Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1271-12

Reclamante:	ALBERTO URZÚA TOLEDO
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en que conforme con lo señalado por el organismo en su respuesta, le habrían denegado la información solicitada sobre una nómina con todos los nombres y ambos apellidos -junto con la expresión de su respectivo cargo o puesto-, de la totalidad de personas pertenecientes a Carabineros de Chile que, desde el año 1999 hasta la presente fecha, han debido presentar a la Contraloría General de la República sus declaraciones de intereses y/o patrimonio, en cumplimiento de la obligación contenida en la Ley Nº 18.575 y/o de otras leyes especiales. El Consejo señaló que cabe acoger el amparo de la especie únicamente en lo que se refiere la información requerida de los Oficiales Generales de Carabineros de Chile, por cuanto no se observa que al proporcionar tal información se afecte, en los términos indicados, la seguridad de la Nación, más aún que la reclamada no ha efectuado alegación alguna en este sentido. (Con voto disidente)
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/28/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C512-09 C929-11 C1226-12 C1272-12 C1310-12 C840-10 C850-10 C492-11 C396-10
Jurisprudencia a:	C1226-12 C1310-12 C1326-12 C1272-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C1271-12 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Alberto Urzúa Toledo Ingreso Consejo: 30.08.2012 En sesión ordinaria N° 398 de su Consejo Directivo, celebrada el 19 de diciembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1271-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880, N° 18.961; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el Código de Justicia Militar; los D.S. N° 99/2000 y N° 45/2006, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, los Reglamentos de las declaraciones de intereses y de patrimonio; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Alberto Urzúa Toledo, el 10 de julio de 2012, solicitó a Carabineros de Chile una nómina con todos los nombres y ambos apellidos -junto con la expresión de su respectivo cargo o puesto-, de la totalidad de personas pertenecientes a Carabineros de Chile que, desde el año 1999 hasta la presente fecha, han debido presentar a la Contraloría General de la República sus declaraciones de intereses y/o patrimonio, en cumplimiento de la obligación contenida en la Ley Nº 18.575 y/o de otras leyes especiales. 2) RESPUESTA: Carabineros de Chile, mediante documento RSIP N° 17165, de 8 de agosto de 2012, respondió a dicho requerimiento de información señalando al efecto lo siguiente: a) La exigencia de otorgar las declaraciones de intereses y de patrimonio se encuentran previstas en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante LBGAE), obligación que recae sobre todos los funcionarios pertenecientes a las plantas directivas de un organismo de la Administración del Estado, cualquiera sea su nivel jerárquico. b) En este sentido, señala que el artículo 57 del cuerpo legal precitado previene que “El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes y Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio, los Embajadores, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado el Contralor General de la República, los Oficiales y Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales deberán presentar una declaración de intereses, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de asunción del cargo”. Su inciso segundo añade, que igual obligación recaerá sobre las demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o equivalente. A su vez, el artículo 60 A de ese cuerpo legal preceptúa que las personas señaladas en su artículo 57 deberán otorgar también una declaración de patrimonio. c) Además, agrega que quienes realicen estas declaraciones deberán presentarlas dentro de los 30 días siguientes desde la fecha que asuman el cargo, enviarlas a la Contraloría General de la República y actualizarlas cada cuatro años y cuando ocurra un hecho relevante que las cambien. En este sentido, hace presente que dicho organismo es la Entidad Fiscalizadora de estas declaraciones, siendo responsabilidad de cada funcionario presentarla ante el órgano contralor, no existiendo registro de esas presentaciones en la Institución. d) En relación a lo señalado en el párrafo precedente y considerando lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia se informa que Carabineros de Chile ha derivado su solicitud a la Contraloría General de la República para el trámite legal y reglamentario correspondiente. 3) AMPARO: El 30 de agosto de 2012, Alberto Urzúa Toledo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que conforme con lo señalado por el organismo en su respuesta, le habrían denegado la información solicitada, al derivar su solicitud a otro organismo. Al respecto hace presente además, que se respondió y se obró con total falta de diligencia el requerimiento, ya que Carabineros de Chile señaló no tener registro alguno que verifique el cumplimiento de la obligación de entrega de declaraciones de intereses y/o patrimonio por parte del personal obligado por la Ley Orgánica u otras leyes especiales, no obstante señala que su petición fue formulada en términos tales que jamás solicitó alguna clase de registro como el que se invocó. Simplemente requirió el listado de quiénes son, con sus nombres y apellidos junto con sus respectivos cargos o puestos, los funcionarios de Carabineros de Chile que conforme a la ley estuvieron sujetos a la obligación de efectuar declaración entre el año 1999 a la fecha, y no quiénes han cumplido con su obligación. