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DECISIÓN AMPARO ROL C7495-20</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Illapel</p>
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Requirente: Lucas González Huerta</p>
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Ingreso Consejo: 17.11.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Illapel, referido a la entrega de todos las investigaciones y sumarios administrativos efectuados por el Municipio, en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2020.</p>
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Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la recopilación, tratamiento y digitalización de la información pedida.</p>
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Se recomienda al órgano reclamado avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan la entrega de información pública.</p>
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Finalmente, se hace presente al reclamante que puede formular un nuevo requerimiento acotando la cantidad de expedientes y el período consultado, de modo de facilitar a la reclamada las labores de búsqueda y recopilación de la información requerida.</p>
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En sesión ordinaria N° 1157 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7495-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de octubre de 2020, don Lucas González Huerta solicitó a la Municipalidad de Illapel la siguiente información: «expedientes de todas las investigaciones y sumarios administrativos efectuados por la Municipalidad de Illapel en el Departamento de Salud del año 2014 al 2020 (inclusive), de acuerdo al principio de divisibilidad, según detalle que indica».</p>
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2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 16 de noviembre de 2020, la Municipalidad de Illapel respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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Sobre lo anterior, ilustró que cuenta con un registro -a contar del año 2014 a la fecha- de 221 procedimientos disciplinarios, en las áreas de salud y educación, las que en promedio cada expediente cuenta con más de 100 fojas, junto con información de personas -tanto funcionarios, como ajenos a la administración- que es de naturaleza personal y sensible, por lo que digitalizar o reproducir cada uno de los expedientes, contempla además la tarea de revisión exhaustiva para censurar dicha información. Por tal motivo, señaló que aún con un equipo de trabajo, se dedicarían una gran cantidad de jornadas de trabajo, uso desproporcionado de equipos de impresión, y como consecuencia se generaría un entorpecimiento al servicio.</p>
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3) AMPARO: El 17 de noviembre de 2020, don Lucas González Huerta dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Sobre lo anterior, expresó que la información tiene fines periodísticos y es de interés público, el contenido y alcance de los sumarios peticionados. Sobre la existencia de datos personales y sensibles, puntualizó que su solicitud no comprende la vida privada e íntima de los funcionarios públicos, sino el trabajo de la administración pública.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel, mediante Oficio N° E20651, de fecha 7 de diciembre de 2020 solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.</p>
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Mediante presentación, de fecha 5 de enero de 2021, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Al respecto, agregó que los expedientes peticionados no están totalmente digitalizados, por lo que la entrega de todos los expedientes -desde el año 2014 a 2020-, requeriría una gran cantidad de tiempo y dedicación de personal municipal para su reproducción o copia.</p>
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Sobre este punto, expuso que si en promedio se considera que existe un mínimo de 22.100 fojas a reproducir y revisar para censura, serían aproximadamente 15 minutos por foja, en razón de la jornada de trabajo -la que no puede considerarse como dedicación exclusiva- se traduce en 660 días de trabajo, o 33 meses, lo que tendría un costo aproximado de $14.850.000 para realizar digitalización y estudio de cada hoja, considerando que en el intertanto hay que dar continuidad al servicio. Asimismo, refirió que, aún con un equipo de trabajo, se dedicarían una gran cantidad de jornadas de trabajo, uso desproporcionado de equipos de impresión, y como consecuencia se generaría un entorpecimiento al servicio, por cuanto significaría recolectar cada uno de los expedientes que se hayan realizado en esos periodos y designar a funcionarios que realicen este trabajo, que no sólo consistiría en generar las copias material o digital, toda vez que los expedientes se encuentran en formato papel, sino que también en la revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes para censurar datos personales y sensibles de terceros, lo cual, consecuencialmente, produciría el descuido de labores habituales de los funcionarios y afectando el debido cumplimiento de este órgano del estado.</p>
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Adicionalmente, ilustró las dificultades ocasionadas, en virtud de la emergencia de salud pública que afecta al país.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados, referidos a la entrega de todos las investigaciones y sumarios administrativos efectuados por el Municipio, en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2020. Al efecto, el Municipio denegó la entrega de dicha información, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, primeramente, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales (énfasis agregado).</p>
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3) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.</p>
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4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado).</p>
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5) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, entre otras, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia (énfasis agregado).</p>
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6) Que, en tal orden de ideas, este Consejo estima que la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente procedimiento de acceso a la información, toda vez que el conjunto de actividades - de búsqueda, recopilación, sistematización, digitalización y tratamiento de los expedientes peticionados- que deben ser realizadas para la proporción de los antecedentes consultados, son de una entidad tal que afectan el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, por cuanto poner a disposición del reclamante la información requerida implicaría la utilización de un tiempo y recurso humano excesivo, máxime si se considera la extensión del requerimiento -221 procedimientos disciplinarios, abarcando un total aproximado de 22.100 fojas que son necesarias recopilar, digitalizar y tarjar- y su amplitud - del periodo comprendido entre 2014 y 2020-. Lo anterior -conforme a lo expuesto por el Municipio- implicaría 660 días de trabajo -o 33 meses-, lo cual constituye una magnitud que permite configurar válidamente los presupuestos para hacer concurrente la causal de reserva alegada, y consecuencialmente, distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, en circunstancias de que deben atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, y conjuntamente, observar los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones (énfasis agregado).</p>
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7) Que, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2809-20, para efectos de ponderar las circunstancias de hecho que permiten configurar la causal en comento, debe tenerse en consideración la situación excepcional por la que atraviesa el país, como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID-19. En este marco, los órganos de la administración del estado redujeron drásticamente los funcionarios que concurren presencialmente a prestar labores, pues un gran número de éstos realizan sus labores en modalidad de teletrabajo, en virtud de las medidas preventivas adoptadas con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de sus funcionarios.</p>
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8) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará el amparo en análisis, por concurrir en la especie el criterio de este Consejo, con relación a la configuración de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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9) Que, se estima pertinente recomendar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel, avanzar en la adopción de medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos en materia de gestión documental y herramientas tecnológicas, que permitan el acceso expedito e íntegro respecto de aquellos antecedentes que obran en su poder.</p>
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10) Que finalmente, y sin perjuicio de lo resuelto con anterioridad, se hace presente al reclamante que puede formular un nuevo requerimiento acotando la cantidad de expedientes y periodo consultado. Lo anterior, de modo de facilitar a la reclamada las labores de búsqueda, sistematización, digitalización y tratamiento de la información requerida.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Lucas González Huerta, en contra de la Municipalidad de Illapel, por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Lucas González Huerta; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>