Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7828-20

Reclamante:	ALEJANDRO AHUMADA
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando la entrega de la información correspondiente al número de solicitudes del denominado bono clase media y de devoluciones del mismo, desagregado por regiones y con indicación de si se trata de funcionarios públicos. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto o reserva deben aplicarse en forma restrictiva. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/3/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C5304-18 C377-13 C544-13 C1202-13 C1422-14 C1099-15 C2335-20 C4744-20 C4765-20
Jurisprudencia a:	C7838-20 C1584-21 C2178-21
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DECISIÓN AMPARO ROL C7828-20   Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos Requirente: Alejandro Ahumada Ingreso Consejo: 30.11.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando la entrega de la información correspondiente al número de solicitudes del denominado bono clase media y de devoluciones del mismo, desagregado por regiones y con indicación de si se trata de funcionarios públicos. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto o reserva deben aplicarse en forma restrictiva. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7828-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de octubre de 2020, don Alejandro Ahumada solicitó al Servicio de Impuestos Internos la siguiente información: "número total de solicitudes realizadas por motivo de bono clase media desagregado por regiones. número total de solicitudes realizadas por motivo de bono clase media desagregado por regiones, según tipo de empleador (público y privado). número total de devoluciones/reintegros de solicitudes de bono clase media desagregado por regiones a la fecha, desagregado por regiones. número total de devoluciones/reintegros de solicitudes de bono clase media desagregado por regiones, según tipo de empleador (público y privado)". 2) RESPUESTA: El 25 de noviembre de 2020, a través de Res. Ex. Nro.: LTNot 0019624, el Servicio de Impuestos Internos respondió al requerimiento, indicando que resulta imposible acceder totalmente a la entrega de la información, por cuanto, se encuentra en proceso la etapa de recepción de antecedentes aportados por los trabajadores para demostrar que sí cumplían con los requisitos para acceder al Aporte Fiscal, por lo que, el análisis aún no está completo. Realizar ahora la entrega implicaría vulnerar el derecho que tiene todo contribuyente de presentar antecedentes ante el SII y que estos sean evaluados conforme a la legislación y a lo ordenado por el SII en Resolución Ex. N° 136, de 23 de octubre de 2020. Agrega que, habiéndose constatado la existencia de la información requerida, se proporcionará el acceso en el formato que mantiene el SII, la cual se encuentra permanentemente a disposición de todos los contribuyentes a través de su sitio web, bajo el banner de "Gobierno Transparente", http://www.sii.gob.cl/transparencia/, en la sección "Subsidios y Beneficios" y seleccionar la opción "Nóminas de beneficiarios de programas sociales" o bien, ingresando directamente en el vínculo web http://www.sii.gob.cl/transparencia/nomina_subsidios_beneficios.html, en el cual se publicará, dentro del mes de noviembre, la nómina de los contribuyentes que accedieron al beneficio establecido por la ley N° 21.252 de 2020, del Ministerio de Hacienda. La información que se publicará en el enlace antes referido ha sido construida sin distinguir la calidad de trabajador del sector público o privado ni otros atributos o cualidades, ya que, ello importaría una afectación de los derechos de las personas, particularmente tratándose de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, conforme a lo establecido en el artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285. Además, atendido el número de contribuyentes que accedieron al beneficio, resulta imposible efectuar el procedimiento de notificación exigido por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por configurar ese solo procedimiento una distracción indebida en los términos establecidos por el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285. Indica que, igualmente resultaría imposible entregarla, por cuanto, parte de la información requerida contempla la entrega de antecedentes de personas naturales, los que se encuentran resguardados en los artículos 2, letra f), y 4, de la Ley N° 19.628, por lo cual, resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la citada ley; en relación, a su vez, con la causal de reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285. Hace presente que la protección de los datos personales de los contribuyentes debe ser analizada en directa relación con el artículo 8 bis, N° 9, del Código Tributario. 3) AMPARO: El 30 de noviembre de 2020, don Alejandro Ahumada dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que: "Se tergiversa la solicitud. El servicio ha dado a conocer cifras nacionales, yo solo pido desagregar esa información por regiones y tipo de empleador". