Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7306-20

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Reclamante:	FRANCO ANABALON CHACANA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional del Consumidor, referido a la entrega de copia de los formularios únicos de atención al público, con su correspondiente descripción de los hechos y el contenido de la respuesta proporcionada por los proveedores en cada caso, en el periodo que se indica. Lo anterior, por cuanto se estima que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida implicaría el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la digitalización y entrega de información consultada. Adicionalmente, a juicio de esta Corporación, su conocimiento puede inhibir que los denunciantes o reclamantes presenten denuncias y/o reclamos al órgano reclamado, afectando, consecuencialmente, el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Acto seguido, su divulgación constituye una clara afectación a los derechos de las personas involucradas, por tratarse de antecedentes constitutivos de su esfera de privacidad.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1336-16
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C7306-20   Entidad pública: Servicio Nacional del Consumidor Requirente: Franco Anabalon Chacana Ingreso Consejo: 10.11.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional del Consumidor, referido a la entrega de copia de los formularios únicos de atención al público, con su correspondiente descripción de los hechos y el contenido de la respuesta proporcionada por los proveedores en cada caso, en el periodo que se indica. Lo anterior, por cuanto se estima que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida implicaría el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la digitalización y entrega de información consultada. Adicionalmente, a juicio de esta Corporación, su conocimiento puede inhibir que los denunciantes o reclamantes presenten denuncias y/o reclamos al órgano reclamado, afectando, consecuencialmente, el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Acto seguido, su divulgación constituye una clara afectación a los derechos de las personas involucradas, por tratarse de antecedentes constitutivos de su esfera de privacidad. En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7306-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de septiembre de 2020, don Franco Anabalon Chacana solicitó al Servicio Nacional del Consumidor -en adelante, indistintamente SERNAC- la siguiente información: 1.1) «todos los formularios únicos de atención de público -fuap- y planilla excel que contenga todos los reclamos -que consigne a lo menos: categorización del reclamo, fecha del hecho, proveedor reclamado, descripción del hecho; y sí lo hubiere respuesta del proveedor y su contenido- ingresados entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de septiembre de 2020 en contra de las empresas que indica; 1.2) Copia de todos los formularios únicos de atención de público -fuap- y planilla excel que contenga todos los reclamos -que consigne a lo menos: categorización del reclamo, fecha del hecho, proveedor reclamado, descripción del hecho; y sí lo hubiere respuesta del proveedor y su contenido- ingresados entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de septiembre de 2020 en contra de las empresas que indica. Adicionalmente, puntualizó que no se requieren datos personales de los consumidores, por lo que pueden ser tarjados. 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio, de fecha 27 de octubre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 10 de noviembre de 2020, el Servicio Nacional del Consumidor respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos: 3.1) Primeramente, reseñó que revisada sus bases de datos entre el 1 de marzo de 2020 y el 15 de octubre del mismo año, se registran 303 reclamos en contra de Cocha; 1.289 reclamos en contra de Viajes Falabella; 178 reclamos en contra del proveedor Atrápalo; 4.970 reclamos en contra de Despegar; 5.278 reclamos en contra de Latam Airlines; y 2.093 reclamos en contra de Sky Airlines. Sobre lo anterior, indicó que se entregará dicha información -en archivo Excel-, desagregada por comuna del consumidor, motivo legal, categoría de motivo legal y categoría de respuesta del proveedor. 