Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8269-20

Reclamante:	MAGALY MESSENET AEDO
Reclamado:	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Resumen del caso: Se rechaza el amparo en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, relativo a la entrega de información relativa a la indicación de la cantidad de dobles identidades entregadas por el SRCeI, de la existencia de un registro de dobles identidades -y desde que año se compone-, de la cantidad de dobles identidades que el SRCeI tiene bajo registro y cuántas están sin vigencia legal. Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/5/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C533-09 C1179-11 C409-13 C7378-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C8269-20   Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación Requirente: Magaly Messenet Aedo Ingreso Consejo: 17.12.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, relativo a la entrega de información relativa a la indicación de la cantidad de dobles identidades entregadas por el SRCeI, de la existencia de un registro de dobles identidades -y desde que año se compone-, de la cantidad de dobles identidades que el SRCeI tiene bajo registro y cuántas están sin vigencia legal. Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada. Asimismo, por cuanto respecto de la información solicitada, se configuran, además, las causales de reserva del artículo 21 N° 5, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 19.974; y del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en decisión de amparo rol C7378-20. En sesión ordinaria N° 1161 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8269-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de noviembre de 2020, doña Magaly Messenet Aedo solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación -en adelante e indistintamente, también, SRCeI o Servicio-, la siguiente información: "En base a la carta de respuesta del Servicio de Registro Civil e Identificación UTSI-370 de la solicitud de transparencia AK002T013043 y considerando que el servicio se remite a reservar la divulgación de toda información que se refiere a las identidades de los miembros en ejercicio de las labores de inteligencia, escribo realizando una nueva solicitud: 1.- Cuántas dobles identidades entregó el Servicio de Registro Civil e Identificación, en adelante SRCEI, desde el año 2010 a la fecha. Entregar información de la cantidad por año. 2.- Confirmar si el SRCEI, tiene un registro de las dobles identidades entregadas a los órganos amparados en la Ley. 3.- Desde qué año se compone el registro de dobles identidades. 4.- Desde qué año y cuántas dobles identidades tiene bajo registro el SRCEI. 5.- De las dobles identidades entregadas cuántas están sin vigencia legal". Adicionalmente, indicó que la información solicitada se condice con la figura de la doble identidad, no de la persona natural portadora de una doble identidad. 2) RESPUESTA: Mediante Ordinario UTSI N° 470, notificado a la requirente con fecha 17 de diciembre de 2020, el Servicio requerido respondió el requerimiento de información y señaló que solicitud de similar naturaleza ya fue respondida mediante carta de respuesta que indica. Además, advirtió que atendido que el Ministerio Público es el organismo competente para dar respuesta al requerimiento, ya que la identidad ficticia de agente encubierto se enmarca dentro de su esfera de atribuciones, procedió a derivar el requerimiento a dicho organismo, por medio de Ordinario UTSI N° 469 -que adjuntó al efecto- en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 17 de noviembre de 2020, doña Magaly Messenet Aedo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la disconformidad con la respuesta entregada. La reclamante hizo presente que respecto a la circunstancia de haber realizado una solicitud anterior de similar naturaleza, tal como se señala en el requerimiento de información, el objeto del ingreso de una nueva solicitud -tras la reformulación del argumento y el objeto-, es para obtener información sobre cifras y no datos sensibles. Además, indicó que con la derivación de lo solicitado, el organismo desatendió su responsabilidad de dar respuesta. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio N° E21408 de fecha 24 de diciembre de 2020 solicitándole que: (1°) Refiérase a las alegaciones de la reclamante, quien señala que la solicitud de información que dio origen al presente amparo, no tiene el mismo contenido que la solicitud N° AK002T013043; (2°) remita la respuesta entregada a la solicitud N° AK002T013043; (3°) aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; y (5°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. Por medio de correo electrónico de fecha 11 de enero de 2021, el órgano reclamado remitió Ordinario N° 006 con sus descargos en los siguientes términos: Hizo presente que, el objeto principal de la solicitud N° AK002T013043, tal como se da cuenta en la carta de respuesta UTSI N° 270 -que adjuntó al efecto, fue requerir información sobre número totales de identidades falsas y averiguar qué cantidad se encuentra vigente, al igual que la solicitud que motivó el presente amparo. Luego, señaló que, de un análisis armónico de la normativa sobre la materia, en la que el SRCeI administra la información relativa a la identidad de las personas, en conjunto con las reservas relativas al tema que fuere consultado y que se establecen en leyes especiales, se colige que la pretensión del legislador fue establecer excepciones a la publicidad de los registros con el fin de contar con un sistema centralizado que contribuya a una persecución penal coordinada