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E21215, de 24 de diciembre de 2020, solicitando que: (1°) indique si la información tal como fue solicitada por la parte reclamante obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información denegada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de los terceros; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (6°) remita copia de la solicitud objeto del presente amparo. Mediante presentación de fecha 20 de enero de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que en primer término, alega la inadmisibilidad del amparo por inexistencia de los presupuestos legales que lo hacen procedente, ya que, no existió la denegación que exige el artículo 24 de la Ley de Transparencia, ya que, la información, con todo el detalle y cruces específicos requeridos, no existe porque no se ha elaborado y construirla implica distracción indebida, ya que exige que diversos funcionarios destinen una cantidad de horas excesivas para responder solo al requerimiento, entorpeciendo y retrasando sus labores habituales, como lo establece el artículo 21, N° 1, letra c), de la referida ley. Las bases requeridas no se han generado ya que la labor de fiscalización propia del SII no exige la elaboración de una base de datos detallada con cada información que maneje. El proceso establecido en el artículo 4, del artículo primero, de la Ley N° 21.252, que estableció un aporte fiscal y la forma de determinar su monto, para las personas naturales "que cumplían los requisitos" copulativos dispuestos en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, pagadero por una sola vez, con cargo a recursos fiscales y sin obligación de reintegrar, fue objeto de revisión por parte del SII atendido a que se verificó en la práctica que en el otorgamiento del beneficio algunas personas no cumplían con los requisitos de acceso, o bien, si los cumplían, pero, no habían sido considerados en el proceso. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del, artículo primero, de la Ley N° 21.252, que dispone que compete al SII verificar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del "beneficio", así como para el cálculo de su monto, facultando a la autoridad tributaria para realizar todas las actuaciones que sean pertinentes para cumplir con la finalidad de verificar el cumplimiento de requisitos de procedencia y determinar debida y correctamente el beneficio que contempla la ley, conforme a la principal labor que por ley tiene el SII, esto es, la función fiscalizadora tributaria. Acorde con lo anterior, el SII mediante Resolución Ex. N° 132 de 2 de octubre de 2020, estableció un mecanismo especial y previo de devolución de las sumas obtenidas en exceso por concepto de aporte fiscal o la presentación de una solicitud de revisión de antecedentes, para poder optar a la revisión de su situación con el objeto de que acrediten la veracidad de su declaración y/o el cumplimiento de los requisitos legales para obtener el aporte fiscal, y de esta manera cautelar el debido resguardo del reintegro en arcas fiscales de estas sumas. Ahora bien, sin perjuicio de ese mecanismo especial y previo de devolución del aporte fiscal, es necesario verificar el correcto otorgamiento y determinación del monto del "beneficio" respecto de las personas que en su calidad de trabajadores dependientes hubieren obtenido el aporte fiscal sin cumplir los requisitos. Luego, es necesario recalcar que el citado proceso se encuentra aún en desarrollo y, por tanto, su conclusión pendiente, toda vez que sigue en actual tramitación la etapa de recepción de los antecedentes aportados por los trabajadores para demostrar que sí cumplían con los requisitos para acceder al Aporte Fiscal, por lo que, el análisis aún no está completo. En consideración a que el plazo originalmente fijado por el SII para ello vencía el 30 de noviembre de 2020, es que se vio en la necesidad de dictar la Resolución Ex. SII N° 145, de fecha 26 de noviembre de 2020, estableciendo un nuevo plazo para restituir el monto del Aporte Fiscal sin reajustes, multas ni intereses, hasta el 31 de diciembre de 2020. De manera que, atendida las indicadas circunstancias realizar en este momento la correspondiente entrega implicaría vulnerar el derecho que tiene todo contribuyente de presentar los antecedentes que estime necesarios ante el SII y que estos sean evaluados. Luego, precisar la cifra exacta de funcionarios/as públicos que solicitaron y recibieron bono clase media sin cumplir requisitos, con todo el detalle y desglose requerido, es una labor que hoy es imposible de efectuar, por tratarse ello de un proceso en actual desarrollo. Luego, inclusive concluido el plazo para que los contribuyentes puedan efectuar la restitución voluntaria, es necesario tener presente que aún existirá una instancia de restitución obligatoria que podrá efectuar el SII en la próxima Operación Renta año tributario 2021 (AT 2021), por lo cual, solo una vez concluida la misma podrá estimarse concluido el proceso actualmente pendiente en relación con la información requerida, sin perjuicio que, construir la información con diversos desgloses y detalles podría implicar una distracción indebida por la alta cantidad de horas laborales que podría destinar su elaboración y siempre considerando que la información, inclusive estadística, que pueda entregar un órgano público siempre debe estar condicionada a que sea de fácil recopilación y que no implique un procesamiento excesivo que distraiga indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales con el consecuente entorpecimiento y retraso de sus labores habituales. Corroborando lo anterior y atendido a que se encuentra en curso el referido procedimiento administrativo y, en especial consideración, a que no se ha determinado la situación concreta de cada uno de los peticionarios hasta la fecha, y tampoco se encuentra definida la globalidad de beneficiarios definitivos de la Ley N° 21.252, proceso que aún se encuentra en curso y cuyo término se verificará junto con la declaración anual de impuesto a la renta conforme al artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta siguiente a dicha determinación, es decir, en abril de 2021. Sin perjuicio de lo anterior, hace entrega de la información estadística con la que cuenta, relativa a la materia solicitada. Informa que, durante el procedimiento de devolución del