<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C8197-20</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos</p>
<p>
Requirente: Carlos Patricio Sepúlveda Her</p>
<p>
Ingreso Consejo: 15.12.2020</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar al reclamante, en forma desagregada y desvinculada información sobre la totalidad de los Formularios N° 2890, relativos a la Compraventa realizada del Condominio que se indica, por una parte, y a la copia en planilla Excel o en formato descargable del Formulario N° 2803, con las especificaciones que se muestran.</p>
<p>
Lo anterior, por tratarse de información pública, que obra en poder del SII como parte de su Base de Datos Catastral, respecto de la cual no se configuran las causales invocadas por el organismo de afectación de los derechos de las personas, secreto tributario ni distracción indebida.</p>
<p>
Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la divulgación de los campos que dicen relación con la información de los propietarios, enajenantes y datos de la escritura que se indican, por tratarse de información que, en su conjunto y vinculadas a las demás variables a cuya entrega se accede, permitiría identificar al propietario de los inmuebles, configurándose a su respecto la causal de reserva de afectación a los derechos de las personas. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo rol C4995-20.</p>
<p>
El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8197-20.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de octubre de 2020, don Carlos Patricio Sepúlveda Her solicitó a la Subsecretaría de Hacienda lo siguiente:</p>
<p>
1. "La totalidad de los Formularios N° 2890, relativos a la Compraventa (Copropiedad Inmobiliaria, en la Ley 19.537) realizada del Condominio Costa Reñaca, (...), Rol Matriz 03034-0003, que dio origen a varios roles de avalúo, que fueron entregados por los distintos oficios, tanto de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, con motivo de dar cumplimientos al artículo 76 de Decreto Ley N° 830; Ley 17235 N° 1, Artículo 16, y a la Resolución Exenta del SII N° 7.</p>
<p>
2. Copia, del Certificado Asignación de Roles de Avalúo, N° 690505, Formulario 2893, con código de Verificación 57723c4bb5a71c3 de fecha 17 de mayo de 2016. Certificado que no se puede verificar su autenticidad, en el portal del SII. Condominio Costa Reñaca.</p>
<p>
3. Se de copia en planilla Excel o en formato descargable de Formulario 2803, Rol 3034-3, del edificio A1, A3 y A3 junto a cuadro de unidades vendibles y asignables, Condominio Costa Reñaca, con el objeto de verificar de mejor manera dichos factores y no atribuir a error de tipeo, alguna diferencia.</p>
<p>
4. Se entregue copia de los documentos, que imputa los distintos factores a que corresponden cada unidad del proyecto inmobiliario Costa Reñaca.</p>
<p>
5. En base a qué, texto legal, y los requisitos que se deben cumplir, para que estacionamientos cubiertos, y ciertas áreas no tengan un rol de avalúo. (Requisitos de la unidades vendibles y asignables y sus requisitos). Costa Reñaca.</p>
<p>
6. Se entregue la totalidad del documento descargable, que asigna el prorrateo a las unidades vendibles y asignables del proyecto Inmobiliario Costa Reñaca, de Viña del Mar.</p>
<p>
7. En qué documento, o Resolución exenta del SII, se establece el factor de prorrateo, en relación a la totalidad del Condominio Costa Reñaca, de Viña del Mar y se entregue copia del mismo.</p>
<p>
8. Se informe de quien es la responsabilidad, de la actualización de la base de datos de los bienes raíces a nivel nacional, y cuál es la metodología, una vez que los distintos oficios, tanto Notarios como Conservadores entregan los formularios con la información de los contratos que se validan en sus respectivos oficios, y el tiempo en que estos datos se muestran en la base de datos del servicio.</p>
<p>
9. Cuál es la sanción, a que se enfrenta el responsable de la base de datos del SII, que teniendo los registros entregados por los diferentes notarios y conservadores, estos no se encuentren actualizados a la fecha. Costa Reñaca, de Viña del Mar.</p>
<p>
10. Se informe, si alguna vez se ha sancionado algún funcionario, por la no actualización de la base de datos relacionada con contribuciones de Bienes raíces a nivel nacional.".</p>
<p>
2) DERIVACIÓN: El 16 de noviembre de 2020, la Subsecretaría de Hacienda, en virtud del artículo 13 de la Ley de Transparencia, deriva el requerimiento al Servicio de Impuestos Internos (en adelante a indistintamente el SII).</p>
<p>
3) RESPUESTA: El 26 de noviembre de 2020, por medio Resolución Exenta Nro.: LTNot 0019639, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que los puntos 5, 7 y 9 se refieren a consultas técnicas sobre un determinado tema, por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad.</p>
<p>
