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DECISIÓN AMPARO ROL C7982-20</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Soledad Luttino</p>
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Ingreso Consejo: 07.12.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo en contra de la Policía de Investigaciones, ordenándose la entrega de información sobre criterios utilizados para designar a policía investigador de denuncia contra funcionarios públicos por delitos de corrupción, así como la nómina de plazos entre que llega la solicitud de investigar y se designa a policía investigador de las ordenes de investigar delitos en la Brigada que se indica, entre el año 2015 a la fecha de la solicitud de información.</p>
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Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no se acreditó suficientemente por parte del organismo la inexistencia alegada, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10, no advirtiéndose, además, la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique la denegación de lo solicitado.</p>
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En sesión ordinaria N° 1157 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7982-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de octubre de 2020, doña Soledad Luttino solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -en adelante e indistintamente, también, PDI-, la siguiente información:</p>
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"En relación a conocer criterios para la investigación de delitos de corrupción de funcionarios públicos, vengo a solicitar:</p>
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1.- Criterios utilizados por este servicio para designar a policía investigador de denuncia contra funcionarios públicos por corrupción.</p>
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2.- Nomina de plazos entre que llega la solicitud de investigar y se designa a policía investigar de las ordenes de investigar delitos en la BICRIM Santiago entre los años 2015 a la fecha. Aplique el principio de divisibilidad en los datos que considere el servicio".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante presentación de fecha 24 de noviembre de 2020, la PDI respondió al requerimiento de información y señaló que no existen documentos en los términos consultados, encontrándose fuera de los supuestos establecidos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 5 de diciembre de 2020, doña Soledad Luttino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E21228 de fecha 19 de diciembre de 2020 solicitándole que: (1°) aclare si lo solicitado obra en su poder, tomando en consideración las alegaciones de la parte reclamante, constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) en caso de no obrar en su poder, indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y acompañe el respectivo Certificado de Búsqueda, en caso de corresponder; (3°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.</p>
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Mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de 2021, se le concedió a la PDI un plazo extraordinario de 3 días hábiles para que evacuara sus descargos y observaciones en esta sede. Al respecto, mediante Ordinario N° 32 de fecha 15 de enero de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos en los siguientes términos:</p>
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Reiteró la informado con ocasión de su respuesta, respecto a la inexistencia de la información solicitada. Lo anterior, atendido a que la designación de un Oficial Investigador a determinada investigación se encuentra a cargo del Jefe de Unidad, quien en atención a la carga laboral, u otros factores de dicha Unidad, estima endosar el trabajo a determinado funcionario. En este mismo sentido, indicó que no existe una nómina que contenga los plazos transcurridos entre el ingreso de una orden de investigar y la designación de un funcionario para su endoso.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre los criterios utilizados para designar a policía investigador de denuncia contra funcionarios públicos por delitos de corrupción, así como la nómina de plazos entre que llega la solicitud de investigar y se designa a policía investigador de las ordenes de investigar delitos en la Brigada que se indica, entre el año 2015 a la fecha de la solicitud de información, respecto de lo cual, la PDI esgrimió la inexistencia de lo requerido.</p>
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2) Que, la reclamada señaló en su respuesta y con ocasión de sus descargos, que no existe la información solicitada sobre los criterios utilizados por el servicio para designar a policía investigador de denuncias sobre corrupción, atendido a que la designación de un Oficial Investigador a determinada investigación se encuentra a cargo del Jefe de Unidad, quien en consideración a la carga laboral, u otros factores de dicha Unidad, estima endosar el trabajo a determinado funcionario. Asimismo, aclaró que no existe una nómina que contenga los plazos transcurridos entre el ingreso de una orden de investigar y la designación de un funcionario para su endoso.</p>
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3) Que, sobre la inexistencia esgrimida por la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado).</p>
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4) Que, luego, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).</p>
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5) Que, tras el análisis de los antecedentes presentados, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado, en la especie, no ha dado cumplimiento al estándar de búsqueda de la información y acreditación de la inexistencia impuesto por la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. En particular, la reclamada únicamente precisó que, no cuenta con la información sobre criterios utilizados y plazos de designación, sin acompañar antecedentes suficientes que dieren cuenta de una gestión de búsqueda específica ni señalamiento detallado de razones que justifiquen la inexistencia de lo solicitado, sin perjuicio de mencionar con ocasión de sus descargos que uno de los criterios de designación era la carga laboral, además de la consideración de "otros factores" -los cuales no precisó- considerados por el Jefe de la Unidad, circunstancia que da cuenta de la existencia de dichos criterios. Por lo anterior, y tratándose de información de naturaleza pública al alero de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, vinculada a la tramitación del procedimiento que se indica, cuya entrega no permite la identificación de alguna persona en particular y respecto de la cual, no se alegó la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que ponderar, se acogerá el presente amparo, en la medida que lo solicitado obre en alguno de los soportes documentales establecidos en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Soledad Luttino, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente;</p>
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a) Entregue a la reclamante la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre criterios utilizados para designar a policía investigador de denuncia contra funcionarios públicos por delitos de corrupción, así como la nómina de plazos entre que llega la solicitud de investigar y se designa a policía investigador de las ordenes de investigar delitos en la Brigada que se indica, entre el año 2015 a la fecha de la solicitud de información.</p>
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No obstante, en el evento en que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>