Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7271-20

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Reclamante:	SAMUEL JOFRE FIGUEROA
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile; teniéndose por entregada, aunque extemporáneamente, junto con la notificación del presente acuerdo, la respuesta a la parte de la solicitud en que se consultaba por los protocolos donde se norma el uso de las identidades de los agentes encubiertos, y en caso de no existir, cómo se regula su porte por parte de la Institución; por cuanto, si bien el órgano con ocasión de la respuesta denegó esta información. Sin embargo, durante la tramitación del amparo precisó que "(...) la Dirección de Inteligencia Policial sobre lo consultado, ha señalado que no existe un protocolo ni instructivo u otro acto administrativo que regule esta materia. Por consiguiente, la única norma aplicable al respecto es la ley de inteligencia". Por su parte, se rechaza la parte del requerimiento referida a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por Carabineros al Registro Civil, para la creación de agentes encubiertos; por acreditarse que con la entrega de esta información se afectaría de manera presente o probable y con suficiente especificidad la capacidad operativa de la Institución, limitando y restando eficacia a las actividades propias que la ley le encomienda; todo lo cual podría afectar la seguridad de la Nación. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C8426-19; y fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema, declarando como reservada información estadística sobre el sistema de inteligencia que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/19/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C8426-19 C5224-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C7271-20   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Samuel Jofré Figueroa Ingreso Consejo: 09.11.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile; teniéndose por entregada, aunque extemporáneamente, junto con la notificación del presente acuerdo, la respuesta a la parte de la solicitud en que se consultaba por los protocolos donde se norma el uso de las identidades de los agentes encubiertos, y en caso de no existir, cómo se regula su porte por parte de la Institución; por cuanto, si bien el órgano con ocasión de la respuesta denegó esta información. Sin embargo, durante la tramitación del amparo precisó que "(...) la Dirección de Inteligencia Policial sobre lo consultado, ha señalado que no existe un protocolo ni instructivo u otro acto administrativo que regule esta materia. Por consiguiente, la única norma aplicable al respecto es la ley de inteligencia". Por su parte, se rechaza la parte del requerimiento referida a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por Carabineros al Registro Civil, para la creación de agentes encubiertos; por acreditarse que con la entrega de esta información se afectaría de manera presente o probable y con suficiente especificidad la capacidad operativa de la Institución, limitando y restando eficacia a las actividades propias que la ley le encomienda; todo lo cual podría afectar la seguridad de la Nación. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C8426-19; y fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema, declarando como reservada información estadística sobre el sistema de inteligencia que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7271-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de octubre de 2020, don Samuel Jofré Figueroa solicitó a Carabineros de Chile, la siguiente información: - "Indicación de cuántas identidades y/o documentación asociada (rut y cédula de identidad y/o pasaporte) han sido solicitadas por Carabineros al Registro Civil para que cree de conformidad a lo dispuesto en el art. 31 de la ley de inteligencia. Período entre los años 2015 al 16 de octubre de 2020. - Indicación de cuántas de ellas han sido otorgadas. Con indicación del año en que fueron otorgadas. - Indicación de cuántas de ellas han sido revocadas. Con indicación de cuánto duró la vigencia de cada una. - Indicación de cuántas identidades se encuentran vigentes. - En caso de existir, se me entregue copia de todos los protocolos, actas, dictámenes, resoluciones etc. en que se regule el uso de dichas identidades por parte de sus funcionarios. - En caso de no existir esto último, se me indique cómo se regula su uso por parte de la institución para asegurar el uso exclusivo para los fines que fueron otorgados y cómo se evitan desviaciones de funciones o poder. Observaciones: evidentemente toda esta información se solicita por cantidades y periodos de tiempo, y en caso de que llegase a corresponder, de manera disociada. En ningún caso se solicita información que pueda afectar la seguridad nacional". 2) RESPUESTA: El 09 de noviembre de 2020, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución Exenta N° 527, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente: 1. Lo requerido es documentación de carácter secreta, encontrándose prohibida su reproducción o difusión a estamentos, funcionarios, o autoridades distintas al destinatario directo. 2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, de la ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante ley 19.974, "El Sistema estará integrado por: (...) d) Las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Las Unidades, Departamentos o cualquier otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas Direcciones o Jefaturas de Inteligencia señaladas precedentemente". 