Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7442-20

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Reclamante:	PATRICIO ELIAS SARQUIS
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, por los siguientes argumentos: En relación con lo pedido en el número 1) de la solicitud de acceso, por cuanto este Consejo ha determinado que la información sobre el sistema de salud de una persona distinta del requirente es reservada por cuanto su divulgación afecta los derechos de las personas titular de dicho dato. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo roles C351-10 y C4565-17, entre otras. Respecto de lo solicitado en los números 2), 3), 5) y 6) del requerimiento, por no contar con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder información pedida, por inexistente. En cuanto a lo requerido en el número 4) de la solicitud de acceso, por cuanto de los dichos del reclamante se desprende que sus alegaciones apuntan más bien a una disconformidad con el contenido de la respuesta entregada más que con el derecho de acceso a información que obra en poder de la Administración del Estado, circunstancia que escapa a las competencias de este Consejo; además, no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder información adicional a la entregada; y, finalmente, en aquella parte del requerimiento derivado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, el órgano actuó conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia. En lo referido al número 7) del requerimiento, la respuesta entregada por el organismo satisface el requerimiento en análisis, por cuanto esta da cuenta fundadamente de la información que obra en su poder.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/5/2021
Consejeros:	-Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4565-17 C351-10
Jurisprudencia a:	C7215-21 C7216-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C7442-20   Entidad pública: Superintendencia de Salud Requirente: Patricio Elias Sarquis Ingreso Consejo: 16.11.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, por los siguientes argumentos: En relación con lo pedido en el número 1) de la solicitud de acceso, por cuanto este Consejo ha determinado que la información sobre el sistema de salud de una persona distinta del requirente es reservada por cuanto su divulgación afecta los derechos de las personas titular de dicho dato. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo roles C351-10 y C4565-17, entre otras. Respecto de lo solicitado en los números 2), 3), 5) y 6) del requerimiento, por no contar con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder información pedida, por inexistente. En cuanto a lo requerido en el número 4) de la solicitud de acceso, por cuanto de los dichos del reclamante se desprende que sus alegaciones apuntan más bien a una disconformidad con el contenido de la respuesta entregada más que con el derecho de acceso a información que obra en poder de la Administración del Estado, circunstancia que escapa a las competencias de este Consejo; además, no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder información adicional a la entregada; y, finalmente, en aquella parte del requerimiento derivado a la Dirección Nacional del Servicio Civil, el órgano actuó conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia. En lo referido al número 7) del requerimiento, la respuesta entregada por el organismo satisface el requerimiento en análisis, por cuanto esta da cuenta fundadamente de la información que obra en su poder. En sesión ordinaria N° 1159 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7442-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2020, don Patricio Elías Sarquis solicitó a la Superintendencia de Salud la siguiente información: "En relación a los siguientes funcionarios(as) de la Superintendencia de Salud: doña María Angélica Barros Lira, doña Marcela Palma San Miguel, doña Danie Figueroa Soccorso, doña Marisa Toloza Fernández, doña Pía Ramírez Madariaga, doña Eva Valenzuela Salazar, don Felipe Ubilla Zañartu, don Ricardo Gonzalez Rosales y don Patricio Fernández Pérez solicito se me entregue copia, respaldo o impresión que acredite de forma transparente respecto del funcionario(a) y de su cónyuge o conviviente civil o de su ex cónyuge o conviviente civil y de sus ascendientes o descendientes en línea recta: 1) Si se encuentra o si estuvo afiliado(a) a Isapre Cruz Blanca S.A., precisando desde y/o hasta cuándo . 