3.2) Acto seguido, en cuanto al formulario único de atención de público -fuap-, denegó su entrega, por configurarse en la especie las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2. Sobre este punto, expuso que el total de reclamos que se consultan -14.411 reclamos-, la descripción de la misma cantidad de reclamos y las respuestas de los proveedores a esa cantidad de quejas, contienen datos personales de diversa índole - tales como, nombres completos, números de cédula de identidad, número de cuentas bancarias, números de celular, domicilios y casillas de correos electrónicos, entre otros-, entregados por cada uno de los consumidores que acuden al Servicio, a fin de que éste último pueda concurrir y proponer alternativas de solución, como asimismo a fin de que se denuncien ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectiva, los posibles incumplimientos e infracciones en que incurra el proveedor. Con respecto a las respuestas que los proveedores dan específicamente a cada consumidor, indicó que dichas cartas contienen los nombres parciales o completos de los consumidores reclamantes, su número de cédula de identidad, casilla de correos electrónicos y domicilios. En el mismo orden de ideas, puntualizó que con respecto a los formularios únicos de atención y la descripción de los hechos, esos datos han sido recopilados por el SERNAC, con el sólo propósito de propender a una solución extrajudicial y no extraídos desde un registro de acceso público, por lo que no es posible su tratamiento, en conformidad de lo dispuesto en los artículos 4° y 9° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Sobre lo anterior, complementó que los derechos a resguardar se refieren a datos personales que están presente en la gran mayoría de los reclamos, por lo que cabe en la especie la obligación de secreto sobre esos datos, en conformidad de lo consagrado en los artículos 7° y 20° del precipitado cuerpo legal. Por lo anterior, razonó que la cesión de dichos datos a terceros -sin la autorización de los consumidores-, supone la afectación de los derechos de éstos. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación. Asimismo, hizo presente que, en caso de revelarse los antecedentes relacionados a la descripción de los reclamos de los consumidores que acuden al SERNAC, se afectaría el debido cumplimiento de las funciones propias del Servicio, por cuanto esto podría inhibir a futuros reclamante a representar sus problemas de consumo ante el organismo, producto de la falta de certeza respecto al tratamiento que se dará a sus datos personales y su eventual divulgación no consentida a terceros, lo cual podría implicar -ante dicha omisión- que el Servicio se vea impedido de ejercer sus funciones, vinculadas, en general, a la supervigilancia del cumplimiento de la Ley N° 19.496 y demás normas que digan relación con el consumidor. Finalmente, puntualizó que para el caso de los formularios, la descripción de los hechos y para las respuestas específicas a los reclamos formulados, no es posible aplicar el principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11° de la Ley de Transparencia, por cuanto implicaría que se revisara visual y manualmente, solamente por el encargado del SERNAC, dentro de los 14.111 formularios únicos de atención de público consultados, las 14.411 descriptores de reclamos y las 14.111 cartas de respuesta de los proveedores, todos los datos de índole personal o sensible, a efectos de ser borrados o tarjados, lo que distraería indebidamente a dicho funcionario en el cumplimiento del resto de sus funciones. 4) AMPARO: El 10 de noviembre de 2020, don Franco Anabalon Chacana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información proporcionada seria parcial. Al efecto, manifestó que no se entregó los formularios de atención de público, con la descripción de los hechos y contenido de las respuestas de los proveedores, pese a que expresamente se indicó que lo requerido no se circunscribe a los datos personales de los consumidores. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Servicio Nacional del Consumidor, mediante Oficio N° E20148, de fecha 19 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante presentación, de fecha 27 de noviembre de 2020, el SERNAC evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. 5.1) Sobre la configuración de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, refirió que se requiere la entrega de 14.111 archivos digitales, que corresponden a la cantidad de formularios únicos de atención de público que son construidos en base a la información proporcionada por los propios consumidores, los que incluyen datos personales y comerciales de los proveedores, descripción del reclamo y la solicitud que se hace a la empresa para arreglar la problemática de consumo. Adicionalmente, agregó que lo requerido se circunscribe también a las respuestas de los proveedores y su contenido, lo cual asciende a una cantidad de 14.062 respuesta de proveedores. Por tal motivo, indicó que el tiempo que significaría la recopilación de los antecedentes, la edición y tarjado de datos personales de más de 28.000 mil archivos, impediría que el organismo reclamado cumpla con sus funciones, toda vez que distraería indebidamente a la funcionaria de recopilar la información y al encargado de Transparencia del Servicio, para que ambos se vuelquen exclusivamente a la satisfacción del requerimiento en análisis. 