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DECISIÓN AMPARO ROL C7858-20</p>
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Entidad pública: Servicio Electoral</p>
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Requirente: Renate Uslar Fuentes</p>
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Ingreso Consejo: 01.12.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Electoral, ordenando la entrega de la información relativa a los locales de votación en los cuales, para el plebiscito del 25 de octubre de 2020, hubo votantes que habilitados para sufragar, se vieron impedidos de hacerlo, que incluya el motivo del impedimento; consignados en las actas de escrutinios respectivas.</p>
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Lo anterior por cuanto lo solicitado constituye información pública, la cual obra en poder de la recurrida, desestimándose la inexistencia invocada atendida la normativa que rige la materia.</p>
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Se rechaza el amparo respecto a la indicación de la edad, sexo y comuna de los electores consultados, toda vez que, en virtud de lo establecido en la ley N° 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, dichos antecedentes forman parte del Registro Electoral, el cual y conforme la normativa que les rige, detentan un mecanismo y sistema especial de publicidad, no siendo por tanto aplicable la Ley de Transparencia sobre dicha información. Lo anterior en aplicación del criterio contenido a partir de la decisión Rol C1439-12 y lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 2152-11, de 19 de enero de 2012.</p>
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En sesión ordinaria N° 1163 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7858-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de octubre de 2020, don Renate Uslar Fuentes presentó ante el Servicio, el siguiente requerimiento: "copia de registro de personas que, estando habilitadas para sufragar en el Plebiscito del 25 de octubre de 2020, se vieron impedidas de hacerlo al momento de presentarse en el lugar de votación. Pido que los documentos contengan la edad y el sexo de la persona que no pudo ejercer su voto en el local de votación, el motivo, el local de votación y la comuna donde ocurrió esta situación. Solicito que se le dé especial consideración al principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. Solicito la información de acuerdo al principio de divisibilidad, establecido en el Artículo 11 de la Ley 20.285, que indica que, si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida, e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de Of. Ord. N° 3611 de 23 de noviembre de 2020, el Servicio Electoral, otorgó respuesta al requerimiento, señalando que de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 145 de 13 de marzo de 2017 del Servicio Electoral, cualquier incidente o reclamación que se pueda producir en la votación o escrutinio de la respectiva mesa receptora de sufragios, debe consignarse en el Acta de Escrutinios, según lo señalado en el inciso 3° del artículo 78 de la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.</p>
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Luego, expresan que "una vez finalizado el escrutinio de la mesa y llenadas las respectivas actas, todo el material electoral es puesto a disposición del Tribunal Calificador de Elecciones, procediéndose posteriormente a su destrucción y enajenación pública"; en consecuencia no es posible proporcionar la información requerida puesto que este servicio no tiene acceso a ella.</p>
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3) AMPARO: El 1 de diciembre de 2020, don Renate Uslar Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Electoral, mediante Oficio E21164, de 18 de diciembre de 2020.</p>
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Mediante OF. Ord. N° 16, de 5 de enero de 2021, el organismo, señala:</p>
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- En la respuesta se indicó que el SERVEL no podía hacer entrega de la información, toda vez que no tenía acceso a la misma al encontrarse a disposición del Tribunal Calificador de Elecciones para efectos del escrutinio y calificación del plebiscito, procediéndose posteriormente a su destrucción y enajenación en conformidad a la ley.</p>
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- Los padrones de mesa, instrumento donde consta la información de los electores que sufragaron o no sufragaron en la mesa respectiva, son inutilizados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 175 de la ley N° 18.700, que señala: "Los efectos electorales no susceptibles de ser usados en elecciones y plebiscitos posteriores, serán inutilizados a fin de que el Director del Servicio Electoral pueda enajenarlos, en propuesta pública, noventa días después de finalizado el respectivo proceso calificatorio". Citan al efecto, lo resuelto por este Consejo en amparo Rol C1078-17 y por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, el 11 de enero de 2017, en causal rol N° 701-2016, en esta última, se pronuncia en forma general, respecto de aquellos casos en que la información no obra en poder del organismo.</p>
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- Los padrones de mesa, argumentan, son instrumentos elaborados con motivo de cada uno de los procesos eleccionarios o plebiscitarios, y se determinan conjuntamente con los padrones electorales con carácter de definitivo. En ese entendido, se les hace aplicable las normas de publicidad del Registro Electoral y Padrones Electorales, contenida en el artículo 4 de la Ley N° 18.556 Orgánica Constitucional sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; esto es, que los padrones electorales y las nóminas provisorias de inhabilitados son públicos, respecto a los datos que dicha normativa establece, ordenando su publicación en la página web del servicio, dependiendo si se trata de un padrón auditado o definitivo.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, lo solicitado es el registro de personas que, estando habilitadas para sufragar en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, se vieron impedidas de hacerlo al momento de presentarse en el lugar de votación; que incluya el sexo y edad de las personas, local y comuna de votación y motivo del impedimento.</p>
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2) Que, el organismo argumenta que la información solicitada no obra en su poder, toda vez que aquella se encuentra contenida en el "Acta de Escrutinios"; instrumentos que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en adelante Ley N° 18.700, debe elaborar la respectiva mesa receptora de sufragios. En tal sentido, expresan que las aludidas actas se encuentran en poder del Tribunal Calificador de Elecciones para efectos de la calificación del plebiscito; documentos que posteriormente son inutilizados y enajenados, en virtud de lo establecido en el artículo 175 de la Ley N° 18.700.</p>
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3) Que, cabe señalar que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes requeridos existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración". Por lo anterior, la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehaciente.</p>
