Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7869-20

Reclamante:	KARINA LÓPEZ TOBAR
Reclamado:	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE AYSÉN
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, ordenando la entrega del expediente administrativo que indica. Lo anterior, por cuanto, se trata de información pública, respecto de la cual se descartó la causal de reserva de distracción indebida, al no acreditarse fehacientemente, y por tratarse de antecedentes que formaron parte del procedimiento y constituyen el fundamento de los actos administrativos respectivos. En forma previa a su entrega, el órgano deberá tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/4/2021
Consejeros:	-Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C396-12 C1196-12 C377-13 C438-13 C1045-15 C1867-17 C1336-16 C2397-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C7869-20   Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén. Requirente: Karina López Tobar. Ingreso Consejo: 01.12.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, ordenando la entrega del expediente administrativo que indica. Lo anterior, por cuanto, se trata de información pública, respecto de la cual se descartó la causal de reserva de distracción indebida, al no acreditarse fehacientemente, y por tratarse de antecedentes que formaron parte del procedimiento y constituyen el fundamento de los actos administrativos respectivos. En forma previa a su entrega, el órgano deberá tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16 y C1867-17, entre otros. Finalmente, se representa al órgano no haber dado respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1159 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7869-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de septiembre de 2020, doña Karina López Tobar solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, la siguiente información: "En virtud de la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, solicito acceso y copia a todos los documentos y actos administrativos que se encuentran contenidos en el Expediente de Bienes Nacionales N° 1001155. Solicito que sean tarjados todos los datos personales incorporados en este expediente, tales como la fecha de nacimiento, el estado civil o teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Pido expresamente que esta solicitud sea considerada en los términos más amplios posibles, es decir, que se proporcione la mayor cantidad de información disponible al respecto, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones legales, en virtud del principio de máxima divulgación establecido en el Artículo 11° de la Ley 20.285. Solicito la información de acuerdo al principio de divisibilidad, establecido también en el Artículo 11 de la Ley 20.285, que indica que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida, e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda". 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° E-104686, de 26 de noviembre de 2020, la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Aysén respondió a dicho requerimiento de información, denegando la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, señalando que "en atención a que la consulta está referida a una cantidad relevante de información, que no se encuentra actualmente sistematizada de la forma requerida, el acceder a su requerimiento implicaría que funcionarios de la Unidad de Bienes de esta Secretaría deban emplear para ello el tiempo ordinariamente destinado a sus tareas, obligándole a extender su jornada y aumentar excesivamente el volumen y carga de trabajo, circunstancia que importa una distracción de sus funciones habituales". 3) AMPARO: El 1 de diciembre de 2020, doña Karina López Tobar dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Asimismo, agregó que "Es importante agregar que esta solicitud no fue respondida dentro del plazo legal (que vencía el día 28 de octubre). Cuando ya habían pasado un par de días sin respuesta, escribí al ministerio preguntando qué había pasado con mi solicitud, y me respondieron que por un "error" mi solicitud no fue tramitada (adjunto respuesta). Por eso, mi solicitud fue ingresada manualmente por el organismo el 2 de noviembre, y finalmente respondida el 1 de diciembre con otro código: AQ001w0030021. Respecto al fondo de la denegación, considero que ésta no se ajusta al artículo 21 de la Ley 20.285, ya que mi solicitud apunta a un expediente concreto (y no una solicitud genérica), con número de identificación, lo que facilita la búsqueda para los funcionarios encargados de responder a la solicitud. Por eso, creo que mi solicitud no distrae excesivamente a los funcionarios ni los obliga a dedicar muchas horas fuera de sus funciones habituales. El organismo tampoco cumple con calcular las horas de trabajo en función del número de documentos que tendrían que ser entregados, por lo que considero que esta respuesta no es satisfactoria ni se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Transparencia". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E21165, de 18 de diciembre de 2020, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén, solicitando que: (1°) señale las razones por las cuales la solicitud de información no fue atendida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 20 de enero de 2021, se concedió a la Secretaría un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos. Mediante ORD. N° SEE 11 N° 57, de 21 de enero de 2021, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó que "En época de pandemia, cuya prórroga de la alerta sanitaria se extiende hasta el 30 de junio del presente, se han tenido que realizar turnos para evitar contagios y resguardar la salud de los funcionarios. Además se han tenido que hacer cuarentenas preventivas, en razón de factores externos al servicio, que han disminuido la capacidad de personal para dar cumplimiento a todos los requerimientos de los usuarios de la región (...) Otro punto importante, es dar cuenta que la conectividad entre las comunas y localidades de la región son diametralmente distintas a las otras regiones, en cuanto a caminos y estado del tiempo para poder salir a terreno (...)". Acto seguido, agregó que "En este caso puntual, el funcionario debe buscar y desarchivar el expediente, fotocopiar hoja por hoja, revisar íntegramente cada página en busca de los datos que deben ser borrados o tarjados, digitalizar nuevamente el expediente para que pueda estar en condiciones de ser enviado a un tercero que no presente un interés directo con el solicitante. Todo lo anterior requiere de tiempo, que no es mínimo, y dejar de responder a usuarios regionales (...)". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro de los plazos legales indicados. En razón de lo anterior, este Consejo representará a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado. 2) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, a la solicitud de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia del expediente administrativo que indica. Al respecto, el órgano denegó su entrega en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285. 