Resoluciones Exentas N° 0779, de fecha 27 de diciembre de 2019, que aprueba el plan anual de fiscalización 2020, y de la N° 0527, de fecha 28 de agosto de 2020, que modifica la Resolución Exentas N° 0779, de 2019, ambas de la Superintendencia. En dichas resoluciones, de acuerdo con lo señalado por la reclamada, se pueden observar las acciones de fiscalización programadas para el Plan Anual de Fiscalización del año 2020 de la Superintendencia de Educación. Al efecto, se debe tener presente que, la Instrucción General N° 10 de este Consejo señala en lo que interesa en su el punto 3.1 letra b) que la respuesta del órgano "contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: ordenará la entrega de la información, sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas en la Ley. En este punto se deberá detallar la información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso, procurando ajustarse estrictamente a la petición realizada por el solicitante, de modo que este reciba en forma completa e integra la información requerida" (énfasis agregado) Por otra parte, el artículo 11 de la Ley de Transparencia consagra en su literal d), el principio de máxima divulgación, en virtud del cual "los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales". En mérito de que el órgano no dio cumplimiento a lo señalado en el punto 3.1 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, ni al principio de máxima divulgación, por cuanto no se otorgaron a la reclamante los antecedentes efectivamente requeridos, es que se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose la entrega de la información solicitada. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por dola Blanca Evelyn Hernández Sariego, en contra de la Superintendencia de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Rechazar el amparo respecto de lo requerido en los puntos 1, 2, y 4 del requerimiento de información, por cuanto este Consejo no dispone de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado. III. Requerir al Sr. Superintendente de Educación, lo siguiente; a) Entregue al reclamante la caracterización y gasto de todos y cada uno de los directivos del Colegio y de la Corporación sostenedora, de sus miembros y asociados y de los administradores de la entidad sostenedora. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Blanca Evelyn Hernández Sariego y al Sr. Superintendente de Educación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.