3. En este sentido el artículo 22 de la ley precitada establece que la inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, y comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior. 4. Con todo, el artículo 38, inciso primero, del referido cuerpo legal indica que: "Se considerarán secretos y de circulación restringida para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con estos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". 5. Sobre el particular el artículo 21 N° 5, de la Ley N° 20.285, dispone que se podrá denegar la información "Cuando se trate de documento, datos informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". 6. En este orden, la ley N° 19.974, al regular materias que son objeto de reserva o secreto, debe entenderse que lo hace con el estatus de ley aprobada mediante quórum calificado, en virtud de la ficción creada por las disposiciones cuarta transitoria de la Constitución Política y artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia que transcribe. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Talca y de este Consejo sobre la materia. 7. En virtud de lo señalado, Carabineros de Chile está legalmente autorizado para no divulgar antecedentes relacionados con materias de inteligencia, ya que ello constituiría una contravención de normas expresas que establecen el carácter secreto de las mismas. 3) AMPARO: El 09 de noviembre de 2020, don Samuel Jofré Figueroa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, el reclamante hizo presente que "Carabineros invoca la causal del artículo 38 de la ley 19.974. Sin embargo, ella no es absoluta y como exclusión al derecho al acceso a la información pública debe ser interpretada restrictivamente. Es del caso que la institución invocó genéricamente dicho artículo sin fundar detallada y concretamente por qué la publicidad de la información solicitada (de carácter meramente estadístico) provocaría daños superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Así las cosas, la información solicitada se trata de datos meramente estadísticos, generales y en caso alguno pueden revelar actividades propias del sistema de inteligencia o una afectación a las actividades de inteligencia o la seguridad de la nación, que son los bienes jurídicos protegidos por la Ley N° 19.974. Por su parte, la causal del art. 21 N° 5 de la ley 20.285 tampoco es procedente toda vez que se trata de información genérica y disociada que en caso alguno puede afectar la seguridad nacional. Dichas causales deben interpretarse restrictivamente atendidos los fines de la ley y el derecho de acceso a la información pública". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E20054, de 18 de noviembre de 2020, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) teniendo en consideración que lo requerido se refiere a datos estadísticos, esto es, el número o cantidad de identidades que se ha solicitado crear, que se han otorgado y el número de ellas que se encuentran vigentes y canceladas, señale, específicamente, las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, y la forma en que se podría afectar la inteligencia policial; (3°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información relativa a los instrumentos que regulan el uso de identidades creadas, obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia, y en caso afirmativo, señalar detalladamente de qué documentos se trata; y, (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada. Mediante Ordinario N° 263, de 24 de noviembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: 1. Luego de reiterar su negativa a la entrega de la información requerida, y dar por expresamente reproducido lo señalado con ocasión de la respuesta, agrega que el conocimiento numérico de las solicitudes de procedimientos especiales de obtención de identidades para agentes encubiertos en labores de inteligencia, constituye un antecedente útil para las organizaciones criminales y/o blancos de interés de la inteligencia, con lo cual les facilitaría desplegar acciones de contrainteligencia sobre los órganos integrantes del sistema de inteligencia del Estado, y en particular las labores desarrolladas por los órganos de inteligencia policial, razón por la cual, se vería afectado gravemente el cumplimiento de sus funciones futuras, en razón que, las acciones de contrainteligencia pretenderían ejecutar acciones de contrainformación, para afectar la elaboración de escenarios prospectivos futuros que le corresponde por mandato legal a los órganos integrantes del sistema de inteligencia del Estado, como los es la Dirección de Inteligencia Policial, y por consiguiente afectaría la producción de inteligencia destinada a generar conocimiento útil para asesorar la conducción estratégica del Estado, como asimismo, a los mandos internos institucionales de Carabineros de Chile. 2. Luego junto con citar el artículo 31 consultado, señala que el artículo 1°, de la ley 19.974 prescribe que esta ley se aplica a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que ingresen a dicho Sistema, A su vez, según prescribe su artículo 4°, "El Sistema de Inteligencia del Estado, (...) es el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)"; destacando que en materia de obtención de información, el artículo 23, en el inciso segundo dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". Cita decisión de amparo Rol C5224-20, en la cual fue rechazada la entrega de información similar. 