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4) Que, el artículo 78 de la Ley N° 18.700, establece, en lo pertinente: "Inmediatamente después de practicado el escrutinio, y en el mismo lugar en que hubiere funcionado la mesa receptora, se levantarán actas del escrutinio, estampándose en números la cantidad de firmas en el padrón correspondientes a los electores que emitieron su sufragio, la cantidad de talones y el total de sufragios emitidos encontrados en las urnas para cada tipo de elección. Además, se anotarán, en cifras y letras, el número de sufragios que hubiere obtenido cada candidato o cada una de las proposiciones de la cédula para plebiscito, en su caso, los votos nulos y los blancos (....) Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio y de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación o escrutinio que deseen hacer constar los vocales y apoderados, sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación, bajo las penas que esta ley señala (...) El acta de escrutinio se escribirá en tres ejemplares idénticos, los que tendrán para todos los efectos legales el carácter de copias fidedignas, serán firmadas por todos los vocales y los apoderados que lo deseen. (...) El primer ejemplar del acta quedará en poder del secretario de la mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por el lado del cierre, para su remisión al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones (...). El segundo ejemplar del acta se entregará por el presidente de la mesa al delegado de la junta electoral, en sobre dirigido al colegio escrutador(...) El tercer ejemplar del acta, inmediatamente después de llenada, y antes de practicar el escrutinio de otra elección, se entregará por el comisario de la mesa a la persona dispuesta por el Servicio Electoral de la oficina electoral del local a que se refiere el artículo 83, en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales por el lado del cierre (...)" (el destacado es nuestro). Luego, el artículo 83 de la Ley N° 18.700 establece que la persona que disponga el SERVEL, procederá a recibir el ejemplar descrito, cuyos datos deberá incorporar al sistema computacional en la forma que disponga el SERVEL, debiendo efectuar una copia digitalizada o escaneada del acta de escrutinio, que se incorporará como respaldo al sistema computacional.</p>
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5) Que, en virtud de la disposición precitada, el impedimento alegado por la recurrida, en orden a que lo solicitado no obra en su poder, debe ser desestimado, por cuanto un ejemplar de las actas de escrutinio que cada mesa levanta y a través de las cuales se puede extraer la información solicitada, queda a disposición del Servicio Electoral, las que además se digitalizan e incorporan al sistema que lleva el organismo al efecto. En este mismo sentido, tampoco logran verificarse los presupuestos del artículo 175 de la Ley N° 18.700, invocados por la recurrida.</p>
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6) Que, el título II, párrafo 2° de la Ley N° 18.700, regula en sus artículos 66 a 74, las normas relativas al desarrollo de la votación, describiendo los requisitos que deben cumplirse en cada proceso; lo cual permite advertir las circunstancias que impedirían que un elector habilitado sufrague; a modo de ejemplo, se menciona el no contar con carnet de identidad o pasaporte vigente, disconformidad entre las indicaciones del padrón de mesa y la identidad del elector; antecedentes que deben quedar consignados en el acta respectiva.</p>
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7) Que, es oportuno señalar que en lo referente a la información contenida en el Registro Electoral, y sobre cuya base se confeccionan los padrones electorales y nómina de inhabilitados, ya sean de carácter provisorios o definitivos, su contenido y publicidad se encuentran regulados en el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en adelante Ley N° 18.556. Ahora bien, este Consejo, a partir de la decisión Rol C1439-12, ha declarado la inadmisibilidad de las reclamaciones deducidas en esta sede, que digan relación con la información antedicha, en virtud a que es la propia ley orgánica constitucional que rige la materia la que contempla un mecanismo y sistema especial de publicidad de estos antecedentes, no siendo por tanto aplicable la Ley de Transparencia. Lo anterior, en concomitancia con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 2152-11, de 19 de enero de 2012.</p>
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8) Que, precisado lo anterior, se advierte que parte de lo solicitado en esta oportunidad es información contenida en las Actas de Escrutinio, en las cuales van consignados los motivos por los cuales ciertos electores, habilitados a sufragar, se vieron impedidos de hacerlo al momento de presentarse en el local de votación; información que no se extrae del Registro Electoral, sino que se materializa con ocasión del desarrollo del acto electoral propiamente tal. En consecuencia, y habiéndose desestimado la inexistencia alegada por el órgano, se acogerá el presente amparo respecto de la información relativa a los locales de votación en los cuales, para el plebiscito del 25 de octubre de 2020, hubo votantes que habilitados para sufragar, se vieron impedidos de hacerlo, que incluya el motivo del impedimento; consignados en las actas de escrutinios respectivas.</p>
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9) Que, por el contrario, en cuanto a aquella parte de la solicitud relativa a conocer la edad, sexo, y comuna de votación del elector, conforme a lo razonado en el considerando 7° precedente, tratándose de datos que forman parte del Registro Electoral procede rechazar el amparo, por cuanto el acceso a dicha información se rige por un mecanismo y sistema especial de publicidad y no por la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Renate Uslar Fuentes en contra del Servicio Electoral, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Electoral:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de la información relativa a los locales de votación en los cuales, para el plebiscito del 25 de octubre de 2020, hubo votantes que habilitados para sufragar, se vieron impedidos de hacerlo, que incluya el motivo del impedimento; consignados en las actas de escrutinios respectivas.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Se rechaza el amparo en lo concerniente a la indicación de la edad, sexo y comuna de los electores consultados, toda vez que, en virtud de lo establecido en la ley N° 18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, dichos antecedentes forman parte del Registro Electoral, el cual y conforme la normativa que les rige, detentan un mecanismo y sistema especial de publicidad, no siendo por tanto aplicable respecto de dichos datos la Ley de Transparencia.</p>
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IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Renate Uslar Fuentes y al Sr. Director Nacional del Servicio Electoral.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>