Respecto de las preguntas 4 y 6, se accede a la entrega de dicha información. Además, en cuanto a la consulta consignada en el número 8, se comunica que la información corresponde a un proceso que se realiza mediante el uso de una aplicación en línea diseñada para tales efectos, proceso normado mediante Circular SII N° 7 de 2020, se acompaña enlace a dicho documento.</p>
<p>
Respecto a la pregunta 2, se informa que el certificado de asignación de Roles individualizado no se encuentra vigente ni disponible en los sistemas de este organismo, ya que las unidades a las que se les asignaron Roles se encuentran incluidas en el catastro con vigencia primer semestre de 2018.</p>
<p>
Respecto a los antecedentes solicitados en las preguntas 1 y 3 de la solicitud, se comunica que la información requerida en tales puntos se obtiene desde los Formularios N° 2890 y 2803, y al ser estos declaraciones juradas obligatorias presentadas por un tercero, resulta imposible acceder a la entrega de dicha información, por cuanto aquella se encuentra resguardada por la reserva tributaria, en atención a que contiene información tributaria singularizada y determinada de diversos contribuyentes ya, que este organismo obtiene dicha información precisamente desde una fuente no accesible al público, esto es, desde una declaración jurada obligatoria para los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, denominada "Declaración sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", Formulario N° 2890, en el cumplimiento de sus funciones legales, y habida consideración que la divulgación requerida conlleva la posibilidad cierta de afectación del derecho a la vida privada y los derechos comerciales y económicos las personas. Así las cosas, dicha información se encuentra protegida por la reserva tributaria, la cual prohíbe la develación de rentas de los contribuyentes y datos relativos a ellas, así como información contenida en Declaraciones Juradas de éstos, como lo es la declaración realizada en el Formulario N° 2890, antecedentes que se encuentran resguardados de divulgación por el artículo 35 del Código Tributario, precepto que necesariamente debe relacionarse con el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.285.</p>
<p>
Además, sostiene que, sin perjuicio de la reserva tributaria establecida como obligación a todos los funcionarios del órgano requerido en virtud de la Ley de Transparencia, a su vez nuestro legislador ha consagrado la reserva tributaria como derecho a todo contribuyente en el artículo 8 bis N° 9 del Código Tributario.</p>
<p>
En razón de lo anterior, se rechaza su entrega en virtud del artículo 8bis, N° 9 y 35 del Código Tributario, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
Finalmente, en cuanto a lo solicitado en la pregunta número 10, el servicio comunica que no existen casos en que se haya aplicado una sanción por conductas vinculadas a la no actualización de la base de datos sobre contribuciones de Bienes Raíces a nivel nacional, por lo cual corresponderá declarar la inexistencia de la información requerida.</p>
<p>
4) AMPARO: El 15 de diciembre de 2020, don Carlos Patricio Sepúlveda Her dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud. Al efecto, indica que se negó la entrega de los formularios 2890 en razón del artículo 35 del Código Tributario, sin perjuicio que éstos corresponden a un resumen de los datos contenidos en escrituras públicas, por lo tanto, dichos formularios también debiesen ser públicos y accesibles por quien lo requiera. Asimismo, indica que anteriormente una persona requirió la misma información y esta le fue entregada, por lo que existiría una discrecionalidad del organismo al denegar la entrega de dichos formularios al solicitante.</p>
<p>
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E21445, de 28 de diciembre de 2020, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente, o acredite si notificó oportunamente la prórroga del plazo de respuesta; (3°) refiérase a lo expuesto por el reclamante, en el sentido de que frente a una solicitud anterior de carácter similar, el órgano que usted dirige otorgó respuesta íntegra al requerimiento; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (5°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (6°) señale si dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (7°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, y, principalmente, correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de evaluar la posibilidad de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
<p>
Mediante presentación escrita ingresada con fecha 12 de enero de 2021, el SII presentó sus descargos en esta sede señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
<p>
En primer término, sostiene que el amparo interpuesto limita sus argumentaciones sólo a la información denegada en relación con los Formularios N° 2890 y N° 2803 de lo cual se desprende, sin lugar a duda, que el reclamante ha manifestado claramente su conformidad con lo resuelto por el SII, en los demás puntos de su requerimiento, por lo que se solicita a este Consejo, limitar lo debatido a los puntos 1 y 3 de la solicitud.</p>
