Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7307-20

Reclamante:	GUILLERMO FRANCISCO RUIZ SANTANA
Reclamado:	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO NATALES
Resumen del caso: Se acogen los amparos interpuestos en contra de la Corporación Municipal de Puerto Natales, ordenándose la entrega de los contratos laborales consultados de funcionario que se indica. Lo anterior, por cuanto la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Asimismo, se desestimó la causal de reserva de afectación de derechos de las personas, esgrimida por el tercero interesado. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/20/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C216-12 C7305-20
Jurisprudencia a:	C7305-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Hoja de vida
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C7305-20 y C7307-20   Entidad pública: Corporación Municipal de Puerto Natales Requirente: Guillermo Francisco Ruiz Santana Ingreso Consejo: 10.11.2020 RESUMEN Se acogen los amparos interpuestos en contra de la Corporación Municipal de Puerto Natales, ordenándose la entrega de los contratos laborales consultados de funcionario que se indica. Lo anterior, por cuanto la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Asimismo, se desestimó la causal de reserva de afectación de derechos de las personas, esgrimida por el tercero interesado. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7305-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 25 de septiembre de 2020, don Guillermo Francisco Ruiz Santana solicitó a la Corporación Municipal de Puerto Natales la siguiente información: 1.1) Mediante solicitud de acceso a la información N° GR0073: «copia del contrato de la persona que indica a contar del 1 de agosto de 2019, que debería estar vigente». 1.2) Mediante solicitud de acceso a la información N° GR0074: «copia del contrato de la persona que se indica, el cual estuvo vigente entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2019». 2) OPOSICIÓN DE TERCERO: Mediante presentación, de fecha 6 de octubre de 2020, el tercero interviniente se opuso a la entrega de los documentos laborales consultados. Al efecto, expuso que su oposición se funda en lo previsto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, por contener información que puede afectar sus derechos. Asimismo, hizo presente que lo requerido se circunscribe a datos de carácter personal, en los términos previstos en el artículo 2° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, razón por la cual no procede su comunicación sin el consentimiento del titular o disposición legal que lo autorice, lo que no ha sido acreditado en el caso de especie. 3) RESPUESTAS: Mediante presentaciones, de fecha 21 de octubre de 2020, la Corporación Municipal de Puerto Natales respondió a dicho requerimiento de información, señalando que, se encuentra impedida de proporcionar los antecedentes pedidos, en virtud de la oposición formulada por funcionario que se indica, respecto a la entrega de su antiguo contrato de trabajo y su contrato de trabajo actualmente vigente. 4) AMPAROS: El 10 de noviembre de 2020, don Guillermo Francisco Ruiz Santana dedujo amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados, en virtud a oposición formulada por tercero. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Puerto Natales, mediante Oficio N° E20139, de fecha 19 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la(s) respectiva(s) comunicación(es), de los documentos que acrediten su notificación, de la(s) oposición(es) deducida(s) y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta(s) ingresó(aron) ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) remita copia de la solicitud objeto de amparo, el comprobante de notificación de la prórroga (si la comunicó) y el comprobante de notificación de la respuesta. Mediante presentación, de fecha 1 de diciembre de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su presentación. Al efecto, hizo presente que, atendida la oposición deducida por el tercero, el órgano reclamado quedó impedido de proporcionar la información requerida, en conformidad de lo establecido en el artículo 20° de la Ley de Transparencia. Sobre este punto, acompañó la copia de notificación al tercero -mediante correo electrónico y carta certificada-; la copia de carta de comunicación para que el tercero manifieste sus derechos; y, la copia de la carta de oposición del tercero involucrado. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25° de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado de los amparos al tercero interesado, mediante Oficio N° E21119, de fecha 17 de diciembre de 2020, a fin de que haga mención expresa a los derechos que le asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada. Mediante presentación, de fecha 4 de enero de 2020, el tercero interesado evacuó sus descargos y observaciones, oponiéndose a la entrega de los instrumentos consultados. En síntesis, puntualizó lo siguiente: 6.1) Primeramente, indicó que se trata de instrumentos privados, cuya comunicación afecta sus derechos como persona y trabajador, particularmente su seguridad, su salud psíquica, su privacidad y sus derechos de carácter comercial o económico. 6.2) Acto seguido, reseñó que actualmente se encuentra como parte activa -demandante, querellante y recurrente- en procesos judiciales de recursos de protección, tutela laboral, y querella de injurias y calumnias, debido a la publicación ilegal de documentación correspondientes a su relación laboral. En tal contexto, hizo presente que a partir de esta declaración y exhibición no autorizada -por parte de funcionario que indica-, un medio digital comunal y los particulares, procedieron a hacer una serie de publicaciones que fueron objeto del recurso, lo cual denostó a su persona de manera insultante. Al efecto, reprodujo publicaciones efectuadas por diversas personas en sitios electrónicos y redes sociales. 6.3) Por tal motivo, esgrimió que la filtración de los datos personales y privados a los que quiere acceder el reclamante tiene la aptitud de generar un daño a sus bienes, integridad física y materia de su persona y familia, y por tanto, hay motivos para proteger tales instrumentos. 6.4) En cuanto a la afectación de su vida privada y derechos de carácter comercial o económico, expuso que en los contratos peticionados se encuentran detalles de sus horarios, lugar de desempeño y sueldo que son información valiosa para determinar las rutinas y cómo funciona su vida personal, así como también su economía familiar, razón por la cual no sólo son datos personales, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada y el artículo 19° n°4 de la Constitución Política de la República, sino que además información sensible para la seguridad y normalidad de su entorno familiar. Sobre lo anterior, expresó que la Ley sobre Protección de la Vida Privada sólo reconoce como fuentes de licitud para el tratamiento de datos personales la habilitación legal y el consentimiento expreso y escrito del titular de los datos personales contenidos en los contratos que requiere el reclamante, aquiescencia que no se verifica en la especie. 