2) Si ha tenido o si tiene no algún arbitraje, pleito, litigio o recurso de protección contra o a favor de Isapre Cruz Blanca S.A. o alguna de sus entidades relacionadas, precisando en qué evento, cuál(es) y cuándo. 3) Si ha declarado como testigo a favor o en contra de Isapre Cruz Blanca S.A., precisando en qué caso, por qué motivo y en qué oportunidad tuvo lugar ello. 4) Si ha prestado servicios para Isapre Cruz Blanca S.A. y/o alguna de sus entidades o personas relacionadas, precisando el nombre de la entidad o persona, la naturaleza y especie de servicios, su remuneración y la oportunidad o fecha(s) de ello. 5) Si tiene amistad, parentesco, deuda, participación, interés y/o acreencia, en forma directa o indirecta si lo tuviere algún ascendiente, descendiente y/o colateral por consanguineidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, con alguna persona que trabaje o haya trabajado en Isapre Cruz Blanca S.A., precisando cuál(es), en qué fecha o tiempo, con qué cargo y labores. 6) Si ha recibido alguna dádiva, regalo o servicio por parte de Isapre Cruz Blanca S.A., doña Ana María Vergara Ruiz o de parte de algún representante de dicha Isapre, precisando por qué, para qué, en qué consistió y cuándo tuvo ello lugar. 7) Si tuvo reunión, contacto y/o comunicación de cualquier especie o naturaleza con doña Ana María Vergara Ruiz y/o con algún representante de Isapre Cruz Blanca S.A., entre el 27 de mayo de 2019 y el 30 de diciembre de 2019, precisando cuándo, con quién, por qué, para qué y dónde consta ello". 2) RESPUESTA: El 26 de octubre de 2020, la Superintendencia de Salud respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, lo siguiente: En cuanto a lo pedido en el numeral 1), se deniega su entrega por tratarse de un requerimiento que implica la entrega de datos personales no sólo de los funcionarios señalados en la petición, sino también de su cónyuge o conviviente civil, de su ex cónyuge o conviviente civil y de sus ascendientes o descendientes en línea recta, condición definida en la letra f) del artículo 2° de la Ley N° 19.628. Concretamente, la información referida a la afiliación al sistema privado de salud constituye una base datos personales administrada por un organismo estatal, información que no se transforma per se en pública, ya que sus titulares no han perdido el derecho a la protección de sus datos, existiendo para estas instituciones un deber de reserva, así lo establece el artículo 7° de la ley N° 19.628. En consecuencia, al tratarse el requerimiento de la especie de una solicitud de acceso parcial a una base de datos personales, cuyo tratamiento se da en las condiciones señaladas precedentemente, otorgar el acceso a dicha información en esta sede implica inequívocamente una intromisión a la vida privada de los titulares de dichos datos, sin que éstos hayan consentido en su utilización para fines diversos. Respecto de lo requerido en los numerales 2), 3) y 5), informa que no cuenta con la información solicitada, ya que no constituyen datos que sean solicitados ni para el ingreso a la Institución ni para el ejercicio de las funciones respectivas, debiendo establecer que tampoco se efectúan procesos de recopilación, almacenamiento o sistematización de esta información. Asimismo, la Superintendencia no recopila información como la pedida, referida al cónyuge o conviviente civil o del ex cónyuge o conviviente civil o de los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios. Además, se estima que el ejercicio de acciones judiciales o constitucionales por parte de funcionarios de la Superintendencia de Salud o de sus familiares, en aras de la defensa de sus intereses particulares, constituye una información vinculada al ámbito privado de su vida, configurándose la causal de reserva legal establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285. Hace presente que en caso de que la circunstancia descrita generase un conflicto de intereses, el artículo 12 de la Ley N° 19.880 consagra el principio de abstención respecto de la autoridad o funcionario en que se verifica alguna hipótesis que pueda restarle imparcialidad en el desarrollo de sus funciones, situación que en la especie no se ha producido. Por su parte, en relación a lo solicitado en el numeral 4), señala que según la información que obra en poder de esta Superintendencia únicamente aparece que doña Marcela Palma San Miguel ejerció labores como gerente legal de Clínica Bupa en BUPA Chile. Sobre el particular, agrega que no cuenta con información vinculada al monto de la remuneración