<p>
En cuanto al fondo del amparo, indica el SII que la información contenida en los diversos Formularios N° 2890 y N° 2803, fue denegada, por cuanto, la reserva tributaria establecida en el artículo 8 bis N° 9 y artículo 35, ambos del Código Tributario, prohíbe divulgar cualquier dato contenido en una declaración jurada obligatoria, como es el caso de los Formularios N° 2890 y N° 2803, a fin de respetar la reserva de los datos comerciales, económicos y tributarios así como la vida privada y los datos personales de los contribuyentes contenidos en tales Formularios declaraciones juradas obligatorias, sin que le sea lícito o permitido al SII efectuar una interpretación diversa en relación con el hecho de si la información solicitada consta o no, en algún registro público, como serían los registros que al efecto lleva el Conservador de Bienes Raíces competente o el respectivo Notario en relación con las escrituras públicas de compraventa de bienes inmuebles, ya que el propio tenor literal del artículo 35 antes referido no contempla la posibilidad que el SII realice tal interpretación, debiendo limitarse a aplicar la norma en sentido estricto y conforme a su tenor literal, sin desatender el mismo, bajo sanción de actuar en forma arbitraria e ilegal, con las consecuentes responsabilidades administrativas y penales que ello podría ocasionar a los funcionarios públicos respectivos.</p>
<p>
Luego, la reserva señalada no solo aplica a los datos económicos, comerciales y tributarios que se indican en los referidos Formularios N° 2890 y N° 2803, sino, además, a los datos personales de éstos que se declaran en los referidos Formularios y, en estricto rigor, aplican respecto a cualquier dato contenido en tales Formularios, en los términos textuales establecidos por el artículo 35 del Código Tributario, por lo que, al entregar dicha información se afectaría, además de la reserva tributaria, la vida privada, derechos de carácter comercial y económico de todos los contribuyentes cuyos datos se contengan en los Formularios N° 2890 y N° 2803 requeridos, considerando que no se trata de información anonimizada, genérica o estadística, sino que personalizada y descriptiva de una actividad comercial o económica con efectos contables y tributarios, por lo que necesariamente con su divulgación se afecta la reserva tributaria establecida en el artículo 35 del Código Tributario y a las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.285.</p>
<p>
Finalmente, y en cuanto a la afectación de derechos de terceros, comunica que no se procedió conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido a que se trata de 1.281 contribuyentes cuyos datos se contienen en los Formularios N° 2890 y N° 2803 requeridos, por lo que, el solo hecho de notificar a los casi 1.300 contribuyentes resulta una exigencia que exigiría a la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del SII destinar al menos a 4 funcionarios para ello, con dedicación exclusiva. Ahora, debemos considerar que la recopilación de los antecedentes necesarios, a confección del Oficio respectivo, su firma por el Subdirector de Asuntos Corporativos del SII y el envío de la carta certificada para su posterior notificación, es un proceso que, como mínimo, exige destinar 30 minutos por cada carta de oposición. Entonces, realizar todo el proceso para 1.281 contribuyentes, implicaría destinar un promedio mínimo de 38.430 minutos, esto es, 1.281 horas hombre, lo que significa destinar un período no menor a 80 días (considerando una jornada de 8 horas laborales diarias), con dedicación exclusiva solo para realizar el proceso de oposición establecido en el artículo 20 de la Ley N° 20.285 y todo ello considerando que la labor se realice en forma perfecta, sin ningún margen de error humano. Ello conlleva, desde luego, una labor excesiva y desproporcionada para este Servicio, considerando que, de realizarlo, desentendería sus labores habituales y ordinarias relativas a responder las solicitudes de información que reciba, los amparos interpuestos, solicitudes efectuadas por Ley del Lobby, así como todas las labores administrativas propias de un Servicio Público.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, del tenor de los dichos del reclamante anotados en el numeral 1) y 4) de lo expositivo, se deduce que el presente amparo se encuentra circunscrito a la falta de entrega de información sobre la totalidad de los Formularios N° 2890, relativos a la Compraventa realizada del Condominio Costa Reñaca, que dio origen a varios roles de avalúo, por una parte, y a la copia en planilla Excel o en formato descargable del Formulario N° 2803, del edificio A1, A3 y A3 junto a cuadro de unidades vendibles y asignables, del Condominio Costa Reñaca. En efecto, con ocasión de sus descargos, el SII se limitó a denegar la información objeto del amparo, por tratarse de información protegida por las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por los argumentos que más adelante se exponen. Finalmente, argumenta que no se procedió de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que ello implicaría una distracción indebida de funciones en los términos del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, pues supondría tener que notificar a 1.281 contribuyentes.</p>
