Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7301-20

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Reclamante:	CRISTIAN VIOLLO COCHRANE
Reclamado:	SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, referido a la entrega de los análisis químicos de los alimentos para animales que indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes que forman parte de un procedimiento infraccional en curso en contra de la empresa fiscalizada, en que el solicitante no es parte interesada, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre producción y comercio de alimentos para animales, cuya divulgación podría afectar el privilegio deliberativo esgrimido por el órgano reclamado y, en consecuencia, el debido funcionamiento del mismo. Se recomienda al órgano reclamado la entrega de los antecedentes consultados, una vez que el procedimiento infraccional incoado se encuentre afinado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/20/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C67-12 C248-10
Jurisprudencia a:	C8241-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C7301-20   Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Requirente: Cristian Viollo Cochrane Ingreso Consejo: 10.11.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, referido a la entrega de los análisis químicos de los alimentos para animales que indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes que forman parte de un procedimiento infraccional en curso en contra de la empresa fiscalizada, en que el solicitante no es parte interesada, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre producción y comercio de alimentos para animales, cuya divulgación podría afectar el privilegio deliberativo esgrimido por el órgano reclamado y, en consecuencia, el debido funcionamiento del mismo. Se recomienda al órgano reclamado la entrega de los antecedentes consultados, una vez que el procedimiento infraccional incoado se encuentre afinado. En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7301-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de octubre de 2020, don Cristian Viollo Cochrane solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero -en adelante, indistintamente SAG-la siguiente información: «todos los análisis químicos, de inocuidad, entre otros, que se realizaron este año 2020 al alimento de perro que indica». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 9 de noviembre de 2020, el Servicio Agrícola y Ganadero respondió a dicho requerimiento, denegando su entrega, por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra de la Ley de Transparencia. Sobre este punto, ilustró que, en virtud de la denuncia recibida por el Servicio Agrícola y Ganadero respecto a que el consumo de alimentos para perros de la línea que indica estaría provocando daño en las mascotas, dicho organismo se encuentra realizando la debida investigación como consecuencia de Acta de Denuncia y Citación levantada a la empresa. A su vez, indicó que, la referida acta da origen a un proceso sancionatorio que tiene por objeto determinar la existencia de infracciones a la normativa vigente. 3) AMPARO: El 10 de noviembre de 2020, don Cristian Viollo Cochrane dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, mediante Oficio N° E20138, de fecha 19 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; (4°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (6°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y (7°) para el caso de encontrarse finalizado el proceso objeto de amparo, remita copia íntegra de dicha información. Se hace presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. Mediante presentación, de fecha 1 de diciembre de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Al respecto, refirió que, los antecedentes objeto del requerimiento se refieren a hechos acontecidos a propósito de un proceso infraccional iniciado por el órgano recurrido, por la autodenuncia de la empresa que indica. Sobre lo anterior, complementó que, actualmente se encuentra en proceso de investigación, a fin de esclarecer los hechos denunciados y sus causas. Por lo anterior, razonó que, la entrega de la información respecto a la fiscalización podría frustrar la investigación en curso, la cual aún se encuentra pendiente. Con respecto al estado del procedimiento, indicó que el proceso rol N° 201313568, se encuentra en etapa de análisis ante la unidad jurídica metropolitana. En cuanto a la fecha aproximada de término, señaló que una vez que el Director Regional dicte la resolución, el denunciado puede presentar un recurso de revisión ante el Director Nacional, a cuya resolución a su vez puede interponerse un recurso de reclamación antes los Tribunales de Justicia, por tanto, expresó que la fecha de término es incierta. Acto seguido, sobre la afectación a las funciones del organismo, ilustró que el artículo 3° literal m) de la ley N° 18.755, que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, dispone que le corresponderá al SAG: «Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre producción y comercio de semillas, plaguicidas, fertilizantes, alimentos para animales, alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres; exposiciones y ferias de animales, nomenclatura de sus cortes y otras materias que la ley establezca, como también realizar los análisis bacteriológicos y bromatológicos y otros que fueran pertinentes y certificar la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación». En la misma línea, agregó que, los artículos 11° y siguientes del mismo cuerpo legal se establecen las atribuciones que posee el Servicio para conocer de las denuncias e infracciones en el ámbito de su competencia. En virtud de lo señalado, argumentó que, la entrega de los antecedentes irían en desmedro del debido funcionamiento de las funciones del Servicio, toda vez que el proceso administrativo e infraccional aún se encuentra en una fase investigativa para esclarecer los hechos y las responsabilidades, por tanto, la entrega de la información en una etapa previa a la adopción de la resolución del proceso infraccional del Servicio, podría frustrar la investigación. