Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8135-20

Reclamante:	MARIO SAN MARTÍN ALIAGA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Carlos, ordenándose la entrega de los comprobantes de las capacitaciones en que participó el concejal que indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública; desestimándose la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/5/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09 C955-12 C377-13 C2447-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C8135-20   Entidad pública: Municipalidad de San Carlos Requirente: Mario San Martín Aliaga Ingreso Consejo: 12.12.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Carlos, ordenándose la entrega de los comprobantes de las capacitaciones en que participó el concejal que indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública; desestimándose la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. En sesión ordinaria N° 1161 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8135-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de noviembre de 2020, don Mario San Martín Aliaga solicitó a la Municipalidad de San Carlos la siguiente información: «copia digital de todas las capacitaciones y viajes que participó el Concejal que se indica durante todos los periodos que ha sido Concejal de la comuna de San Carlos. Además, solicito el monto o valor de los viáticos y el costo de las capacitaciones, así como sus comprobantes de lo que efectivamente realizaron en dichas capacitaciones y cual fue el beneficio para la comunidad». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 25 de noviembre de 2020, la Municipalidad de San Carlos respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Sobre lo anterior, expuso que no es posible satisfacer el requerimiento, pues la falta de personal en la Dirección de Administración y Finanzas implicaría destinar funcionarios imprescindibles para dar cumplimiento al proceso de cierre de 2020 y apertura de 2021, a los plazos comprometidos con estamentos internos y principalmente externos. 3) AMPARO: El 12 de diciembre de 2020, don Mario San Martín Aliaga dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, mediante Oficio N° E485, de fecha 7 de enero de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y,(4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante presentación, de fecha 21 de enero de 2021, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, la causal esgrimida con ocasión de su respuesta. 4.1) Primeramente, en cuanto a la copia de todas las capacitaciones y viajes que participó el concejal que se indica durante todos los periodos que ha sido Concejal de la comuna, el monto o de los viáticos y el costo de las capacitaciones, indicó que dicha información esta disponible en enlace electrónico que consignó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley de Transparencia. 4.2) Respecto a la entrega de los comprobantes de dichos viajes y capacitaciones, denegó su entrega, de acuerdo a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Sobre lo anterior expuso que es imposible disponer del personal necesario para su búsqueda y entrega, producto de la carga laboral en que se encuentra el departamento de Administración y Finanzas del Municipio. Al efecto, expresó que debido a la emergencia sanitaria se ha debido prescindir de funcionarios -a fin de resguardar su salud- e implementar modalidades de trabajo. A su vez, agregó que a ello, se ha sumado una recarga de trabajo, provocada por extensas rendiciones mensuales de recursos proporcionados al Municipio para enfrentar la pandemia. En el mismo orden de ideas explicó que no cuenta con la dotación óptima para el cumplimiento de sus funciones, lo cual se ha transformado en un problema crítico para la Dirección de Administración y Finanzas. A fin de ilustrar lo anterior, acompañó planilla que consigna su distribución y concluyó que el personal con funciones relacionadas al cumplimiento de lo solicitado se reduce a 4 funcionarios -más el director de finanzas-. Acto seguido, consignó que han aumento las actividades y acciones en los últimos meses del año 2020. En tal contexto, refirió que ha aumentado la gestión de Decretos de Pago. A efectos de acreditar lo anterior, acompañó copia de tabla y gráfico estadístico que representa dicho incremento. Asimismo, expuso que se han tenido que realizar regularizaciones por término de periodo, derivado de informe emanado de la Contraloría General de la República, por lo que se debió a someter a análisis y regulación ordenes de ingreso giradas y no pagadas. Al respecto, presentó cuadro de resumen de la cantidad de órdenes de pago en esta condición y acompañó los decretos alcaldicios que aprobaron las regularizaciones antes indicadas, aclarando que dicha labor aún no se encuentra finalizada. A continuación, hizo presente la convergencia a normas internaciones de contabilidad, exigida por la Contraloría General de la República, lo cual implicó recargar aún más las actividades y esfuerzo de personal. Sobre este punto, adjuntó nómina del personal que participó en la capacitación obligatoria y copia del programa inicial. Asimismo, ilustró que existe recarga de trabajo, con respecto a las rendiciones de cuenta de gastos por COVID-19, en los meses de noviembre y diciembre. Al efecto, remitió copia de decretos y resoluciones, reseñando que se han hecho 572 decretos de pago. Finalmente, explicó que el Municipio se encuentra efectuando un proceso de regularización de patentes comerciales, lo cual conllevó a regularizar 276 patentes comerciales. 