<p>
2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.</p>
<p>
3) Que, en relación a los aludidos Formularios, siguiendo el razonamiento de los amparos roles C592-11 y C452-14, C1162-16, C3403-17, entre otras, debe tenerse presente que la información contenida en las escrituras de enajenación de bienes raíces y su respectiva inscripción es plasmada en el formulario N° 2890 por el Notario y el Conservador respectivos, remitiéndola al SII mediante el formulario N° 2.895, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y de acuerdo a los dispuesto en la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004 del SII. Luego, dicho antecedente tiene como principal objetivo que el SII pueda ejercer las potestades que le encomienda la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial. En tal sentido, la información pedida, tal como lo reconoció expresamente en sus descargos, obra en su poder no solo como consecuencia de la presentación de los aludidos Formularios N° 2890 y N° 2803, sino porque dichos datos son incorporados a su base de datos o Base Catastral de Inmuebles. En conclusión, conforme a lo prescrito en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, los datos objeto del presente amparo constituyen en principio información pública, salvo la concurrencia de alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
4) Que, asimismo, ha de tenerse presente que respecto de una parte de los datos objeto del presente amparo, el órgano ha sostenido con ocasión de un procedimiento de acceso a información pública referida a una materia similar a la discutida, y en esta sede, específicamente, con ocasión de los amparos roles C183-14 y C184-14, que "los datos relativos al nombre y código de la comuna en que se ubica el predio, número de rol de avalúo, nombre de la calle o predio, número, departamento, box o bodega, población, villa o lugar, requeridos en la primera presentación, se encuentran contenidos en el catastro actualizado de bienes raíces de este Servicio, cuya copia íntegra solicito en la segunda. En consecuencia, por aplicación del principio de divisibilidad previsto en el artículo 11 de la Ley N° 20.285, cabe entender que satisface parcialmente la pretensión contenida en la primera solicitud, la entrega de la base de datos catastral a que se refiere la segunda petición.</p>
<p>
5) Que, en tal orden de ideas, en lo que se refiere a aquella parte del Formulario N° 2890 que comprende el acceso a los campos 06: calle o nombre del predio, 16: número, 26: departamento, 36: local, box o bodega, 46: población villa o lugar, 08: nombre de comuna y 77: rol de avalúo asignado, y aquella parte del Formulario N° 2803 que comprende el acceso a los campos referidos a los datos generales como nombre del condominio, año, Rol matriz, dirección, comuna, el sub ítem sobre "Datos del Bien común" y "Datos de las Edificaciones de cada Unidad" en relación a la alegación del órgano referida a que la entrega de la información pedida puede afectar los derechos a la privacidad e intimidad económica y de los derechos comerciales y económicos de un elevado número de personas, se debe tener presente también lo señalado por este Consejo en los amparos roles C577-11, C639-11 y C452-14, C1162-16, C3403-17, entre otras, que "la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, proviene de fuentes de acceso público, de tal suerte que el SII, para efectuar el tratamiento de la misma -lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros-, no requiere autorización de sus titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.628". A mayor abundamiento, la información requerida no constituye en sí misma datos personales, en la medida que no dicen relación con personas identificadas o identificables. Así las cosas, siendo la reserva de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, a juicio de este Consejo, la información contenida en la base de datos consultada, de carácter técnico y valorado, que se encuentra previamente parametrizada y disponibilizada en distintas plataformas para la consulta de cualquier interesado sin previa autenticación, no permite concluir que su divulgación pueda afectar alguno de los derechos de los propietarios de bienes raíces incluidos en el catastro, por lo que será desestimada la alegación del órgano requerido relativa a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
