Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7760-20

Reclamante:	VALENTIN VERA FUENTES
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Por voto de mayoría dirimente, se acoge el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la información referida a viáticos y pasajes devueltos en los casos judiciales que indica. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no acreditó la concurrencia de las causales de reserva invocadas, fundadas en que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, por existir una investigación judicial en curso, ni la afectación a la seguridad de la Nación. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33 letra j) de la Ley de Transparencia, se declara como información reservada aquella relativa al monto individual de cada uno de los pasajes correspondientes a los viajes consultados, viáticos respectivos y a la ciudad de destino. Lo anterior, por cuanto, la revelación de aquello podría otorgar indicios sobre los planes de operación o de servicio del Ejército de Chile, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible, cuya publicidad puede afectar a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional. Se hace presente que para adoptar el presente acuerdo, se tuvo a la vista la respuesta otorgada por el Sr. Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo en el amparo Rol C1685-19, relativo a información de similar naturaleza que la requerida en la presente reclamación, para que dicha autoridad se pronunciara sobre la publicidad de los antecedentes incorporados a la misma investigación judicial que se lleva a cabo. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C2774-19 y C310-21. La decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quienes el amparo debe ser rechazado, por cuanto, lo requerido corresponde a información que está siendo investigada en el marco de un proceso judicial, circunstancia de hecho que impide su publicidad. Al respecto, en un caso análogo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, señaló: "Que, en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014, singularizada en la letra a) del motivo 4° precedente, forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, -por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento. Además, hay que considerar que quien pidió acceder a la información emanada de las diligencias decretadas en tal investigación, ni siquiera tiene la calidad de parte, sino que es un tercero ajeno al juicio" (Reclamo de Ilegalidad Rol 321-2020, considerando 6°).
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/7/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C68-09 C4949-18 C1685-19 C2774-19 C310-21 C293-09 C380-09
Jurisprudencia a:	C8411-20 C11528-22
Recursos relacionados:	298-2021
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C7760-20   Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Valentín Vera Fuentes Ingreso Consejo: 26.11.2020 RESUMEN Por voto de mayoría dirimente, se acoge el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la información referida a viáticos y pasajes devueltos en los casos judiciales que indica. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no acreditó la concurrencia de las causales de reserva invocadas, fundadas en que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, por existir una investigación judicial en curso, ni la afectación a la seguridad de la Nación. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33 letra j) de la Ley de Transparencia, se declara como información reservada aquella relativa al monto individual de cada uno de los pasajes correspondientes a los viajes consultados, viáticos respectivos y a la ciudad de destino. Lo anterior, por cuanto, la revelación de aquello podría otorgar indicios sobre los planes de operación o de servicio del Ejército de Chile, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible, cuya publicidad puede afectar a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional. Se hace presente que para adoptar el presente acuerdo, se tuvo a la vista la respuesta otorgada por el Sr. Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo en el amparo Rol C1685-19, relativo a información de similar naturaleza que la requerida en la presente reclamación, para que dicha autoridad se pronunciara sobre la publicidad de los antecedentes incorporados a la misma investigación judicial que se lleva a cabo. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C2774-19 y C310-21. La decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quienes el amparo debe ser rechazado, por cuanto, lo requerido corresponde a información que está siendo investigada en el marco de un proceso judicial, circunstancia de hecho que impide su publicidad. Al respecto, en un caso análogo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, señaló: "Que, en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014, singularizada en la letra a) del motivo 4° precedente, forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, -por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento. Además, hay que considerar que quien pidió acceder a la información emanada de las diligencias decretadas en tal investigación, ni siquiera tiene la calidad de parte, sino que es un tercero ajeno al juicio" (Reclamo de Ilegalidad Rol 321-2020, considerando 6°). En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7760-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de octubre de 2020, don Valentín Vera Fuentes solicitó al Ejército de Chile la siguiente información: "Copia de la devolución de viáticos y pasajes devueltos con su individualización, según esta noticia aparecida en los diarios de circulación nacional en el caso bautizado como "milicogate" y casos de Fuentealba y Oviedo". 2) RESPUESTA: Mediante Oficio JEMGE DETLE TP (P) N° 6800/11070, de 26 de noviembre de 2020, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando que dichos antecedentes forman parte de un proceso judicial en curso por lo que procedió a derivar la solicitud al Poder Judicial, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 26 de noviembre de 2020, don Valentín Vera Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N° E21133, de 17 de diciembre de 2020, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (b) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante Oficio JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/11948, de fecha 23 de diciembre de 2020, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, señalando que la información referida a pasajes, viáticos y fletes, forman parte del cuaderno especial "Empresas de Turismo", del proceso Rol 575-2014, que instruye la Ministro En Visita Extraordinaria, doña Romy Rutherford Parentti. En efecto, la información requerida, como consta en los oficios N° 216-2020, de 18 de marzo de 2020 y 230-2020, de 25 de marzo de 2020, de la referida Ministra en Visita, que adjunta en fotocopia, expresamente instruyen al Ejército, en orden a que no puede entregar al conocimiento público ni develar el contenido del requerimiento judicial, por encontrarse los antecedentes incorporados a un proceso judicial en estado de sumario; etapa procesal que tiene el carácter de secreto en conformidad a los artículos 127 y 129 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal. Una conducta en contrario sería incurrir en el delito de desacato. Por consiguiente en la especie se configura la causal de reserva de la información descrita y prevista en el artículo 21 N° 1 letra a) y N° 5 de la Ley de Transparencia. Añade la reclamada, que por su parte, el artículo 13 de la Ley de Transparencia señala que en el caso que el órgano requerido no seas competente para ocuparse de la solicitud de información, debe enviarla a la autoridad que deba conocerla, según el ordenamiento jurídico. En consecuencia con lo anterior, mediante Oficio JEMGE DETLE (P) TP N° 6800/11071, de 26 de noviembre de 2020, que el propio reclamante acompaña al amparo, procedió a derivar la solicitud de información a la Excma. Corte Suprema, con copia informativa al peticionario. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información sobre viáticos y pasajes devueltos en los casos judiciales que indica. Al respecto, el órgano reclamado señaló en su respuesta que, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, procedió a derivar la solicitud al Poder Judicial, por cuanto los antecedentes solicitados se encuentran incorporados a un proceso judicial en estado de sumario, etapa procesal que tiene el carácter de secreto en conformidad a los artículos 127 y 129 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, concurriendo en la especie las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 letra a) y N° 5 de la Ley de Transparencia, 2) Que, el artículo 8, inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, tratándose de los antecedentes requeridos, el órgano reclamado alega haber derivado la petición al Poder Judicial, por cuanto los antecedentes solicitados se encuentran incorporados a un proceso judicial en estado de sumario, etapa procesal que tiene el carácter de secreto en conformidad a los artículos 127 y 129 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, se debe recordar que el artículo 13 de la Ley de Transparencia establece la pertinencia del proceso de derivación de la solicitud para los casos en los que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la misma o no posea los documentos solicitados. En el presente caso, este Consejo, en decisión de mayoría, estima que no se verifica ninguna de las dos hipótesis contempladas en la norma, por cuanto, se trata de información de competencia del Ejército de Chile, al referirse a actividades efectuadas por funcionarios de la institución en el desarrollo de la función pública y con cargo al presupuesto fiscal, la que se encuentra en poder del órgano requerido, razón por la que el Ejército tiene la competencia suficiente para atender el requerimiento, lo que en la práctica ha hecho, al invocar las causales de reserva o secreto que a continuación serán analizadas. 