4.3) En cuanto a las acciones requeridas para dar respuesta a la solicitud de información, reseñó que el concejal consultado se ha desempeñado por 3 periodos, es decir, 12 anualidades -2008-, considerando que a la fecha se encuentra en ejercicio. Agregó que lo anterior implica destinar extensas horas de funcionarios a rastrear en el sistema de contabilidad del Municipio los respectivos decretos de pago que dan cuenta de las capacitaciones contratadas, lo cual implica la revisión de cada pago e identificar en cuales de ellas se incluyó al citado concejal. Luego, refirió que es necesario ubicar la documentación en soporte papel en la bodega del archivo de la Dirección. Una vez retirados, agregó que, es necesaria su digitalización. Señaló que el mismo procedimiento se aplica para los decretos de pago que respaldan los viáticos. En lo relativo al beneficio para la comunidad asociado a las capacitaciones, indicó que no es posible para el Municipio satisfacer dicha petición de información, por cuanto no existen mecanismos o instrumentos representativos, medibles y validados que permitan sustentar un planteamiento de manera objetiva. Sobre el formato de la información solicitada, clarificó que la información consultada se encuentra compartida en dos fuentes. Señaló que la primera búsqueda se refiere al rastreo en el sistema de información contable y la segunda, al decreto en formato físico, el cual contiene pagos realizados con su documentación de respaldo, los cuales deben ser escaneados. Sobre este punto, complementó que dicha actividad implica identificar las transacciones en el sistema de información, buscar documentos físicos en cajas rotuladas, desarmar legajos y su digitalización. En cuanto al volumen de la información peticionada, la cuantificó en 25 decretos de pago, correspondiente a viáticos, de los años 2009 y 2010. Agregó que a todo ello se suma, la revisión de 135 decretos de pago por concepto de viáticos, inscripciones y devoluciones de gastos asociados al concejal, desde el 2011 en adelante, lo que implica su ubicación en bodega, desarme de legajos y posterior escaneo. Por los motivos expuestos precedentemente, estimó que la satisfacción de la petición de información implica la destinación de dos funcionarios por 60 días hábiles, en consideración que dicha tarea no puede realizarse a tiempo completo, para evitar desatender las funciones propias y regulares de la Dirección. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referido a la entrega de copia de todas las capacitaciones y viajes que participó el Concejal que se indica, el monto o valor de los viáticos, el costo de las capacitaciones, así como sus comprobantes de lo que efectivamente realizaron en dichas capacitaciones y cuál fue el beneficio para la comunidad. Al respecto, con ocasión de sus descargos, el Municipio denegó parcialmente el requerimiento de especie, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, esto es, la distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 2) Que, primeramente, en cuanto a la primera parte del requerimiento, esto es, las capacitaciones y viajes que participó el concejal que se indica durante todos los periodos que ha sido Concejal de la comuna, el monto o de los viáticos y el costo de las capacitaciones, el órgano reclamado ilustró -con ocasión de sus descargos- que dicha información se encuentra disponibilizada en el Portal de Transparencia Activa- apartado N° 15, lobby y gestión de intereses- en enlace electrónico que consignó. Sobre la materia, es menester tener en consideración lo preceptuado en el artículo 15° de la Ley de Transparencia: «Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar» (énfasis agregado). 3) Que, a partir de la decisión amparo rol C955-12, este Consejo ha razonado que la antedicha disposición consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a su entrega material o en soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que el acceso a la información requerida sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por dicha norma, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando esta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido (énfasis agregado). 4) Que, en tal contexto, esta Corporación procedió a revisar el enlace electrónico https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/MU282/cargos-pasivos/14043/viajes, remitido por el órgano recurrido, constatando que dicho sitio electrónico contiene un registro pormenorizado de los viajes realizados por la persona consultada, en conformidad con la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Al efecto, la información sobre los viajes realizados, sus fechas de inicio y término, su categoría, su objeto -o motivo-, el destino, ítems, costo y forma de financiamiento se encuentra debidamente sistematizada y organizada, conforme al detalle peticionado por el reclamante. 5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, verificándose que la información peticionada se encuentra disponible de manera completa, expedita y eficiente en la fuente electrónica singularizada por el órgano reclamado en sus descargos; advirtiéndose que el actuar del organismo se aviene con su obligación de informar, en conformidad de lo preceptuado en el artículo 15° de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo en este punto, sólo respecto de no haberse otorgado respuesta dentro del plazo legal, teniéndose por atendida la solicitud en mérito de los antecedentes entregados con ocasión de sus descargos. 