Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1209-12

Reclamante:	PAULINA VENEGAS FERNÁNDEZ
Reclamado:	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Consejo de Defensa del Estado(CDE), fundado en la respuesta negativa a su solicitud sobre información referida al proceso judicial Rol N° 21.128-B del Primer Juzgado de Letras de Coyhaique: a) Si las actuaciones de la procuradora Fiscal de Coyhaique en el señalado proceso contó con la aprobación del respectivo comité del CDE; y, b) Los nombres de los Consejeros concurrentes a las actas, que aprobaron las referidas actuaciones de la Procuraduría Fiscal de Coyhaique para el citado proceso y las fechas de éstas. El Consejo señaló que dicho requerimiento se encuentra amparado por la Ley de Transparencia, toda vez que otorgar respuesta a lo solicitado en los términos de la Ley de Transparencia, no importa un costo excesivo para el presupuesto institucional del CDE. Con todo, debe advertirse que esto no implica que este Consejo estime que debía o no realizarse tal aprobación, sino tan sólo que debe entregarse esa información. Ello, pues no corresponde a este Consejo determinar la corrección administrativa de lo obrado por la autoridad —por acción u omisión— en este punto, en el mismo sentido, respecto del acceso a los nombre de los Consejeros que dieron su aprobación a las actuaciones de la Procuradora Fiscal para el proceso judicial individualizado, con indicación de las fechas de las actas en donde constan tales acuerdos –literal b) de la solicitud–, en tanto dicha información obre en poder del organismo, cabe concluir que la respuesta a tal requerimiento tampoco irrogaría un costo excesivo al órgano. En consecuencia, también se acogerá el amparo en este punto y se requerirá al CDE hacer entrega de tales antecedentes, sólo en cuanto éstos obren en un soporte documental.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/30/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C603-09 C97-09 C533-09 C16-10 C539-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	9541-2012 6057-2013
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO ROL C1209-12 Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado(CDE) Requirente Paulina Venegas Fernández Ingreso Consejo: 22.08.2012 En sesión ordinaria Nº 392 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1209-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de julio de 2012, doña Paulina Venegas Fernández solicitó al Consejo de Defensa del Estado –en adelante e indistintamente CDE– la siguiente información referida al proceso judicial Rol N° 21.128-B del Primer Juzgado de Letras de Coyhaique: a) Si las actuaciones de la procuradora Fiscal de Coyhaique en el señalado proceso contó con la aprobación del respectivo comité del CDE; y, b) Los nombres de los Consejeros concurrentes a las actas, que aprobaron las referidas actuaciones de la Procuraduría Fiscal de Coyhaique para el citado proceso y las fechas de éstas. 2) RESPUESTA: El 14 de agosto de 2012, el Consejo de Defensa del Estado, mediante Oficio N° 04941, de 14 de agosto de 2012, respondió a dicho requerimiento, señalando que la Ley de Transparencia regula el acceso a información pública que obre en poder de los órganos del Estado, así como respecto de los antecedentes que les sirvan de fundamento, pero no exige a los órganos de la Administración del Estado efectuar estudios o informes sobre eventuales conflictos o inquietudes de los solicitantes, ya que en esos casos, se trata de información que debe ser elaborada. En consecuencia agrega, que lo requerido no corresponde a una solicitud formulada dentro del ámbito del cuerpo legal citado, por lo que no sería procedente emitir un pronunciamiento al respecto. 3) AMPARO: El 22 de agosto de 2012, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del CDE, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Al respecto, hizo presente que: a) El CDE elude la petición de información refiriéndose a informes o estudios que esta parte no ha requerido, por cuanto la solicitud tiene por objeto que se le indique si las actuaciones de la Procuradora Fiscal de Coyhaique fueron aprobadas por el respectivo Comité, así como el nombre de los funcionarios que las aprobaron. b) La infracción del CDE resulta evidente, toda vez que no alegó como fundamento de su negativa alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.291, de 5 de septiembre de 2012, al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, haciéndole presente que, respecto del literal a) de la solicitud, dicha solicitud es amparable por la Ley de Transparencia en tanto puede ser respondida de manera afirmativa o negativa por parte la reclamada y, en torno