4) Que, en primer término, el órgano alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el artículo 7, N° 1, letra a), del Reglamento de la Ley de Transparencia, entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico". Al respecto, este Consejo ha sostenido reiteradamente, a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, que dicha causal de excepción debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. 5) Que, en este caso, el órgano reclamado para fundar la causal de reserva invocada señala, por una parte, que la información solicitada forma parte de una investigación judicial en curso, particularmente aquella sustanciada por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, que se encuentra actualmente en etapa de sumario, teniendo el carácter de secreto. Sin embargo, no aportó antecedentes que permitan acreditar el modo en que la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de sus funciones por tratarse de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, requisito esencial para declarar su reserva en mérito de la causal invocada. En efecto, el órgano reclamado únicamente hizo referencia a la existencia de un proceso judicial pendiente, lo cual, a juicio de este Consejo, en decisión de mayoría, no resulta un argumento suficiente para estimar como concurrente la causal de reserva invocada, por cuanto, no se detallan las razones de la citada afectación, lo que resulta relevante de precisar, considerando que los documentos solicitados no fueron creados con ocasión de los procedimientos judiciales -como podría ser el caso de informes en derecho, minutas o expedientes judiciales internos, etc.-, sino que constituyen documentos pre existentes que contienen datos de carácter objetivo, con prescindencia de cualquier procedimiento judicial. A su turno, la determinación de qué puede estimarse como "antecedentes" que se encuentren vinculados con defensas jurídicas, que resulten "necesarios" para ese fin, es un asunto que, si bien queda a la discrecionalidad del organismo administrativo de que se trate, desde luego no significa que dicha decisión pueda adoptarse arbitrariamente, sino que queda siempre cubierta por la debida fundamentación, racional y razonable, propia de todo órgano en un Estado de Derecho. 6) Que, en este orden de ideas, no solo el órgano no se refirió a la necesidad de reservar la información reclamada para sus defensas judiciales, como ocurriría si con ello se expone su estrategia judicial, sino que, a juicio de este Consejo, la invocación de secreto efectuada por el Ejército de Chile, no se aviene con la definición fijada en el artículo 7, N° 1, letra a), del Reglamento de la Ley de Trasparencia; lo anterior, por cuanto, en el proceso judicial señalado por la recurrida se persigue determinar la eventual responsabilidad personal de determinados funcionarios en hechos que se encuadrarían en diversos tipos penales, por lo cual, no es posible concluir que en los citados procedimientos judiciales, sostengan una posición jurídica de carácter institucional, que autorice declarar la reserva de antecedentes de naturaleza esencialmente pública. 7) Que, por otra parte, el órgano reclamado solicita tener a la vista el oficio de la Ministra en Visita Extraordinaria que daría cuenta de lo instruido al Ejército de Chile en orden a no poner en conocimiento público la información que dice relación con el proceso Rol 575-2014 por tratarse de una causa que se encuentra en estado de sumario, oficio judicial que habría sido acompañado en los descargos evacuados en el amparo que indica. Al respecto, se debe señalar que no resulta pertinente que por medio del oficio mencionado se establezca una causal de reserva o secreto que opere a todo evento por el solo hecho de tratarse de una solicitud que se relacione con las materias sobre las que versa la investigación judicial. Así, no se acompañan antecedentes suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible la alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información solicitada afectaría una eventual estrategia jurídica que dicho organismo haría valer en posibles futuros procesos judiciales. Además, se debe tener presente que la hipótesis de reserva invocada exige acreditar a quien la alega, de un modo preciso, la afectación que se provocará a su derecho a defensa en un litigio pendiente. En consecuencia, se desestimará la concurrencia de la causal alegada. 8) Que, en cuanto a la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, esta se relaciona con lo establecido en el artículo 129 del Código de Justicia Militar, esto es, "Serán aplicables al sumario las reglas de los artículos 77 a 79 del Código de Procedimiento Penal y 165 del Código Orgánico de Tribunales"; y con lo prescrito en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que "Las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por la ley...". Lo anterior debido a que la información solicitada formaría parte y habría sido incorporada al sumario secreto que instruye la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, por lo que, su tutela y resguardo está radicada en sede judicial, sin que le sea permitido al órgano reclamado, en forma unilateral decidir su entrega. 