6) Que, sin perjuicio de lo anterior, no es posible efectuar el mismo razonamiento respecto de aquellos datos, contemplados en el Formulario N° 2890 y en el Formulario N° 2803 que a modo de ejemplo se logran identificar como el nombre del propietario, RUT, teléfono, información relativa a los adquirentes y enajenantes e información referida a la inscripción de la escritura, pues, son antecedentes que permiten asociar a una persona natural jurídica, determinada o determinable, y que sí puedan generar una afectación a los derechos de las personas en lo que se refiere a la privacidad, la reserva de datos personales y a la intimidad personal. Al efecto, este Consejo a partir de la decisión de amparo rol C2519-19, razonó que "asociar la información espacial, geográfica, técnica, y valorada de los bienes raíces que consta en los catastros antes indicados, asociados éstos al nombre de una persona natural determinada o bien determinable - esto último mediante la información de los datos específicos de la escritura pública de enajenación o mediante la comunicación de los datos de inscripción de dichos bienes raíces en los registros conservatorios-; implica en la especie, dar a conocer datos personales de terceros, o bien, permitir su determinación". En virtud de esto, atendida la inexistencia de algún interés público comprometido que permita justificar la revelación de las identidades tanto de contribuyentes, como propietarios de bienes raíces ni de los datos necesarios para determinar dicha identidad, resulta plausible y con cierto grado de especialidad que la información relativa al propietario del inmueble informado al SII, los datos relativos a la inscripción de los bienes raíces en el respectivo registro del Conservador de Bienes Raíces así como aquellos referidos a la escritura de transferencia respectiva, se encuentra protegida por la causal de reserva del artículo 21N° 2 de la Ley de Transparencia. En mérito de lo anterior, se rechazará el amparo en esta parte, por concurrir al efecto la causal de reserva de afectación de los derechos de las personas, toda vez que la divulgación de la totalidad de la información de los Formularios en análisis, en su conjunto y vinculados con las demás variables requeridas, permitirían identificar al propietario de los inmuebles consultados.</p>
<p>
7) Que, ahora bien, respecto de la alegación del SII, referida a que la entrega de la información contenida en los Formularios 2890 y 2803 posiblemente infringe el secreto tributario regulado en el artículo 35 inciso 2° del Código Tributario, se debe tener presente que dicha norma legal prescribe que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales".</p>
<p>
8) Que, sobre la materia, resulta procedente seguir lo argumentado en la decisión del amparo Rol C592-11, particularmente en su considerando 11°, en cuanto a que "tenido a la vista por este Consejo el referido Formulario N° 2890, "Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", no se observa cómo la información en él contenida pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley. En efecto, la información vertida en dicho formulario, que dice relación con la identificación de quienes concurren a la enajenación de un bien raíz, los datos del inmueble, monto de enajenación y forma de pago, datos del título traslaticio de dominio y de la inscripción en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, a juicio de este Consejo no se encuentra referida a la fuente de los ingresos a que se refiere el artículo 2° N° 1 del Decreto Ley N° 824, ya transcrito, y, por lo tanto, ha de estimarse que, en la especie no se configura la causal de secreto o reserva alegada por el SII, por cuanto dentro de los antecedentes requeridos no se encuentra la renta de los contribuyentes, sino que sólo los datos de la transacción de un inmueble determinado, y los montos involucrados en dicha transacción, montos que, bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados como renta, ya que, si bien en dicha transacción se obtiene un crédito que engrosara el patrimonio, esto va unido a una contraprestación equivalente, que constituye el objeto de la obligación de la otra parte, no existiendo en definitiva una utilidad o incremento de patrimonio para ninguna de las partes intervinientes. En efecto, si bien tal información es utilizada por el SII en el desarrollo de la operación renta, esto sólo ocurre en la medida que se relacionan con otros datos y antecedentes que obran en poder del Servicio, de modo que este Consejo desestimará la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por no concurrir en la especie".</p>
<p>
