Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8229-20

Reclamante:	JOSE LUIS MARTINEZ HERRERA
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de la individualización de los transportistas que distribuyeron aceites lubricantes usados a los destinatarios finales, y las cantidades anuales que cada uno de ellos entregó durante el periodo consultado, según lo registrado en el sistema SIDREP. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual la distracción indebida invocada no se configura en la especie. En efecto, no obstante se argumentan dificultades en la recopilación de la información dada la pandemia, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. El órgano en forma previa, respecto de los transportistas personas naturales, deberá tarjar los datos personales de contexto como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, que puedan estar asociados a la identificación que se consulta, en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/26/2021
Consejeros:	-Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2447-20
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C8229-20   Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública Requirente: José Luis Martínez Herrera Ingreso Consejo: 16.12.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de la individualización de los transportistas que distribuyeron aceites lubricantes usados a los destinatarios finales, y las cantidades anuales que cada uno de ellos entregó durante el periodo consultado, según lo registrado en el sistema SIDREP. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual la distracción indebida invocada no se configura en la especie. En efecto, no obstante se argumentan dificultades en la recopilación de la información dada la pandemia, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. El órgano en forma previa, respecto de los transportistas personas naturales, deberá tarjar los datos personales de contexto como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, que puedan estar asociados a la identificación que se consulta, en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1174 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8229-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de septiembre de 2020, don José Luis Martínez Herrera solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, lo siguiente: "En relación con la solicitud de información AO001T0011506 ingresada el 24 de agosto, que adjunto, se solicita agregar la individualización completa de los transportistas que entregaron aceites lubricantes usados a cada destinatario final y las cantidades anuales que, según SIDREP, cada uno de ellos entregó en los años 2016,2017, 2018, 2019 y primer semestre de 2020". 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El 27 de octubre de 2020, la Subsecretaría de Salud Pública comunicó la prórroga del plazo del artículo 14, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, expresando que efectuada la búsqueda de la información se comprobó que existen circunstancias que hacen difícil su recopilación, considerando el actual escenario sanitario. Informan como nueva fecha para su otorgamiento el 10 de noviembre de 2020. Posteriormente, por medio de Resolución Exenta N° 1061 de 10 de diciembre de 2020, el organismo otorgó respuesta a la solicitud formulada, señalando que los antecedentes requeridos no se encuentran disponibles y su construcción implica destinar recursos humanos a los que habría que distraer de sus funciones de apoyo a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, razón por la cual se configura la causal de reserva de artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 16 de diciembre de 2020, don José Luis Martínez Herrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. Expresa que lo solicitado es para presentar un plan de gestión al Ministerio del Medioambiente para la implementación de la Ley N° 20.920. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio E21448, de 28 de diciembre de 2020. Por medio de Ord. A/102 N° 1062, de 22 de marzo de 2021, el organismo emitió sus descargos, señalando: - La respuesta no fue entregada dentro del plazo estipulado, debido a la gran carga laboral a la cual se han visto expuestos los funcionarios de la Subsecretaria de Salud Pública, quienes han concentrado sus esfuerzos en hacer frente a la pandemia que afecta al país, producto del COVID-19, viéndose modificada la actividad habitual de su equipo de trabajo. En efecto, todas las divisiones y departamentos del organismo han reestructurado su funcionamiento laboral -producto del Teletrabajo- lo que ha derivado en dificultades para dar respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a la información. - En relación a lo anterior, se ratifica la causal de reserva invocada en la respuesta otorgada al reclamante, por cuanto acceder a lo pedido, implicaría distraer indebidamente a un número mayor de funcionarios de la institución, quienes deberán recolectar y consolidar una gran cantidad de información relativa a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y primer semestre del 2020, utilizando un tiempo excesivo, considerando la jornada de trabajo de los funcionarios, así como el alejamiento de sus labores propias. Y CONSIDERANDO: 1) Que, la información solicitada es la individualización de los transportistas que distribuyeron aceites lubricantes usados a cada destinatario final, y las cantidades anuales que cada uno de ellos entregó, según el "Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos" (SIDREP), en los años 2016,2017, 2018, 2019 y primer semestre de 2020; todos antecedentes denegados por el organismo, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, a modo de contexto, el decreto N° 148, de 2003, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, creó el sistema electrónico SIDREP para facilitar la elaboración y envío de las declaraciones de transporte de residuos peligrosos . La señalada normativa en sus artículos 36, 37 y 38 preceptúa, en síntesis, que sólo podrán transportar residuos peligrosos por calles o caminos públicos las personas naturales o jurídicas que hayan sido autorizadas por la autoridad sanitaria, siendo el transportista responsable de que la totalidad de la carga sea entregada en el sitio de destino fijado en el correspondiente formulario SIDREP, quedando impedido de transportar residuos peligrosos sin que porte el respectivo documento de declaración. En este mismo orden de ideas, Ley N° 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, en su artículo 2°, letra j), dispone "la gestión de residuos se efectuará con transparencia, de manera que la comunidad pueda acceder a la información relevante sobre la materia". Al efecto, el gestor autorizado de residuos, debe declarar su tratamiento y destino, según la normativa vigente. De lo descrito se desprende el carácter público de lo solicitado. 3) Que, sobre la causal alegada, el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 4) Que, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta causal de reserva sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado"; en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, a juicio de este Consejo, las argumentaciones expresadas por el órgano reclamado no permiten dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva. Lo anterior, por cuanto, no precisa al volumen de la información pedida, el tiempo y funciones que se verían entorpecidas con la recopilación de lo solicitado, teniendo en especial consideración que los antecedentes pedidos, conforme se desprende de la normativa aplicable, deberían obrar en forma sistematizada en poder del organismo. En este mismo sentido, respecto de la alegación de la recurrida, referente a los impedimentos y dificultades derivados de la crisis sanitaria, cabe hacer presente que en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, dirigidas a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico, entre ellas, el atender los requerimientos de información pública, a la luz de la Ley de Transparencia. 6) Que, en concordancia con lo anterior, este Consejo, por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de la misma, ni constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. 7) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá el amparo deducido, ordenando la entrega de la individualización de los transportistas que distribuyeron aceites lubricantes usados a los destinatarios finales, y las cantidades anuales que cada uno de ellos entregó, durante el periodo consultado, según lo registrado en el sistema SIDREP; debiendo el órgano en forma previa, respecto de los transportistas personas naturales, tarjar los datos personales de contexto como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, que puedan estar asociados a la identificación que se consulta, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. Finalmente, considerando las especiales circunstancias generadas por el COVID-19, para efectos del cumplimiento de la presente decisión, se otorga un plazo de 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada. 8) Que, finalmente, respecto a la extemporaneidad en el otorgamiento de respuesta, se reitera a la Subsecretaría de Salud Pública dar cumplimiento a los plazos legales, y de proceder, a las recomendaciones señaladas por esta Corporación en el oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don José Luis Martínez Herrera en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública: a) Hacer entrega al reclamante de la individualización de los transportistas que distribuyeron aceites lubricantes usados a los destinatarios finales, y las cantidades anuales que cada uno de ellos entregó durante el periodo consultado, según lo registrado en el sistema SIDREP. El órgano en forma previa, respecto de los transportistas personas naturales, deberá tarjar los datos personales de contexto como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, que puedan estar asociados a la identificación que se consulta, en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y la Ley sobre Protección de la Vida Privada. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don José Luis Martínez Herrera y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.