al literal b) de la solicitud, ésta puede ser contestada sólo en cuanto dichos documentos existieren. Al respecto, el Sr. Presidente del CDE evacuó sus descargos y observaciones mediante el Oficio N° 5.852, de 28 de septiembre de 2012, reiterando lo ya señalado en su respuesta y agregando: a) Que la información solicitada no se refiere a un acto, documento o antecedente en poder de dicho órgano, sino a un pronunciamiento requerido a dicho Servicio, lo cual se encuentra dentro del ámbito del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política, debiendo tramitarse por las normas legales especificas que la regulen o, a falta de ésta, y dada su aplicación supletoria, en conformidad a las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos y no por la Ley N° 20.285. b) A continuación indicó, que en cuanto a lo señalado por la solicitante en su amparo, en torno a que dicho órgano debió haber invocado una causal de reserva para justificar la denegación de la información, agrega que para que ello ocurra, resulta necesario que las solicitudes sean formuladas dentro del ámbito de la Ley N° 20.285, cuestión que en la especie no aconteció. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el inciso primero del artículo 17 de la Ley de Transparencia prescribe lo siguiente: “La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles”. 2) Que, si bien este Consejo ha concluido que “la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un «‘formato o soporte» determinado, según reza el inciso 2º del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad” (decisión de amparo Rol C533-09), ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparados por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuesta, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional (decisión de amparo Rol C97-09). En efecto, según se indicó en la precitada decisión, “la supresión (en la historia de la Ley) de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional”. En esos mismos términos, a su vez, este Consejo ha concluido que se encuentran amparados por el derecho de acceso a la información aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado” (decisión de amparo Rol C539-10 y decisión de amparo Rol C603-09 y C16-10). 3) Que, conforme a lo expuesto, respecto del literal a) de la solicitud, en el cual se solicita se indique si las actuaciones de la Procuraduría Fiscal de Coyhaique contaron con la aprobación del CDE, dicho requerimiento se encuentra amparado por la Ley de Transparencia, toda vez que otorgar respuesta a lo solicitado en los términos del artículo 17 de la Ley de Transparencia, no importa un costo excesivo para el presupuesto institucional del CDE. Con todo, debe advertirse que esto no implica que este Consejo estime que debía o no realizarse tal aprobación, sino tan sólo que debe entregarse esa información. Ello, pues no corresponde a este Consejo determinar la corrección administrativa de lo obrado por la autoridad —por acción u omisión— en este punto. 4) Que, en el mismo sentido, respecto del acceso a los nombre de los Consejeros que dieron su aprobación a las actuaciones de la Procuradora Fiscal para el proceso judicial individualizado, con indicación de las fechas de las actas en donde constan tales acuerdos –literal b) de la solicitud–, en tanto dicha información obre en poder del organismo, cabe concluir que la respuesta a tal requerimiento tampoco irrogaría un costo excesivo al órgano. En consecuencia, también se acogerá el amparo en este punto y se requerirá al CDE hacer entrega de tales antecedentes, sólo en cuanto éstos obren en un soporte documental. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por doña Paulina Venegas Fernández en contra de la Consejo de Defensa del Estado, por las razones precedentemente expuestas. II. Requerir al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado que: a) Informe al reclamante lo requerido en el literal a) de la solicitud. b) Informe al solicitante lo requerido en el literal b), sólo en cuanto estos obren en soporte documental y, en caso contrario, se pronuncie directamente sobre la inexistencia de la información solicitada, en los términos del numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento de acceso a la información. c) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado y a doña Paulina Venegas Fernández. En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por reconocer parentesco de afinidad dentro del segundo grado, con la autoridad o funcionario directivo del servicio de la Administración del Estado interesado, en los términos que ha sido dispuesto por numeral 3, letra a), del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.