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.445, de 20 de septiembre de 2012 al Sr. General Director de Carabineros de Chile; quien a través del Oficio N° 711, de 17 de octubre de 2012, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) Mediante RSIP N° 17165, de fecha 8 de agosto de 2012, dio respuesta a la solicitud haciendo presente que no se remitía la información requerida porque ésta no existe en poder de Carabineros de Chile. Ello en razón de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, según la cual, “en caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante”. Al efecto señala que dicha disposición legal permite que el órgano de la Administración que no tenga dentro de sus registros determinada información, se encuentre facultado para proceder a derivar el requerimiento al órgano que pueda poseer esos antecedentes. b) A mayor abundamiento, no concierne a Carabineros de Chile, como Institución, determinar quién o quiénes deben presentar tales declaraciones por hacerlo la ley y corresponder su fiscalización a la Contraloría General de la República. Al efecto, el artículo 60 letra D de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado prescribe que la declaración de patrimonio deberá ser presentada, dentro de los 30 días siguientes a la asunción del cargo o la ocurrencia de algunos de los hechos que obligan a actualizarla, ante el Contralor General de la República o el Contralor Regional respectivo, quién la mantendrá para su consulta, de lo cual no se deja copia o constancia alguna en el órgano u organismo al que pertenezca el declarante. A su vez, el artículo 59 del cuerpo legal precitado, establece que la declaración de intereses se presentará en tres ejemplares, uno de ellos se remite a la Contraloría General de la República o a la Contraloría Regional, según corresponda para su custodia, archivo y consulta, otro se depositará en la oficina de personal del órgano u organismo que los reciba y otro se devolverá al interesado. c) Respecto a las copias que quedan en poder del órgano al que pertenece el funcionario que presenta la declaración, hace presente que se mantiene un registro sólo de los funcionarios que actualmente se encuentran en servicio activo y que han presentado su declaración en el último año, por ser destruidos al cumplirse su plazo reglamentario, ya que la consulta de los mismos, por mandato legal, se realiza ante el órgano contralor tal como se indica en el párrafo superior. d) De lo anterior, colige que cumplió con la obligación legal de entregar la información requerida, señalando que era la Contraloría General de la República el órgano ante el cual se presentan las diversas declaraciones de patrimonio e intereses, no contando Carabineros de Chile con el registro de aquellos que las han presentado o deban presentarla, siendo el requirente notificado de la derivación de su solicitud y de la carta de respuesta entregada por esta Institución. e) Además señala que la Ley N° 18.575 establece quiénes son las autoridades y funcionarios públicos que deben presentar dichas declaraciones ante la Contraloría, los que corresponden a Oficiales Generales y Oficiales Superiores, norma que se presume conocida por todos, atendido su rango legal. En lo relativo a la entrega de los antecedentes que obran en poder de esta Institución, los del personal actualmente en servicio que efectúa tales declaraciones, es preciso señalar que por expresa disposición legal, ellas deben ser consultadas en la Contraloría General de la República, como así lo señalan respectivamente los artículos 59 y 60 D de la ley N° 18.575, al prescribir que permanecen en el organismo Contralor para su consulta. f) En otro sentido, el artículo 10 en directa relación con el artículo 5° ambos de la Ley de Transparencia expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a "solicitar y recibir información" en la forma y condiciones establecidas en el precitado cuerpo legal, es decir permite acceder a información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, que al momento de la solicitud obre en poder del Órgano de la Administración requerido. g) Así, en su opinión, Carabineros de Chile no se encuentra obligado a elaborar una nómina u otro documento similar nuevo en relación a la materia solicitada, por lo que recurre a las herramientas que la ley expresamente consagra en caso que no sea el órgano requerido el que contenga en sus registros los antecedentes solicitados, pueda derivarlos a otro órgano de la administración. h) Por todo lo anterior solicita que se desestime el amparo interpuesto por don Alberto Urzúa Toledo. