Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7436-20

Reclamante:	GLADYS ZAMORANO TORRES
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Olmué, ordenando la entrega de la información relativa a todo oficio, dictamen e informe, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, y dirigido a la Municipalidad de Olmué, desde el año 2017 hasta la fecha de la solicitud; y, copia de los decretos que instruyeron sumarios administrativos, previa orden o sugerencia emanada del ente contralor ya señalado, que incluya la respectiva resolución de término de dicho proceso, desde el año 2016 hasta la fecha de la solicitud. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. En tal sentido, se constata que en el banner de Transparencia Activa de la Municipalidad de Olmué, se encuentran publicados los decretos que instruyeron sumarios administrativos al personal municipal, los que contabilizados durante el periodo consultado, no exceden de los 30 procedimientos, figurando que nueve de aquellos, tuvieron como antecedente previo un oficio, informe de investigación u orden de la Contraloría Regional de Valparaíso -uno es por acoso laboral-. A su vez, y respecto a los distintos pronunciamientos emanados desde dicha entidad de control, alusivos al organismo, aquellos se encuentran publicados en el sitio web de la Contraloría, ya sea de forma total o mediante una narración general, según la materia que trate; en consecuencia, se estima que la reclamada puede cumplir con lo solicitado, toda vez que la información requerida, se encuentra mayoritariamente sistematizada. A su vez, se alegó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado; alegación se desestima atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia, deberán tarjarse todos aquellos datos personales y de contexto que puedan estar contenidos en la documentación en análisis, tales como, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. A su vez, respecto de la información que dice relación con investigaciones o circunstancias constitutivas de acoso laboral, igualmente deberá ser reservada la identidad, y cualquier dato que permita inferir aquella, de las personas denunciantes y de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso, que pueden figurar en la información referida, y cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/9/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2447-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C7436-20   Entidad pública: Municipalidad de Olmué Requirente: Gladys Zamorano Torres Ingreso Consejo: 16.11.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Olmué, ordenando la entrega de la información relativa a todo oficio, dictamen e informe, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, y dirigido a la Municipalidad de Olmué, desde el año 2017 hasta la fecha de la solicitud; y, copia de los decretos que instruyeron sumarios administrativos, previa orden o sugerencia emanada del ente contralor ya señalado, que incluya la respectiva resolución de término de dicho proceso, desde el año 2016 hasta la fecha de la solicitud. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. En tal sentido, se constata que en el banner de Transparencia Activa de la Municipalidad de Olmué, se encuentran publicados los decretos que instruyeron sumarios administrativos al personal municipal, los que contabilizados durante el periodo consultado, no exceden de los 30 procedimientos, figurando que nueve de aquellos, tuvieron como antecedente previo un oficio, informe de investigación u orden de la Contraloría Regional de Valparaíso -uno es por acoso laboral-. A su vez, y respecto a los distintos pronunciamientos emanados desde dicha entidad de control, alusivos al organismo, aquellos se encuentran publicados en el sitio web de la Contraloría, ya sea de forma total o mediante una narración general, según la materia que trate; en consecuencia, se estima que la reclamada puede cumplir con lo solicitado, toda vez que la información requerida, se encuentra mayoritariamente sistematizada. A su vez, se alegó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado; alegación se desestima atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia, deberán tarjarse todos aquellos datos personales y de contexto que puedan estar contenidos en la documentación en análisis, tales como, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. A su vez, respecto de la información que dice relación con investigaciones o circunstancias constitutivas de acoso laboral, igualmente deberá ser reservada la identidad, y cualquier dato que permita inferir aquella, de las personas denunciantes y de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso, que pueden figurar en la información referida, y cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos. En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7436-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de octubre de 2020, doña Gladys Zamorano Torres presentó ante la Municipalidad de Olmué, el siguiente requerimiento: "(...) copias anuales de informes, investigaciones, dictámenes, oficios y otros evacuados por Contraloría Regional al Municipio de Olmué, en el periodo comprendido entre los años 2017 a la fecha. Junto con ello, decretos de sumarios administrativos sugeridos y/u ordenados en documentos de Contraloría al Municipio de Olmué, por responsabilidades funcionarias del periodo comprendido entre los años 2016 a la fecha, todos con sus correspondientes resultados mediante decretos de absolución o aplicación de medidas disciplinarias". 2) RESPUESTA: Por documento emitido el 30 de octubre de 2020, la Municipalidad de Olmué señaló lo siguiente: "Debido a que se solicita incluir antecedentes de datos sensibles personales que se refiere a datos de las personas y su vida privada, lo genérico de la solicitud, la gran cantidad de archivos involucrados, el amplio período de tiempo solicitado (2017, 2018, 2019, 2020) 4 años, la circunstancia de encontrase el país bajo un estado de excepción Constitucional, la falta de personal por flexibilidad de trabajo dispuesto por Decreto Alcaldicio Nª 1833 de 2020 en concordancia con lo dispuesto en el Oficio N° 3610 de la Contraloría General de la Republica y la cantidad de horas de personal municipal involucrado para obtener y sistematizar la información requerida, esta administración deberá denegar dar curso a dicha solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, letra c) de la Ley N° 20.285". 