y eficiente, restringiendo su consulta permanente a terceros. Por lo anterior, indicó que revelar cualquier información concerniente a los agentes del Estado contravendría el propósito legislativo de restringir su acceso sólo a determinadas personas e instituciones, incluido su titular, para así agilizar la persecución penal, lo que configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia. En este sentido, advirtió que conforme a lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 25 de la Ley N° 20.000 y el artículo 3° de la Ley N° 19.477 -Orgánica Constitucional del Servicio de Registro Civil e Identificación-, ante el requerimiento oficial de quien se encuentre facultado a requerirlo, el SRCeI está obligado a otorgar los medios necesarios para la oportuna y debida materialización de la creación de una "identidad ficticia" para un agente encubierto de la policía, sea civil o uniformada, que implica en definitiva, la entrega del documento oficial -Cédula de Identidad- de comprobación de la identidad, que portará el agente hasta que la misma sea anulada, y cuyo actuar, queda sometido a la o las autoridades que la autorizaron. Asimismo, indicó que al alero de los dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 20.000, el Servicio, en la materialización de la identidad ficticia, adopta todos los resguardos para dar garantía de protección de la vida e integridad de las personas que portan una nueva identidad; agentes encubiertos, testigos, peritos, reveladores, informantes y cooperadores eficaces. En este contexto, explicó que la información o dato sobre las identidades ficticias ordenadas por el Sistema de Inteligencia o el Ministerio Público, no se encuentra disponible en el organismo de ninguna forma, ni en sus sistemas informáticos del sistema de registro civil, ni en su sistema de identificación, así como tampoco en forma documental, por lo que la información requerida no existe. Agregó que lo anterior, se debe a que no se procesa en forma separada la emisión de cédulas de identidad reales de las ficticias, lo que hace imposible distinguir unas de otras, como tampoco se guarda registro alguno de las órdenes que instruyen crearlas emanadas del Sistema de Inteligencia o del Ministerio Público, ya que precisamente la finalidad de la Ley de Inteligencia es que ninguna persona, sea o no funcionario del SRCeI, pueda lograr distinguir a través de alguna marca o trazo informático o documental, cuáles son las identidades ficticias otorgadas a los agentes encubiertos, con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de que sus identidades sean develadas poniendo en riesgo el éxito de la respectiva investigación penal u operación de inteligencia en que intervienen y que además los expongan a ellos o a sus familias en sus vidas o integridad física y/o psíquica. En consecuencia, señaló que el Sistema de Inteligencia y el Ministerio Público son las únicas entidades que manejan el dato de las órdenes que se han emitido para la creación de identidades ficticias, razón por la cual fue derivada el Ministerio Público, toda vez que en el SRCeI no queda ningún antecedente, documento o rastro de la misma, debido a la propia finalidad de la normativa y del Sistema de Inteligencia y las técnicas de investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Así, agregó que ni la Ley N° 19.477, ni ningún otro marco normativo les ordena a llevar registro alguno de la información consultada, sino solo a ejecutar la orden de creación encargada por el Sistema de Inteligencia o el Ministerio Público, las cual una vez cumplida no queda registro de la misma en la Institución. Por el contrario, advirtió que solo existe un sistema normativo que les obliga a no almacenar dichos datos. Sin perjuicio de que la información requerida no obra en su poder, señaló que toda consulta relativa a la información pedida está protegida por las causales de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia -en relación a la eficacia de la investigación penal, N° 2 -por cuanto su utilización pondría en riesgo la integridad y vida de quien actuara utilizando la identidad ficta-, N° 3 -por afectación presente o probable y con suficiente especificidad a la seguridad nacional-, N° 4 -interés nacional-, y N° 5 -en relación a lo dispuesto en la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la disconformidad de la requirente, con lo informado por el organismo respecto al requerimiento consignado en el numeral 1° de lo expositivo, relativo a la indicación de la cantidad de dobles identidades entregadas por el SRCeI, de la existencia de un registro de dobles identidades -y desde que año se compone-, de la cantidad de dobles identidades que el SRCeI tiene bajo registro y cuántas están sin vigencia legal, respecto de lo cual, el órgano reclamado, aclaró con ocasión de sus descargos que la información solicitada no obra en su poder. 2) Que, el SRCeI explicó con ocasión de sus descargos, que la información solicitada es inexistente, toda vez que ésta no se almacena por el organismo, en adecuación a la normativa vigente -referida en el numeral 4° de lo expositivo-, por estar los datos solicitados referidos a operaciones de inteligencia ordenadas por el Sistema de Inteligencia o por el Ministerio Público a cuyos respectivos fines institucionales sólo sirve la información pedida. Así, aclaró que el organismo no posee respaldo de la solicitud de confección de documentos de identidad emanados del Ministerio Público o del Sistema de Inteligencia, y las cédulas de identidad fictas se procesan conjuntamente con las demás requeridas por los ciudadanos., no disponiendo de una base de datos de identidades fictas, al no estar autorizada para crearla ni para hacer el tratamiento de dichos datos. 