3. Por último, en cuanto a los mecanismos de control de las acciones desarrolladas por organismos de inteligencia en conformidad al artículo 31 de la ley analizada, la materia está expresamente resuelta por el propio cuerpo normativos, al disponer en sus artículos 33 y siguientes los mecanismos de control tanto internos como externos a que se encuentran afectos, radicando los internos en el Director o Jefe de cada organismo de inteligencia y los externos en la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y la Cámara de Diputados. Tales disposiciones se encuentran permanentemente a disposición del público en el sitio web de la biblioteca del Congreso Nacional. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso, con fecha 04 de diciembre de 2020, se requirió al órgano aclarar lo siguiente respecto de "los protocolos, actas, dictámenes y resoluciones donde se regule el uso de las identidades consultadas: Al respecto se señaló que si bien con ocasión de la respuesta se denegó esta información en virtud del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 38, de la ley 19.974; en los descargos expresó que "(...) en cuanto a los mecanismos de control de las acciones desarrolladas por organismos de inteligencia, en conformidad al artículo 31 de la ley analizada, la materia está expresamente resuelta por el propio cuerpo normativos, al disponer en sus artículos 33 y siguientes los mecanismos de control tanto internos como externos a que se encuentran afectos (...)". Por tanto, en virtud de la normativa citada, se requiere informar si se han dictado "protocolos, actas, dictámenes, resoluciones etc. en que se regule el uso de dichas identidades por parte de sus funcionarios". En caso positivo, refiérase a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y/o, las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, y la forma en que se podría afectar la inteligencia policial. - Mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2020, el órgano señaló lo siguiente: "De acuerdo a lo solicitado cumplo con informar que, consultada la Dirección de Inteligencia Policial sobre lo consultado, ha señalado que no existe un protocolo ni instructivo u otro acto administrativo que regule esta materia. Por consiguiente, la única norma aplicable al respecto es la ley de inteligencia". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información singularizada en el N° 1 de lo expositivo, relativa, a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por Carabineros de Chile al Registro Civil, para la creación de agentes encubiertos; como asimismo, los protocolos, actas, dictámenes y resoluciones donde se regule el uso de dichas identidades por parte de sus funcionarios, y en caso de no existir, indicar cómo se regula su porte por parte de la Institución. 2) Que, en primer lugar, respecto de la parte de la solicitud referida a la cantidad de identidades y/o documentación asociada a cédula de identidad y/o pasaporte, solicitada por Carabineros de Chile al Registro Civil, para la creación de agentes encubiertos, el órgano recurrido, tanto en su respuesta como en los descargos evacuados en esta sede, denegó la entrega de esta información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 38, de la ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante ley 19.974. 3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que, en lo que interesa, el artículo 31, de la Ley 19.974, señala que "Los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales, sin necesidad de autorización judicial, podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 23, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objetivo podrá introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales. / La facultad a que se refiere el inciso primero comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos, y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar la del agente". Al respecto, el inciso segundo del artículo 23, dispone "Dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". 5) Que, el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". 6) Que, complementando lo anterior, en virtud de lo prescrito en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. 7) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente, que este el criterio interpretativo en la forma debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 5, en relación a las normas dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)". (Énfasis agregado). 8) Que, sobre el particular, en lo tocante a la parte de la solicitud analizada, la Institución junto con fundamentar la causal de reserva alegada, ha señalado, en síntesis, que el conocimiento numérico de las solicitudes de procedimientos especiales de obtención de identidades para agentes encubiertos en labores de inteligencia, constituye un antecedente útil para las organizaciones criminales y/o blancos de interés de la inteligencia, con lo cual les facilitaría desplegar acciones de contrainteligencia sobre los órganos integrantes del sistema de inteligencia del Estado, y en particular las labores desarrolladas por los órganos de inteligencia policial, razón por la cual, con su divulgación se vería afectado gravemente el cumplimiento de sus funciones futuras, en razón que, las acciones de contrainteligencia pretenderían ejecutar acciones de contrainformación, para afectar la elaboración de escenarios prospectivos futuros que le corresponde por mandato legal a los órganos integrantes del sistema de inteligencia del Estado. 