Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7589-20

Volver

Reclamante:	RODRIGO LATORRE BARRERA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenándose la entrega de contrato laboral del peticionario en el periodo que se indica. Lo anterior, por no haberse acreditado suficientemente una afectación a los bienes jurídicos consagrados en el artículo 21° de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Adicionalmente, este Consejo advierte que, lo requerido versa sobre el acceso a antecedentes laborales del titular y, por tanto, del ejercicio del derecho al habeas data. Atendido que la información contiene datos personales del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C134-10 C432-13 C178-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Datos de identificación >> Correo electrónico
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C7589-20   Entidad pública: Municipalidad de Maipú Requirente: Rodrigo Latorre Barrera Ingreso Consejo: 19.11.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenándose la entrega de contrato laboral del peticionario en el periodo que se indica. Lo anterior, por no haberse acreditado suficientemente una afectación a los bienes jurídicos consagrados en el artículo 21° de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Adicionalmente, este Consejo advierte que, lo requerido versa sobre el acceso a antecedentes laborales del titular y, por tanto, del ejercicio del derecho al habeas data. Atendido que la información contiene datos personales del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7589-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de octubre de 2020, don Rodrigo Latorre Barrera solicitó a la Municipalidad de Maipú -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información: «copia de sus contratos, de los años 2019 y 2020». 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio, de fecha 30 de octubre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 18 de noviembre de 2020, la Municipalidad de Maipú respondió a dicho requerimiento de información, accediendo a la entrega de la información solicitada. Sin perjuicio de lo anterior, con respecto al contrato a honorarios correspondiente al periodo del año 2020, informó que se encuentra en proceso de ser decretados, por lo que su entrega no está disponible, según lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Maipú. Asimismo, informó que dicho instrumento se encuentra en proceso de firmas. 4) AMPARO: El 19 de noviembre de 2020, don Rodrigo Latorre Barrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada sería parcial. Al respecto, hizo presente que no se le proporcionó copia de su contrato, del año 2020. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio N° E21037, de fecha 16 de diciembre de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. Mediante presentación, de fecha 31 de diciembre de 2020, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Sobre lo anterior, agregó que la entrega no está disponible en estos momentos, debido a los diversos cambios de administrador municipal que ha experimentado en el año 2020, lo cual ha significado entorpecimientos en la firma de los contratos de los prestadores a honorarios del Municipio. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación parcial de los antecedentes consultados por el peticionario, relativo a la entrega de copia de su contrato del año 2020. Al efecto, el Municipio se opuso a su entrega, por cuanto dicho instrumento se encuentra en proceso de ser decretados, por lo que su entrega no está disponible. En tal sentido, informó que se encuentra en proceso de firmas, debido a los cambios de administrador municipal que ha experimentado el Municipio en el año 2020. 2) Que, primeramente, esta Corporación advierte que el órgano reclamado no alegó la inexistencia de la información peticionada. Al efecto, puntualizó que dicho instrumento no se encontraba disponible para su entrega, en virtud a circunstancias que indica. Sobre este punto, esta Corporación estima que las alegaciones esgrimidas por el Municipio no permiten ponderar -suficientemente- una afectación a los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21° de la Ley de Transparencia. Al respecto, es menester indicar que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21° de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. A juicio de este Consejo, dicha circunstancia no se verifica en la especie, toda vez que no se aportan suficientes elementos que justifiquen la denegación y reserva de los antecedentes peticionados, y consecuencialmente, la afectación de alguno de los bienes jurídicos salvaguardados por las causales de reserva o secreto consagradas en el referido cuerpo legal. 3) Que, acto seguido, en cuanto a la petición de información, esta Corporación advierte que, se trata de antecedentes laborales del peticionario. Sobre este punto, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, títulos de profesión, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño de sus laborales (énfasis agregado). 4) Que, sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados. 5) Que, asimismo, este Consejo advierte que lo anterior se circunscribe a antecedentes laborales propios del peticionario. De esta forma, el reclamante ha hecho uso del denominado "habeas data impropio", en virtud del cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales y sensibles, por ser titulares de éstos, conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12° de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, los cuales obran en poder de un tercero. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones a los amparos Roles C134-10, C178-10, C432-13, entre otras (énfasis agregado). 6) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente; no habiéndose alegado la inexistencia material del instrumento laboral peticionado; no aportándose suficientes elementos que permitan ponderar una afectación de los bienes jurídicos salvaguardados por las causales de reserva o secreto previstas en el artículo 21° de la Ley de Transparencia; y, tratándose de antecedentes de naturaleza pública, referidos al propio peticionario, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega del contrato consultado, previa acreditación de la identidad del peticionario, por contener datos personales y sensibles del peticionario, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos (énfasis agregado). EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Rodrigo Latorre Barrera, en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia del contrato laboral del peticionario, del año 2020, previa acreditación de identidad, por contener datos personales y sensibles del peticionario, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos (énfasis agregado). b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Latorre Barrera; y, a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.