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que a efectos de contextualizar la información requerida en el presente amparo, cabe tener a la vista las siguientes normas que conforman el marco normativo de la misma: a) En virtud de los artículos 57 y 60 A de la LBGAE los Oficiales Generales y Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública se encuentran obligados a presentar una declaración de intereses y una declaración de patrimonio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción del cargo o de la ocurrencia de algunos de los hechos que obligan a actualizar tales declaraciones. b) El artículo 59 de la LBGAE dispone que la declaración de intereses “será pública” y deberá presentarse en tres ejemplares, que autentificará un ministro de fe, remitiéndose uno “...a la Contraloría General de la República o a la Contraloría Regional, según corresponda, para su custodia, archivo y consulta”, depositándose el segundo en la oficina de personal del órgano que los reciba y devolviéndose el tercero al interesado. A su turno, el artículo 60 D señala que la declaración de patrimonio también “será pública” y deberá ser presentada “…ante el Contralor General de la República o el Contralor Regional respectivo, quien la mantendrá para su consulta”. Dado que en la sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 460/2005, que controló la constitucionalidad de la Ley N° 20.088 (que incorporó las declaraciones de patrimonio), se estableció que dicha publicidad no podía ser irrestricta, en el año 2010 la Ley N° 20.414, sobre Reforma Constitucional agregó el siguiente inciso tercero al artículo 8° de la Carta Fundamental: “El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública”. Con ello, la publicidad de estas declaraciones ha quedado ratificada expresamente por la propia Constitución. c) Respecto de estas últimas declaraciones, el artículo 16 del aludido Decreto N° 45, de 2006, dispone que será responsabilidad del Jefe de Personal o del funcionario equivalente, confeccionar y mantener actualizado, un listado de las autoridades y funcionarios de su repartición que deben efectuar la declaración de patrimonio, con indicación del nombre, apellido, cargo y grado, así como proporcionar el formulario para confeccionar dicha declaración. Asimismo, en su artículo 18, prescribe que corresponderá al Jefe Superior del Servicio adoptar medidas conducentes a lograr el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de patrimonio por parte de los llamados a efectuarla, así como velar porque se establezcan procedimientos de información y difusión, oportunos y adecuados. d) Conforme lo dispone el artículo 101 inciso segundo de la Constitución Política de la República, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. e) El artículo 436 N°1 del Código de Justicia Militar declara que las plantas de personal y la dotación de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile o su personal son reservadas, fijándose dichas plantas mediante una “Ley Reservada”. Esta última la constituye el D.F.L. (R) N° 1, de 23 de julio de 1998, del Ministerio de Defensa Nacional, que en su artículo 20 establece que “…el presente Decreto con Fuerza de Ley, se publicará en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial”. f) Por su parte, el artículo 5° de la ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, establece que el personal de Carabineros estará integrado por el Personal de Nombramiento Supremo y el Personal de Nombramiento Institucional. El primero de ellos está compuesto los Oficiales de Fila, Oficiales de los Servicios y el Personal Civil y el segundo lo integran el Personal de Fila y el Personal Civil. Además, dicha disposición agrega que este personal integrará la Planta Institucional, conformando escalafones estructurados jerárquicamente, en las condiciones que determine la ley. g) A su vez, el artículo 6° de dicho cuerpo legal previene, en lo que interesa, que los grados y la escala jerárquica del Personal de Nombramiento Supremo, corresponde al siguiente: Oficiales Generales General Director de Carabineros General Inspector de Carabineros General de Carabineros Oficiales Superiores Coronel de Carabineros   2) Que, del expreso tenor del requerimiento de información de que se trata es preciso establecer que el solicitante requirió una nómina con todos los nombres y ambos apellidos -junto con la expresión de su respectivo cargo o puesto-, de la totalidad de personas pertenecientes a Carabineros de Chile que, desde el año 1999 hasta la presente fecha, han debido presentar a la Contraloría General de la República sus declaraciones de intereses y/o patrimonio. 3) Que, la determinación de quiénes se encuentran obligados a presentar la declaración de intereses y patrimonio, como se ha indicado, viene dada por el propio legislador, quien ha definido aquellos funcionarios y autoridades que deberán cumplir con dicha obligación. En el caso de Carabineros de Chile, ello corresponde a aquellos que se desempeñen en los niveles jerárquicos equivalentes que existan respecto de los Oficiales Generales y Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, lo que conforme con lo señalado en la normativa precedentemente expuesta, corresponde a los Generales: Director, Inspector y General de Carabineros, y a los Coroneles de Carabineros. 