Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7098-20

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Reclamante:	VALENTIN VERA FUENTES
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Universidad de Chile, referente a la entrega de a copia en forma digital y soporte CD-ROM, de todos los facsímiles de las Prueba de Selección Universitaria (PSU) y Prueba de Aptitud Académica (PAA), en todas las modalidades rendidas desde el año 1980 hasta el 2019, con su respectivo solucionario o pauta de corrección. Lo anterior, por cuanto se estima que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida implicaría el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la digitalización y entrega de información consultada. Esto, sobre todo si se considera que debido a la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por la autoridad pública a causa de la pandemia de COVID-19, se encuentran suspendidas las labores presenciales al interior del organismo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C955-12 C377-13 C2809-20 C1336-16
Jurisprudencia a:	C1876-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C7098-20   Entidad pública: Universidad de Chile Requirente: Valentín Vera Fuentes Ingreso Consejo: 03.11.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Universidad de Chile, referente a la entrega de a copia en forma digital y soporte CD-ROM, de todos los facsímiles de las Prueba de Selección Universitaria (PSU) y Prueba de Aptitud Académica (PAA), en todas las modalidades rendidas desde el año 1980 hasta el 2019, con su respectivo solucionario o pauta de corrección. Lo anterior, por cuanto se estima que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida implicaría el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la digitalización y entrega de información consultada. Esto, sobre todo si se considera que debido a la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por la autoridad pública a causa de la pandemia de COVID-19, se encuentran suspendidas las labores presenciales al interior del organismo. En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7098-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de septiembre de 2020, don Valentín Vera Fuentes solicitó a la Universidad de Chile -en adelante, indistintamente la Universidad- la siguiente información: «copia en CD-ROM de las pruebas de selección universitaria -PSU- o pruebas de aptitud académica -PAA-, según corresponda, de acuerdo al año de rendición, de todas las modalidades rendidas desde el año 1980 hasta el año 2019, en todos sus versiones identificadas por año (matemática, lenguaje, historia y ciencias, otros nombres de las diferentes tipos o versiones si es del caso ), con su respectivo solucionarlo o pauta de corrección». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 30 de octubre de 2020, la Universidad de Chile respondió a dicho requerimiento, denegando la entrega de la información consultada, por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Al efecto, señaló que habiendo consultado sobre el particular al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional -DEMRE-, de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, dicho organismo ha hecho presente que su personal se encuentra trabajando de forma remota y que si bien existen turnos de trabajo presencial, estos están exclusivamente destinados a la realización de las tareas imprescindibles e impostergables del Proceso de Admisión 2021. Sobre lo anterior, agregó que funcionarios del DEMRE acudieron a las dependencias del organismo para revisar los archivos físicos y digitales consultados, certificando que sólo existen registros parciales de las Pruebas de Aptitud Académica (PAA) y de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para los años que solicita, en folletos en formato papel, ya que, por razones de seguridad, una vez ensambladas las pruebas solo se trabajan en formato impreso. Al efecto, acompañó acta de búsqueda. Acto seguido, hizo presente que no existe posibilidad de digitalizar los folletos en cuestión, por el elevado volumen de material y la gran cantidad de tiempo y recursos que exigiría tal tarea. Sin perjuicio de lo anterior, expuso que el DEMRE ha puesto a disposición todos los registros existentes para su consulta presencial, según la referida acta de búsqueda, en oficina que señala, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley de Transparencia. En el mismo orden de ideas, puntualizó que proceder a digitalizar todo el material y copiarlo en formato CD-ROM para su entrega, implicará claramente un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de antecedentes y cuya atención exigirá distraer indebidamente a los funcionarios del DEMRE del cumplimiento regular de sus labores habituales, quienes se encuentran actualmente abocados a las tareas imprescindibles e impostergables del Proceso de Admisión 2021. En cuanto a la entrega de solucionario o pauta de corrección, expresó que no existe tal especie de antecedente, ya que las respuestas