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, concernientes a los análisis químicos, de inocuidad, entre otros, que se realizaron el presente año al alimento de perro que indica. Al efecto, el órgano reclamado se opuso a la entrega de dichos antecedentes, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, sobre la materia, el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas». A su vez, el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que «se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios». Según la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10 y C67-12- para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: i) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, ii) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 3) Que, en cuanto a la verificación del primer requisito, este Consejo ha sostenido que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, en la decisión recaída en el amparo Rol A79-09 se estableció que: «ésta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido». En la especie, esta Corporación advierte que, los antecedentes consultados forman parte de un procedimiento infraccional en actual tramitación, por eventuales incumplimientos a la normativa vigente por parte de empresa que se indica, los cuales, además servirán de base para la dictación de una resolución final por parte del organismo en la que se determine si existió o no infracción a la normativa fiscalizada. En este contexto, el órgano reclamado ilustró que, el proceso de infraccional Rol N° 201313568, se encuentra en etapa de análisis ante la Unidad Jurídica Metropolitana. En tal sentido, el vínculo entre la información pedida y dicha decisión resulta ser evidente y preciso, por cuanto es precisamente a partir del mérito de la autodenuncia realizada, las diligencias y acciones de investigación y fiscalización llevadas a cabo por el órgano reclamado, se adoptará por parte del Servicio Agrícola Ganadero una decisión sobre eventuales responsabilidades y sanciones de la empresa fiscalizada. En consecuencia, corresponden a antecedentes previos a la adopción de una decisión por parte de la autoridad reclamada. 4) Que, en cuanto a la verificación del segundo requisito, del análisis del marco normativo vigente, este Consejo estima que la divulgación de los análisis químicos pedidos, pertenecientes a un procedimiento en curso y no afinado, respecto del cual el solicitante no es parte interesada, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En efecto, los antecedentes se circunscriben dentro de sus facultades de fiscalización otorgadas por el artículo 3° letra m) de la Ley N° 18.755, que se traducen, en el caso particular, en la aplicación y fiscalización de las normas legales y reglamentarias sobre producción y comercio de alimentos para animales, y específicamente de la determinación, si en la especie, se infringió por parte de la empresa fiscalizada la normativa vigente sobre la materia. En el mismo orden de ideas, los artículos 11° y siguientes de la norma referida, se establece el procedimiento de aplicación general y sanciones para resolver las infracciones a las normas legales o reglamentarias cuya fiscalización se otorga a la reclamada (énfasis agregado). 5) Que, por consiguiente, tratándose de un proceso de fiscalización en trámite, respecto del cual no se ha adoptado la resolución final por parte del Director Regional, la develación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la respectiva decisión, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de la competencia del órgano, como es determinar si en el caso de especie se infringió o no la normativa sobre producción y comercio de alimentos para animales. En este sentido, la publicidad prematura de los antecedentes requeridos importa entorpecer la deliberación interna, quedando en evidencia, las posibles diligencias que puedan decretarse, los objetivos y resultados de las mismas, unido a la presunción de las resoluciones definitivas a adoptar, lo cual debilita la función fiscalizadora de la reclamada. Asimismo, afecta el desarrollo de las investigaciones en curso, en la medida que su publicación podría poner en conocimiento del posible infractor detalles relevantes de la investigación, lo cual generaría una ventaja que podría ser usada por el posible infractor para esconder información relevante. Por lo anterior, se configura de esta forma la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. 6) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, estimándose la configuración en la especie de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, denegándose la entrega de los antecedentes consultados. 7) Que, sin perjuicio de lo resuelto en los considerandos precedentes, en virtud de los principios de Máxima Divulgación y Facilitación, reconocidos en el artículo 11° literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se recomendará al Servicio Agrícola y Ganadero, entregar al solicitante copia de los análisis químicos pedidos, una vez que el procedimiento infraccional se encuentre afinado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Cristian Viollo Cochrane, en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, por configurase la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Recomendar al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, que en virtud del principio de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11 literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, remita al reclamante los antecedentes pedidos una vez que el procedimiento infraccional se encuentre afinado. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Viollo Cochrane; y, al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.