4) Que dicha información, al corresponder a cargos de la planta de Carabineros de Chile, debe obrar en poder de la reclamada, de modo que con ello se desestimarán las alegaciones efectuadas en orden a que se trata de información que no se encuentra en su poder o que requeriría elaborar lo requerido por el solicitante. En tanto, como se ha indicado, el peticionario ha solicitado que se informe quiénes se encuentran obligados a presentar sus declaraciones y no a quienes encontrándose obligados hayan cumplido con tal deber, así como tampoco ha requerido copia de las declaraciones presentadas en cada caso. 5) Que, conforme a ello, a juicio de este Consejo resulta ser improcedente la derivación efectuada a la Contraloría General de la República por cuanto, como se ha señalado, la información solicitada obra en poder de la reclamada. De esta forma, el organismo reclamado, una vez recibida la solicitud de información, debió responderla derechamente en los términos del artículo 16 de la Ley de Transparencia, sin dar lugar a la derivación contemplada en el artículo 13 del mismo cuerpo legal, toda vez que no tuvieron lugar los supuestos de dicha derivación -cuales son, que no sea competente para conocer de la solicitud o no posea los documentos solicitados-, cuestión que será debidamente representada en lo resolutivo de esta decisión, dado que ha significado una dilación contraria al principio de facilitación, consagrado en el literal f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia. Establecido lo anterior, procede analizar si resulta procedente hacer entrega de la nómina del personal requerido por el peticionario. 6) Que, según lo disponen los artículos 5º, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 7) Que, en la situación de la especie, la reclamada no alegó la procedencia de causal de reserva alguna respecto de lo solicitado. Sin embargo, considerando que lo requerido significa proporcionar la nómina de los Oficiales Generales y Oficiales Superiores de Carabineros de Chile, cabe tener presente que el artículo 436 Nº 1 del Código de Justicia Militar (CJM), califica como documentos secretos a aquéllos “…cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal”. 8) Que, en cuanto a la reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al citado artículo 436 del CJM, es preciso manifestar que este Consejo ya se ha pronunciado acerca de la vigencia de esta última disposición, en las decisiones de los amparos Rol C512-09 y C396-10, que indican que el citado artículo puede ampararse en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, relacionada con la disposición 4° Transitoria de la Constitución Política, que dispone que “Se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política”. En las decisiones en comento este Consejo ha entendido que tanto el artículo 21 N° 5 como el 1° transitorio de la Ley de Transparencia exigen, para validar hipótesis de reserva contenidas en otras leyes incluso previas a la reforma constitucional de 2005 (como es el caso), que la publicidad de la información que se pretende reservar afecte los bienes jurídicos que señala el art. 8° de la Carta Fundamental (y no sólo “se relacione directamente”, como señala el artículo 436 CJM), pues el inciso 2° de este precepto también exige dicha afectación: “Esta es la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con el texto vigente de la Constitución” (considerando 12° de la decisión C512-09). 9) Que, con todo, para determinar si un acto es secreto o reservado bajo el amparo del artículo 436 del Código de Justicia Militar, y acoger lícitamente dicha causal, resulta necesario, en base a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política y artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, verificar si la divulgación o publicidad de la información requerida en la especie, afecta, en este caso, la seguridad de la Nación. Ello, por cuanto, y según ya ha señalado este Consejo, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (decisiones Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11, etc.). 10) Que, al respecto cabe tener en consideración que en las decisiones de los amparos Roles C1226-12, C1272-12 y C1310-12, por las que se requirió la misma información respecto de los Oficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, respectivamente. Dichos organismos accedieron a la entrega de la nómina de los Oficiales Generales, por ser dichos cargos y el personal nombrado en ellos, de público conocimiento; reservándose únicamente la de los Oficiales Superiores por estimarse que tal información develaría la dotación de tales instituciones lo que sería reservado a la luz de lo preceptuado en el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar. De esta forma, y siguiendo el mismo razonamiento, cabe acoger el amparo de la especie únicamente en lo que se refiere la información requerida de los Oficiales Generales de Carabineros de Chile, por cuanto no se observa que al proporcionar tal información se afecte, en los términos indicados, la seguridad de la Nación, más aún que la reclamada no ha efectuado alegación alguna en este sentido. 11) Que, tratándose de la nómina de los Oficiales Superiores de Carabineros de Chile, a juicio de la mayoría de este Consejo, cabe aplicar en la especie idéntica argumentación de la sostenida con ocasión de la resolución de los amparos Roles C1226-12, C1272-12 y C1310-12, ya citados, estimándose que de proporcionarse la nómina de los Coroneles de Carabineros de Chile desde el año 1999 al presente, generaría una afectación cierta, probable y específica a la seguridad de la nación, en tanto permitiría acceder a una parte de la dotación de Carabineros, información estratégica para la defensa nacional y que ha sido reservada en el artículo 436 del CJM. Lo anterior se agravaría de revelarse el cargo o puesto desempeñado por cada uno. 12) Que, a diferencia de las decisiones C512-09 (caso Capellanes) o C396-10 (caso Puente Mecano), en que se pedía información específica que podía entenderse incorporada en el citado artículo 436 del CJM pero que, en un análisis en concreto, quedaba fuera de dicha esfera de reserva, en este caso lo solicitado corresponde a todo un estamento de la planta, precisamente aquella información que el legislador quiso reservar, por lo que no corresponde alterar la ponderación que ya realizó el legislador en esta materia. 