9) Que, a mayor abundamiento, el criterio antes expuesto fue seguido en la decisión de amparo rol C1162-16, y ratificado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, quien conociendo del reclamo de ilegalidad interpuesto contra la misma, estableció en la sentencia Rol 10047-2016, que "En un quinto aspecto, vinculado al deber de reserva tributaria, el dictamen dispone, teniendo en vista el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario y el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, que el formulario N° 2890, sobre declaración sobre enajenación e inscripción de bienes raíces, no es posible de su examen determinar cómo la información en él contenida puede comprenderse como renta en los términos definidos por el artículo 2 N° 1 del DL N° 824, esto es, a la fuente del ingreso mismo, ya que tan solo contiene datos del inmueble, monto, forma de pago, datos del título e inscripción, por lo que no se configura la causal de reserva alegada por el S.I.I., sin que dé cuenta de una utilidad o incremento de patrimonio para los celebrantes, datos que se relacionarán con otros que obran en poder del organismo para desarrollar la denominada operación renta, máxime si ni siquiera se ha pedido en el acceso a la información los valores, todo lo cual hizo insostenible la alegación de afectación al secreto tributario, lo que fue rechazado".</p>
<p>
10) Que, por tanto, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo resuelto en el considerando 6° anterior, procedería únicamente la entrega de los datos asociados a información espacial, geográfica y valorada de los inmuebles que componen la información sobre los formularios pedidos, no existe infracción del secreto tributario, pues no se dan a conocer los elementos básicos que permitirían acceder, respecto de personas específicas y determinadas, a sus ingresos, a la fuente de aquellos ni a la determinación de sus cargas impositivas, razón por la cual se desestimará la alegación del Servicio en cuanto a la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 35 del Código Tributario.</p>
<p>
11) Que, finalmente, en cuanto a la causal de reserva de distracción indebida invocada por el SII, es menester señalar que el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
<p>
12) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden tareas de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.</p>
<p>
13) Que, el SII sustenta la causal de reserva en análisis, bajo la hipótesis de que para entregar la información señalada, debió haber procedido de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que supondría notificar a un total de 1.281 contribuyentes, significando una clara distracción indebida a sus labores habituales. Con todo, la premisa antes descrita carece de sentido conforme a lo razonado precedentemente, en orden a que los datos cuya entrega procede corresponde a datos desagregados y desvinculados de aquellos considerados como datos personales, de modo tal que los primeros son aquellos que constituyen información pública, respecto de los cuales no se configura la causal de reserva del secreto tributario u otra hipótesis legal de secreto.</p>
<p>
14) Que, en consecuencia, siendo innecesaria cualquier actividad destinada a elaborar una base de datos distinta a la que ya obra en poder del órgano, no es posible configurar una causal de reserva fundada en la distracción indebida de funciones en los términos alegados. Debido a lo anterior se desestimará también la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
15) Que, en virtud de todo lo expuesto, se acogerá parcialmente el amparo en análisis, ordenando al SII entregar al reclamante, en forma desagregada y desvinculada de cualquier otro dato información sobre la totalidad de los Formularios N° 2890, relativos a la Compraventa realizada del Condominio Costa Reñaca, que dio origen a varios roles de avalúo, por una parte, y a la copia en planilla Excel o en formato descargable del Formulario N° 2803, del edificio A1, A3 y A3 junto a cuadro de unidades vendibles y asignables, del Condominio Costa Reñaca. Y se denegará la entrega de todo dato personal ya descrito, por tratarse de información que, en su conjunto y vinculadas a las demás variables a cuya entrega se accede, permitiría identificar al propietario de los inmuebles, configurándose a su respecto la causal de reserva de afectación a los derechos de las personas en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Patricio Sepúlveda Her en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Director Nacional de la Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:</p>
<p>
a) Hacer entrega al reclamante, en forma desagregada y desvinculada de cualquier otro dato, información sobre la totalidad de los Formularios N° 2890, relativos a la Compraventa realizada del Condominio Costa Reñaca, que dio origen a varios roles de avalúo, por una parte, y a la copia en planilla Excel o en formato descargable del Formulario N° 2803, del edificio A1, A3 y A3 junto a cuadro de unidades vendibles y asignables, del Condominio Costa Reñaca.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Patricio Sepúlveda Her y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>