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DECISIÓN AMPARO ROL C7071-20</p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
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Requirente: Francisco González Minchel</p>
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Ingreso Consejo: 02.11.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, ordenándose la entrega de la resolución que se indica, sin el tarjado de la columna relativa a los números de serie de las videocámaras corporales particulares.</p>
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Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública; no habiéndose justificado suficientemente la concurrencia de alguna de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21° de la Ley de Transparencia, y consecuencialmente, la afectación de los bienes jurídicos reconocidos en dicho cuerpo legal.</p>
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En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7071-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2020, don Francisco González Minchel solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información: «Resoluciones de los Jefes de Repartición o Unidad que autorizaron o denegaron el uso en servicio de videocámaras corporales particulares, emitidas entre el 12 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. Es decir, solicito toda resolución que haya aprobado o denegado el uso de videocámaras corporales particulares en la Prefectura Santiago Central durante el período indicado».</p>
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2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 29 de octubre de 2020 Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, por concurrir en la especie las causales de reserva previstas en los numerales N° 3 y N° 5 del artículo 21° de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar.</p>
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Sobre lo anterior, expuso que, la resolución pedida da cuenta de los planes operativos elaborados con motivo de los servicios policiales ordinarios y extraordinarios, y por lo tanto, del detalle del actuar de Carabineros en los mismos. En el mismo orden de ideas, expresó que, dar a conocer públicamente la resolución consultada implicaría alertar y dar a conocer a terceros los cursos de acción preventivos que adopta la institución para prevenir la comisión de actos delictuales, y en específico, la regulación del uso de medios audiovisuales de verificación. En virtud de lo anterior, razonó que, la entrega de dicha resolución afectaría el cumplimiento de sus funciones, y consecuencialmente, la prevención, investigación y persecución de los delitos en la zona específica.</p>
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3) AMPARO: El 2 de noviembre de 2020, don Francisco González Minchel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Sobre lo anterior, expuso que, la solicitud de especie no afecta la capacidad operativa y preventiva de Carabineros, y que dicha institución no explica, con suficiente especificidad, cómo se causaría este efecto con la publicación de la información requerida. En tal sentido, puntualizó que, no se pide acceder a los cursos de acción preventivos, ni a documentos que contengan tal información, sino que busca conocer qué cámaras particulares se han autorizado y cuántas de ellas han sido autorizadas dentro del plazo solicitado. Asimismo, señaló que, la regulación del uso de medios audiovisuales de verificación es pública, ya que no existe ninguna normativa específica que los declare como secretos o reservados.</p>
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Adicionalmente, agregó que su requerimiento se circunscribe a un proceso administrativo que evalúa la admisibilidad técnica de dispositivos de grabación utilizados por Carabineros. En tal contexto, hizo presente que, el Oficio N° 001828, de fecha 29 de noviembre de 2019, emitido por esta Corporación establece que: «se deberá asegurar y respetar el legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información, respecto de cualquier documento o soporte informático, en el que se contengan los registros captados por funcionarios policiales, en formato de videograbación o por cámaras fotográficas portátiles, como en cualquier otro formato en el que se contengan». Asimismo, citó que, la institución policial tiene el deber de «registrar previamente la utilización de dispositivos de videograbación o cámaras fotográficas portátiles. Tratándose de operativos policiales en los cuales los funcionarios porten dispositivos de videograbación o cámaras fotográficas portátiles, deberá dejarse registro previo de dicha circunstancia, individualizando además a él o los funcionarios que dispongan de algún dispositivo de dicha naturaleza».</p>
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Por último, hizo presente que no sólo el Manual de Procedimiento para el Registro y Uso de Videocámaras Corporales -VCC- es público, sino también las grabaciones de estas videocámaras, en conformidad a jurisprudencia que indica, emanada de esta Corporación.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E19751, de fecha 12 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; y, (3°) remita copia del comprobante de la solicitud y el comprobante de notificación de la respuesta otorgada; (4°) remita copia de la información solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley de Transparencia.</p>
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Mediante presentación, de fecha 19 de noviembre de 2020, Carabineros de Chile evacuó sus descargos y observaciones, señalando que, luego de analizada la materia conforme al Principio de Facilitación, y teniendo presente la necesidad y conveniencia de informar sobre la materia a la ciudadanía, accede a la entrega de la resolución exenta N° 75, de fecha 12 de noviembre de 2019, emitida por la Prefectura de Santiago Central, la cual designa para el uso durante los servicios policiales cámaras de video Corporales. Sobre lo anterior, señaló que, dicha resolución es el único antecedente existente en los registros de la Prefectura Santiago Central en la data requerida. Asimismo, expuso que, no existen resoluciones denegatorias de la autorización pedida.</p>
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Por último, hizo presente que se tarjó de la citada resolución la columna que se refiere al número de serie de las cámaras de video particular.</p>
