Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7702-20

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Reclamante:	PAOLA CÁCERES CORRAL
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Río Claro, sólo en cuanto no se derivó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, para que dicho órgano se pronuncie sobre el requerimiento de especie. Lo anterior por estimarse que dicho organismo se encuentra en una mejor posición de pronunciarse sobre el mismo, por cuanto el órgano reclamado explicó que la información peticionada no obra en su poder; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia material de lo solicitado. Conforme al Principio de Facilitación, la derivación la efectuará este Consejo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
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DECISIÓN AMPARO ROL C7702-20   Entidad pública: Municipalidad de Río Claro Requirente: Paola Cáceres Corral Ingreso Consejo: 24.11.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Río Claro, sólo en cuanto no se derivó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, para que dicho órgano se pronuncie sobre el requerimiento de especie. Lo anterior por estimarse que dicho organismo se encuentra en una mejor posición de pronunciarse sobre el mismo, por cuanto el órgano reclamado explicó que la información peticionada no obra en su poder; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia material de lo solicitado. Conforme al Principio de Facilitación, la derivación la efectuará este Consejo. En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7702-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de octubre de 2020, doña Paola Cáceres Corral solicitó a la Municipalidad de Río Claro -en adelante, indistintamente la Municipalidad o Municipio- la siguiente información: «En portal del municipio de Rio Claro aparece llamado a Concurso de profesional Sociólogo para el programa PPL (programa pequeñas localidades del MINVU) al cual concursó. En virtud de lo anterior, pide los resultados de ese concurso en este cargo y su evaluación técnica, con su correspondiente detalle y medio de verificación». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 19 de noviembre de 2020, la Municipalidad de Río Claro respondió a dicho requerimiento de información, indicando que la Entidad Edilicia realizó la entrevista a los participantes, así como la ficha técnica de evaluación correspondiente; los cuales fueron remitidos a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule, quienes deben validar y proceder a la segunda evaluación y posteriormente indicar a los profesionales ganadores. 3) AMPARO: El 24 de noviembre de 2020, doña Paola Cáceres Corral dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de acceso. Sobre lo anterior, cuestionó que la información esté en poder de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Río Claro, mediante Oficio N° E21026, de fecha 16 de diciembre de 2020 solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, precisando si el concurso por el cual se consulta se encuentra concluido; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. Mediante presentación, de fecha 28 de diciembre de 2020, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, señalando que, el concurso consultado ya se encuentra concluido y la que la información peticionada no se encuentra en poder del organismo. Sobre lo anterior, expuso que, si bien el Municipio fue encargado de realizar la entrevista correspondiente a cada participante, dichos antecedentes fueron remitidos en su totalidad a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule, pues dicha entidad fue la encargada de realizar una última evaluación de los antecedentes y entrevista a los participantes seleccionados, procediendo a tomar la decisión de quienes serían los profesionales seleccionados. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo de acceso se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso a la información formulada por la peticionaria, referida a la entrega de los resultados de concurso que indica y su evaluación técnica, con su correspondiente detalle y medio de verificación. Al respecto, la reclamante cuestionó la inexistencia alegada por el Municipio, y que éstos estuvieran en posesión de otro órgano. 2) Que, sobre la materia, es menester tener presente lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia: «En caso de que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante» (énfasis agregado). 3) Que, en virtud de lo anterior, este Consejo advierte que, el actuar del Municipio no se aviene a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia, toda vez que, sin perjuicio de explicar que la información requerida no obraba en su poder, no procedió a derivar el requerimiento de especie al órgano competente -en conformidad de lo expuesto por la reclamada-, esto es, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción. (énfasis agregado). 4) Que, establecido lo anterior, con respecto a la inexistencia esgrimida, el Municipio explicó que no dispone de los antecedentes consultados, pues si bien la Entidad Edilicia fue la encargada de realizar la entrevista correspondiente a cada participante, dichos antecedentes fueron remitidos en su totalidad a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, pues dicha entidad es la encargada de realizar una última evaluación de los antecedentes y entrevista a los participantes seleccionados, procediendo a tomar la decisión de quienes serían los profesionales seleccionados. Sobre este punto, cabe tener presente que, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). 5) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al Municipio que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. 6) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente; verificándose que el actuar del Municipio no se aviene a lo preceptuado en el artículo 13° de la Ley de Transparencia; habiéndose explicado la inexistencia de los antecedentes requeridos; y, atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en orden a que dichos antecedentes no obran en poder de la reclamada, se acogerá el amparo en esta parte, sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó la solicitud de información a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, de conformidad al artículo 13° de la Ley de Transparencia, que establece cuando el órgano requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, prescripción que se reitera el artículo 30° del Reglamento de la referida ley, como asimismo el numeral 2.1 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información (énfasis agregado). 7) Que, por lo anterior, este Consejo procederá a derivar de oficio la solicitud de acceso a la información a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, en aplicación de los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados respectivamente, en el artículo 11° letras d) y f), de la Ley de Transparencia, a fin de que éste se pronuncie en definitiva sobre lo requerido (énfasis agregado). EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Paola Cáceres Corral, en contra de la Municipalidad de Río Claro, sólo en cuanto no se derivó el presente requerimiento de acceso a la información a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, para que dicho órgano se pronuncie sobre la solicitud en análisis, por estimarse que dicho organismo se encuentra en una mejor posición de pronunciarse sobre el mismo. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente: a) Derive la presente solicitud de información a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, para efectos de que ésta se pronuncie sobre esta solicitud de acuerdo a sus competencias, en virtud del Principio de Facilitación; y b) Notificar la presente decisión a doña Paola Cáceres Corral; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Río Claro. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.