5.2) Acto seguido, con respecto a la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, expresó que los consumidores en ningún caso consienten a la entrega de su información personal, sino que sólo acceden a la entrega de sus antecedentes al proveedor contra el cual presentan su queja. En cuanto a la afectación de las funciones del órgano y los derechos de terceros, remitió ejemplos de los formularios únicos de atención de público, con sus descripciones y respuestas proporcionadas por proveedores, enfatizando la gran cantidad de datos personales y sensibles que tiene la información consultada, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Protección de la Vida Privada. Sobre este punto, hizo presente que la edición y eliminación de cada sección de datos personales -en formularios, descripciones y respuestas- implica una elevadísima cantidad de tiempo, concretamente, significa distraer por casi seis semanas al funcionario encargado de transparencia del Servicio. Al respecto, indicó que la recopilación de información la efectúan 4 funcionarios, cuya búsqueda y entrega de los 28.178 documentos implicarían 24 días hábiles. Por su parte, agregó que la edición y eliminación de datos personales de los documentos -en formato PDF- implicaría una altísima cantidad de tiempo, pues el encargado de transparencia demora, en promedio 45 segundos en abrir, editar, borrar datos personales y guardar el documento editado, lo cual asciende a un total de 176,38 horas, es decir, 4,008 semanas, considerando la jornada de trabajo de 44 horas semanales. Asimismo, para el caso de las respuestas -14.062 documentos- reseñó que para eliminar los datos personales y sensibles se requieren de 78.12 horas, o bien 1.775 semanas, considerando la jornada de trabajo en 44 horas semanales. Y CONSIDERANDO: 1) Que, atendido lo expuesto por el peticionario en su reclamación, el presente amparo se funda en la denegación parcial de los antecedentes consultados, referidos a la entrega de copia de los formularios únicos de atención al público, con su correspondiente descripción de los hechos y el contenido de la respuesta proporcionada por los proveedores en cada caso, en el periodo que se indica. Al respecto, el SERNAC se opuso a la entrega de dicha información, por concurrir en la especie las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1, letra c) y el 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, primeramente, en cuanto a la hipótesis de distracción indebida alegada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales (énfasis agregado). 3) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado). 5) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, entre otras, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia (énfasis agregado). 6) Que, en tal orden de ideas, este Consejo estima que la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente procedimiento de acceso a la información, toda vez que el conjunto de actividades de búsqueda, recopilación, sistematización, tratamiento y el tarjado de datos personales y sensibles de contexto consignados en la información pedida -las cuales deben ser desplegadas necesariamente para satisfacer el requerimiento en análisis- son de una entidad tal que afectan el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, por cuanto poner a disposición del reclamante la información requerida implicaría la utilización de un tiempo y recurso humano excesivo, máxime si se considera la amplitud del requerimiento, esto es, 28.178 documentos, que contemplan los formularios únicos de atención al público, con su correspondiente descripción de los hechos y el contenido de la respuesta proporcionada por los proveedores en cada caso. Al respecto, del análisis de los antecedentes aportados en el presente procedimiento de acceso por la reclamada, esta Corporación constató que dichos antecedentes deben ser objeto de tratamiento -tarjado-, pues contienen datos personales y sensibles propios del reclamante, de terceros y de trabajadores dependientes de los proveedores, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada (énfasis agregado) y la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 7) Que, al efecto, con ocasión de sus presentaciones, el SERNAC ilustró que la edición y eliminación de cada sección de datos de índole personal y sensible -en formularios, descripciones y respuestas- implica una elevadísima cantidad de tiempo, concretamente, significa distraer por casi seis semanas al funcionario encargado de transparencia del Servicio. Al respecto, indicó que la recopilación de información la efectúan 4 funcionarios, cuya búsqueda y entrega de los 28.178 documentos implicarían 24 días hábiles de labores. Acto seguido, puntualizó que el tratamiento de los formularios y las descripciones -14.111 archivos- implicarían 176 horas, es decir, 4 semanas de trabajo. Por su parte, sobre la edición de las respuestas proporcionadas por los proveedores -14.062 documentos- expuso que para anonimizar los datos personales y sensibles se requieren de 78.12 horas, o bien 1.775 semanas. Sobre lo anterior, a juicio de esta Corporación el tiempo de satisfacción del requerimiento expuesto por la reclamada se constituye como una magnitud que permite configurar válidamente la causal de reserva esgrimida, y consecuencialmente, distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, en circunstancias de que deben atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, y conjuntamente, observar los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones (énfasis agregado). 