o tiempo de servicio de la Sra. Palma San Miguel en dicha Institución privada, por cuanto su proceso de selección como Fiscal de la Superintendencia de Salud fue realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública, razón por la cual no se cuenta con dichos antecedentes en caso de que éstos efectivamente existan, lo que motivará efectuar la derivación pertinente a la Dirección Nacional del Servicio Civil en conformidad al artículo 13 de la Ley N° 20.285. A continuación, indica enlace a nota de prensa de la Superintendencia de Salud en relación a la información entregada. Hace presente que la Superintendencia no recopila información vinculada al ejercicio profesional privado del cónyuge o conviviente civil o el ex cónyuge o conviviente civil y de los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios. En relación a la solicitud número 6), informa que no existen registros de que lo consultado se hubiese producido. Refiere que una conducta como la descrita, contravendría el principio de probidad, tal como lo expresa el N° 5 del artículo 62 del DFL N° l, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Asimismo, indica que no registra procesos disciplinarios por tales motivos como tampoco recopila información vinculada a regalos, dádivas o servicios que hayan podido recibir el cónyuge o conviviente civil o el ex cónyuge o conviviente civil y los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios. En cuanto a lo solicitado en el número 7) del requerimiento, señala que únicamente se ha podido constatar que doña María Angélica Barros Lira estuvo presente en la audiencia efectuada al amparo de la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, Audiencia AO006AW0730882, solicitada al Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, don Manuel Rivera Sepúlveda, realizada el día 17 de octubre de 2019, a la que asistieron además de los funcionarios indicados, los gestores de intereses, don Paul Adrián Uriarte Unibaso, doña Ana María Vergara y doña Jacqueline Lara Sepúlveda, y cuya materia específica tratada correspondió a: "Dar a conocer la posición de la compañía sobre la compensación de deuda.", teniendo dicha audiencia una duración de una hora. Lo anterior consta en la Plataforma Ley del Lobby, Audiencias - Año 2019 - Manuel Segundo Rivera Sepúlveda - Audiencia AO006AW0730882, indica link de acceso, mientras que la asistencia de doña María Angélica Barros Lira consta en la imagen extraída de su agenda. No existen registros que indiquen que el resto de los funcionarios o sus familiares hayan sostenido alguna reunión, contacto y/o comunicación de cualquier especie o naturaleza con doña Ana María Vergara Ruiz y/o con algún representante de Isapre Cruz Blanca S.A., entre el 27 de mayo de 2019 y el 30 de diciembre de 2019. 3) AMPARO: El 16 de noviembre de 2020, don Patricio Elias Sarquis dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta a la solicitud de información. Al efecto, el reclamante argumentó, en resumen, que respecto del número 1), "se ha solicitado información pertinente, tendiente a determinar si es que existe o no, o podría existir o no, un conflicto de intereses entre los funcionarios mencionados y/o sus cónyuges o convivientes civiles, o sus ex cónyuges o ex convivientes civiles, y la Isapre Cruz Blanca S.A., de manera que, de lo expuesto precedentemente, se despende que, sin perjuicio de la legislación citada por la Superintendencia de Salud para negar a entrega de lo pedido, se debe hacer presente que, lo que se debe hacer, en concordancia con lo ya indicado, es DAR PREFERENCIA A LA TRANSPARENCIA. Se trata de una limitación a un derecho fundamental justificable, necesaria para lograr un objetivo constitucionalmente válido". En relación a lo pedido en los numerales 2), 3), 5) y 6), indica que, si bien, el órgano ha señalado que no cuenta con dicha información, a su juicio "en efecto, no ha existido abstención por parte de los funcionarios mencionados, en relación al conocimiento de materias relacionadas con la Isapre Cruz Blanca S.A., en circunstancias que SI DEBERÍAN HABERSE ABSTENIDO DE CONOCER, por verificarse una causal de implicancia o recusación, conforme a los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales" y, por la otra, " el beneficio de conocer la información solicitada es, sin lugar a dudas, mayor que el daño que podría causar su develación". Respecto de lo solicitado en el número 4), reclama que la Superintendencia "no recopila información vinculada al ejercicio profesional