9) Que, al respecto, se debe considerar que lo solicitado se trata de información objetiva y preexistente al inicio de la investigación judicial, respecto de la cual, se debe tener presente la respuesta otorgada por el Sr. Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial a la medida para mejor resolver, decretada por este Consejo en el amparo Rol C1685-19, conociendo sobre una materia similar, para que dicha autoridad se pronunciara sobre la publicidad de los antecedentes reclamados en el amparo e incorporados a la misma investigación penal llevada por la Ministra Sra. Romy Rutherford, que en este caso se analiza y que fundamenta lo argumentado por el Ejército para reservar la información. En lo pertinente, señaló, en síntesis, que "Con todo, en caso de estimarse, ya sea por parte del Ejército de Chile -que es el órgano originalmente llamado a decidir el requerimiento de información ante él formulada y quien podría contar con toda la información fidedigna - o por la Comisión de Transparencia de la Excma. Corte Suprema, que no se estaría en ninguna de las situaciones que la ley prevé para negar tal información, la Ministra en visita Sra. Romy Rutherford Parentti, no advierte inconveniente en proporcionar a la institución, castrense copia de específica documentación que aquella estime pertinente y de la cual supuestamente carecería por encontrarse incautada y sin respaldo". En consecuencia, se descartará la concurrencia de la causal alegada. 10) Que, si bien, como alega la reclamada, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer del del reclamo de ilegalidad Rol 321-2020 resolvió: "Que, en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014 (...) forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, -por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento" (considerando 6°), este Consejo, en decisión de mayoría, estima que la información que pretende reservar el Ejército no resulta protegida por la hipótesis de secreto establecida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, toda vez, que ha sido la propia Ministra en Visita Extraordinaria quien ha señalado que no tiene inconveniente en proporcionar copia de antecedentes análogos que el Ejército le ha remitido para que complemente la que obra en su poder y dé cumplimiento al requerimiento efectuado por un solicitante de información en el aludido amparo C1685-19, de lo que se sigue que no toda actuación del Ejército respecto a la mencionada información constituye una injerencia indebida y/o obstrucción a la labor judicial. 11) Que, por otra parte, resulta relevante consignar que la solicitud recae sobre información pública relacionada con el uso de recursos fiscales por parte de los funcionarios públicos consultados, materias que por el tipo de función que desempeñan y la investidura de sus cargos justifican la existencia de un interés legítimo por acceder a los antecedentes necesarios para un efectuar un debido control social. En este sentido, el acceso a dicha información permite a la ciudadanía realizar un escrutinio sobre el adecuado uso de los recursos públicos, resguardando el correcto ejercicio de las funciones públicas. Sobre este punto, y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la Republica y en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser empleados públicos al servicio de la misma. 12) Que, de esta forma, en atención a lo razonado en los considerandos anteriores, al tratarse de información pública referente a la cual no se logró acreditar, en esta instancia, las causales de excepción alegadas, se acogerá el amparo ordenando su entrega. Sin embargo, y aplicándose un criterio precautorio, para este Consejo resulta plausible estimar que la revelación de la ciudad de destino de las comisiones de servicio consultadas, las que podrían eventualmente repetirse en el tiempo y dar cuenta de una determinada frecuencia de destino, pudieren revelar y permitir concluir -con cierta facilidad- el objeto que han tenido dichos viajes, otorgando indicios sobre los planes de operación o de servicio del Ejército de Chile, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible en el ámbito de las funciones de defensa nacional. Por lo anterior, a juicio de este Consejo, corresponde rechazar el amparo en esta parte y acordar la reserva de aquella información, por afectación a la seguridad de la Nación, particularmente en lo referido a la defensa nacional (artículo 21, N° 3, de la Ley de Transparencia). Por estas mismas consideraciones, la información relativa a los montos de los pasajes y los viáticos consignados deberá ser entregada otorgando el valor total, sin desagregar por cada uno de aquellos. Lo anterior, en cumplimiento de la facultad otorgada a esta Corporación, por el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. En el mismo sentido se resolvieron los amparos Roles C2774-19 y C310-21, relativo a información de igual naturaleza. 13) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será acogido, ordenando la entrega de la información correspondiente a copia de la devolución de viáticos y pasajes devueltos con su individualización, según noticia aparecida en los diarios de circulación nacional en el caso bautizado como "milicogate" y casos de Fuentealba y Oviedo, con excepción de aquella referida al monto individual de cada uno de los pasajes y sus respectivos viáticos y a la ciudad de destino, la que deberá ser reservada, exclusivamente en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, RESPECTO DE LA SOLICITUD, CUESTIÓN ESTA ÚLTIMA QUE RESUELVE POR EL VOTO DE SU PRESIDENTA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACUERDA LO SIGUIENTE: I. Acoger el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes, en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente: a) Entregue al reclamante: copia de la devolución de viáticos y pasajes devueltos con su individualización, en el caso bautizado como "milicogate" y casos de Fuentealba y Oviedo.Lo anterior, con excepción de aquella referida al monto individual de cada uno de los pasajes, sus viáticos respectivos y a la ciudad de destino, la que deberá ser reservada, exclusivamente en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes y al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, quienes no comparten lo razonado en los Considerandos 5) a 13), respecto de la entrega de los antecedentes de los viajes consultados, estimando que el amparo debe ser rechazado en este aspecto, en base a las siguientes consideraciones: 1) Que, tratándose de estos antecedentes, el órgano reclamado alega haber derivado la petición al Poder Judicial, por corresponder a información que está siendo investigada en el proceso judicial que indica, lo que se habría materializado con ocasión de una solicitud de acceso a la información anterior realizada por el mismo solicitante sobre idéntica materia. Al respecto, se debe recordar que el artículo 13 de la Ley de Transparencia establece la pertinencia del proceso de derivación de la solicitud para los casos en los que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la misma o no posea los documentos solicitados. 2) Que, luego, para fundar sus alegaciones el Ejército de Chile ha invocado como presupuesto la circunstancia de hecho correspondiente a que la información solicitada forma parte de una investigación judicial en curso, particularmente aquella sustanciada por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, que se encuentra actualmente en etapa de sumario, proceso que, de acuerdo al artículo 129 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, es secreto, lo que ha sido reconocido en reiterados fallos de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, pronunciados en reclamos de ilegalidad Rol 380-2019, de 19 de diciembre de 2019, y Rol 321-2020, del 19 de agosto de 2020, que acogieran los recursos deducidos por el Ejército de Chile en contra de las decisiones amparo de este Consejo, roles C4949-18 y C2774-19, que ordenaron entregar antecedentes referidos a la causa judicial Rol 575-2014. 3) Que, al respecto, para estos disidentes, se debe hacer presente que, en efecto, en el marco del reclamo de ilegalidad Rol 321-2020, citado por el órgano reclamado, el tribunal de alzada resolvió: "Que, en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014, singularizada en la letra a) del motivo 4° precedente, forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, -por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento. Además, hay que considerar que quien pidió acceder a la información emanada de las diligencias decretadas en tal investigación, ni siquiera tiene la calidad de parte, sino que es un tercero ajeno al juicio" (considerando 6°). 4) Que, en dicho contexto, se debe concluir que la derivación efectuada por el órgano reclamado se aviene con lo dispuesto en el mencionado artículo 13 de la Ley de Transparencia, por cuanto, como fue resuelto en la sentencia citada, es la vía idónea para que la Magistrada a cargo de la investigación se pronuncie sobre la publicidad de los antecedentes solicitados. Lo anterior, se ve reafirmado por la comunicación que habría sido remitida al Ejército por parte de la mencionada jueza, en orden a no poner en conocimiento público la información que dice relación con el proceso Rol 575-2014, por tratarse de una causa que se encuentra en estado de sumario. 5) Que, en mérito de lo expuesto, para estos disidentes, el amparo debe ser rechazado en este punto, al estimarse que la circunstancia de hecho referida a la existencia de un procedimiento judicial en el que la información requerida está siendo investigada, impide al órgano proceder a su entrega, debiendo ser requerida al tribunal que conoce de la misma. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.