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5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E20418, de fecha 27 de noviembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.</p>
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Mediante comunicación electrónica, de fecha 30 de noviembre de 2020, el peticionario manifestó su inconformidad con la información remitida por el órgano reclamado. Al efecto, expresó su disconformidad con la columna tarjada -referidas al número de serie de las cámaras de video particular-, argumentando que Carabineros no explica la causa legal por la cual esas columnas deben ser censuradas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, atendido el pronunciamiento del peticionario, el presente amparo dice relación con la falta de satisfacción del reclamante, con respecto a la información remitida por el órgano reclamado, referente a la entrega de copia de las resoluciones que autorizaron o denegaron el uso de videocámaras corporales, durante el periodo que indica. Al efecto, el peticionario manifestó su inconformidad con la resolución remitida - resolución exenta N° 75, de fecha 12 de noviembre de 2019 -, toda vez que se encuentran tarjados los números de serie de las cámaras video corporales. Por tal motivo, el presente amparo se circunscribirá única y exclusivamente al análisis del referido punto (énfasis agregado).</p>
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2) Que, en un primer orden de ideas, cabe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece categóricamente que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en «actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público».</p>
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3) Que, acto seguido, sobre las materias consultadas, resulta menester tener presente-por analogía- lo razonado previamente por esta Corporación -Amparo Rol C8436-19- en cuanto a la publicidad de los registros audiovisuales de las cámaras que portan funcionarios de Carabineros. En tal sentido, el Oficio N° 001828, de fecha 29 de noviembre de 2019 dispone que: «a) se deberá asegurar y respetar el legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información, respecto de cualquier documento o soporte informático, en el que se contengan los registros captados por funcionarios policiales, en formato de videograbación o por cámaras fotográficas portátiles, como en cualquier otro formato en el que se contengan. Para estos efectos, se deberá otorgar todas las facilidades para que, cualquier persona pueda requerir acceso a soportes videográficos que obren en poder de las instituciones competentes, conforme al principio de facilitación, establecido en el literal f), del artículo 11 de la Ley de Transparencia». Por tal motivo, configurándose un régimen de publicidad sobre los registros audiovisuales captados en el cumplimiento de las funciones públicas de Carabineros de Chile, esta Corporación no advierte justificación para eximir de dicho razonamiento a la identificación de los dispositivos de grabación empleados por su personal para el cumplimiento de sus labores.</p>
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4) Que, en cuanto a los números de serie de los cámaras corporales tarjados, esta Corporación advierte que, el órgano reclamado no justificó las razones por las cuales se anonimizó dicha información. En el mismo orden de ideas, el órgano recurrido no especificó la forma en que la develación de dichos antecedentes podría afectar -de manera presente o probable y con suficiente especificidad- alguno de los bienes jurídicos salvaguardados por el artículo 21° de la Ley de Transparencia. Al efecto, Carabineros de Chile no proporcionó suficientes elementos que permitan fundar la vinculación existente entre la protección de dichos bienes jurídicos -mediante la reserva de la información tarjada- y el daño que provocaría la divulgación de los antecedentes censurados. Sobre la materia, cabe tener presente que, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, circunstancia que no se verifica en la especie (énfasis agregado).</p>
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5) Que, asimismo, esta Corporación estima que, de aceptarse la reserva de los datos consultados, se impediría ejercer un control social efectivo sobre actividades que despliega Carabineros de Chile, en cumplimiento de funciones destinadas a la mantención y resguardo del orden público, de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales, particularmente de la identificación de los dispositivos de grabaciones utilizados por los funcionarios de la referida institución en el cumplimiento de sus labores. En tal contexto, la individualización de dicho equipamiento reviste especial interés público, pues permite dotar de transparencia a las actuaciones de los funcionarios policiales.</p>
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6) Que, es menester tener presente que, la entrega de los antecedentes tarjados se aviene al Principio de Máxima Divulgación, consagrado en el artículo 11° letra d) de la Ley de Transparencia: «los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales» (énfasis agregado).</p>
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7) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; no habiéndose justificado -suficientemente- las razones por las cuales se tarjó parte de la resolución remitida; y, no advirtiéndose por parte de esta Corporación la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21° de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de la resolución exenta N° 75, de fecha 12 de noviembre de 2019, sin el tarjado de la columna relativa a los números de serie de las videocámaras corporales particulares (énfasis agregado).</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Francisco González Minchel, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente;</p>
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a) Entregue al reclamante copia de la resolución exenta N° 75, de fecha 12 de noviembre de 2019, sin el tarjado de la columna relativa a los números de serie de las videocámaras corporales particulares.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco González Minchel; y, al Sr. General Director de Carabineros de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>