Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7715-20

Reclamante:	DANTE VILLALOBOS SALINAS
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, requiriendo entregue copia de "carta indicada en el ANT del ORD A15 N° 3.953 de fecha 22.09.2020 del Señor Ministro de Salud"; debiendo tarjar, previamente, todo dato personal de contexto contenido en ella. Lo anterior, debido a que se trata de un antecedente y fundamento de un acto administrativo; por lo tanto, tiene el carácter de información pública, que debe obrar en poder del órgano reclamado. Se rechaza el amparo respecto del o de los nombres de los denunciantes y eventuales testigos de los hechos denunciados, así como de todo otro antecedente contenido en ella que permita su identificación. Lo anterior, atendida la materia sobre la cual versa la carta pedida, al respecto este Consejo ha sostenido que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración realicen las investigaciones necesarias que surgen a partir de estas. Por otra parte, esta Corporación ha razonado que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo por acoso laboral, las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de la identidad de aquellos inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, se considera que divulgar íntegramente la denuncia solicitada, en el evento que exponga la identidad de denunciantes y posibles testigos de los hechos denunciados, supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse a colaborar en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada. Se representa al órgano reclamado el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/28/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C520-09 C5108-18 C13-12 C559-14 C2371-15 C2959-16 C1314-17 C302-10
Jurisprudencia a:	C4801-23 C7969-20 C3837-21 C4018-21 C5378-21 C6286-21 C6288-21 C6289-21 C6642-21 C7881-21 C8095-21 C8244-21 C192-22 C3094-22 C4666-22 C8605-22 C11447-22 C3404-23
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C7715-20   Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública Requirente: Dante Villalobos Salinas Ingreso Consejo: 25.11.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, requiriendo entregue copia de "carta indicada en el ANT del ORD A15 N° 3.953 de fecha 22.09.2020 del Señor Ministro de Salud"; debiendo tarjar, previamente, todo dato personal de contexto contenido en ella. Lo anterior, debido a que se trata de un antecedente y fundamento de un acto administrativo; por lo tanto, tiene el carácter de información pública, que debe obrar en poder del órgano reclamado. Se rechaza el amparo respecto del o de los nombres de los denunciantes y eventuales testigos de los hechos denunciados, así como de todo otro antecedente contenido en ella que permita su identificación. Lo anterior, atendida la materia sobre la cual versa la carta pedida, al respecto este Consejo ha sostenido que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración realicen las investigaciones necesarias que surgen a partir de estas. Por otra parte, esta Corporación ha razonado que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo por acoso laboral, las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de la identidad de aquellos inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, se considera que divulgar íntegramente la denuncia solicitada, en el evento que exponga la identidad de denunciantes y posibles testigos de los hechos denunciados, supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse a colaborar en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada. Se representa al órgano reclamado el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello. En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C7715-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 25 de septiembre de 2020, don Dante Villalobos Salinas solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, "copia legible de carta indicada en el ANT del ORD A15 N° 3.953 de fecha 22.09.2020 del Señor Ministro de Salud". 2) PRÓRROGA: La Subsecretaría de Salud Pública por medio de carta N° 11792, de fecha 26 de octubre de 2020, comunicó que no ha sido posible otorgar respuesta dentro del plazo regular, motivo por el cual, informó la aplicación de una prórroga de 10 días hábiles adicionales, conforme lo dispuesto en el artículo 14 inciso segundo de la Ley de Transparencia. 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Con fecha 25 de noviembre de 2020, don Dante Villalobos Salinas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, fundado en que no ha recibido respuesta a su solicitud. 4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública mediante Oficio N° E20.891, de fecha 11 de diciembre de 2020, a fin de que presente sus descargos y observaciones. Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 11 de enero de 2021, le concede plazo extraordinario al órgano reclamado, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo. Sin embargo, a la fecha de la presente decisión, este Consejo no ha recibido comunicación alguna de la Subsecretaría de Salud Pública destinada a evacuar sus descargos y observaciones a este amparo. 