3) Que, respecto a la inexistencia esgrimida por la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado). 4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado). 5) Que, cabe tener presente además lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo aclarado por el mismo con ocasión de sus descargos, no obraría en su poder, toda vez que, ha aclarado que conforme a los mandatos legales existentes no posee un respaldo de la solicitud de confección de documentos de identidad emanados del Ministerio Público o del Sistema de Inteligencia, y las cédulas de identidad fictas se procesan conjuntamente con las demás requeridas por los ciudadanos, no guardándose un registro particular de las identidades fictas. Por lo anterior, y atendida la falta de antecedentes suficientes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información en los términos pedidos, se rechazará el presente amparo. 6) Que, a mayor abundamiento, sin perjuicio de que la inexistencia esgrimida y acreditada por el organismo reclamado resulta suficiente para rechazar el presente amparo, sobre la materia consultada, y en adecuación a lo esgrimido por la reclamada con ocasión de sus descargos -en orden a que la información solicitada sería reservada por aplicación de las causales de reserva que indica-, cabe hacer presente que el artículo 31, de la Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia, señala que "Los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales, sin necesidad de autorización judicial, podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 23, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objetivo podrá introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales. La facultad a que se refiere el inciso primero comprende el disponer el empleo de agentes encubiertos, y todos aquellos actos necesarios relativos a la emisión, porte y uso de la documentación destinada a respaldar la identidad creada para ocultar la del agente". Por su parte, el inciso segundo del artículo 23 de la citada ley, dispone que "Dichos procedimientos estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". 7) Que, a su turno, el artículo 38 de la Ley N° 19.974, establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas", precisando en su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", señalando en su inciso 3° que, "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". 8) Que, luego, en virtud de lo prescrito en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dichas disposiciones guardan correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. 9) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente, que este el criterio interpretativo en la forma debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 5, en relación a las normas dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)". 10) Que, sobre el particular, a juicio de esta Corporación, la develación de la información solicitada afectaría de manera presente o probable y con suficiente especificidad las labores de inteligencia efectuadas por los organismos del Sistema de Inteligencia, afectando sus planes operativos y desnaturalizando sus actividades de inteligencia. Así, sobre lo solicitado, a juicio de este Consejo resulta plenamente aplicable lo razonado en la decisión de amparo rol C7378-20, sobre solicitud de similar naturaleza, en la cual se señaló que "10) (...) atendida la materia específicamente consultada y la desagregación en la que se requiere, a juicio de este Consejo forma parte de aquellas materias que el artículo 38 de la ley 19.974, resguarda en forma específica, por tratarse directamente del eventual ejercicio de actividades de inteligencia, cuyo solo pronunciamiento obligaría necesariamente a la reclamada a divulgar si dispone o no de antecedentes sobre ´agentes encubiertos´ con finalidades de inteligencia, lo que implicaría la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con estas actividades, lo cual pondría en riesgo la seguridad de la Nación (...)". 11) Que, lo anterior, se aviene con lo razonado por la Excelentísima Corte Suprema, en fallo rol N° 29.507-2019, de 14 de julio de 2020, que acogió recurso de queja, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia. El considerando 11° del referido fallo, señala que, "esos datos corresponden a registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, esto es, de un organismo que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, y que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. De este modo, su revelación supondría, indudablemente, un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado, en tanto permitiría hacer públicos aspectos sensibles y relevantes de la labor que le ha sido encomendada, poniendo de manifiesto aspectos de su labor que podrían ser explotados en labores de contrainteligencia, pues podría permitir a un analista debidamente entrenado inferir debilidades, flaquezas o fragilidades de la labor realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia". (énfasis agregado). 12) Que, en consecuencia, asimismo, conforme a lo razonado por esta Corporación ante solicitudes de similar naturaleza, respecto a la información solicitada se configuran, además, las causales de reserva del artículo 21 N° 5, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 19.974; y del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Magaly Messenet Aedo, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Magaly Messenet Aedo; y, al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yañez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.