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DECISIÓN AMPARO ROL C7443-20</p>
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Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas</p>
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Requirente: Carolina Rosa Pizarro Donoso</p>
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Ingreso Consejo: 16.11.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, referido a información desagregada sobre el estado de tramitación de las investigaciones y sumarios en curso a la fecha del requerimiento.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva del artículo 137, inciso 2° del Estatuto Administrativo, pues su divulgación no afecta el éxito de la investigación ni los derechos de las personas.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C1813-18 y C3324-18, entre otras</p>
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En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7443-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de agosto de 2020, doña Carolina Rosa Pizarro Donoso solicitó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la siguiente información: "conocer el estado de las investigaciones y sumarios en curso, señalando N° de resolución, materia, fiscal a cargo, fecha de inicio, estado de avance actual y fecha estimada de término".</p>
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2) RESPUESTA: El 26 de octubre de 2020, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que deniega su entrega por resultar aplicable la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo.</p>
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3) AMPARO: El 16 de noviembre de 2020, doña Carolina Rosa Pizarro Donoso dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante Oficio E20757, de 9 de diciembre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; y, (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.</p>
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Por medio de Oficio N° 38, de 13 de enero de 2021, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas presentó sus descargos en esta sede reiterando la concurrencia de la causal de reserva invocada en su respuesta a la solicitud. argumenta que de acuerdo a los artículos 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo y 13, inciso segundo, de la ley N° 18.575, otorgan la calidad de secreto a la totalidad del expediente sumarial - desde su inicio a su término-, salvo las excepciones indicadas en la misma norma, por tanto, a su juicio, de accederse a la petición de la requirente se vulneraría este principio que pretende resguardar la normativa mencionada.</p>
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Agrega, que a mayor abundamiento, los antecedentes requeridos en la petición forman parte del acto administrativo que ordena la instrucción del proceso disciplinario, por lo tanto tiene la calidad de secreto, conteniendo además datos de carácter personal amparados por la ley N° 19.628, tales como: individualización del funcionario sometido al procedimiento, identificación del investigador o fiscal, materia investigada, antecedentes que someterlos a publicidad podría afectar los derechos a la privacidad de los funcionarios que forman parte del proceso disciplinario.</p>
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En este orden de ideas, JUNAEB ha tenido en consideración, además, que los datos solicitados vinculados a los procedimientos disciplinario actualmente en trámite cuya publicidad se solicita han sido incoados por eventuales irregularidades sobre diversas materias, incluso con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de la Institución, por lo tanto, ponderó que debido a la importancia de las diversas materias investigadas existiría un riesgo al entregar los antecedentes solicitados que en definitiva afectaría futuras investigaciones.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, lo solicitado corresponde a información desagregada sobre el estado de tramitación de las investigaciones y sumarios en curso -a la fecha del requerimiento. Por su parte, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas denegó el acceso a la información reclamada por resultarles aplicables el artículo 137 del Estatuto Administrativo en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Luego, el amparo se funda en la respuesta negativa del órgano.</p>
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2) Que, en cuanto a la naturaleza de los expedientes sumariales, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).</p>
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3) Que, sin perjuicio de lo antes señalado, esta Corporación igualmente ha razonado que "aquella información cuya naturaleza es pública, no pasa a ser secreta o reservada por el solo hecho de que se acumule a un sumario incoado por el órgano requerido, especialmente si no se ve frustrada la investigación que se lleve a cabo si es que se conociese o publicare la información pública requerida". En efecto, dicha interpretación encuentra justificación en que siendo el secreto del expediente sumarial una excepción a la regla de publicidad consagrada por los artículos 8°, inciso 2°, de la Constitución Política y 5° y 10 de la Ley de Transparencia, de conformidad al artículo 21 N° 5 y 1° transitorio de este último cuerpo legal, su aplicación debe encontrar fundamento en la afectación de los bienes jurídicos a que se refieren dichas normas.</p>
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4) Que, en tal orden de ideas, se debe considerar lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en orden a que "la disposición del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo debe interpretarse a la luz de la finalidad de la norma, vale decir, concierne a la cuestión de fondo tendiente a asentar la responsabilidad administrativa en hechos que han sido valorados de trascendencia para la administración, por ello mira el éxito de la investigación y como ha sostenido la Contraloría General de la República, a la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados. De ahí que una información que no comprometa estos fines, que no sea detallada en relación con el asunto indagado, pudiera ser entregada" (Considerando 8, sentencia del reclamo de ilegalidad, Rol 7608-2012). Por otra parte, refiriéndose a un caso en que se solicitó copia de una resolución que ordenó instruir un sumario, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que "el documento que fue requerido por el interesado fue aquella que solo se limita a ordenar la instrucción del sumario, ante la denuncia de la interesada, pero que en ningún caso individualiza a algún funcionario como afectado por aquel procedimiento administrativo, esto es, no afecta a derechos de terceros que estén determinados en aquel acto, derechos que por lo demás, deben velar los interesados para su resguardo" (Considerando 3, sentencia del reclamo de ilegalidad, Rol 3326-2013). Este criterio ha sido aplicado en las decisiones Roles C1813-18 y C3324-18, entre otras.</p>
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5) Que, así las cosas, este Consejo no advierte de qué forma la entrega de la información reclamada, en la forma pedida, si bien se vincula a investigaciones o sumarios administrativo aún en trámite, no se configura a su respecto la causal del artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, pues su divulgación no es de aquellas que pueda plausiblemente poner en riesgo el éxito de las investigaciones ni afecta los derechos de las personas. Esto toda vez que lo pedido corresponde únicamente a datos desagregados sobre N° de resolución que instruye el procedimiento, materia, fiscal a cargo, fecha de inicio, estado de avance actual y fecha estimada de término de los expedientes administrativos.</p>
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6) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el amparo, ordenando la entrega de la información pedida, al tenor del requerimiento.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Carolina Rosa Pizarro Donoso en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega a la reclamante de información desagregada sobre el estado de las investigaciones y sumarios en curso a la fecha del requerimiento. Específicamente, datos relativos a N° de resolución, materia, fiscal a cargo, fecha de inicio, estado de avance actual y fecha estimada de término.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carolina Rosa Pizarro Donoso y al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>