3) Que, al respecto, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que, en dicho contexto, de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, y C1867-17 dicha información es de naturaleza pública. En efecto, conforme a la información publicada en el portal web del propio órgano, en el menú "Consulta estado trámite", en el enlace http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=12644, se trata de antecedentes relativos a la venta o enajenación de un inmueble fiscal, conforme lo dispuesto en el decreto ley N° 1.939, de 1977 -que fija normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado-, el cual se encuentra en estado de finalizado. En consecuencia, atendido lo dispuesto en los artículos 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, 5° de la Ley de Transparencia y el artículo 3°, letra g), de su Reglamento, estos antecedentes constituyen el fundamento del acto administrativo, por la cual la SEREMI de Bienes Nacionales autoriza la enajenación de un inmueble fiscal, pues su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual dicha autoridad dicta el acto mediante el cual acoge la solicitud y ordena la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Luego, siendo dicho procedimiento y su resolución de naturaleza pública, sus fundamentos poseen, en principio, el mismo carácter. 5) Que, en cuanto a la información solicitada, se debe hacer presente lo dispuesto en el artículo 2 del decreto supremo N° 386, año 1981, del Ministerio de Bienes Nacionales, Reglamento Orgánico del Ministerio de Bienes Nacionales - en adelante D.S. N° 386/1981- en orden a que le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, por medio de la Subsecretaría y sus organismos regionales, entre otras materias las siguientes: "b) Destinaciones, concesiones y arrendamientos de bienes fiscales; c) Afectaciones, desafectaciones y supervisión y control sobre bienes del Estado y nacionales de uso público; d) Ventas, permutas y transferencias gratuitas de bienes fiscales, como asimismo, títulos gratuitos de dominio de estos bienes; e) Formación y conservación del Catastro Nacional de Bienes Raíces del Estado...". Por su parte, el 41 del D.S. N° 386/1981-, establece que a las Secretarías Regionales Ministeriales les corresponderá, entre otras funciones, la de "Formar, conservar y actualizar el Catastro Nacional de Bienes Raíces del Estado en su región"; "Velar por que los bienes fiscales del Estado y nacionales de uso público se empleen para el fin a que están destinados, impidiendo que se ocupen ilegítimamente y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso"; "Regularizar los títulos de dominio de los inmuebles ofrecidos en donación al Fisco"; y "Ejercitar las demás labores relacionadas con la adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado, el catastro nacional de éstos y la regularización y constitución de la propiedad raíz en la región" (Letras g), i), j) y k)). 6) Que, por su parte, el artículo 3 del decreto ley N° 1939, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado - en adelante D.L. N° 1939- establece que "Corresponderá al Ministerio formar y conservar el catastro de los bienes raíces de propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado. // Las reparticiones de la Administración Pública centralizadas y descentralizadas deberán poner a disposición del Ministerio los antecedentes e instrumentos relacionados con estos bienes, en la forma, plazos y condiciones que señale el reglamento. // El Ministerio mantendrá la información de los bienes a que se refieren los incisos precedentes en un sistema informático georreferencial, disponible en su sitio electrónico institucional, con el fin de permitir conocer su ubicación, avalúo, titularidad, destino y demás antecedentes que señale el reglamento a que hace referencia el inciso anterior. Dicha información deberá publicarse en el sitio web en forma completa y actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito". Por su parte, el inciso primero del artículo 5 del D.L. N° 1939, prescribe que "La Dirección deberá registrar los decretos y resoluciones en los cuales se autorice adquirir bienes raíces para el Estado, se ordene el pago de la adquisición o se disponga la enajenación, destinación, concesión o arrendamiento de esos bienes. Estos decretos y resoluciones deberán contener la frase "Regístrese en la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales"...". 7) Que, así las cosas, corresponde resolver si resulta aplicable en la especie, la causal de reserva alegada por el órgano, correspondiente a aquella establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 8) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 9) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 10) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 11) Que, en el presente caso, si bien el órgano indicó las circunstancias relativas al funcionamiento de la institución, las condiciones geográficas, y la distribución de su personal, se trata de alegaciones que no permiten tener por configurada la causal alegada. En efecto, la SEREMI no indicó el número de funcionarios necesarios para recabar la documentación, la cantidad de jornadas de trabajo que aquello requiere, el número de documentos del expediente requerido, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y teniendo en consideración que lo requerido es solo 1 expediente, específicamente individualizado y cuya tramitación finalizó en noviembre de 2019 -según lo informado en su página web-, por lo que no se trata de un expediente de antigua data, motivo por el cual este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 12) Que, a mayor abundamiento, y a modo de ejemplo, cabe tener presente lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 2841, del 10 de octubre de 2013, que Aprueba el Manual de Procedimientos de Venta Directa del Ministerio de Bienes Nacionales, en el Título III, numeral 6, establece que "Del Expediente de Venta: Todo proceso de venta se tramitará a través de un expediente digital. No obstante lo anterior, en las dependencias de cada Seremi existirá una carpeta física que deberá contener los antecedentes en formato impreso (...) El responsable de cada una de las etapas descritas en el flujo de ventas que se describirá a continuación, será el responsable de la correcta digitalización de los antecedentes asociados a dicha etapa", por lo que las alegaciones del órgano no resultan plausibles. 13) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado la causal de reserva alegada, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando a la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén la entrega del expediente administrativo requerido. Sin perjuicio de lo razonado precedentemente, habida consideración a que en la información a entregar se contienen ciertos datos personales relativos a personas naturales -tales como número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deberán ser tarjados previamente a la entrega de la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Karina López Tobar, en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aysén, lo siguiente: a) Entregar a la reclamante copia de los documentos y actos administrativos contenidos en el expediente N° 1001155, debiendo tarjar, previamente, los datos personales relativos a personas naturales contenidos en el citado expediente -tales como número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Karina López Tobar y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Aysén. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.