privado del cónyuge o conviviente civil o ex cónyuge o ex conviviente civil y de los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios, pero ello resulta esencial para aclarar y evitar toda falta de probidad, de imparcialidad y/o de independencia y/o cualquier conflicto de intereses así como la perdida de toda competencia para deliberar, resolver y/o fiscalizar a su respecto, en vista de las causales de recusación e implicancia establecidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales". Por otro lado, informa que "doña Marcela Palma San Miguel ejerció labores como gerente legal de la clínica Bupa en BUPA Chile, pese a que la misma Sra Palma informa a público en su perfil de LinkedIn que fue abogada del Grupo Cruz Blanca hasta noviembre de 2018, ejerciendo en paralelo durante septiembre, octubre y noviembre de 2018 tanto como abogado del Grupo Cruz Blanca como abogado y jefe de gabinete del Superintendente de Salud (...). A fortiori, se debe transparentar y entregar toda la información requerida, dada la relación de amistad existente entre la abogada y gerente legal de Isapre Cruz Blanca S.A., doña Ana María Vergara Ruiz, y tanto doña María Angélica Barros Lira como doña Marcela Palma San Miguel (...)". Finalmente, reclama que no se acompañó copia del oficio que de cuenta de la derivación efectivamente realizada. En lo atingente a lo requerido en el número 7), argumenta que "al acceder al enlace informado por la Superintendencia de Salud, la información es concordante con la fecha y materia tratada, pero en ella solo aparece que hayan asistido, además del Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, don Manuel Rivera Sepúlveda, los gestores de intereses Paul Adrián Uriarte Unibaso, Ana María Vergara y Jacqueline Lara Sepúlveda, todos en representación de Isapre Cruz Blanca S.A., sin hacer mención alguna a la asistencia de doña María Angélica Barros Lira; por lo cual, corresponde aclarar, respaldar e informar la motivación, causa y/o el por qué de la omisión de la información publicada y qué otros casos se puede verificarse la misma información en relación a la participación de la Sra. Barros y su omisión en la información pública. A su vez, lo anterior, implica que, otros funcionarios podrían asistir a reuniones por la ley del lobby sin ser informados, como estimamos que ocurre en el caso de la Jefa de Gabinete del Superintendente de Salud doña Marcela Palma San Miguel, desde septiembre de 2018 a septiembre de 2020, debiéndose transparentar la información, en forma íntegra, documentada y fidedigna". De esa manera argumenta que la información proporcionada además de incompleta es contradictoria, debiendo aclararse si efectivamente la señora Barros asistió o no a dicha audiencia, su motivación, la razón de la omisión en la información pública y donde consta ello de manera fidedigna; además, de informar o aclarar de otras audiencias donde se haya omitido la asistencia de la Sra. Barros y/o de otros funcionarios como la Sra. Palma San Miguel. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr Superintendente de Salud, mediante Oficio E20489, de 30 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) teniendo en consideración lo expuesto por el reclamante, señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (5°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros, e indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (7°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (8°) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento respecto de lo pedido en el punto 4 de la solicitud; y, (9°) remita copia de la derivación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado. Por medio de Ord. N° 3170, de 18 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Salud presentó sus descargos señalando, en resumen, que se denegó la solicitud de información requerida en el punto 1) de la presentación, relativa a la afiliación a una Institución de Salud Previsional determinada, fundado en la causales contempladas en los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información Pública, en relación a la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal. En tal contexto, reitera los argumentos esgrimidos en su respuesta en orden que se trata de información personal de los funcionarios consultados y su familia. Agrega que, no se advierte la efectiva utilidad que puede reportar a la ciudadanía, la afiliación a una determinada Isapre, dado que, además, la propia Constitución Política de la República