3) AMPARO: El 16 de noviembre de 2020, doña Gladys Zamorano Torres dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Olmué, mediante Oficio E20583, de 2 de diciembre de 2020. Transcurrido el término legal sin recibir los descargos de parte del organismo; por medio de correo electrónico de fecha 22 de diciembre de 2020, se hizo presente dicha circunstancia a la Municipalidad de Olmué, no recibiendo respuesta al efecto. Y CONSIDERANDO: 1) Que, según se desprende del tenor del requerimiento, lo solicitado es todo oficio, dictamen e informe, cualquiera sea su materia o finalidad, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, y dirigido a la Municipalidad de Olmué, desde el año 2017 hasta la fecha de la solicitud; y, copia de los decretos que instruyeron sumarios administrativos a fin de determinar responsabilidades funcionarias, previa orden o sugerencia emanada del ente contralor ya señalado, que incluya la respectiva resolución de término de dicho proceso, desde el año 2016 hasta la fecha de la solicitud. Todos antecedentes denegados por la recurrida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, conforme la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, las argumentaciones expresadas por el órgano reclamado no permiten dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva. Lo anterior, por cuanto, no precisan al volumen de la información pedida, el tiempo y funciones que se verían entorpecidas con la recopilación de lo solicitado. En tal sentido, se constata que en el banner de Transparencia Activa de la Municipalidad de Olmué, particularmente en el ítem "Actos y Resoluciones con efectos sobre Terceros"- "Decretos Municipales relativos a su personal", se encuentran publicados los decretos que instruyeron sumarios administrativos al efecto, los que contabilizados durante el periodo consultado, no exceden de los 30 procedimientos, figurando que nueve de aquellos, tuvieron como antecedente previo un oficio, informe de investigación u orden de la Contraloría Regional de Valparaíso -uno es por acoso laboral-. A su vez, y respecto a los distintos pronunciamientos emanados desde dicha entidad de control, alusivos al organismo, aquellos se encuentran publicados en el sitio web de la Contraloría , ya sea de forma total o mediante una narración general, según la materia que trate. 6) Que, respecto a las dificultades generadas por el COVID-19 alegadas por la recurrida, se debe señalar que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. 7) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575 -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo recomendado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a la información pública, debiendo proceder a su búsqueda y entrega, dentro de un plazo prudente establecido por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad. 8) Que, en consecuencia, se estima que la reclamada puede cumplir con lo solicitado, toda vez que la información requerida, se encuentra mayoritariamente sistematizada, lo cual facilita su recopilación y acceso; en cuyo mérito, se acogerá el amparo deducido ordenando la entrega de la información requerida. No obstante, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) , y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, previo a la entrega de la información, y particularmente en los decretos que instruyeron los sumarios y su respectiva resolución de término, deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto que puedan estar contenidos en la documentación en análisis, tales como, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 9) Que, finalmente, y respecto de la información que dice relación con investigaciones o circunstancias constitutivas de acoso laboral, igualmente deberá ser reservada la identidad de las personas denunciantes y de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso, que pueden figurar en los antecedentes referidos. Al efecto, y con el objeto de que dicha reserva sea efectiva, la reclamada deberá además reservar cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente. En este sentido, deberá suprimir toda mención al cargo o funciones desempeñadas -incluyendo el año de ingreso-, así como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables, y cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos, por constituir datos sensibles protegidos por la Ley N° 19.628. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por doña Gladys Zamorano Torres en contra de la Municipalidad de Olmué, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Olmué: a) Haga entrega a la reclamante de copia de todo oficio, dictamen e informe, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, y dirigido a la Municipalidad de Olmué, desde el año 2017 hasta la fecha de la solicitud; y, copia de los decretos que instruyeron sumarios administrativos, previa orden o sugerencia emanada del ente contralor ya señalado, que incluya la respectiva resolución de término de dicho proceso, desde el año 2016 hasta la fecha de la solicitud. Previamente deberán tarjarse todos aquellos datos personales de contexto que puedan estar contenidos en la documentación en análisis, tales como, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. A su vez, respecto de la información que dice relación con investigaciones o circunstancias constitutivas de acoso laboral, igualmente deberá ser reservada la identidad, y cualquier dato que permita inferir aquella, de las personas denunciantes y de los funcionarios públicos que concurrieron a declarar en calidad de testigos en el proceso, que pueden figurar en la información referida, y cualquier mención a patologías o estados de salud físicos o psíquicos. Lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y g), 4 y 10 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada y de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Gladys Zamorano Torres y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Olmué. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.