aporte fiscal, se ha podido determinar que de los 37.100 funcionarios públicos que pidieron el beneficio de aporte fiscal clase media, 5.076 presentaron antecedentes verificándose que sí cumplían los requisitos para acceder al anotado beneficio. Además, a la fecha de hoy 10.829 empleados públicos lo restituyeron. Aclara que la base de datos que se entrega, se construyó con datos estadísticos, debido a las exigencias contenidas en los artículos 2, letra f), y 4, ambos de la Ley N° 19.628 y la Instrucción General N° 11 de este Consejo, y de forma anonimizada, conforme a lo establecido en el artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285, más aun considerando que por el solo hecho de encontrarse un contribuyente en dicho listado develaría que sus ingresos han disminuido efectivamente al menos en un 30% en relación con sus ingresos para el mismo período en el año 2019. Lo anterior, en relación con el artículo 8 Bis, N° 9, del Código Tributario. Cita las decisiones de amparos roles C4765-20 y C5304-18. La Subdirección de Fiscalización del SII estima un tiempo de trabajo mínimo de varios días, considerando todo lo que implica y que se deben coordinar diversos Departamentos, Oficinas y Áreas de la misma, para llevar a cabo este trabajo, y atendido a que es un proceso a desarrollar en forma lineal, paso a paso y que no puede, técnicamente realizarse en forma paralela. Entonces, solo para disponibilizar la información sería necesario sustraer a diversas dependencias de la referida Subdirección, con la respectiva distracción indebida de sus funciones habituales de al menos un funcionario por área, con dedicación exclusiva para cada una de dichas labores, todo lo cual, implicaría una gran cantidad de días y al tratarse de una labor lineal a desarrollar por distintos funcionarios, se estima que cada funcionario deberá destinar muchas horas de dedicación exclusiva, lo que completaría una cantidad importante de horas hombre, con la consecuente afectación del retraso en sus funciones propias y de la sobrecarga laboral y retraso de cada una de las áreas de la referida Subdirección, lo que funda la causal del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285. Ello se complejiza aún más, considerando que hoy a raíz de la pandemia que nos encontramos viviendo y sus consecuencias en la dotación de funcionarios disponibles. Lo anterior, sumado a que, para entregar la información, en los términos requeridos se estaría imponiendo al SII una carga de procesar la información existente para el solo efecto de cumplir con este requerimiento, lo cual no es el objeto de la Ley de Transparencia, conforme se ha razonado en diversa jurisprudencia. Cita la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 5.923-2013, y las decisiones de amparo roles C2335-20, C1099-15 y C4744-20. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E4621, de 18 de febrero de 2021, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. A través de correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2021, el reclamante manifestó su disconformidad respecto de la información entregada, explicando que resulta insuficiente, por cuanto, corresponde a una planilla Excel donde se registraron los 37.100 funcionarios públicos que solicitaron el "bono clase media", resultando aquella incompleta e imprecisa, ya que, la misma respuesta del SII sostiene que, de ellos, 5.076 presentaron antecedentes verificándose que sí cumplían los requisitos para acceder al beneficio y que a la fecha de la comunicación, 10.829 empleados públicos lo restituyeron. Por lo anterior, solicito sea entregada la información actualizada con el número y repartición/institución/ministerio/servicio de los funcionarios públicos que finalmente accedieron al bono de aporte fiscal, restando de la nómina aquellos que devolvieron los recursos o bien sí calificaban para la asignación del beneficio. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega incompleta o parcial de la información requerida, referida al número de solicitudes del denominado bono clase media y de devoluciones del mismo. El órgano, por su parte, alega que el proceso aún se encuentra en etapa de desarrollo, y que la entrega de lo requerido implica una importante cantidad de horas hombre de trabajo, con la consecuente desviación indebida de sus funciones propias, ya que, para la confección de un nuevo archivo en los términos solicitados, y en vista de los datos a procesar, es necesario un estudio puntual de un elevado número de antecedentes, configurándose la causal del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, previamente, en cuanto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento del reclamo es la denegación de la información en los términos en los que fue pedida, respecto del cual se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley". En consecuencia, se desechará la antedicha alegación, por improcedente. 3) Que, el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la que se encuentre contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda aquella elaborada con presupuesto público, salvo las excepciones legales. 4) Que, en el presente caso, como el órgano reclamado ha explicado, la Ley N° 21.252 que Establece un Financiamiento con Aporte Fiscal para la Protección de los Ingresos de la Clase Media, en su artículo 13, inciso 1°, señala: "Otórganse al Servicio de Impuestos Internos las atribuciones y facultades para la habilitación de una plataforma para solicitar el beneficio que contempla la presente ley, para la verificación de la procedencia del beneficio y las demás funciones que sean necesarias para su aplicación. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos, conforme a las normas del Código Tributario, podrá realizar notificaciones, comunicaciones, interpretar e impartir instrucciones, hacer efectivo lo señalado en el artículo 12 y demás actuaciones que sean pertinentes para cumplir con la finalidad de otorgar y determinar el beneficio que contempla esta ley", de lo que se desprende que, sin duda, la información requerida es de su competencia. 5) Que, luego, se debe hacer presente que el objeto de la solicitud de acceso a la información pública corresponde a dos datos estadísticos, esto es, el número total de solicitudes realizadas por motivo del bono clase media y el número de devoluciones o reintegros del mismo, en ambos casos, desagregando la información por regiones y distinguiendo si se trata o no de empleados públicos, todo ello, por cierto, a la fecha de la solicitud. 6) Que, sin embargo, pese a los términos en los que fue formulada la solicitud, el órgano ha dado respuesta a la misma incorporando inoficiosamente elementos que no se encuentran contemplado en el requerimiento o que no resultan esenciales para darle respuesta. En efecto, el Servicio ha argumentado que resulta imposible acceder totalmente a la entrega de la información, ya que se encuentra en proceso la etapa de recepción de antecedentes aportados por los trabajadores para demostrar que sí cumplían con los requisitos para acceder al Aporte Fiscal, por lo que, el análisis aún no está completo, aspecto que no fue incorporado por el reclamante en su petición, la que, como se explicó, según su tenor literal, buscaba conocer el número total de solicitudes y devoluciones, distinguiendo entre cada una de las regiones del país y si se trata o no de funcionarios públicos. 7) Que, en este contexto, y para el solo efecto de dar respuesta a la solicitud, resulta indiferente si luego de la revisión de los antecedentes presentados por los trabajadores se determina que cumplían o no los requisitos de procedencia del aporte, ya que, como hemos reiterado, la solicitud de acceso a la información recayó sobre el número total de solicitudes del beneficio y de devoluciones o reintegros del mismo, resultando procedente que el Servicio se pronunciara sobre dichos antecedentes, con indicación de que la información correspondía a la situación a la fecha, pudiendo ser susceptible de modificaciones una vez terminado el proceso en su totalidad. En este sentido, respecto del carácter "no oficial" o "no validada", de la información, se debe hacer presente que este Consejo se ha pronunciado reiteradamente, en particular, en las decisiones de amparo Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto, tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha solicitado, procediendo que el órgano, al momento de hacer la entrega, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente del estado en el que a la fecha se encuentran los documentos. 8) Que, luego, respecto de la invocación de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. 9) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 10) Que, en este caso, al descartarse la necesidad de realizar las gestiones de revisión de los antecedentes presentados por los trabajadores para determinar si cumplían o no los requisitos de procedencia del aporte, para efectos de dar respuesta a la solicitud, se resta sustento a las alegaciones que el órgano invoca como presupuesto de la causal de reserva o secreto invocada, ya que, no ha explicado si los esfuerzos desproporcionados a los que se refiere se asocian o no a la obtención de la información precisa que fue requerida, esto es, el número total de solicitudes realizadas por motivo del bono clase media y el número de devoluciones o reintegros del mismo, en ambos casos, desagregando la información por regiones y distinguiendo si se trata o no de empleados públicos, todo ello, a la fecha de la solicitud. Por el contrario, en sus descargos el órgano entrega parte de la información requerida, lo que da cuenta de la posibilidad de proporcionarla en los términos precisos en los que fue pedida. 11) Que, de esta manera, el órgano no especificó ni detalló de qué forma la entrega de los documentos requeridos podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, dichas normas deben ser interpretadas restrictivamente. Razones por las cuales, será desestimada la configuración de la causal de reserva o secreto invocada por el órgano. 12) Que, por otra parte, se debe hacer presente que la información ha sido requerida en términos estadísticos, sin incorporar antecedente alguno que permita individualizar a quienes solicitaron el beneficio o a los que hicieron devolución del mismo, lo que permite desestimar la eventual configuración de la casual de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. 13) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. A su vez, se desestima la solicitud de antecedentes adicionales que realizó el reclamante al emitir el pronunciamiento descrito en el número 5 de la parte expositiva. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Alejandro Ahumada en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente: a) Entregue al reclamante la información, a la fecha de la solicitud, correspondiente a: i. Número total de solicitudes realizadas por motivo de bono clase media desagregado por regiones. ii. Número total de solicitudes realizadas por motivo de bono clase media desagregado por regiones, según tipo de empleador (público y privado). iii. Número total de devoluciones/reintegros de solicitudes de bono clase media desagregado por regiones a la fecha. iv. Número total de devoluciones/reintegros de solicitudes de bono clase media desagregado por regiones, según tipo de empleador (público y privado). b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Ahumada y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.