asegura el derecho de optar al sistema de salud. Es más, algunas de las funcionarias indicadas en la petición, cumplen funciones de secretaría, es decir, ni siquiera conocen o resuelven reclamos. Además, no existe obligación para la Superintendencia de Salud de solicitar a los funcionarios señalados, los nombres de su cónyuge o conviviente civil o de su ex cónyuge o conviviente civil, y de sus ascendientes o descendientes en línea recta, entrometiéndose en sus vidas privadas, para saber si su familia, parejas o ex parejas, pertenecen o pertenecieron a una determinada Institución de Salud Previsional, por la eventual configuración de un conflicto de intereses. Finalmente, y en relación con la determinación de la existencia o no de un conflicto de intereses, no es una materia de publicidad de la información, que esté comprendida en el ámbito de aplicación de la ley N° 20.285. Si el recurrente estima que existiría tal conflicto, debe dirigirse a la Contraloría General de la República, puesto que tal como señala el artículo 12 de la Ley N° l9.880, la contravención a dicha norma produce responsabilidad en la autoridad o funcionario, o recurrir en sede judicial, según sea el caso. Por su parte, se declaró que no obra en poder de la Superintendencia información vinculada a los puntos 2), 3), 5) y 6) de dicha presentación. Esto, por cuanto no constituyen datos que sean requeridos para el ingreso a la Institución, ni para el ejercicio de las funciones respectivas. Además, tampoco se efectúan procesos de recopilación, almacenamiento o sistematización de este tipo de información vinculada a las causas arbitrales o judiciales del cónyuge o conviviente civil o del ex cónyuge o conviviente civil o de los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios. Precisa en relación al número 6,) que la Superintendencia no registra procesos disciplinarios por tal motivo, como tampoco recopila información vinculada a regalos, dádivas o servicios que hayan podido recibir el cónyuge o conviviente civil, o el ex cónyuge o conviviente civil, y los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios. La única regulación relacionada con esta petición se contiene en la Ley del Lobby, en el registro de donativos, no constando algún donativo en tal sentido, lo que puede comprobarse ingresando a la plataforma de la Ley de Lobby. Agrega, que el recurrente expresa únicamente una apreciación particular, por cuanto estima que sí debiesen haberse abstenido de conocer asuntos de Isapre Cruz Blanca. Respecto del punto 4) del requerimiento, se entregó la información de que disponía la Superintendencia en relación a doña Marcela Palma San Miguel, procediendo a su derivación a la entidad competente. Sobre el particular, reitera que la Superintendencia no recopila información vinculada al ejercicio profesional privado del cónyuge o conviviente civil, o ex cónyuge o ex conviviente civil, y de los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios. Refiere que doña Marcela Palma San Miguel, de profesión abogada, fue contratada en modalidad contrata por la Superintendencia de Salud, desde el 24 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, para el cargo o función de Jefa de Gabinete, por el designado Superintendente de Salud don Ignacio García Huidobro. Posteriormente, la Sra. Palma San Miguel, se adjudicó el Concurso de Alta Dirección Pública al cargo de Fiscal de la Superintendencia de Salud, asumiendo el 1 de enero de 2019 y hasta el 8 de agosto de 2019, cuando presentó su renuncia. En tal orden de ideas, señala que no es función de esta Superintendencia, hacerse cargo ni asumir responsabilidad alguna por la información que figura en un sitio de internet (no oficial ni vinculado a la Superintendencia), o en una red social. La información que se publique en estos sitios depende exclusivamente del usuario de la cuenta respectiva, las que pueden ser ficticias, suplantadas o adulteradas. De igual forma, refiere que las referencias que efectúa el recurrente, en relación a una presunta relación de amistad entre doña Marcela Palma San Miguel y ex funcionarias que señalan, basado en las publicaciones de Facebook que acompaña, no le constan ni son parte de la información que esta Institución recopile. Remite copia de oficio de derivación a la Dirección Nacional del Servicio Civil, de fecha 22 de octubre de 2020. Finalmente, respecto del punto 7 de la solicitud, indica que se entregó la información de que disponía la Superintendencia. En cuanto a las alegaciones del reclamante sostiene que la falta de consignación de doña María Angélica Barros Lira, en el registro de audiencias de la Plataforma de Ley de Lobby, obedece a que el sistema permite registrar sólo al sujeto pasivo, en este caso el Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, y los Gestores de Interés o Lobbistas. Además, la obligación de registrar audiencias deriva de la ley N° 20. 