13) Que, incluso si sólo se proporcionara la nómina del personal sin indicar su función o cargo, ni el año en que presentaron sus declaraciones, se produciría igualmente la señalada afectación, pues un análisis acabado de esta información ayudaría a obtener la dotación real de Oficiales Superiores de Carabineros de Chile, frustrando el mandato del citado artículo 436 N° 1, incluso tratándose del personal que actualmente esté en retiro. 14) Que, finalmente, se rechaza la solicitud de acumulación efectuada por el peticionario, respecto de los amparos Roles C1226-12, C1271-12, C1272-12, C1310-12 y C1326, por cuanto si bien este Consejo estimó que en todos ellos existía identidad de reclamante e información pedida, al tratarse de distintos organismos y siendo diversas sus alegaciones, para no entorpecer el análisis de cada uno de ellos, se decidió tramitarlos por separado. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Alberto Urzúa Toledo en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de la nómina de los Oficiales Generales de Carabineros de Chile, con indicación de su respectivo cargo o puesto que, desde el año 1999 hasta el 10 de julio de 2012, han debido presentar a la Contraloría General de la República sus declaraciones de intereses y/o patrimonio. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Director General de Carabineros de Chile que, en lo sucesivo, al derivar una solicitud de acceso a la información, se ajuste a lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, verificando la concurrencia de los requisitos que al efecto prevé dicha disposición legal. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alberto Urzúa Toledo y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. <h3> VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE:</h3> La presente decisión es acordada con el voto parcialmente disidente del Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi, quien fue partidario de acoger parcialmente el amparo interpuesto ordenando entregar asimismo la nómina de Coroneles de Carabineros de Chile que han debido presentar sus declaraciones de intereses y/o patrimonio desde 1999, pero sin especificar el año en que fueron presentadas ni el cargo o función desempeñado por cada uno de ellos, en razón de las siguientes argumentaciones: 1) Que, conforme el inciso tercero al artículo 8° de la Carta Fundamental, las autoridades que, conforme a una Ley Orgánica Constitucional, declaran sus intereses y patrimonio deben hacerlo “en forma pública”. Habiendo impuesto esta obligación a los Oficiales Superiores de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública la LBGAE —que en esta parte es Ley Orgánica Constitucional— sus declaraciones de intereses y patrimonio tienen carácter público por expreso mandato constitucional. 2) Que, el “Manual de Transparencia y Probidad de la Administración del Estado”, elaborado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2ª edición, enero de 2009, p. 42), explica que las autoridades y funcionarios de mayor nivel deben hacer algunas declaraciones después de ingresar a la Administración del Estado precisamente para resguardar el principio de probidad. Así, la declaración de intereses constituye un mecanismo para prevenir los conflictos de intereses de las autoridades facultadas para adoptar decisiones en el sector público. La declaración de patrimonio, por su parte, sirve para transparentar la evolución patrimonial de los directivos públicos mientras permanecen en sus cargos, previniendo su enriquecimiento ilícito. Todo ello justifica que el constituyente favoreciera el amplio conocimiento y control social de esta información. 3) Que, si bien los artículos 59 y 60D de la LBGAE disponen que la Contraloría General de la República estará encargada de custodiar y permitir la consulta de estos documentos (en firma exclusiva tratándose de las declaraciones de patrimonio), en la práctica solamente puede accederse a tales antecedentes proporcionando, previamente, el nombre del funcionario obligado, pues las declaraciones no están clasificadas por el cargo del titular. Siendo así, la opacidad de los nombres de los Oficiales Superiores equivale a impedir el acceso a sus declaraciones frustrando el expreso mandato constitucional de publicidad que rige respecto de ellas. Dicha conclusión no puede aceptarse. En consecuencia, el secreto de las plantas o dotaciones no puede alcanzar a los oficiales superiores de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública desde la Ley de Reforma Constitucional N° 20.414. 4) Que, sin embargo, la afectación a la seguridad de la Nación que puede conllevar la entrega de esta información se reduce significativamente si únicamente se entrega la nómina de los Coroneles de Carabineros que han debido presentar las declaraciones señaladas, sin indicar el año en que fueron presentadas. Esta aplicación del principio de divisibilidad, previsto en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, permitiría hacer convivir razonablemente la publicidad de las declaraciones con el secreto de esta parte de la planta de Carabineros de Chile. 5) Que, por último, este disidente comparte con la mayoría que no puede informarse el cargo o puesto desempeñado pues ello afectaría la seguridad de la Nación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.