6.5) Por último, razonó que es ilógico la petición de dicha información, pues ya se aprobó los presupuestos de la municipalidad, según el decreto alcaldicio N° 1681, de fecha 28 de diciembre de 2020, la cual acompañó. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendido al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C7305-20 y C7307-20, existe identidad respecto del requirente y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, establecido lo anterior, los presentes amparos se fundan en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a la entrega de copias de contratos de trabajo -antiguo y vigente - de funcionario público que indica. Al efecto, respecto de dicha información, el órgano comunicó al reclamante que se encontraba impedido de entregar lo requerido, fundado en la oposición formulada por el tercero interesado, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia. Por su parte, el tercero interviniente, se opuso a la entrega de los instrumentos laborales peticionados, por contener datos personales -en conformidad de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada-, y debido a que su divulgación constituyen una afectación a sus derechos. En tal sentido, esgrimió que la filtración de los datos personales y privados contenidos en dichos instrumentos tienen la aptitud de generar un daño a sus bienes, integridad física y materia de su persona y familia, y constituyen una afectación de su vida privada y derechos de carácter comercial o económico. 3) Que, primeramente, en cuanto a la oposición formulada por el tercero interesado, esta Corporación advierte que se esgrime la causal de reserva contemplada en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia. Sobre este punto, cabe tener presente que dicho precepto permite denegar el acceso a la información «cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico». Sobre la referida causal de secreto, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que, el tercero interviniente no ha explicado ni acreditado suficientemente, cómo la entrega de lo requerido, afectaría un derecho específico y determinado, en conformidad con lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. A su vez, este Consejo no advierte el modo en que la publicidad de los contratos laborales consultados afectaría los derechos del tercero interviniente, máxime si se considera que se circunscriben a antecedentes referidos al cumplimiento de labores de funcionarios públicos (énfasis agregado). 4) Que, en este orden de ideas, el fundamento sostenido por el tercero en su oposición -referido a los constantes ataques de los cuales habría sido víctima mediante publicaciones en plataformas sociales y sitios electrónicos-, en el cual basa su negativa a entregar la información pedida, a juicio de esta Corporación, no resultan suficientes para acreditar una afectación a un derecho específico y determinado, en conformidad con la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que el oponente sólo se limita a invocar un mero interés, al pretender con su denegación que se evite el eventual mal uso de la información, en caso de ser ésta divulgada, razón por la cual el perjuicio alegado tendría también el carácter de eventual e incierto. De este modo, en la especie resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 7° N° 2 del Reglamento del cuerpo legal citado -ratificado en la Instrucción General N° 10, sobre procedimiento administrativo de acceso a la información en su punto 2.4-, el cual excluye del ámbito de la causal de reserva invocada la alegación de un simple interés, como ha sucedido en la especie. 5) Que, lo anterior permite a este Consejo concluir, tal como se sostuvo en la decisión recaída en el amparo C216-12, que un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información, no reuniéndose, por ende, los elementos constitutivos de la afectación invocada, esto es, ser una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a un derecho determinado, por tal razón la oposición en análisis deberá ser desestimada. 6) Que, además, ante lo alegado por el tercero en su oposición, cabe tener presente que, de conformidad con el artículo 11° letra g) de la Ley de Transparencia, que consagra el principio de no discriminación, los órganos de la Administración del Estado deberán entregar la información a todas las personas que la soliciten sin exigir expresión de causa o motivo. En consecuencia, la finalidad que persiga el requirente al solicitar la información - a modo ejemplificativo, su publicación en redes sociales- no resulta determinante al momento de resolver su entrega o denegación. Por tales motivos, este Consejo desestimará la causal de reserva invocada y las alegaciones formuladas por el tercero en esta parte, sin perjuicio de lo que se resolverá, respecto de los datos personales y sensibles de contexto incorporados en los instrumentos laborales peticionados. 7) Que, acto seguido, en cuanto a la alegación esgrimida por el tercero interesado, en orden a la afectación de su vida privada y derechos de carácter comercial o económico, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento -contratos- y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, títulos de profesión, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño y/o comisión de sus laborales (énfasis agregado). 8) Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales (énfasis agregado). 9) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública; y, no configurándose en la especie la afectación de derechos esgrimida por el tercero interesado, este Consejo procederá a acoger los presentes amparos, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los instrumentos laborales consultados. 10) Que, con respecto a la información que se ordenó proporcionar, en virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger los amparos deducidos por don Guillermo Francisco Ruiz Santana, en contra de la Corporación Municipal de Puerto Natales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Puerto Natales, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia de los contratos de trabajo consultados, en los términos consignados en los numerales 1.1) y 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo. En virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Guillermo Francisco Ruiz Santana; al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Puerto Natales; y, al tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.