730, y sólo respecto de los sujetos pasivos. Así, de la revisión de los antecedentes de las personas solicitadas, tanto en el Portal de la Ley del Lobby como los registros que se poseía en otras fuentes, como agendas funcionarias, se pudo lograr establecer que la única persona que sostuvo una reunión con Isapre Cruz Blanca fue doña María Angélica Barros en razón de asistir a la audiencia celebrada con fecha 17 de octubre de 2020, en conformidad al detalle ya entregado, y demostrándolo con la copia del registro de la agenda funcionaria exhibida, por lo que la Superintendencia entregó toda la información de que disponía. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en que la respuesta entregada por la Superintendencia de Salud es incompleta o parcial. 2) Que, respecto de lo solicitado en el punto 1) del requerimiento, esto es, información sobre la afiliación a Isapre Cruz Blanca S.A. por parte de los funcionarios y familiares consultados, el organismo denegó su acceso por tratarse de datos de carácter personal de sus titulares. Al efecto, el reclamante sostiene que corresponde a información respecto de la cual debe prevalecer el principio de transparencia de los antecedentes que obran en poder de la Administración del Estado. 3) Que, sobre la naturaleza de la información requerida este Consejo se ha pronunciado, por ejemplo, en la decisión de amparo Rol C4565-17, determinando que la información sobre el sistema de salud de una persona distinta del requirente es reservada por cuanto su divulgación afecta los derechos de las personas titular de dicho dato. En la aludida decisión este Consejo razonó que "Que dicha información involucra datos personales, protegidos por la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En efecto, son datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables (artículo 2° del citado cuerpo legal). A su turno, el artículo 4° de dicho cuerpo normativo, dispone que "el tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen el titular consienta expresamente en ello". Acto seguido, señala "Que, en el caso en análisis, no consta la autorización del titular de los datos para su divulgación, ni tampoco ha sido acreditado un interés público que justifique la intromisión en la esfera privada de la persona consultada. Al efecto, cabe agregar, que ante similar requerimiento, este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol N° C351-10, desestimó la solicitud de divulgar la identidad de cotizantes de una entidad previsional". 4) Que, este Consejo no advierte un verdadero interés público que justifique una intromisión como la pretendida por el requirente, toda vez que no se aprecia cuál sería el beneficio público que conllevaría la publicidad de información sobre la afiliación de determinados funcionarios y familiares consultados a una determinada Institución de Salud Previsional y que habilite afectar la privacidad de los titulares de los datos requeridos. 5) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, y configurándose en el caso concreto la hipótesis de reserva prevista en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se rechazará el amparo en este punto. 6) Que, en relación con lo pedido en los numerales 2), 3), 5) y 6) del requerimiento, esto es, información sobre si los funcionarios y familiares que indica han tenido o si tiene algún arbitraje, pleito, litigio o recurso de protección contra o a favor de Isapre Cruz Blanca S.A. o alguna de sus entidades relacionadas, precisando en qué evento, cuál(es) o cuándo; han declarado como testigo a favor o en contra de Isapre Cruz Blanca S.A. precisando en qué caso, por qué motivo y en qué oportunidad tuvo lugar ello; tienen amistad, parentesco, deuda, participación, interés y/o acreencia, en forma directa o indirecta si lo tuviere algún ascendiente, descendiente y/o colateral por consanguineidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, con alguna persona que trabaje y haya trabajado en Isapre Cruz Blanca S.A., precisando cuál(es), en qué fecha o tiempo o con qué cargo o labores; y, si ha recibido alguna dádiva, regalo o servicio por parte de Isapre Cruz Blanca S.A., doña Ana María Vergara Ruiz o de parte de algún representante de dicha Isapre, precisando porqué, para qué, en qué consistió y cuándo ello tuvo lugar; el organismo sostuvo que no cuenta con la información pedida. 