5) GESTIÓN OFICIOSA AL RECLAMANTE: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo este Consejo solicitó al reclamante mediante correo electrónico de fecha 11 de enero de 2021, remitir copia de "ORD A15 N° 3.953 de fecha 22.09.2020 del Señor Ministro de Salud", si este obrara en su poder, o, en su defecto, indique de qué se trataría dicho acto administrativo y la carta cuya copia se requiere. La parte reclamante por medio de correo electrónico de fecha 11 de enero de 2021, remite el ordinario solicitado. Y CONSIDERANDO: 1) Que este amparo se funda en la ausencia de respuesta a la solicitud de acceso en el plazo legal establecido para ello - 20 días hábiles-. De los antecedentes tenidos a la vista consta que el requerimiento objeto de esta reclamación no fue contestado dentro del término legal, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo, infracción que se representará en lo resolutivo del presente acuerdo. 2) Que por medio de ORD. A15 N° 3953, de fecha 22 de septiembre de 2020, suscrito por el Sr. Ministro de Salud, y dirigido al Sr. Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, se solicita disponer las medidas que se indica. Así, en los antecedentes de dicho acto administrativo se señala "Carta Asociación Profesionales de la Salud SSMN y Asociación Trabajadores de la Salud SSMN, de fecha 1 de septiembre de 2020". 3) Que, en consecuencia, la información solicitada es el fundamento y antecedente del ORD. A15 N° 3953. Al respecto, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo establecido en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 4) Que, en atención de lo señalado precedentemente, la carta solicitada debe obrar en poder del órgano reclamado, por lo tanto, al tratarse del antecedente y fundamento de un acto administrativo, aquella tiene el carácter de pública. Sin embargo, atendida la materia sobre la cual versa, y atendido a que este Consejo ha sostenido reiteradamente, desde las decisiones recaídas en los amparos Roles C520-09 y C302-10, C13-12, C559-14, C2959-16, C1314-17, C5108-18, entre otras, que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar su identidad, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración realicen las investigaciones necesarias que surgen a partir de estas. Por su parte, respecto del contenido de aquellas, se ha requerido su entrega tarjando, previamente, el nombre y demás datos de los denunciantes como, asimismo, todo otro dato por medio del cual se puedan identificar a estos. 5) Que, además, cabe hacer presente que a partir de la decisión de amparo Rol C2371-15, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el sumario administrativo por acoso laboral, las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de la identidad de aquellos inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, se considera que divulgar íntegramente la denuncia solicitada, en el evento que exponga la identidad de posibles testigos de los hechos denunciados, supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de sus funcionarios, por cuanto éstos podrían inhibirse a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones u otro antecedente aportados por éstos, puedan ser conocidos por terceros, todo lo cual afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada. 6) Que, en consecuencia, se acogerá parcialmente el amparo, requiriendo la entrega de la carta solicitada, debiendo tarjar el o los nombres de los denunciantes y eventuales testigos de los hechos denunciados, así como cualquier otro antecedente contenido en ella que permita su identificación. Lo anterior, por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y en aplicación de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra j) de la ley señalada. Asimismo, se deberá tarjar todo otro dato personal de contexto contenido en ella, en virtud de lo prescrito en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y de la facultad de esta Corporación señalada en el literal m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Dante Villalobos Salinas en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente: a) Entregue al reclamante copia "legible de carta indicada en el ANT del ORD A15 N° 3.953 de fecha 22.09.2020 del Señor Ministro de Salud"; debiendo tarjar, previamente, el o los nombres de los denunciantes y eventuales testigos de los hechos denunciados, así como cualquier otro antecedente contenido en ella que permita su identificación. Asimismo, se deberá tarjar todo otro dato personal de contexto que contenga. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la identidad del o de los denunciantes y de los testigos, y cualquier dato que permita su identificación contenidos en la información solicitada, por concurrir la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Dante Villalobos Salinas y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros doña Natalia González, don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.