a las diferentes pruebas no se encuentran en un documento, sino que están ingresadas en un software de corrección, asociadas a un banco de ítems. Al respecto, agregó que las respuestas de la PAA ni siquiera están en tales bancos de ítems, debido a su antigüedad, por lo que no existe registro de ellas en el organismo, sino sólo de la PSU. Sobre este punto, hizo presente que, considerando el elevado volumen de información de todas las preguntas y respuestas individuales de cada PSU desde el 2003 al 2019, en todas sus formas (Lenguaje, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Ciencias y Módulo Técnico Profesional), de 80 preguntas por prueba, no es posible realizar la labor de asociar cada pregunta a su respectiva respuesta sin distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, más todavía considerando las circunstancias de trabajo remoto en la realización de la tareas imprescindibles e impostergables del Proceso de Admisión 2021. Asimismo, expresó que sistematizar las respuestas del banco de ítems para asociarlas a cada pregunta, implicaría la elaboración de antecedentes o informes ad hoc a sus intereses, lo que corresponde más bien a una petición de pronunciamiento, conforme a jurisprudencia emanada de esta Corporación que señala. Finalmente, hizo presente que el DEMRE tiene disponible los modelos de prueba PSU desde el Proceso de Admisión 2005 hasta el 2020, así como para la Prueba de Transición, en sitio web que indica, con las respectivas respuestas asociadas, modelos que son equivalentes a las pruebas oficiales, acorde con los respectivos temarios. Adicionalmente, puntualizó que pone a disposición de los investigadores un portal -enlace que indica- para consultar documentación técnica sobre las pruebas que aplica, solicitar bases de datos de los Procesos de Admisión Universitaria con fines de investigación, gestión institucional, o bien proyectos específicos que presenten usuarios provenientes de las comunidades educativas o la sociedad civil en general, con el fin de poder brindar ayuda en las diversas investigaciones que se hacen en esta materia. 3) AMPARO: El 3 de noviembre de 2020, don Valentín Vera Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Sobre lo anterior, expuso que dichos registros son públicos y elaborados por empleados públicos, y una vez que termina la prueba de selección universitaria son entregados los resultados en los diarios, de acuerdo con las soluciones que tienen. Asimismo, hizo presente que la transparencia de la función educativa debe estar al alcance de todos los ciudadanos. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile, mediante Oficio N° E19935, de fecha 13 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) exponga las razones por las cuales no sería posible entregar la información en el formato solicitado, según lo dispone el artículo 17° de la Ley de Transparencia; (2°) señale si, la información requerida obra en poder del órgano que representa, constando en un soporte digital; (3°) de no obrar en soporte digital, indique si procedió a informar al recurrente dicha circunstancia, en los términos que establece el numeral 6.1 de la Instrucción General N° 6 del Consejo para la Transparencia; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (5°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (6°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante presentación, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Universidad evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Sobre lo anterior, complementó que -conforme al acta de búsqueda remitida-, la revisión dio cuenta de un total superior a 725 registros, cada uno con varias páginas. Sobre este punto, agregó que reproducir dicho material significaría fotocopiar o escanear página por página cada uno de dichos folletos, los que se encuentran ensamblados y sin posibilidad de ser separados en hojas individuales para efectuar tal operación. Por lo anterior, reiteró que el material podrá consultarlo en las oficinas ubicadas en dirección que indica, dando al solicitante acceso a la información efectivamente existente, en los términos que establece el artículo 15° de la Ley de Transparencia. Acto seguido, en cuanto al documento denominado "solucionario o pauta de corrección", indicó que no existen antecedentes de tales características, ya que las respuestas a las diferentes pruebas no se encuentran en un documento o archivo específico, sino que están ingresadas en un software de corrección, asociadas a un banco de ítems, que automatiza la función de calcular las respuestas correctas e incorrectas en una prueba impresa específica. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referido a la entrega de copia digital -en formato óptico- de todos los facsímiles de las Pruebas de Selección Universitaria -PSU- o Pruebas de Aptitud Académica -PAA-, de acuerdo al año de rendición, de todas las modalidades, dentro del periodo comprendido entre los años 1980 y 2019, con su respectivo solucionario o pauta de corrección. Al respecto, la Universidad denegó la entrega de dicha información, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, primeramente, en cuanto a la alegación de la Universidad de Chile relativa a que ha dado acceso a la información de acuerdo al artículo 15° de la Ley de Transparencia, cabe señalar que dicha disposición establece que «Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, (...) o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar». Por su parte, a partir de la decisión amparo rol C955-12 este Consejo ha razonado que la aludida norma, consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a su entrega material o en soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que el acceso a la información requerida sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por el citado artículo 15°, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando ésta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido. 3) Que, en tal orden de ideas, la modalidad especial de entrega que se viene comentando no resulta aplicable en el presente caso, toda vez que aquella no se encuentra a disposición del público para su obtención en soporte físico o digital sino únicamente para consultar, revisar y eventualmente copiar o fotografiar, situación que no permite dar satisfecha la solicitud de acceso. Por tal motivo, se desestimará la alegación esgrimida por el órgano reclamado en este punto. 4) Que, acto seguido, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales (énfasis agregado). 5) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado). 7) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, entre otras, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 8) Que, en tal orden de ideas, este Consejo estima que la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente procedimiento de acceso a la información, toda vez que el conjunto de actividades -búsqueda, recopilación, sistematización y digitalización de los facsímiles consultados, y la vinculación de cada pregunta con su respuesta- que deben ser desplegadas necesariamente para satisfacer el requerimiento en análisis son de una entidad tal que afectan el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, por cuanto poner a disposición del reclamante la información requerida en formato óptico implicaría la utilización de un tiempo y recurso humano excesivo, máxime si se considera la amplitud del requerimiento - todos los facsímiles de las PSU y la PAA rendidas, en todas sus modalidades, identificadas por año, con la respectiva respuesta a cada pregunta-y su data -dentro del periodo comprendido entre los años 1980 y 2019-. Al efecto, con ocasión de sus presentaciones, la Universidad ilustró que, conforme al acta de búsqueda remitida, la cantidad de información que debe ser sistematizada, fotocopiada y digitalizada asciende a un total superior a 725 registros, cada uno con varias páginas, lo cual se constituye como una magnitud que permite configurar válidamente la causal de reserva esgrimida, y consecuencialmente, distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, en circunstancias de que deben atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, y conjuntamente, observar los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones. 9) Que, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2809-20, para efectos de ponderar las circunstancias de hecho que permiten configurar la causal en comento, debe tenerse en consideración la situación excepcional por la que atraviesa el país, como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID-19. En este marco, los órganos de la administración del estado redujeron drásticamente los funcionarios que concurren presencialmente a prestar labores, pues un gran número de éstos realizan sus labores en modalidad de teletrabajo, en virtud de las medidas preventivas adoptadas con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de sus funcionarios. Sobre lo anterior, la Universidad de Chile expuso que, en virtud de la cuarentena vigente, ha dispuesto que el personal del DEMRE actualmente se encuentra trabajando de forma remota, de acuerdo a las instrucciones contendidas en el Decreto Universitario N° 008607, de 2020, y si bien existen turnos de trabajo presencial, estos están exclusivamente destinados a la realización de las tareas imprescindibles e impostergables del Proceso de Admisión 2021. Lo anterior, obstaculiza la recopilación y sistematización de la información pedida, ya que no toda la información pedida está almacenada en plataformas electrónicas, con respecto a las cuales se pueda acceder de manera remota. 10) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará el amparo en análisis, por concurrir en la especie el criterio de este Consejo, con relación a la configuración de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes, en contra de la Universidad de Chile, por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes; y, al Sr. Rector de la Universidad de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.