9) Que, en este sentido, a juicio de este Consejo, en la especie, resulta aplicable lo razonado por esta Corporación en la decisión de amparo Rol C8426-19, conociendo de una solicitud similar, sobre la dotación civil de Carabineros, en la cual señaló que " (...) se debe tener en especial consideración, que nuestro ordenamiento contempla variadas normas que autorizan a las fuerzas policiales al uso de las denominadas "técnicas especiales de investigación", ejecutadas mediante agentes reveladores o agentes encubiertos, cuya función consiste precisamente en "infiltrarse en una organización criminal participando del entramado organizativo bajo identidad supuesta, para detectar la comisión de delitos e informar sobre sus actividades con el fin de obtener pruebas inculpatorias y proceder a la detención de sus autores" . En consecuencia, la develación de datos directos e indirectos relativos a la identidad de los funcionarios objeto de la consulta, afectaría en términos ciertos y con suficiente especificidad, la capacidad operativa de Carabineros, limitando y restando eficacia a la actividad policial, al desnaturalizar la esencia de las técnicas policiales preventivas o investigativas recién referidas, cuyos efectos podrían incidir en una afectación de la seguridad nacional y el orden público. A su vez, por el tipo de investigaciones complejas que llevan a cabo los funcionarios integrantes de las unidades de trabajo civil, la develación de su identidad u otros datos de identificación indirecta importa adicionalmente un riesgo para la seguridad de cada uno de los funcionarios involucrados (...)" . Énfasis agregado. 10) Que, en concordancia con lo precedentemente señalado y sin perjuicio de que la información reclamada tiene carácter estadístico, atendida la materia específicamente consultada y la desagregación en la que se requiere, a juicio de este Consejo forma parte de aquellas materias que el artículo 38 de la ley 19.974, resguarda en forma específica, por tratarse directamente del eventual ejercicio de actividades de inteligencia, cuyo solo pronunciamiento obligaría necesariamente a la reclamada a divulgar si dispone o no de antecedentes sobre "agentes encubiertos" con finalidades de inteligencia, lo que implicaría la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con estas actividades, lo cual pondría en riesgo la seguridad de la Nación. Por tanto, en mérito de lo expuesto, la información reclamada resulta reservada por aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 5, en relación con la norma del artículo 38 de la ley 19.974; como asimismo por el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. 11) Que, a mayor abundamiento, se hace presente que el razonamiento efectuado por este Consejo en el presente acuerdo, va en conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en fallo rol N° 29.507-2019, de 14 de julio de 2020, que acogió recurso de queja, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia. El considerando 11° del referido fallo, señala que, "esos datos corresponden a registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, esto es, de un organismo que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, y que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. De este modo, su revelación supondría, indudablemente, un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado, en tanto permitiría hacer públicos aspectos sensibles y relevantes de la labor que le ha sido encomendada, poniendo de manifiesto aspectos de su labor que podrían ser explotados en labores de contrainteligencia, pues podría permitir a un analista debidamente entrenado inferir debilidades, flaquezas o fragilidades de la labor realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia". 12) Que, en segundo lugar, en lo que atañe a los protocolos, actas, dictámenes y resoluciones, donde se norme el uso de las identidades de los agentes encubiertos, y en caso de no existir, cómo se regula su porte por parte de la Institución; cabe hacer presente que si bien el órgano con ocasión de su respuesta denegó esta información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38, de la ley 19.974, lo cierto es que con ocasión de los descargos evacuados en esta sede señaló que la materia está expresamente resuelta en los artículos 33 y siguientes, de la ley 19.974, donde se definen los mecanismos de control tanto internos como externos a los que se encuentran afectos, radicando los internos en el Director o Jefe de cada organismo de inteligencia y los externos en la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y la Cámara de Diputados; y luego en la gestión oficiosa decretada en esta causa, precisó que "(...) consultada la Dirección de Inteligencia Policial sobre lo consultado, ha señalado que no existe un protocolo ni instructivo u otro acto administrativo que regule esta materia. Por consiguiente, la única norma aplicable al respecto es la ley de inteligencia"; con lo cual este Consejo estima que se dio derechamente respuesta a este requerimiento. En consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, y se tendrá por entregada esta información, aunque de forma extemporánea, junto con la notificación del presente acuerdo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Se acoge parcialmente el amparo deducido por don Samuel Jofré Figueroa en contra de Carabineros de Chile; teniéndose por entregada junto con la notificación del presente acuerdo, aunque extemporáneamente, la información relativa a cómo se regulan las actuaciones de los agentes encubiertos; ello en virtud de los fundamentos expuestos en el Considerando 12° precedente. II. Se rechaza el amparo respecto de las identidades y/o documentación solicitada por Carabineros de Chile al Registro Civil para la creación de agentes encubiertos, por configurase las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con la ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Samuel Jofre Figueroa y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María muñoz Massouh.