6) Que, acto seguido, en cuanto a las peticiones de información referidas a los comprobantes de las capacitaciones, el Municipio esgrimió la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En cuanto a la configuración de la causal de reserva alegada, cabe tener presente que, dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 7) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado). 9) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. Al respecto, esta Corporación estima que el volumen de información cuantificada por el órgano recurrido que es necesaria recopilar y digitalizar -25 decretos de pago, correspondientes a viáticos de los años 2009 y 2010, junto con 135 decretos de pago por concepto de viáticos, inscripciones y devoluciones asociados al concejal desde el año 2011, en adelante- no revisten de una entidad tal que permitan dar por configurada la causal de distracción indebida que se ha invocado, por cuanto el órgano tiene conocimiento -según sus propios dichos-, de su identificación y la ubicación en que se encuentran. En este contexto, a juicio de este Consejo, no resulta plausible que el órgano reclamado se demore 60 días en atender la presente solicitud, respecto de documentos cuya ubicación, cantidad y materia conoce. Asimismo, es menester tener presente que por cada requerimiento de acceso a la información se cuenta con 20 días hábiles para ser satisfechas, pudiendo prorrogarse por 10 días hábiles más en caso de resultar necesarios, prerrogativa que no fue utilizada por el órgano requerido. En tal contexto, el tiempo señalado para la satisfacción del requerimiento, se pudo haber prorrateado por la cantidad de días que permite la ley para entregar lo solicitado sin producirse afectación alguna. Asimismo, con ocasión de sus descargos, el Municipio ilustró que parte de la información peticionada ya se encuentra almacenada en un sistema informatizado, esto es, en el sistema de información contable, lo cual, evidentemente facilita su recopilación, sistematización y entrega. 10) Que, a continuación, en cuanto a las dificultades generadas por el COVID-19 esgrimidas por el órgano recurrido, se debe señalar que este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de la misma, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: «A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento» (énfasis agregado). 11) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, si bien el órgano enuncia las dificultades para cumplir con lo requerido en razón de la pandemia y estado de excepción, en caso alguno da cumplimiento a la segunda de las exigencias enunciadas, pues no señala plazo alguno para otorgar respuesta a la solicitud, indicando, en definitiva, que no accederá a lo pedido por la casual que invoca (énfasis agregado). 12) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo a su propia realidad (énfasis agregado). 13) Que, con respecto a la publicidad de la información requerida, cabe señalar que los antecedentes pedidos son de naturaleza pública, por tratarse de información relativa a la Administración del Estado, relacionado con el uso de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En línea con lo anterior, la publicidad de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Por tales motivos, tratándose de antecedentes de naturaleza publica, referidos al uso de recursos públicos; y, desestimándose la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado, se acogerá el presente amparo en esta parte. 14) Que, en cuanto a la petición de información referida al beneficio para la comunidad asociado a las capacitaciones, el Municipio ilustró que no existen mecanismos o instrumentos representativos, medibles y validados que permitan satisfacer el requerimiento de especie. Sobre la materia, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). 15) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano requerido que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En mérito de lo expuesto precedentemente, habiéndose explicado la inexistencia de los antecedentes consultados y atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de los antecedentes peticionados, se rechazará el presente amparo en esta parte. 16) Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen (énfasis agregado). En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. 17) Que, en adecuación con lo expuesto por la reclamada, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia sanitaria por el brote de COVID-19. En este contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarían sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirían retrasos, lo que podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados en los mismos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Mario San Martín Aliaga, en contra de la Municipalidad de San Carlos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, lo siguiente; a) Entregue al reclamante copia de los comprobantes de las capacitaciones realizadas por concejal que se consulta, en los términos consignados en el numeral primero de la parte expositiva del presente Acuerdo. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el presente amparo con respecto a la petición de información referente al beneficio para la comunidad vinculado con las capacitaciones, en virtud de la inexistencia esgrimida por el órgano reclamado. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mario San Martín Aliaga; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Carlos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.