8) Que, a mayor abundamiento, este Consejo estima que, en la especie se configura la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por cuanto la divulgación de los antecedentes consultados -formularios de atención, la respectiva descripción de los hechos del reclamo, y las respuestas proporcionadas por los proveedores- puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias o reclamaciones ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las investigaciones y fiscalizaciones necesarias, destinadas a esclarecer las infracciones cometidas por los proveedores, los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano (énfasis agregado). 9) Que, sobre este punto, cabe tener presente que el artículo 58° inciso primero de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, dispone que «el Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normas que digan relación con el consumidor, difundir los derechos y deberes del consumidor y realizar acciones de información y educación del consumidor». Por su parte, el inciso segundo del referido artículo 58°, dispone cuales son las funciones que en específico le corresponde ejecutar a dicho Servicio, entre las que destaca, en relación con el amparo de la especie, la descrita en su literal f), en virtud del cual el SERNAC debe recibir reclamos de consumidores que consideren lesionados sus derechos y dar a conocer al proveedor respectivo el motivo de inconformidad, a fin de que voluntariamente pueda concurrir y proponer las alternativas de solución que estime convenientes. Sobre la base de la respuesta del proveedor reclamado, el Servicio Nacional del Consumidor promoverá un entendimiento voluntario entre las partes. Al efecto, a juicio de este Consejo, de revelarse los antecedentes relacionados a la descripción de los reclamos de los consumidores que acuden al SERNAC, se afectaría el debido cumplimiento de las funciones propias del Servicio, por cuanto esto podría inhibir a futuros reclamante a formular sus reclamaciones de consumo ante el organismo, producto de la falta de certeza respecto al tratamiento que se dará a sus datos personales y sensibles, junto con su eventual divulgación no consentida a terceros, lo cual podría implicar se vea impedido de ejercer sus funciones, en los términos establecidos en el artículo 21° N° 1 de la Ley de Transparencia (énfasis agregado). 10) Que, asimismo, del análisis de los antecedentes aportados por la reclamada -y que tuvo a la vista esta Corporación-, se advierte que, la información pedida versa sobre reclamos efectuados al órgano recurrido, los cuales contienen la narración circunstanciada de hechos personales y sensibles de los reclamantes, en los términos previstos en el artículo 2° letras f) y g) de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Al efecto, son antecedentes, que han sido obtenidos de los propios interesados, y no de un registro libre acceso público, motivo por el cual, tales datos sólo pueden tratarse al interior del SERNAC y específicamente para los fines específicos que motivaron su entrega, descartándose su cesión a terceros. Al efecto, cabe tener presente que el artículo 7° de la precipitada ley, establece que: «Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público. En el mismo sentido, el artículo 4° de dicha ley dispone que: «el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello», circunstancias que no se verifican en la especie. Complementa lo anterior el artículo 9° que establece que: «Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público». Por lo anterior, esta Corporación estima que en la especie concurre la causal de reserva consagrada en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto su divulgación constituye una expectativa razonable de daño o afectación negativa - presente o probable y con suficiente especificidad- a los derechos de las personas involucradas (énfasis agregado). 11) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, configurándose en la especie la distracción indebida esgrimida por el órgano reclamado, en los términos previstos en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia; concurriendo a juicio de esta Corporación la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado; y, tratándose de la develación de hechos constitutivos de la vida privada de terceros, los cuales no proporcionaron su aquiescencia para su entrega, este Consejo rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Franco Anabalon Chacana, en contra del Servicio Nacional del Consumidor, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Franco Anabalon Chacana; y, al Sr. Director del Servicio Nacional del Consumidor. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.