7) Que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", por lo que, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo exigirse la entrega de aquella inexistente. Con todo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, pues alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. 8) Que, en la especie, la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales la información requerida no obra en su poder. En efecto, informó que aquéllos no constituyen datos que sean requeridos para el ingreso a la Institución, ni para el ejercicio de las funciones respectivas. Además, tampoco efectúa algún proceso de recopilación, almacenamiento o sistematización de este tipo de información vinculada a las causas arbitrales o judiciales del cónyuge o conviviente civil o del ex cónyuge o conviviente civil o de los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios. 9) Que, debido a lo expuesto precedentemente, y no contando con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información explícitamente solicitada, por inexistente, se rechazará por tal motivo el amparo en esta parte. 10) Que, en lo atingente al punto 4) de la solicitud de acceso, el organismo, por una parte, entregó la información que obra en su poder referida a doña Marcela Palma San Miguel y derivó parte del requerimiento a la Dirección Nacional del Servicio Civil, mientras que respecto de las restantes personas consultadas, alegó que se trata de información inexistente por cuanto la Superintendencia no recopila información vinculada al ejercicio profesional privado del cónyuge o conviviente civil, o ex cónyuge o ex conviviente civil, y de los ascendientes o descendientes en línea recta de sus funcionarios. 11) Que, de los dichos del reclamante se desprende que sus alegaciones apuntan más bien a una disconformidad con el contenido de la respuesta entregada por estimar que el organismo debiese contar con los antecedentes que manifiesta no tener, por resultar esenciales "para aclarar y evitar toda falta de probidad, de imparcialidad y/o de independencia y/o cualquier conflicto de intereses así como la perdida de toda competencia para deliberar, resolver y/o fiscalizar a su respecto", más que con el derecho de acceso a información que obra en poder de la Administración del Estado, circunstancia que escapa a las competencias de este Consejo. 12) Que, en mérito de lo anterior, así como lo señalado en el considerando séptimo precedente, no contando con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder información adicional a la entregada, se rechazará por tal motivo el amparo en esta parte. 13) Que, de igual forma, en cuanto a la derivación efectuada a la Dirección Nacional del Servicio Civil se advierte que esta fue efectuada de acuerdo con lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Atendido el principio de facilitación, dicho antecedente de la mencionada derivación será entregado al reclamante junto con la notificación del presente acuerdo. 14) Que, en lo relativo a lo pedido en el número 7) del requerimiento, esto es, información sobre la participación de los funcionarios y demás personas consultadas en reuniones con doña Ana María Vergara Ruiz y/o con algún representante de Isapre Cruz Blanca S.A., a juicio de este Consejo, la respuesta entregada por el organismo satisface el requerimiento en análisis, por cuanto esta da cuenta fundadamente de la información que obra en su poder. Luego, las alegaciones del reclamante referidas al por qué la participación informada no consta en el portal de la Ley de Lobby, y las eventuales consecuencia que ello generaría, corresponden a peticiones y cuestionamientos que excede el tenor del requerimiento que da origen al amparo y que dicen más bien con una disconformidad con el contenido de la información proporcionada y no con el derecho de acceso a información pública. 15) Que, en consecuencia, por los motivos expuestos, se rechazará el amparo también en esta parte. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Elias Sarquis en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Superintendente de Salud y a don Patricio Elias Sarquis, adjuntando a este ultimo copia del oficio de derivación acompañado por el órgano en sus descargos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.